Paraguay: Peña presenta su defensa mientras avanza la investigación por ueno bank
El Senado paraguayo convocó para este viernes a las 10:00 a Santiago Peña o a sus abogados para ejercer la defensa en el juicio político impulsado por diputados. En paralelo, el Banco Central comenzó a restituir depósitos a un primer grupo de ahorristas de ueno bank y la Fiscalía allanó oficinas del Grupo Vázquez e Itti Saeca. La crisis combina un proceso de responsabilidad política, investigaciones judiciales y un mecanismo de protección de los depositantes.
Paraguay atraviesa una jornada de alta tensión institucional y financiera. Este viernes, el Senado deberá recibir los descargos de Santiago Peña en el marco del juicio político promovido en su contra, mientras avanzan las actuaciones judiciales vinculadas con la crisis de ueno bank y comienza la devolución de ahorros a determinados depositantes mediante el mecanismo de garantía previsto en la legislación bancaria.
Los tres acontecimientos configuran distintas dimensiones de una misma crisis: la responsabilidad política de las autoridades, el esclarecimiento de las presuntas irregularidades y la protección de los usuarios del sistema financiero. La respuesta institucional deberá resolver no solamente las responsabilidades que correspondan, sino también la incertidumbre de los ahorristas y la necesidad de preservar la confianza en el sistema bancario.
El proceso legislativo tuvo su primera instancia durante la noche del jueves, cuando el pleno de la Cámara de Senadores sesionó hasta las 21:15 para escuchar el libelo acusatorio presentado por los diputados designados como fiscales. La acusación fue expuesta por Rocío Vallejos, Rodrigo Blanco, Pedro Gómez, Mauri Espínola, Carlos Núñez Salinas, Billy Vaesken, Freddy Franco y Raúl Benítez.
Al concluir esa etapa, el presidente del Senado, Basilio Núñez, anunció un cronograma de cinco sesiones para completar el procedimiento, de acuerdo con el reglamento interno de la Cámara Alta.
La segunda instancia está prevista para las 10:00 de este viernes, cuando Peña o sus representantes legales deberán presentar los descargos correspondientes. El mandatario había manifestado públicamente que concurriría al Congreso si resultaba necesario para ejercer su defensa.
La exposición podrá extenderse durante el tiempo que la defensa considere necesario, según explicó Núñez. La convocatoria constituye una instancia central para garantizar que el procedimiento contemple la posibilidad efectiva de responder a los argumentos formulados por los legisladores acusadores.
El Senado busca blindar el procedimiento ante posibles cuestionamientos internacionales
La conducción parlamentaria justificó el esquema de cinco sesiones en la necesidad de cumplir estrictamente las garantías procesales. Núñez sostuvo que Paraguay arrastra antecedentes de controversias institucionales que llegaron a organismos internacionales y que el Senado debe evitar que una eventual decisión quede expuesta a cuestionamientos jurídicos posteriores.
El antecedente más significativo es el juicio político que terminó con la destitución de Fernando Lugo en junio de 2012, luego de los acontecimientos conocidos como la Masacre de Curuguaty. Aunque la Corte Suprema de Justicia rechazó las acciones judiciales presentadas por el exmandatario contra su destitución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en diciembre de 2021 estudiar una demanda contra el Estado paraguayo, expediente que permanece abierto.
La referencia no es menor para el actual proceso. La posibilidad de que las decisiones adoptadas por el Congreso sean posteriormente examinadas en instancias internacionales coloca al debido proceso en el centro de la discusión. La regularidad de las notificaciones, el acceso a la defensa, la presentación de pruebas y la fundamentación de la decisión final serán determinantes para la solidez institucional del procedimiento.
Después de la recepción de los descargos, el Senado prevé avanzar con la presentación y evaluación de las pruebas ofrecidas por las partes, en una tercera sesión convocada para las 13:00. Posteriormente se abrirá el debate para los alegatos conclusivos de la acusación y la defensa. La quinta instancia estará destinada al tratamiento de fondo y a la votación definitiva, prevista para la noche del viernes.
El cronograma podría modificarse según la extensión de las exposiciones, pero la intención de la conducción parlamentaria es completar el proceso durante la misma jornada.

El BCP comenzó a devolver depósitos a los ahorristas de ueno bank
Mientras el Congreso avanza con el procedimiento político, el Banco Central del Paraguay (BCP) puso en marcha otro de los mecanismos centrales para contener las consecuencias de la crisis: la restitución de depósitos a los clientes de ueno bank.
La autoridad monetaria anunció el inicio de los pagos correspondientes a la garantía de depósitos, conforme a las disposiciones de la legislación vigente. La primera etapa contempla a un grupo de ahorristas que reúnen condiciones específicas establecidas por el organismo.
En esta instancia, el mecanismo alcanza a depositantes con ahorros de hasta 10 millones de guaraníes, siempre que no registren obligaciones pendientes con la entidad y dispongan de una cuenta habilitada en otro banco o financiera del sistema paraguayo.
La puesta en marcha del procedimiento comenzó a reflejarse en los movimientos bancarios de algunos clientes, que reportaron la acreditación de fondos en sus cuentas. Se trata de una primera respuesta concreta para quienes quedaron afectados por la situación de la entidad, aunque el alcance inicial está limitado a los depositantes que cumplen los requisitos establecidos.
La garantía de depósitos cumple una función relevante para la estabilidad financiera: procura reducir el impacto de una crisis bancaria sobre los ahorristas y evitar que las dificultades de una entidad se traduzcan automáticamente en una pérdida generalizada de confianza en el sistema.
Sin embargo, el inicio de los pagos no resuelve por sí mismo todas las consecuencias del caso. La cobertura efectiva, los plazos de restitución y la situación de los depósitos que excedan los límites contemplados en esta primera etapa seguirán siendo cuestiones centrales para los clientes y para las autoridades responsables de administrar la contingencia.
Allanamientos al Grupo Vázquez e Itti Saeca: la investigación entra en una nueva etapa
En paralelo con el proceso parlamentario y la respuesta financiera, el Ministerio Público profundizó las investigaciones judiciales vinculadas con la crisis de ueno bank.
Durante la noche del jueves, una comitiva fiscal y policial realizó allanamientos en oficinas corporativas de Itti Saeca y del Grupo Vázquez, ubicadas en el complejo Paseo La Galería, en el eje corporativo de Asunción. Las diligencias comenzaron alrededor de las 21:00 y forman parte de las actuaciones impulsadas por la Fiscalía.
El Ministerio Público resolvió abrir una causa penal por cada denuncia presentada y conformar un equipo especializado de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción para intervenir en las investigaciones.
Las actuaciones alcanzan denuncias que involucran a Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y a otras autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay. La investigación deberá determinar los hechos denunciados, establecer eventuales responsabilidades y reunir elementos probatorios que permitan avanzar en el proceso judicial.
Los allanamientos constituyen medidas de investigación y no implican, por sí mismos, una determinación de culpabilidad de las personas o empresas involucradas. La reconstrucción de las operaciones, el análisis documental y la identificación de posibles responsabilidades serán parte del trabajo que deberá desarrollar el Ministerio Público.
La dimensión económica del caso trasciende a las empresas involucradas. La situación de una entidad financiera tiene consecuencias directas sobre depositantes, trabajadores, proveedores y otros actores que dependen de la estabilidad del sistema de pagos y del crédito.
Una crisis con tres frentes institucionales
La coincidencia temporal entre el juicio político, los primeros reintegros a los ahorristas y los allanamientos judiciales expone la complejidad de la crisis paraguaya. Cada uno de estos procedimientos responde a competencias y objetivos diferentes, pero todos confluyen en una misma exigencia: reconstruir la confianza pública a partir de información verificable, responsabilidades institucionales y respuestas concretas.
El Senado deberá resolver el proceso político respetando las garantías de defensa y las reglas constitucionales y reglamentarias. La Fiscalía tendrá que determinar si existieron conductas penalmente relevantes y quiénes fueron sus responsables. El Banco Central, por su parte, deberá administrar los mecanismos de protección de los depositantes y brindar previsibilidad sobre el alcance de las restituciones.
En su mensaje a la ciudadanía, la presidencia del Congreso pidió a los manifestantes que regresaran a sus hogares en calma y anunció que la institución trabajará de inmediato en proyectos de ley destinados a brindar asistencia y soluciones a los ahorristas afectados.
El desafío será transformar esos anuncios en instrumentos efectivos de protección y reparación, sin interferir en las investigaciones judiciales ni anticipar conclusiones sobre las responsabilidades políticas.
La jornada de este viernes puede marcar un punto de inflexión en la crisis, pero difícilmente represente su resolución definitiva. La legitimidad de las decisiones parlamentarias, la transparencia de las investigaciones y la capacidad de restituir los fondos alcanzados por la garantía bancaria serán variables decisivas para determinar cuánto puede recuperar Paraguay de la confianza institucional y financiera puesta en discusión.
