La escena tuvo algo de insólito y, al mismo tiempo, dejó una postal bastante elocuente del clima que rodeó una reunión clave para el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Una periodista llegó a la sede del INYM para cubrir el encuentro y, con la naturalidad de quien entra a buscar información, saludó y siguió caminando. Nadie la detuvo. Al contrario: cuando llegó hasta Presidencia, la hicieron pasar y le indicaron dónde debía ubicarse para participar de la reunión.

El equívoco duró hasta que a alguien se le ocurrió hacer la pregunta elemental: quién era y a quién representaba. “Le dije que era de Economis y me pidieron que esperara en el hall”.

Pero la confusión no terminó allí. Poco después la llamó Rodrigo Correa, presidente del INYM, convencido también de que se trataba de una funcionaria del Senasa, uno de los organismos involucrados en la discusión sobre el nuevo esquema de fiscalización de la actividad yerbatera. Cuando advirtió que estaba frente a una periodista, Correa pidió disculpas y volvió a solicitarle que aguardara afuera.

La anécdota podría quedar simplemente como un episodio pintoresco si no fuera por el contexto. La periodista estuvo a nada de sentarse en una reunión convocada en forma reservada en la que funcionarios nacionales iban a plantear cambios sensibles en el funcionamiento del INYM. Y la confusión parece haber sido posible por la insoportable levedad con la que se manejan los temas de una de las principales economías de Misiones. Ninguno de los directores del INYM tenía precisión sobre quiénes participarían ni sobre el alcance de lo que Nación venía a proponer. La información oficial apareció varias horas después: el comunicado fue publicado alrededor del mediodía. Sin nombres. Sin información concreta. 

En la reunión estuvieron Martín Giacco, por Agricultura; Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura; Eugenio Marí y Brenda Padilla Tanco, del área nacional de Desregulación, además de funcionarios del Senasa. 

Vinieron con una misión precisa marcada por Federico Sturzenegger: vaciar de funciones al INYM, reducido ya a mero espectador de la realidad yerbatera. El objetivo es ir a fondo ante un relato que cruje. El argumento del Titán para justificar la caída del precio de la yerba es que hay sobreproducción. Pero del casi un millón de toneladas cosechadas en 2024, ahora se alcanzarán, con suerte, las 750 mil toneladas. El precio no se movió ni un céntimo para arriba. Y los productores siguen a la miseria, al mismo tiempo que la industria también patalea por la pérdida de rentabilidad, pese al boom exportador que es relevante en las primeras marcas. 

El relato cruce y los datos lo evidencian. La economía volvió a achicarse en el segundo trimestre y los motores internos empiezan a apagarse al mismo tiempo. El 0,6% de caída contra el trimestre anterior no es apenas una sutileza estadística: mientras el Gobierno exhibe el crecimiento contra 2025, el presente muestra familias que retraen el consumo y empresas que pisan el freno de la inversión. El consumo privado cayó 2,4% respecto del primer trimestre, el público 2,3% y la inversión se desplomó 11,1% interanual, con derrumbes de 15,2% en maquinaria y equipo y de 22,1% en equipos de transporte. El único motor que mantuvo velocidad fueron las exportaciones, con una expansión interanual del 13,7%. 

Hay otros números que prácticamente hablan solos. La Argentina tiene el desempleo más alto desde 2021, cuando la economía intentaba salir del golpe de la pandemia. La desocupación trepó al 7,9%: con aproximadamente 1,2 millones de personas desocupadas. Pero esa es apenas la primera capa del problema. Entre quienes sí tienen una ocupación, alrededor del 17% busca activamente otro empleo y la subocupación supera el 11%. 

En 2021 había una explicación extraordinaria: la economía venía de atravesar cierres, restricciones, fronteras bloqueadas y una disrupción global sin precedentes. Cinco años después no hay pandemia, pero el desempleo regresó a aquellos niveles. Y ahora se superpone otro deterioro: el 45% de los trabajadores está en la informalidad, cerca de seis millones de personas solamente dentro de los grandes aglomerados urbanos relevados por la EPH. El problema laboral argentino, por lo tanto, ya no cabe en el 7,9% de desocupación. Hay que sumar a quienes buscan trabajo sin encontrarlo, a quienes tienen uno pero buscan otro, a los subocupados que necesitan más horas y a millones que producen y generan ingresos por fuera de la formalidad. 

Si crecer no alcanza para crear empleo suficiente, y casi la mitad del trabajo que se crea o sobrevive permanece en la informalidad, entonces no hay tal recuperación ni estamos atravesando los mejores 18 meses prometidos por el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Los problemas laborales se traducen también en una enorme pérdida de ingresos y poder adquisitivo. La mora de las familias llegó al 12,9%, más del doble del 5,6% de hace apenas un año y el nivel más alto en más de dos décadas. Pero el dato se vuelve todavía más crudo cuando se mira dónde están los atrasos: los préstamos personales ya tienen 16,7% de irregularidad y las tarjetas, 12,8%. Es decir, el problema se concentra precisamente en las herramientas a las que recurren los hogares cuando el sueldo no alcanza para atravesar el mes. El ajuste de los hogares ya no consiste solamente en consumir menos; para una porción creciente, también significa no poder pagar lo que consumieron cuando todavía tenían crédito para hacerlo.

El presidente Javier Milei está decidido a ignorar esos datos y a mantener firme el rumbo hacia el faro. En la letra chica del Presupuesto 2027 puede analizarse que el plan no se inmuta. 

El Presupuesto puede mostrar una mejora real del gasto de 3,9% respecto de este año, pero esa recuperación apenas maquilla la magnitud del ajuste acumulado: el Estado nacional seguirá gastando 26,5% menos que en 2023. Y debajo del promedio aparecen números todavía más brutales: Vivienda y Urbanismo permanece 99% por debajo de aquel año; Agua Potable y Alcantarillado, 93%; los servicios económicos, 68%. La obra pública resume como pocas áreas el cambio de época: de una cartera de 2.339 proyectos, apenas 199 continúan bajo gestión directa de Nación, mientras el gasto en infraestructura se mantiene cerca de 80% por debajo de 2023. No es austeridad presupuestaria: es un Estado nacional que abandona buena parte de su presencia directa y apuesta a que provincias, municipios y capital privado ocupen ese espacio.

El proyecto elimina la actualización automática de la AUH y las Asignaciones Familiares sin reemplazarla por otra fórmula, devolviendo al Ejecutivo la decisión sobre cuándo y cuánto aumentarlas. A eso se agregan universidades con $7,5 billones frente a los $11 billones necesarios calculados por el CIN, Incluir Salud con otro recorte real de 13,9% y una Educación Sexual Integral reducida 98,5% frente a 2023. El Presupuesto no sólo administra la escasez después de tres años de motosierra: intenta convertir parte de ese ajuste en una nueva arquitectura permanente del Estado.

Una frase de Patricia Bullrich quizá explique mejor el Presupuesto que varias páginas de sus planillas: “De golpe viene una bomba atómica”. No lo dijo un gobernador opositor ni uno de los sectores afectados por el ajuste. Lo dijo la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, después de descubrir que el proyecto enviado al Congreso incorporaba nuevos ajustes en discapacidad que, según aseguró, ni siquiera habían sido discutidos en la mesa política del oficialismo. “A mí no me tomen de tonta”, completó, y señaló hacia donde sale formalmente el proyecto: “El Presupuesto viene de Economía”.

La paradoja es difícil de mejorar. La “bomba atómica” de la que habla Bullrich no la escribió la oposición: es el Presupuesto elaborado por el propio Gobierno de Javier Milei que ahora necesita que voten sus legisladores y los aliados que le permitieron construir mayorías durante el año. Bullrich está jugando su propia interna y su posicionamiento político, pero su advertencia deja al descubierto un límite que hasta dentro del oficialismo empieza a resultar incómodo: cuánto ajuste puede soportar una mayoría parlamentaria antes de romperse. Quien hoy advierte que algunas decisiones pueden hacer volar por los aires la gobernabilidad integró, como ministra de Trabajo, el gobierno de Fernando de la Rúa que en 2001 aplicó el recorte del 13% sobre jubilaciones y salarios públicos superiores a determinado monto. La discusión ya no parece ser solamente cuánto ajustar, sino hasta dónde se puede tensar la cuerda sin quedarse, finalmente, sin nadie dispuesto a sostenerla.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La aprobación de Milei permanece en 42% por tercer mes consecutivo, después de haber perdido nueve puntos entre enero y julio. La meseta puede ser leída como un alivio después del deterioro del primer semestre, aunque convive con señales económicas menos favorables: 52% evalúa negativamente la situación económica actual, 55% considera que el país está peor que hace un año y los problemas económicos concentran el 60% de las preocupaciones personales. Los bajos salarios aparecen, además, con el registro más alto de la serie de Poliarquía.

En el presupuesto diseñado por Milei, Misiones sale poco favorecida. Los $3,43 billones que el Presupuesto 2027 contabiliza en Misiones no son plata para la Provincia: casi todo son obligaciones que Nación ya debe atender, desde jubilaciones hasta salarios y transferencias corrientes. La inversión es apenas una nota al pie: sólo el 1% del gasto territorializado corresponde a capital y apenas $13.383 millones aparecen identificados para proyectos de inversión. Para ponerlo en perspectiva, la autovía de la ruta 105 tendría $2.732 millones y la continuidad de la autopista de la ruta 12 entre Posadas y San Ignacio, apenas $848 millones. Después de años de deterioro de las rutas nacionales y paralización de obras, la recuperación prometida luce microscópica frente a las necesidades acumuladas.

La otra paradoja es todavía más incómoda para el discurso federal: Misiones encabeza el NEA cuando Nación contabiliza cuánto gastará dentro de cada territorio, pero queda última cuando se mira el dinero automático que efectivamente ingresará a las provincias. El proyecto calcula $3,34 billones para Misiones, contra $4,91 billones para Chaco, $3,74 billones para Corrientes y $3,56 billones para Formosa. Y mientras las transferencias de capital a provincias y municipios caerían otro 20% real en todo el país, el Presupuesto consolida una ecuación conocida por los misioneros: Nación exhibe como presencia federal el pago de jubilaciones y otras obligaciones corrientes, pero cuando llega la hora de repartir recursos y financiar infraestructura, Misiones vuelve a quedar mirando desde el borde del mapa.

Ante esto, es clave la gestión provincial. El Presupuesto propio está siendo analizado en la Legislatura, pero el gobernador Hugo Passalacqua lo diseñó con una lógica distinta al de Nación: la prioridad es la recuperación de la economía, con una fuerte inversión en la inversión pública y el despliegue de obras. El viernes el Gobernador entregó dos motoniveladoras con inversión provincial para Florentino Ameghino y El Soberbio, ambos municipios con cientos de kilómetros de caminos rurales por arreglar.

El vínculo con los intendentes se vuelve fundamental para sostener el rumbo en tiempos de turbulencia. La Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM) recibió el jueves en Eldorado con el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, en el marco de una agenda institucional impulsada por Passalacqua, que busca sostener el contacto directo entre los municipios y el Gobierno provincial. 

Uno de los ejes de análisis fue el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional sobre las administraciones comunales.

Durante el encuentro repasaron las dificultades que atraviesan los municipios para sostener sus esquemas de funcionamiento frente a un contexto de menores recursos y mayores exigencias de gestión.

“La intención es sostener una planificación conjunta que permita atender las principales necesidades de cada municipio y ordenar las prioridades para los últimos meses del año, teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la situación económica nacional”, explicó Sartori.

“Lo que está sucediendo en Argentina es un flagelo y hay que decirlo con todas letras. Según el Gobierno nacional la economía crece, pero es solo para algunos sectores empresarios muy concentrados y no derrama para la clase trabajadora”, afirmó el jefe de Gabinete. “La insensibilidad de Milei hacia Misiones es alarmante”, sentenció.

Como contraste a las políticas nacionales, Misiones le puso tope al endeudamiento de los estatales -bajó de 39 al 30 por ciento el límite para los descuentos automáticos- y mantiene la inyección de recursos para estimular el consumo. En las últimas horas se conoció una nueva medida de alivio fiscal que se suma a otras ya vigentes: el Gobierno provincial decidió reducir del 5% al 3,5% la alícuota de Ingresos Brutos para profesionales independientes vinculados con la actividad turística y excluir a las agencias de viajes minoristas del régimen de retenciones bancarias. En este último caso, el beneficio alcanzará a una única cuenta declarada por cada agencia y tendrá una vigencia inicial de tres meses. 

Cada medida tiene que analizarse en el contexto.Misiones enfrenta una encerrona fiscal difícil de disimular: la recaudación propia crece apenas 6% en términos nominales, pero cuando se descuenta la inflación se derrumba entre 21% y 25%. No es solamente un problema de caja provincial; detrás aparecen algunos de los sectores que mejor explican la economía real de Misiones -industria, yerba mate, forestación y obra pública- transmitiendo su retracción hacia comercios, proveedores, transporte y servicios. Y el dato resulta especialmente sensible porque tres de cada diez pesos que financian al Estado provincial provienen de recursos propios, mientras alrededor del 45% del impuesto determinado depende del comercio. 

La respuesta provincial agrega una paradoja: en el momento de mayor deterioro real de sus ingresos, Misiones decidió resignar unos $2.300 millones mensuales para aliviar retenciones y percepciones sobre pymes y pequeños contribuyentes; proyectado a doce meses, son $27.600 millones que dejan de pasar por ATM para permanecer en el circuito privado. No es un gesto fiscal menor cuando los ingresos pierden hasta una cuarta parte de su valor real y el propio organismo recaudador tendrá en 2027 un presupuesto 0,71% inferior al actual. La Provincia está intentando cobrar menos sobre una economía que produce, vende y consume menos, pero debe seguir financiando prácticamente las mismas obligaciones. Esa pinza -menos actividad, menos recaudación y menos margen para aumentar impuestos sin profundizar la recesión- probablemente sea uno de los desafíos más ásperos que tendrá Misiones en 2027.

El otro es el electoral. Misiones irá a las urnas antes que las elecciones nacionales y antes de agosto del año que viene. 

Passalacqua cuenta con el respaldo de buena parte de los intendentes y las encuestas muestran un liderazgo fortalecido. La incógnita es qué harán las oposiciones. El PRO diseña una alianza con libertarios. Los radicales se esperanzan con cobijarse a la sombra del ex comisario Ramón Amarilla. El intendente Leonardo Stelatto aportó la novedad de la semana. Renunció a Encuentro Misionero -que parece camino a diluirse-. Pero su renuncia no debe interpretarse como una inevitable decisión de cortarse solo ni ser un candidato definido a gobernador. Por estas horas el alcalde se muestra enfocado en la gestión y el diseño de su propio presupuesto que debe presentar antes de este fin de septiembre. La renuncia a EM obedece a la intención de construir una identidad partidaria propia y proyectarse en el tiempo. La apuesta no establece exclusiones de antemano y deja abierta la puerta a integrar un frente con otros espacios políticos sin exceptuar a nadie.

Un poco de música para cerrar la tarde…