A contramano del federalismo 

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Los reclamos de los gobernadores continúan en alza: actuando en bloque, se están expresando en diferentes temas que se iniciaron con los vinculados a subsidios, pasó a cuestión coparticipación y ahora ya abarca a aspectos relativos a la justicia, como ser la Corte Suprema y su conformación.

Pero detrás de ello, hay una cuestión que se está hablando más por lo bajo, y que también los enfrenta a Martin Guzmán, algo que ya habíamos resaltado en la cuestión de los subsidios al transporte en esta nota de Economis. En este caso, se trata de las transferencias no automáticas, aquellas que se hacen por fuera de la coparticipación y que suelen ser partidas presupuestarias asignadas o bien convenios específicos de asistencia financiera u otro tipo de fondeo.

El ojo está puesto en el favoritismo que tiene la provincia de Buenos Aires, receptora del mayor volumen de fondos que envía la Nación a las provincias, algo que es histórico pero que recrudece en determinados momentos por agarrar mayor velocidad de envíos. Pero también, hacia dentro de las provincias se ven fuertes disparidades, e históricamente también, aquellos gobernadores más cercanos al poder central suelen ser los más favorecidos, por criterios solamente políticas más que económicos.

¿Qué está pasando en lo que va del año? Entre enero y mayo, el Ejecutivo nacional destinó ya unos $ 275.407 millones en este concepto, entre transferencias corrientes y de capital. De ese total, el 42% quedó solo para la provincia de Buenos Aires ($114.410 millones). Es decir, otras 23 jurisdicciones (incluyendo CABA) se repartieron el 58% restante. 

Misiones, en ese mismo período, recibió $ 6.587 millones (el 2% del total repartido), siendo un valor que queda solamente por encima de Corrientes ($ 4.831 millones) pero debajo de Formosa y Chaco. Con el primer caso, la brecha es relativamente baja (Formosa recibió unos $ 7.890 millones), pero con el doble de población. Comparando con el Chaco, es muy fuerte el desvío (esa provincia se hizo de $12.522 millones). Si analizamos de manera poblacional esos montos, las transferencias per cápita para Misiones serían (nuevamente) las menores.  

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Hacia dentro de las mismas, si observamos únicamente lo vinculado a las transferencias de capital, que están destinadas a proyectos de inversión y obra pública, Misiones tiene la misma situación: más que Corrientes, pero menos que Formosa y Chaco. Esto explica en cierto modo lo que ocurre con la construcción: si bien Misiones tiene el mayor volumen de trabajadores en el sector, las tasas de crecimiento son mayores en aquellas dos (+45% de crecimiento interanual en marzo, según últimos datos disponibles por IERIC; mientras que en Misiones fue del 29%).  

Como se ve, la situación actual de estas transferencias es casi idéntica a lo que pasa con los recursos por coparticipación: es difícil determinar un criterio que explique como una provincia con 600 mil habitantes recibe más recursos que una con un 1,3 millones. 

Pero la situación no se agota en la comparación dentro del NEA. Justamente, y volviendo al inicio de esta columna, los gobernadores están hoy en constante reclamo con el equipo económico por esta distribución de fondos, pero también, preocupados por lo que se viene: el programa acordado con el FMI pide limitar estos envíos, y en los ministerios económicos provinciales saben que es un riesgo para la estabilidad de sus finanzas: si bien la gran mayoría de los distritos goza de buena salud financiera, con importantes superávits, una buena parte de éstos se explican justamente por los envíos no automáticos que durante 2020 y 2021 tuvieron del Estado nacional. 

Así y todo, la asimetría en esa distribución es enorme. Si miramos solamente los famosos ATN (Aportes del Tesoro Nacional), a abril de este año a Misiones se le dio unos $ 200 millones, pero a Formosa $ 460 millones, al Chaco $ 300 millones y a Corrientes, $700 millones, siendo este el único caso justificado porque se trató de recursos brindados en el marco de los incendios que sufrió la provincia a inicios del 2022. 

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Las disparidades que existen en la distribución de recursos, como ya se indicó previamente, no se agotan sólo en los esquemas de reparto de la coparticipación hechos vía ley, sino también en estos que son vía decisión política, donde debería primar el verdadero federalismo intentando corregir las asimetrías del reparto automático. Lejos de eso, las acentúa, y obliga más bien a fortalecer el centralismo.

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