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Paraguay propone administrar empresas vinculadas a Ueno Bank para evitar despidos y preservar activos

El presidente Pedro Alliana enviará al Congreso un proyecto de ley que habilita al Estado a intervenir temporalmente en la administración de compañías relacionadas con la entidad financiera, por un plazo de hasta ocho meses. La iniciativa busca garantizar salarios, preservar puestos de trabajo y evitar cierres empresariales. En paralelo, Javier Milei expresó su respaldo al nuevo mandatario paraguayo y acordaron avanzar en una agenda bilateral.

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La crisis financiera que sacudió a Paraguay y derivó en la destitución del expresidente Santiago Peña comienza a proyectar sus consecuencias sobre el entramado empresarial y laboral del país. Frente a ese escenario, el gobierno de Pedro Alliana prepara una herramienta legislativa para asumir temporalmente la administración de empresas vinculadas a Ueno Bank, con el objetivo de evitar que los problemas de la entidad financiera se trasladen al funcionamiento de otras compañías y provoquen nuevas pérdidas de empleo.

El proyecto contempla un régimen excepcional de administración por un período de hasta ocho meses, durante el cual el Estado podrá designar administradores independientes, desplazar a los actuales directivos y establecer mecanismos de control sobre los activos y las operaciones de las sociedades alcanzadas.

«Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo», expresó Alliana a través de sus redes sociales.

La propuesta fue explicada por el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, quien señaló que el mecanismo permitirá intervenir transitoriamente en compañías vinculadas a entidades financieras sometidas a procesos de resolución. El propósito es preservar su capacidad operativa, ordenar sus cuentas y evitar que empresas económicamente viables terminen comprometidas por las consecuencias de la crisis bancaria.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el Estado no asumirá las deudas de las compañías alcanzadas. La intervención estará orientada a proteger el patrimonio empresarial y garantizar la continuidad de las actividades, sin trasladar automáticamente al sector público las obligaciones financieras de los accionistas o las sociedades involucradas.

La iniciativa también establece restricciones para impedir transferencias de bienes, distribución de dividendos, cancelación de créditos a accionistas y movimientos de fondos ajenos al giro habitual de los negocios. Estas disposiciones buscan evitar posibles operaciones que reduzcan el patrimonio de las empresas durante el período de administración temporal.

El alcance de la medida tampoco será generalizado. Según explicó González, no todas las compañías que mantuvieron relaciones comerciales con Ueno Bank quedarán comprendidas en el régimen. La aplicación dependerá de criterios específicos de vinculación y control utilizados por los organismos de supervisión financiera.

La continuidad laboral, en el centro de la respuesta económica

La decisión del Ejecutivo paraguayo introduce una discusión relevante sobre los mecanismos de protección del empleo frente a una crisis financiera. Cuando una entidad bancaria entra en un proceso de resolución, sus consecuencias pueden extenderse más allá de los depositantes y alcanzar a compañías que integran un mismo conglomerado económico, comparten estructuras de financiamiento o mantienen relaciones de control.

En ese contexto, el proyecto busca evitar un efecto de arrastre sobre empresas que todavía cuentan con capacidad para continuar operando, pero que podrían perder valor patrimonial, contratos y acceso a recursos como consecuencia de la situación financiera de la entidad.

La continuidad de los contratos laborales, la atención prioritaria de salarios y aportes previsionales y la preservación de las relaciones comerciales aparecen entre los objetivos del régimen propuesto.

La herramienta también plantea un desafío institucional: establecer controles suficientes para proteger los activos sin paralizar la actividad productiva. El plazo de ocho meses funcionaría como una ventana para ordenar las cuentas, revisar las operaciones y determinar las condiciones de continuidad de cada compañía.

El proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo y definir los mecanismos concretos de implementación, supervisión y rendición de cuentas. Su resultado dependerá de la capacidad del Estado para identificar las empresas efectivamente alcanzadas, preservar su funcionamiento y garantizar que la administración transitoria no se convierta en una carga fiscal.

La crisis de Ueno Bank reconfiguró el escenario político paraguayo

La iniciativa económica se produce en medio de una crisis institucional que modificó la conducción política de Paraguay. El pasado 6 de noviembre, Pedro Alliana asumió la Presidencia luego de que Santiago Peña fuera destituido mediante un juicio político, en un proceso que tuvo como uno de sus principales detonantes el colapso de Ueno Bank y los cuestionamientos sobre los vínculos entre la entidad financiera, empresas privadas y funcionarios públicos.

La situación bancaria abrió investigaciones sobre presuntas irregularidades y conflictos de intereses, además de generar preocupación entre los ahorristas y organismos que mantenían fondos depositados en la entidad.

El episodio también puso bajo observación los mecanismos de regulación financiera y la relación entre el sistema bancario, los recursos públicos y las estructuras empresariales vinculadas al poder político.

Alliana, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, asumió con el compromiso de completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028. La nueva administración enfrenta así una agenda que combina la recuperación de la confianza en el sistema financiero, la protección de los trabajadores afectados y la reconstrucción de la credibilidad institucional.

Milei ofreció respaldo argentino y acordó una reunión bilateral

En paralelo a las medidas económicas que prepara el gobierno paraguayo, el presidente argentino Javier Milei mantuvo este viernes una conversación telefónica con Alliana, en la que expresó el respaldo de la Argentina a la nueva etapa política del país vecino.

«Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay», comunicó Milei a través de su cuenta de X.

El mandatario argentino manifestó sus deseos de éxito para la gestión de Alliana y reafirmó la intención de profundizar los vínculos entre ambos países. «La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad», señaló.

También planteó la necesidad de fortalecer la cooperación política, económica y comercial para generar oportunidades de crecimiento y desarrollo. «Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa», expresó.

Alliana agradeció el respaldo y calificó el intercambio como una conversación cordial y fraterna. Además, confirmó que ambos mandatarios acordaron encontrarse próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral.

El contacto adquiere relevancia por el cambio de interlocutor político en Paraguay. Milei había mantenido una relación de cercanía con Santiago Peña, por lo que la comunicación con Alliana representa una señal de continuidad en la voluntad argentina de sostener la cooperación con el país vecino, pese a la crisis que modificó su escenario institucional.

Para la Argentina, la estabilidad económica y financiera de Paraguay también tiene importancia regional, tanto por la integración comercial como por los vínculos productivos, energéticos y fronterizos que conectan a ambos países.

La respuesta paraguaya a la crisis de Ueno Bank y el acercamiento diplomático con Buenos Aires abren, por lo tanto, dos frentes de una misma agenda: recuperar previsibilidad institucional y preservar las condiciones para la actividad económica. El desafío inmediato será evitar que el deterioro de una entidad financiera se convierta en una crisis más amplia para las empresas, los trabajadores y los ahorristas, mientras el nuevo gobierno busca consolidar su legitimidad y reconstruir la confianza.

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