La mora de familias a entidades bancarias volvió a instalarse como uno de los principales focos de tensión del sistema financiero argentino. Aunque en junio el indicador general mostró una leve mejora, el problema continúa concentrado en los hogares: el 12,8% de los créditos a las familias permanecía en situación irregular. Frente a este escenario, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) presentó al Banco Central (BCRA) un conjunto de alternativas para facilitar soluciones tempranas a quienes enfrentan dificultades transitorias para pagar sus préstamos.

El planteo de las entidades busca intervenir antes de que un atraso puntual se transforme en un problema crediticio de mayor profundidad. Entre las propuestas aparece la posibilidad de flexibilizar la clasificación de los deudores y el registro contable de los saldos en mora, con el objetivo de mejorar las condiciones bajo las cuales los bancos pueden ofrecer refinanciaciones.

La discusión adquiere relevancia porque el deterioro del crédito familiar se produce en un contexto en el que el acceso al financiamiento sigue siendo una variable central para el consumo y la actividad económica. Para los bancos, contener la mora no implica solamente recuperar cuotas vencidas: también supone evitar que una parte creciente de los hogares quede fuera del sistema financiero formal.

Según los datos citados por Abappra, en junio la irregularidad del crédito al sector privado cayó levemente del 7,7% al 7,6%, interrumpiendo una tendencia ascendente que se había extendido durante 19 meses. Sin embargo, el comportamiento agregado oculta una diferencia significativa entre empresas y familias. En los hogares, la morosidad permaneció en 12,8%.

El deterioro resulta todavía más visible en algunos segmentos. La irregularidad de los préstamos personales pasó del 15,9% en mayo al 16,3% en junio. A esto se suma que el 12,6% de los argentinos no alcanzó a pagar siquiera el monto mínimo de sus tarjetas de crédito, de acuerdo con información del Banco Central.

El objetivo es detectar el problema antes del incumplimiento

Abappra planteó que la respuesta regulatoria debería permitir distinguir entre quienes atraviesan una dificultad transitoria y aquellos casos en los que existe un deterioro estructural de la capacidad de pago. La diferencia es relevante: una refinanciación temprana puede evitar que una deuda relativamente manejable termine acumulando intereses, punitorios y restricciones de acceso a nuevo financiamiento.

En esa línea, la asociación propuso avanzar hacia criterios homogéneos entre los distintos proveedores de crédito para evaluar la capacidad de pago, administrar la información y mejorar los estándares de transparencia. La intención es que las entidades puedan detectar señales tempranas de deterioro y ofrecer alternativas antes de que el incumplimiento se profundice.

El planteo también busca evitar que las diferencias regulatorias entre bancos y otros proveedores de crédito terminen fragmentando la información disponible sobre el endeudamiento de las familias. Una evaluación más uniforme permitiría, según la visión de las entidades, contar con una fotografía más precisa de la capacidad de pago de cada cliente.

Abappra aclaró que su propuesta no apunta a desconocer el riesgo crediticio ni a establecer una solución generalizada para los deudores. El objetivo, según la entidad, es generar mecanismos preventivos que permitan preservar la relación entre bancos y clientes y, al mismo tiempo, sostener la estabilidad del sistema financiero.

El desafío: refinanciar sin trasladar el problema hacia adelante

La flexibilización regulatoria plantea una tensión que el BCRA deberá administrar. Facilitar refinanciaciones puede evitar que los atrasos se conviertan en incobrables, pero una extensión indiscriminada de los plazos también puede postergar un problema de solvencia que finalmente reaparezca con mayor magnitud.

Por eso, la propuesta de Abappra incorpora una dimensión preventiva: mejorar la información y establecer parámetros comunes para identificar dificultades antes de que se consoliden. El desafío consiste en que una herramienta destinada a contener la mora no termine simplemente desplazando hacia adelante el incumplimiento.

La asociación recordó que mecanismos regulatorios similares para flexibilizar la clasificación de deudores y el tratamiento contable de saldos en mora ya fueron utilizados por la autoridad monetaria en otros períodos de estrés sistémico. Ahora propone evaluar nuevamente esas herramientas frente a un deterioro que, aunque muestra señales de estabilización en el agregado, mantiene una presión particularmente fuerte sobre los hogares.

En paralelo, el Congreso acumula distintos proyectos destinados a abordar el problema de la morosidad bancaria. La discusión dejó de ser exclusivamente financiera: detrás de cada indicador aparecen hogares que reducen consumo, refinancian obligaciones o directamente pierden capacidad para acceder a nuevo crédito.

Desde la perspectiva del sistema financiero, anticipar el problema puede ser más eficiente que gestionar una cartera de incobrables una vez que el deterioro ya se consolidó. Para las familias, el resultado buscado es más concreto: contar con una alternativa de refinanciación antes de que una cuota impaga termine cerrando la puerta al crédito formal.