El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo ha recibido la media sanción de Diputados. Ahora, camino al Senado, somos nosotros, los senadores, quienes debemos revisar la ley, tal cual lo establece nuestra Constitución.

Siempre me expreso con sinceridad, sin especulaciones a ver si lo que digo cae bien o cae mal, siempre con mis convicciones y siempre intentando aportar la experiencia que pude haber ganado durante tantos años en la función pública.

Lo primero que quiero dejar en claro es que creo que la ley debe ser revisada en el Senado. Diputados sacó una ley que buscó sumar consensos, una ley modificable, para mi gusto y que debe ser corregida.

A veces pienso que incluso los diputados que sacaron el dictamen que luego tuvo la media sanción no imaginaron que iría a ser aprobada en el recinto. En esa línea se pusieron objetivos de máxima, que hoy forman parte del proyecto que debemos analizar.

Pasaré a analizar los puntos más salientes. Creo que luego del debate dentro y fuera del Congreso, hay un paso que se ha dado y será difícil volver atrás. Este paso significa avanzar en la idea de despenalizar al aborto en la línea planteada por Diputados.

Esto simplemente es hacerse cargo de una realidad inobjetable, realidad que muestra que en términos reales nadie, absolutamente nadie es procesado y menos juzgado por el delito hoy vigente en la ley penal. Ahora, despenalizar el aborto no debe significar penalizar a los que piensen distinto y por diversas razones deciden oponerse a practicarlo. Lisa y llanamente quiero decir que me parece una barbaridad el artículo 2 del proyecto que viene de Diputados. No se puede pasar de despenalizar a quien decide abortar a penalizar al profesional que se niega por tener sus creencias y convicciones.

En la misma línea, rechazo absolutamente el criterio de planteo de la objeción de conciencia. Lo único que falta es que quien no quiera practicar un aborto deba pasar por todo ese proceso indigno para liberarse de hacer lo que no quiere, rechaza y le duele. En tal sentido, el artículo 6 también merece mi más convencido rechazo.

Antes decía que desde la experiencia quería hacer algunos aportes, y también desde mi formación jurídica. No me parece que corresponda al Congreso de la Nación establecer la gratuidad e imponer a las provincias. En todo el país el sistema de salud es sostenido por las provincias, y hoy en día todas prestan servicios con mucho esfuerzo y afectación de su presupuesto. El Congreso en todo caso podrá instruir a cada provincia para que implemente un sistema o un protocolo. Ahora, no puede determinar y obligar gastos a cada distrito del país.

Pocos se han detenido en esta cuestión, pero es de pura lógica. Hoy la salud pública argentina, una de las mejores por estas latitudes, todavía tiene inmensas necesidades que pueden ser también prioridades.

Que quede claro, obligar a obras sociales y a todo el esquema de salud del país a realizar no solo el aborto, sino también todo lo previo y lo posterior en materia de atención y contención, no solamente es algo discutible, sino que también hasta de dudosa justicia.

Valgan algunos ejemplos. ¿Quién les da contención psicológica a las miles de familias que pierden a alguien en un accidente de tránsito? ¿Qué pasa si llega un niño a internarse a un hospital y le dicen que no hay camas porque están algunas ocupadas por quienes pasaron por un aborto? ¿Quién obliga a un gobernador a que deje de destinar recursos para comprar medicamentos para luchar contra el cáncer, puesto que debe asignar los recursos para cumplir esta ley?

Como estos, podemos imaginar miles de prioridades. Además, en este caso, nadie puede saber a priori cuál será la demanda y el costo real. Además, el Estado nacional, que viene recortando los fondos del Plan Remediar, de Médicos de Cabecera, de Salud Mental y que manda al norte migajas para prevenir el dengue, no va a convencer a nadie que va a girar los fondos para cumplir esta ley en las provincias.

Conclusión, no puede y no tiene competencia el Congreso para avanzar sobre la salud que es hoy soportada por las provincias.

La ley debe ser revisada. Permítanme creer que la Casa Rosada hizo una travesura de última hora para que esta ley pase al Senado. Ahora, a una travesura no se le puede contestar con otra.

El Senado debe debatir y revisar esta ley, respetando a los que piensan distinto, no imponiendo penas, respetando la conciencia de cada uno, no generando un registro o lista negra y, por último, respetando las autonomías provinciales y la administración de sus recursos y prioridades.

Hoy, esto ya es una cuestión de Estado, y hay que lograr una ley que despenalice el aborto y que saque de la clandestinidad y el desprecio social a quienes optan por interrumpir un embarazo.

Para avanzar en esta línea, cuenten conmigo, como senador, con la responsabilidad de funcionario público y de este tiempo. Aun cuando en el desempeño de este rol también pueda entrar en profundas contradicciones.