Caso Ueno Bank: amplían la imputación contra Santiago Peña por asociación criminal
La investigación por el colapso de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo judicial en Paraguay. El Ministerio Público amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña al incorporar el presunto delito de asociación criminal, en una causa que también alcanza a exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y que busca determinar si existió una estructura dentro del Estado para favorecer los intereses del conglomerado financiero Grupo Vázquez/Ueno.
La ampliación fue presentada el viernes 13 de noviembre de 2026 y comprende también al expresidente del BCP Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y al superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola. La Fiscalía sostiene que los funcionarios habrían coordinado acciones desde distintos niveles del aparato estatal para evitar la aplicación de controles y medidas regulatorias sobre la entidad financiera.
En paralelo, el Ministerio Público formuló imputaciones contra los exdirectivos del BCP Liana Emilce Caballero Krauze, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado. Los tres fueron detenidos durante los procedimientos realizados este viernes, mientras que la investigación incluye allanamientos y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.
La causa tiene como eje el presunto uso de posiciones institucionales para proteger a Ueno Bank frente a advertencias sobre su situación financiera. Se trata de una hipótesis fiscal que deberá ser contrastada durante el proceso judicial y cuya responsabilidad penal no está determinada por la presentación de las imputaciones.
La hipótesis fiscal: una estructura dentro del sistema financiero
En el acta de imputación N.º 9, fechada el 13 de noviembre, los fiscales describen una presunta estructura organizada y jerárquica que habría operado desde distintos organismos públicos para subordinar los mecanismos de regulación y supervisión financiera a los intereses del Grupo Vázquez/Ueno Bank.
Según el documento, Santiago Peña habría tenido un rol de conducción política y habría ubicado en puestos estratégicos a personas con vínculos de confianza o antecedentes corporativos relacionados con el conglomerado. La Fiscalía menciona, entre otros movimientos, la designación de Carlos Carvallo al frente del BCP, luego de su paso por la presidencia de Financiera Ueno, y la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos.
El Ministerio Público atribuye a los integrantes de esa presunta estructura una división de tareas. En esa interpretación, cada funcionario habría utilizado las facultades de su cargo para obstaculizar controles, evitar sanciones y permitir la continuidad de las operaciones de la entidad pese a las alertas técnicas.
La imputación señala a Peña como supuesto jefe de la estructura y sostiene que habría mantenido reuniones periódicas con Federico Miguel Vázquez, presidente del grupo financiero, en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga. También le atribuye directivas para evitar la intervención de la entidad y acciones destinadas a desactivar públicamente las advertencias sobre su situación.
Los vínculos patrimoniales y las designaciones bajo investigación
Entre los antecedentes incorporados por la Fiscalía aparece una operación de marzo de 2019, cuando Peña habría adquirido 1.500 acciones preferidas de Credicentro, posteriormente Ueno Holding S.A.E.C.A., por un valor de 1.500 millones de guaraníes.
El expediente también reconstruye la secuencia de cambios institucionales de agosto y septiembre de 2023. El 14 de agosto de ese año, Carvallo dejó la presidencia de Financiera Ueno y, al día siguiente, Peña asumió la Presidencia de la República. En su declaración patrimonial, según la documentación citada por los fiscales, el exmandatario consignó activos financieros vinculados al Grupo Vázquez S.A.E. por 8.894 millones de guaraníes.
Posteriormente, mediante el decreto N.º 214 del 7 de septiembre de 2023, Peña designó a Carvallo como presidente del Banco Central. Para los investigadores, la sucesión de estos hechos constituye un elemento relevante para analizar los posibles vínculos patrimoniales y las decisiones institucionales que forman parte de la causa.
La Fiscalía también menciona presuntos intereses económicos cruzados, entre ellos acciones, bonos y vínculos familiares con estructuras empresariales en el exterior. Esos elementos integran la hipótesis de investigación y deberán ser examinados en el expediente.
El papel atribuido a las autoridades del Banco Central
La imputación describe presuntas omisiones y decisiones de las autoridades del BCP frente a indicadores que, según el Ministerio Público, advertían sobre el deterioro financiero de Ueno Bank.
En el caso de Carvallo, los fiscales sostienen que habría paralizado mecanismos legales de regularización y omitido activar procedimientos obligatorios. También le atribuyen haber remitido información incompleta al Congreso Nacional sobre dictámenes técnicos relacionados con la situación de la entidad.
Respecto de Insfrán, la hipótesis fiscal apunta a una presunta manipulación de los mecanismos de supervisión. Entre los hechos mencionados figura una operación de venta de cartera a Vinanzas S.A., fechada el 16 de junio de 2026, que habría sido utilizada para aparentar la corrección de excesos crediticios. La Fiscalía también sostiene que no se habrían aplicado sanciones previstas y que se habría retenido un memorando técnico del 10 de julio de ese año que advertía sobre una posible triangulación de fondos.
En cuanto a los exintegrantes del Directorio, Caballero, Mora y González, el Ministerio Público considera que habrían actuado de manera coordinada para evitar medidas de intervención o la suspensión de operaciones pasivas de la entidad, pese a conocer indicadores de deterioro y déficit de solvencia que, según el expediente, estaban documentados desde junio de 2026.
Uno de los antecedentes centrales es el Acta N.º 27 del 19 de junio de 2026, en la que se habrían registrado advertencias sobre la situación financiera del banco. La Fiscalía sostiene que las autoridades no impulsaron las medidas regulatorias correspondientes y que esa pasividad permitió que continuaran las campañas de captación de depósitos.
Un informe al Senado, bajo sospecha de adulteración
Otro tramo de la investigación se concentra en un informe técnico remitido al Congreso. La Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una participación en reuniones reservadas realizadas el 5 de octubre de 2026 con Carvallo e Insfrán, en las que presuntamente se habría modificado el documento destinado al Senado.
Según la acusación, se habrían eliminado observaciones sobre una posible financiación indirecta de la compra de cartera por parte de Vinanzas S.A. con fondos provenientes del propio Ueno Bank. El objetivo habría sido presentar como regularizada una situación vinculada con el encuadre de personas relacionadas con el grupo financiero.
El Ministerio Público también sostiene que Caballero habría recibido el proyecto de nota con modificaciones sin promover su rectificación formal y que Mora, durante una sesión de sumario en septiembre, no habría impulsado la suspensión preventiva de la captación de fondos.
El expediente señala, además, que el 9 de octubre Mora, Insfrán, González y el asesor jurídico Aldo Rodríguez defendieron el informe ante la Cámara de Senadores.
Nuevas imputaciones y medidas cautelares
Las imputaciones contra los exdirectivos del BCP incluyen distintos hechos punibles, según el rol que la Fiscalía atribuye a cada uno. Caballero y Mora fueron imputados por presunta lesión de confianza grave y asociación criminal. En el caso de González, se agregan los cargos de producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
El equipo fiscal solicitó prisión preventiva para González y arresto domiciliario con monitoreo electrónico para Caballero y Mora. También pidió al juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo de Humberto Otazú, el bloqueo de sus bienes y cuentas bancarias ante un eventual pedido de comiso.
Durante los allanamientos realizados este viernes fueron incautados tres certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank, por montos considerados relevantes por los investigadores, además de equipos electrónicos que serán sometidos a análisis.
La ampliación de la imputación contra Peña se suma a los cargos que ya le habían sido atribuidos en la causa, entre ellos lesión de confianza y administración en provecho propio. El expediente también involucra presuntas irregularidades documentales y decisiones de supervisión que podrían haber comprometido el funcionamiento de los mecanismos de control del sistema financiero.
El impacto sobre los ahorristas y el sistema de garantías
Uno de los aspectos de mayor alcance económico de la investigación es el posible perjuicio al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), administrado por el Banco Central del Paraguay. Según la Fiscalía, las presuntas omisiones regulatorias habrían permitido que Ueno Bank continuara captando depósitos pese a las alertas sobre su solvencia, hasta el colapso de la entidad, ocurrido el 2 de noviembre de 2026.
La investigación busca establecer si las decisiones y omisiones atribuidas a las autoridades generaron un daño económico que terminó trasladándose al sistema de garantía de depósitos y, potencialmente, a los recursos destinados a proteger a los ahorristas.
Más allá de las responsabilidades individuales que deberá determinar la Justicia, el caso pone en discusión la independencia de los organismos de supervisión, los mecanismos de prevención de crisis bancarias y la transparencia en la relación entre el poder político y las entidades reguladas.
El avance de la causa será relevante para establecer si los controles institucionales funcionaron, si las alertas técnicas fueron atendidas y qué consecuencias económicas derivaron de las decisiones adoptadas antes de la caída de Ueno Bank. Por ahora, las imputaciones representan la hipótesis del Ministerio Público y no una sentencia sobre la responsabilidad de los involucrados.
