El Gobierno nacional no espera a que se resuelva uno de los debates legislativos más sensibles del año. Mientras el Senado mantiene en suspenso el tratamiento del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” —rechazado por intendentes, legisladores, organizaciones sociales y el Gobierno de Misiones por considerar que debilita los límites a la compra de tierras por extranjeros—, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya prepara una nueva ofensiva legislativa destinada a profundizar el proceso de liberalización económica.

El anteproyecto, al que accedió El Cronista, consta de casi 350 artículos y modifica decenas de leyes nacionales. La iniciativa será enviada al Senado en los próximos días y representa una segunda etapa de la agenda desreguladora iniciada con la Ley Bases y los decretos impulsados desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

La coincidencia política no pasa inadvertida. El mismo Congreso que todavía no logra consensuar la polémica reforma sobre la propiedad de la tierra deberá discutir ahora un paquete mucho más amplio que modifica regulaciones en sectores estratégicos de la economía.

Una nueva ola de desregulación

La lógica del proyecto mantiene el sello de Sturzenegger: eliminar regulaciones, reducir requisitos administrativos, abrir mercados y limitar la intervención estatal en actividades económicas que, según la visión oficial, permanecen excesivamente reguladas.

La propuesta alcanza prácticamente todos los sectores: mercado inmobiliario, farmacias, transporte marítimo y fluvial, mercado de capitales, garantías financieras, fideicomisos, agro, energía, vinos, carne vacuna, comercio electrónico y diversas actividades profesionales.

Uno de los aspectos políticamente más relevantes es que el Ejecutivo solicita al Congreso declarar una emergencia administrativa y de competencia por seis meses, con nuevas facultades delegadas para modificar o eliminar normas que considere obstáculos para la competencia o el desarrollo económico.

Se trata, en los hechos, de un intento por extender el proceso desregulador una vez vencidas las facultades extraordinarias otorgadas durante la aprobación de la Ley Bases.

Cambios en el mercado inmobiliario

Uno de los capítulos más sensibles elimina la exigencia nacional de matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario.

De aprobarse, bastará con ser mayor de edad y contar con título secundario para desarrollar la actividad. Además, las personas jurídicas podrán actuar como corredoras, se habilita expresamente la intermediación mediante plataformas digitales y se limita la capacidad de provincias y colegios profesionales para imponer aranceles mínimos, restricciones territoriales o incompatibilidades laborales.

La reforma impactaría directamente sobre el esquema actual de regulación profesional y anticipa un fuerte rechazo de los colegios inmobiliarios.

Farmacias y venta online de medicamentos

El proyecto también profundiza la liberalización del mercado farmacéutico. Entre las principales modificaciones figura la autorización para comercializar medicamentos por canales digitales con entrega a domicilio, la participación de plataformas tecnológicas como intermediarias y la ampliación de la venta de medicamentos de venta libre en otros comercios, bajo las condiciones que establezca el Ministerio de Salud.

También se flexibilizan horarios de atención, se digitalizan registros obligatorios y se habilita que las farmacias adopten cualquier tipo de estructura societaria.

Apertura del cabotaje nacional

Otro de los capítulos más extensos apunta al transporte marítimo y fluvial. La iniciativa permite una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el cabotaje argentino, flexibiliza las exigencias sobre tripulación nacional, modifica el régimen laboral marítimo, simplifica registros, digitaliza documentación y reduce restricciones para la importación de buques.

Además, elimina parte de las normas históricas de protección de la marina mercante nacional, un punto que ya anticipa resistencia sindical y empresarial.

Reforma financiera y activos digitales

En materia financiera, Sturzenegger impulsa una actualización integral del mercado de capitales. El proyecto incorpora activos virtuales como garantías prendarias, crea un sistema federal digital para registrar garantías, moderniza el régimen de warrants y prendas, reconoce jurídicamente títulos digitales y tecnología blockchain, amplía el uso de fideicomisos financieros y adapta la legislación para la tokenización de activos.

El objetivo oficial es facilitar el acceso al financiamiento y reducir costos para empresas e inversores.

Cambios para el agro y la producción

El paquete también alcanza a distintas actividades productivas.

Entre las modificaciones previstas figuran la eliminación gradual de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), la derogación del régimen de arrendamientos rurales, cambios en la regulación de alcoholes y vinos, reformas al régimen del gas licuado de petróleo (GLP) y modificaciones en actividades vinculadas a traductores públicos, la industria editorial y el sector cultural.

Según el Ministerio de Desregulación, todas estas reformas buscan reducir costos regulatorios y eliminar normas consideradas obsoletas o innecesarias.

El desafío legislativo aparece en un momento particularmente sensible para el Gobierno. La experiencia reciente con la denominada ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” -que ya acumula más de una decena de versiones y continúa sin consenso- dejó en evidencia las dificultades para avanzar sobre reformas que afectan intereses económicos, productivos y territoriales.

En ese contexto, el megaproyecto de Sturzenegger promete abrir un nuevo escenario de debate con provincias, colegios profesionales, sindicatos, cámaras empresarias y sectores productivos que ya comenzaron a manifestar preocupación por el alcance de las modificaciones.

Para Misiones, donde el debate por la propiedad de la tierra continúa ocupando el centro de la agenda política, la llegada de este nuevo paquete legislativo agrega otro capítulo a la discusión sobre el alcance de la desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.