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Reforma electoral: se dilata la firma del dictamen de la comisión en el Senado

La Libertad Avanza pidió un cuarto intermedio en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y trasladó al miércoles la búsqueda de firmas para avanzar con el proyecto. La iniciativa tiene como eje la suspensión de las PASO en 2027, pero incorpora cambios en el sistema de adhesiones electorales, financiamiento de partidos y Ficha Limpia que generan diferencias entre los bloques dialoguistas. El oficialismo asegura que trabaja para reunir los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto el 26 de noviembre.

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El Gobierno nacional no consiguió cerrar los acuerdos parlamentarios necesarios para firmar el dictamen de la reforma política y debió postergar la definición en el Senado. La comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles al mediodía, a pedido del oficialismo, que busca revisar modificaciones al texto y sumar respaldos de los bloques dialoguistas.

La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza tiene como principal objetivo suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027. Sin embargo, el proyecto incorpora una serie de modificaciones adicionales al régimen electoral que ampliaron las diferencias entre el oficialismo y sus potenciales aliados.

Uno de los puntos más controvertidos es la habilitación de listas de adhesión o colectoras, un mecanismo que permitiría que distintas agrupaciones presenten sus propias candidaturas legislativas y acompañen una misma fórmula presidencial. La propuesta generó reparos entre senadores que, aunque comparten la posibilidad de suspender las primarias, cuestionan los efectos de ese sistema sobre la representación política y la competencia electoral.

La demora expuso las dificultades del oficialismo para transformar los acuerdos políticos alcanzados con algunos gobernadores en respaldos parlamentarios concretos. La estrategia de la Casa Rosada apunta a conseguir un despacho favorable que permita tratar el proyecto en el recinto de la Cámara alta el jueves 26 de noviembre.

Las colectoras dividen a los bloques dialoguistas

La comisión de Asuntos Constitucionales está integrada por 19 senadores. La Libertad Avanza cuenta con seis representantes y necesita sumar voluntades de otros espacios para alcanzar las diez firmas requeridas para avanzar con un dictamen favorable.

Entre los legisladores considerados cercanos a los acuerdos con el Gobierno aparecen los radicales Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Eduardo Vischi, de Corrientes, además de la cordobesa Alejandra Vigo. También forman parte de las negociaciones Beatriz Ávila, Carlos Espínola, Flavio Fama y Carolina Moisés, aunque sus posiciones no responden a un bloque homogéneo.

El oficialismo había avanzado en conversaciones con algunos de esos sectores, pero la incorporación de las colectoras complicó el entendimiento. La diferencia no se limita a una cuestión técnica: involucra el modo en que se contabilizan los votos, la conformación de las listas y la representación de las minorías en el Congreso.

Alejandra Vigo expresó su coincidencia con la suspensión de las PASO, aunque cuestionó la posibilidad de habilitar listas colectoras. La senadora sostuvo que ese mecanismo puede distorsionar la representación, particularmente en la elección de senadores nacionales, donde la distribución de bancas responde a un esquema de mayoría y minoría.

También advirtió sobre los riesgos de modificar el régimen electoral mediante una norma de aplicación excepcional para un solo proceso. En referencia al proyecto, cuestionó que se establezcan reglas específicas para 2027 que luego pierdan vigencia.

Su posición refleja una de las principales dificultades que enfrenta la negociación: la existencia de coincidencias parciales con el oficialismo no implica necesariamente un respaldo integral a todos los artículos de la reforma.

El peronismo cuestionó el alcance de la reforma

Desde el bloque kirchnerista, Jorge Capitanich cuestionó distintos componentes del proyecto y sostuvo que las modificaciones podrían afectar las condiciones de participación de la oposición.

Entre sus observaciones mencionó los cambios en la Boleta Única de Papel, la incorporación de las adhesiones entre agrupaciones políticas, los requisitos para presentar candidaturas y el esquema de financiamiento público de los partidos.

El senador también objetó la posibilidad de incorporar columnas electorales vinculadas a una misma fórmula presidencial, al considerar que el mecanismo podría alterar las reglas de representación.

Por su parte, José Mayans cuestionó el régimen de financiamiento privado previsto en la iniciativa y planteó reparos sobre la modificación de Ficha Limpia. El debate dejó en evidencia que la discusión excede la suspensión de las primarias y alcanza aspectos estructurales del funcionamiento del sistema electoral.

La senadora Florencia López también planteó objeciones a la necesidad de modificar un régimen que, según su evaluación, permitió la competencia y la alternancia política. Como argumento, recordó que Javier Milei llegó a la Presidencia sin contar con una estructura partidaria tradicional de alcance nacional.

Qué cambios contempla el proyecto

Además de la suspensión de las PASO para 2027, el texto incorpora modificaciones en la Boleta Única de Papel, habilita listas de adhesión entre agrupaciones y redefine aspectos vinculados con los requisitos de participación electoral y el financiamiento de los partidos.

Uno de los artículos más discutidos es el que establece que las nuevas disposiciones tendrán vigencia exclusivamente para el proceso electoral de 2027 y prevalecerán sobre otras normas electorales que se opongan durante ese período. Una vez finalizadas las elecciones, esas reglas caducarán automáticamente.

La propuesta también contempla cambios en Ficha Limpia. El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia, siempre que se cumplan las condiciones temporales previstas en la iniciativa. La restricción no se limita exclusivamente a delitos vinculados con hechos de corrupción.

Otro aspecto que generó debate es el mantenimiento del debate presidencial obligatorio, aunque limitado a la instancia de segunda vuelta electoral, según el texto difundido.

Durante la reunión, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, respondió a las observaciones sobre la aplicación de las colectoras y la Boleta Única de Papel. Explicó que, si una misma agrupación presenta dos columnas para una categoría legislativa, el voto podría considerarse nulo, mientras que la duplicación de una misma fórmula presidencial se computaría como un solo voto.

La senadora también dejó abierta la posibilidad de revisar aspectos operativos del proyecto, entre ellos el sorteo de las adhesiones y la asignación de colores a las listas, para evitar confusiones entre los votantes.

El oficialismo busca llegar al recinto el 26 de noviembre

La postergación del dictamen trasladó la negociación a las próximas horas. El oficialismo necesita consolidar las diez firmas para habilitar el tratamiento legislativo y, posteriormente, reunir los votos necesarios para la aprobación en el Senado.

Según fuentes parlamentarias citadas por medios nacionales, La Libertad Avanza considera que podría contar con los 37 votos necesarios para sancionar el proyecto, aunque las diferencias sobre las colectoras todavía representan un obstáculo para cerrar el acuerdo.

La comisión retomará el debate el miércoles al mediodía. El jueves 26 aparece como la fecha que la Casa Rosada pretende sostener para llevar la reforma al recinto, siempre que consiga resolver las objeciones de sus aliados.

El resultado de la negociación determinará si el Gobierno logra avanzar con una modificación electoral que no se limita a suspender las PASO, sino que también introduce cambios en la competencia partidaria, la representación legislativa y las condiciones de acceso a las candidaturas. La discusión parlamentaria deberá definir si esos cambios consiguen el consenso necesario para convertirse en nuevas reglas del proceso electoral de 2027.

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