Un informe preliminar del Gobierno reveló que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) adquirió un medicamento clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda a un precio 27% superior al registrado por el Ministerio de Salud un año antes. La auditoría, que abarcó siete medicamentos comprados por ambos organismos, surge en medio de denuncias sobre presunto pago de coimas y genera cuestionamientos sobre la gestión de la ANDIS y su naturaleza como organismo descentralizado.

La ANDIS, creada en 2017 bajo el Decreto 698/2017 durante la administración de Mauricio Macri, funciona como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Esto le permite elaborar y gestionar sus propios procesos licitatorios y administrativos, similar a la ANMAT o el Instituto Nacional del Cáncer.

Hasta la intervención reciente, los funcionarios del Ministerio de Salud no tenían acceso directo a la composición ni al desarrollo de las compras realizadas por el organismo. La situación cambió tras la salida de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, luego de la difusión de audios que sugieren un presunto esquema de pago de coimas. La medida se consolidó con la designación de Alejandro Vilches, ex secretario de Gestión Sanitaria, como interventor con facultades plenas de gobierno y administración.

Según fuentes oficiales, la Casa Rosada evalúa ahora que la ANDIS deje de ser descentralizada y pase a dependencia directa del Ministerio de Salud, en un intento por transparentar las compras y optimizar el gasto público.

Diferencias de precios y medicación clave

El informe preliminar del Ejecutivo comparó siete medicamentos adquiridos por la ANDIS y el Ministerio de Salud. El caso más relevante fue la Asparaginasa Pegilada, fármaco esencial para la leucemia linfoblástica aguda:

• Ministerio de Salud, agosto 2024: $8.274.027 por unidad.
• ANDIS, agosto 2025: $13.500.176 por unidad.

Al ajustar la diferencia por la inflación interanual del sector salud (35,6% según INDEC, julio 2024-julio 2025), el sobreprecio real se calcula en 27%. La compra se realizó a la droguería Suizo Argentina, propiedad de Emmanuel y Jonathan Simón Kovalivker, mencionados en el expediente judicial iniciado tras la difusión de audios de Spagnuolo.

Además, durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS inició 31 procesos licitatorios, sobre los cuales ahora el Ministerio de Salud podrá ejercer supervisión directa gracias a la intervención.

Fundamentos, actores y repercusiones

El sobreprecio detectado plantea interrogantes sobre la eficiencia y transparencia en la administración de fondos públicos destinados a la salud. La diferencia de precios no solo impacta en el gasto presupuestario, sino también en el acceso a medicamentos críticos para pacientes con leucemia y otras enfermedades de alta complejidad.

La intervención por parte de Vilches y la eventual dependencia directa del Ministerio de Salud podrían:

• Mejorar la transparencia en licitaciones y compras.
• Optimizar el uso de fondos públicos en tratamientos de alto costo.
• Reducir riesgos de prácticas irregulares en la adquisición de insumos médicos.

El caso también resalta la delicada interacción política: Spagnuolo fue designado por el propio presidente Javier Milei, sin responder directamente al ministro de Salud, lo que evidencia tensiones en la administración de organismos descentralizados bajo gobiernos con alta rotación política.

El Ejecutivo avanza en la posible transferencia de la ANDIS al control directo del Ministerio de Salud, lo que implicaría cambios administrativos, revisión de licitaciones y supervisión de compras futuras. En el corto plazo, se espera que la auditoría se extienda a otros medicamentos y contratos para identificar sobreprecios o irregularidades adicionales.

A mediano plazo, la medida podría sentar un precedente para redefinir la estructura de organismos descentralizados, especialmente aquellos con alto impacto presupuestario en la salud pública. Asimismo, los análisis financieros y judiciales vinculados a los presuntos pagos de coimas podrían derivar en acciones legales contra proveedores y funcionarios involucrados.