De la cima del poder a la cárcel: Santiago Peña cumple años preso por el escándalo Ueno Bank
De ser presentado como “un lujo para el Paraguay” a terminar detenido por una de las mayores crisis financieras y políticas de la historia reciente del país. Santiago Peña cumple este lunes 48 años en prisión, apenas tres años después de haber llegado a la Presidencia con una amplia mayoría parlamentaria, el respaldo de Horacio Cartes y la promesa de conducir a Paraguay hacia una nueva etapa de prosperidad económica.
Su caída fue tan vertiginosa como su ascenso. El economista formado en la Universidad Católica y con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia, que había construido su trayectoria entre el Banco Central del Paraguay, el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Hacienda, terminó destituido por el Congreso y detenido en medio del derrumbe de Ueno Bank.
El escándalo no solamente precipitó el final de su gobierno. También dejó bajo investigación una trama de relaciones entre funcionarios, autoridades monetarias, empresarios y entidades financieras, con operaciones que comprometieron recursos públicos y fondos previsionales.
La crisis golpeó, además, el corazón del Partido Colorado, que había conseguido concentrar un poder político considerable y ahora enfrenta el desafío de reconstruir su credibilidad antes de las elecciones de 2028.
Del liberalismo al cartismo: la construcción de un presidente
La carrera política de Peña estuvo marcada por una transformación que resultó decisiva para su llegada al poder.
Afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico desde 1996, desarrolló inicialmente una trayectoria técnica. Ocupó cargos en el Banco Central durante el gobierno de Federico Franco y posteriormente se desempeñó en el Fondo Monetario Internacional.
En enero de 2015, Horacio Cartes lo incorporó a su gabinete como ministro de Hacienda. Su perfil de economista, con experiencia internacional y formación académica, lo convirtió rápidamente en una de las figuras más promocionadas de aquella administración.
Pero su proyección presidencial exigía un cambio de pertenencia política.
En 2016 abandonó el liberalismo y se incorporó a la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado. La escena de Cartes colocándole una pañoleta roja alrededor del cuello simbolizó el nacimiento político del dirigente que años después llegaría al Palacio de López.
Su primera candidatura presidencial terminó en derrota. En las internas de 2017 perdió frente a Mario Abdo Benítez, representante de la disidencia colorada y crítico del liderazgo de Cartes.
Peña permaneció dentro del cartismo, reconstruyó su candidatura y finalmente consiguió imponerse en las internas de diciembre de 2022 frente a Arnoldo Wiens.
El 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con el 42,74% de los votos, frente al 27,48% obtenido por Efraín Alegre.
Llegaba a la Presidencia con una ventaja que pocos mandatarios paraguayos habían conseguido: mayoría en ambas cámaras del Congreso y una estructura partidaria capaz de facilitar prácticamente toda su agenda legislativa.
Ese poder político, que inicialmente parecía garantizar estabilidad, terminaría convirtiéndose en uno de los principales elementos de controversia de su administración.
Ueno Bank: los vínculos financieros que quedaron bajo la lupa
La relación de Peña con el conglomerado financiero Ueno constituye uno de los capítulos centrales del escándalo.
El exmandatario había sido accionista de Ueno Holding, donde poseía 6.144 acciones, equivalentes al 1,58% del capital de la compañía. Se desprendió de esa participación en marzo de 2025, cuando ya llevaba más de un año y medio al frente del Poder Ejecutivo.
Durante su gobierno, Ueno Bank experimentó una expansión de sus operaciones, particularmente en su relación con organismos públicos y recursos previsionales.
Uno de los episodios más sensibles involucró al Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar recursos vinculados a la seguridad social paraguaya.
En noviembre de 2023, el Consejo de Administración del IPS modificó los criterios de evaluación de entidades financieras para la colocación de certificados de depósito de ahorro. Un año después, volvió a flexibilizar determinadas condiciones relacionadas con calificaciones de riesgo y otros indicadores financieros.
La secuencia adquirió especial relevancia por una operación concretada en agosto de 2024.
Los días 22 y 27 de ese mes, Peña mantuvo reuniones con el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez. Apenas dos días después del segundo encuentro, el Consejo de Administración aprobó una inversión de 250.000 millones de guaraníes en bonos de Ueno Bank, con un plazo de siete años y una tasa de interés del 8%.
La proximidad temporal entre las reuniones presidenciales y la decisión financiera se convirtió en uno de los aspectos cuestionados del vínculo entre el Gobierno y la entidad.
La investigación sobre Ueno Bank puso bajo escrutinio precisamente esa intersección entre decisiones públicas, supervisión financiera y negocios privados.
Las reformas que facilitaron el movimiento entre el Estado y las empresas
Otro capítulo relevante fue la modificación de la Ley 7089/2023, conocida como ley de puertas giratorias.
Durante la administración de Peña, la mayoría cartista del Congreso impulsó cambios que redujeron determinadas restricciones para funcionarios y exfuncionarios que pasaban del sector público al privado, o viceversa.
La reforma flexibilizó controles, eliminó algunas sanciones y modificó las condiciones aplicables a autoridades que mantenían vínculos con empresas sobre las que habían tenido capacidad de intervención desde el Estado.
Uno de los principales beneficiados políticamente por ese cambio fue Carlos Carvallo, cuya designación al frente del Banco Central del Paraguay quedó habilitada bajo el nuevo esquema normativo.
La posterior detención de Carvallo, también involucrado en la investigación del escándalo financiero, volvió a colocar aquellas decisiones legislativas en el centro del debate público.
La discusión dejó de limitarse a las responsabilidades individuales y pasó a involucrar la arquitectura institucional que permitió la circulación de funcionarios entre organismos reguladores y entidades vinculadas al sistema financiero.
El poder territorial y la fractura del cartismo
Mientras consolidaba su posición en el Gobierno, Peña también intentaba construir una estructura política propia.
El programa Hambre Cero, presentado como una de las principales iniciativas sociales de su administración, fortaleció el protagonismo de los gobernadores departamentales y les otorgó mayores recursos y capacidad de gestión.
El mandatario consiguió reunir el respaldo de 15 gobernadores, que comenzaron a exhibir públicamente su alineamiento con el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana.
Ese crecimiento territorial generó tensiones dentro del propio movimiento Honor Colorado.
Las diferencias se profundizaron en torno a la definición de candidaturas y al reparto del poder interno. Cartes impulsaba la figura de Juan Carlos Baruja como candidato a vicepresidente, mientras que Peña y Alliana preferían al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.
La disputa puso en evidencia que el presidente buscaba construir un liderazgo con mayor autonomía respecto de su principal patrocinador político.
En ese contexto, Cartes protagonizó una escena que posteriormente adquiriría una fuerte carga simbólica. Durante una visita a su cementera Cecon, en Concepción, sostuvo un detonador y lanzó una advertencia: “Quiero que todos estén atentos, porque ahora voy a hacer la detonación y para quienes les pueda interesar, ¡ojo!”.
La fractura política estaba abierta antes de que estallara la crisis bancaria.
El derrumbe de Ueno Bank y el final del gobierno
El 3 de noviembre de 2026 marcó el comienzo del desenlace.
El cierre de las operaciones de Ueno Bank desencadenó una crisis financiera que afectó a ahorristas, empresas y organismos con recursos colocados en la entidad.
Peña intentó contener el impacto mediante la promulgación de una ley destinada a facilitar anticipos a los depositantes. Al mismo tiempo, rechazó tener responsabilidad en las irregularidades investigadas.
Pero el deterioro de la situación financiera se trasladó rápidamente al escenario político.
Las protestas ciudadanas, las investigaciones y la pérdida de respaldo dentro del oficialismo precipitaron el proceso de juicio político.
Incluso Horacio Cartes, quien había sido su principal sostén durante una década, tomó distancia públicamente del mandatario y manifestó su rechazo al manejo irregular de fondos públicos, privados y jubilatorios.
Peña intentó abandonar el cargo mediante una renuncia que no llegó a concretarse por esa vía.
Finalmente, el Senado aprobó su destitución con 44 votos y Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República.
El exmandatario quedó detenido e imputado en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.
Su caída también arrastró a otras figuras del entramado político y financiero, entre ellas autoridades del sistema bancario y empresarios vinculados a las operaciones investigadas.
Una crisis que excede a Santiago Peña
El derrumbe del expresidente plantea interrogantes que van mucho más allá de su responsabilidad penal, que deberá determinar la Justicia.
La investigación dejó expuesta la vulnerabilidad de los controles sobre el manejo de recursos previsionales, la independencia de los organismos supervisores y las relaciones entre el poder político y determinadas estructuras empresariales.
También abrió una crisis de representación para el Partido Colorado. La organización que había conseguido mantener el control del Ejecutivo y una amplia influencia parlamentaria enfrenta ahora el desgaste provocado por el colapso de un gobierno que había presentado como garantía de estabilidad y crecimiento.
La sucesión presidencial de Pedro Alliana deberá administrar no solamente las consecuencias económicas del cierre de Ueno Bank, sino también la desconfianza de los depositantes, las tensiones institucionales y las fracturas internas del oficialismo.
Con las elecciones de 2028 en el horizonte, la oposición encuentra una oportunidad política que hasta hace pocas semanas parecía considerablemente más lejana. Para Peña, el contraste resulta especialmente severo.
El dirigente que había prometido mejorar los ingresos de los paraguayos, modernizar la economía y conducir al país hacia un nuevo nivel de desarrollo llega a su cumpleaños número 48 privado de libertad, separado del poder y bajo investigación judicial.
El hombre que había construido su legitimidad sobre la solvencia técnica y la confianza económica terminó protagonizando una crisis que puso precisamente esos dos atributos en cuestión.
Y Paraguay enfrenta ahora una tarea mucho más compleja que reemplazar a un presidente: reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de custodiar el dinero público y los ahorros de sus ciudadanos.
