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La Libertad Avanza consiguió respaldo para el Presupuesto 2027 y lo llevará a sesión la próxima semana

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Aún sin grandes concesiones, más allá de los fondos para discapacidad y acuerdos puntuales de obra pública, el oficialismo logró avanzar con su proyecto de Presupuesto 2027 en Diputados. La expectativa de La Libertad Avanza es darle media sanción en una sesión del 25 de noviembre, de forma tal que la iniciativa se trate en el Senado en sesiones extraordinarias antes de fin de año.

El oficialismo consiguió 27 firmas a favor de las 48 totales, con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y los provincialismos de Tucumán, San Juan, Misiones y Catamarca. Existen firmas en disidencia, que reclaman por inversión en obra pública y el refuerzo presupuestario de organismos científicos. Las modificaciones que se divulgaron fueron las remociones de los artículos 36° al 41°, que afectaban a las pensiones por discapacidad, haciéndolas incompatibles con el vínculo laboral formal y dificultando su accesibilidad. “Cumplimos nuestra palabra“, dijo la cordobesa Laura Rodríguez Machado, única oradora del oficialismo.

Si se requiere fondos que excedan esa base, precisó que provendrán de la Juridiscción 91, la tercera erogación más onerosa de la ley oficialista con $14,9 billones, en manos del secretario de Hacienda. La discrecionalidad de partidas se explicitó con la intervención de Eduardo Falcone (MID), quien señaló que su reclamo por un tramo de la ruta nacional 5 llegará con fondos de la Jefatura de Gabinete.

Proyectos de la oposición

Existieron otros dos dictámenes. El primero de ellos provino del cordobesismo nucleado en Provincias Unidas con apoyo de Encuentro Federal, que pidió por la reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el fortalecimiento del desabastecido programa Remediar y el saldo de las deudas de fondos previsionales.

Germán Martínez habla con Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni, referentes de La Libertad Avanza.

El peronismo, por su parte, presentó su dictamen en donde enumeró partidas en las que se puedan cumplir con leyes desfinanciadas por el Ejecutivo, como la de Financiamiento Universitario, más una serie de programas que consideran estratégicos, como la ciencia, la Defensa, fondos hídricos o de mantenimiento vial y subsidios al transporte público de provincias. Hubo un hincapié en la ley de discapacidad, para la que solicitaron $878.000 millones a asignarse al Ministerio de Salud, señalando como origen de todas esas partidas la Juridiscción 91.

“Acá está lleno de traidores al mandato popular”, se despachó el santafesino Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, en referencia a los justicialistas que acompañaron la redacción libertaria. Desde su bloque también apuntaron contra la poca cantidad de reuniones de debate (fueron cuatro) y la falta de ministros defendiendo el proyecto, dado que sólo concurrieron al Congreso secretarios de las áreas de Hacienda, Trabajo, Educación y Desregulación.

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