Por el apretón monetario, inflación y recesión, ahorristas venden dólares para “llegar a fin de mes“, titula la crónica publicada por El Economista, que recibió un insólito “like”. El del presidente Javier Milei.

En su incontinencia tuitera, el Jefe de Estado, especialista en crear riqueza, celebró que la clase alta venda sus ahorros “para seguir manteniendo su nivel de vida” y la clase media para “llegar a fin de mes”.

La descripción de la revista especializada, deja claro que hay poco por celebrar. La inflación de enero, conocida esta semana, ratifica esa sensación de pesadumbre: la suba de precios del primer mes completo de Milei, fue del 20,6 por ciento, impulsada por la suba de Bienes y servicios con el 44,4%, de Transporte el 26,6% y de Alimentos y bebidas el 20,4%. El acumulado de la inflación de los últimos dos meses es de 46,1 por ciento, como efecto de la devaluación y liberación de precios decretada por Milei.

Esa desmesurada suba de precios impacta directamente en la economía real. El uso de la capacidad instalada de la industria está en los mismos niveles de la pandemia, cuando el mundo estaba paralizado. En 2022 y 2023 llegaba casi al 70% y ahora está en 54 por ciento. Muy parecido al final del mandato de Mauricio Macri y a la crisis de 2001. El poder adquisitivo también está en esos niveles.

Una encuesta de la Confederación Económica de Misiones, con la mirada de 240 empresarios marcó un enero duro, con precios que aumentaron y ventas que disminuyeron significativamente. Con respecto a la percepción del aumento de precios, el 60% de los empresarios indicó que el aumento fue “significativo”.

El 49% de los comerciantes señaló tener un enero “malo” y el 30% reportó caída en ventas, por una mezcla de inflación y devaluación, que ahuyentó a compradores de Paraguay y Brasil. En cambio, el turismo sólo sintió una merma del 10 por ciento. El dato positivo es que más del 80% de los empresarios “bancan la parada”, tal como sucedió en diciembre: resisten y evitan los despidos en el contexto delicado que atraviesa el país. Tampoco contratan. Pero es un saludable aprendizaje de crisis anteriores.

Sin embargo, no llegó lo peor: “El momento más duro será entre marzo y abril, ahí tocaremos fondo para luego rebotar“, prometió Milei. Rebotar como acto reflejo. Porque más abajo no se puede ir. ¿O sí? Según el observatorio de la Universidad Católica Argentina, por la devaluación y el fuerte aumento del valor de la canasta básica, con los ingresos de la población casi estancados, en los dos primeros meses de la Gestión de Javier Milei se produjo un salto en los niveles de indigencia y pobreza. Se estima que la población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. Y el nivel de pobreza, pasó del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero, de acuerdo al Informe “Estimación de los efectos del Impacto Inflacionario posdevaluación.

El 57,4% es el nivel más alto de la serie iniciada en 2004, cuando fue del 54%.

Ante ese desolador escenario, no hay plan de crecimiento ni siquiera de contención. Es un corte abrupto que se celebra como único logro. Pero no hay creatividad en el recorte. La motosierra no fue pensada para construir. Fue diseñada para tumbar, para cortar de raíz un árbol que tarda muchos años en crecer.
Ajeno al tiempo, Milei no atiende reparos ni críticas. Por el contrario. Celebra. “Hemos echado 50.000 empleados públicos, bajamos transferencias discrecionales, eliminamos la obra pública y eliminamos planes sociales truchos”»”, describió.

Tampoco convocará al Consejo del Salario y confirmó el fin de las paritarias docentes. “La educación depende de las provincias, tienen que resolverla ellos. ¿Qué tengo que hacer como Nación metiéndome? La educación, seguridad y salud son de las provincias”, sostuvo Milei.

Sin embargo, el Incentivo Docente, que vino a poner un poco de paridad en los salarios, es una ley aprobada en 1998, después los mil días de la Carpa Blanca, con la que los docentes protestaron para poner un límite al proceso de desfinanciamiento progresivo del sistema educativo, resistir políticas de privatización de la educación. Los docentes también reclamaron una mayor defensa del mercado interno, políticas productivas y de sustitución de importaciones, y la suspensión del pago de la deuda externa. Coincidencias.

Pero Milei volvió a dejar en claro su postura cuando se le repreguntó por paritarias y salario mínimo. “Nosotros tenemos una cosa que eso de fijar precios mínimos no nos gustan. ¿Por qué un político va a fijar un precio?”, contraatacó.

Sin esos “problemas”, sus horas se ocupan en diatribas contra gobernadores, opositores y… un insólito ataque sobre Lali Esposito, una de las artistas más populares de la Argentina. “Ella empezó”, fue su cándida excusa cuando le hicieron notar el abrumador desequilibrio entre un Jefe de Estado y un ciudadano cualquiera.

Milei representa en Lali al “gasto” improductivo del Estado -de provincias y municipios-, lo mismo que la eximición de impuestos a los organizadores del Cosquín Rock. Del efecto dominó que generan los espectáculos, ni una palabra, por omisión o desconocimiento. El impacto en turismo, alojamientos, gastronomía, se multiplica varias veces por el costo de un recital o un festival.

En la lógica del ajuste se suele comparar el cuidado de la economía del país con el de una familia. No gastar más de lo que se tiene y ahorrar cada centavo. Pero más allá de que el Estado no puede asimilarse a la estructura económica de una familia , si se sigue el ejemplo, hoy se está dejando de pagar las facturas de los servicios, el alquiler y de comprar el pan, la carne y la leche para celebrar un ahorro a fin de mes. En el medio, los chicos inevitablemente tendrán hambre. Y probablemente, la prestataria, se lleve el medidor eléctrico.

Pero no parece haber otro plan para corregir las falencias heredadas. Tras el fracaso de la ley Ómnibus, el Presidente sigue con su furia contra las Provincias y el plan de ajuste se profundiza. Ahora apuntó a un decretazo para eliminar los fideicomisos y ahorrar dos mil millones de dólares. No hay análisis sobre lo que servía y lo que no. Puro ajuste, que sorprende incluso a sus votantes más esperanzados y que deja en una incómoda posición a los aliados políticos, que quieren ser parte, pero no cargar con el mote de “socios del ajuste”. El radical Martín Lousteau se quejó del “afán colaboracionista” de algunos representantes de Cambiemos. Los legisladores misioneros de la alianza en descomposición, son parte de ese grupo y mientras imploran un poco de atención nacional, el radical Martín Arjol y la puertista Florencia Klipauka, votaron en contra de la ley Ómnibus. Sin embargo, no pueden escapar de las críticas por la sociedad política que ayudaron a construir para que Milei llegue al poder y sus consecuencias en Misiones.

En contraste, a la Renovación no se le pueden reprochar esas incoherencias. Dar gobernabilidad sin perder identidad fue la premisa inicial. No hubo por eso sorpresas en el rechazo al articulado del paquete de reformas y tampoco se le puede endilgar, como pretenden los opositores locales, responsabilidad en la consecuencia de los recortes.

En la lista del ajuste de los fideicomisos, están el Procrear y el Progresar, barrios populares y aportes a la investigación científica, además de otros fondos como el de Transporte Eléctrico Federal (con el que se financiaban obras clave como la segunda línea de 500 kv que Misiones reclama), Desarrollo Provincial (obras y planes de desarrollo en toda la geografía), Fondo estabilizador del trigo, Cobertura de Salud, Seguridad Aeroportuaria, Capital Social-Foncap, Infraestructura Hídrica, Infraestructura de Transporte, entre otros.

Solo dos ejemplos sirven para dimensionar el impacto en Misiones: en un país sin crédito hipotecario, se eliminará el Procrear, única herramienta con la que miles de argentinos aspiraban a una vivienda propia. El Progresar es protagonista en Misiones: son 65.152 jóvenes los que reciben el aporte estatal por estudiar en la secundaria, un terciario o la Universidad. Es el número más alto de la historia. Cada uno de los jóvenes cobra 20 mil pesos, lo que implica una inyección de recursos de 1.303 millones al mes. Al año, los estudiantes misioneros recibirían por estas becas, 15.636.480.000 pesos. Ese dinero desaparecerá. Será un “ahorro” para el Estado, pero un golpe profundo para las familias y los ingresos de los comercios que recibían ese gasto hormiga.

Esa concepción mínima del Estado que ostenta Milei (“Nosotros tenemos una cosa que eso de fijar precios mínimos no nos gustan”) tiene impacto directo en el bolsillo y en cada sector de la economía. La eliminación de los subsidios al transporte no es un “golpe a las provincias” -Misiones dejará de recibir 4.700 millones este año-, sino que inevitablemente se traducirá en un aumento del boleto que deberán soportar los usuarios, al mismo tiempo que la inflación y sueldos planchados. Los empresarios marcan un costo de 1,50 dólares por boleto. Hoy el boleto está a 250 pesos en Posadas. La diferencia debe ser cubierta por Provincia y Municipio. El escenario es similar en los municipios.

El panorama es sumamente complejo: las empresas advierten que el servicio deberá “adecuarse” a la nueva realidad. Esto es reducción de frecuencias e inversiones. Algunos ya piden que se extienda el tiempo de vida útil de las unidades. En medio, los choferes negocian paritarias con la amenaza de un paro. La conciliación obligatoria finaliza el 4 de marzo. El mismo día deberían empezar las clases en Misiones. El condicional tiene que ver con el frente de batalla abierto por el Gobierno contra los gremios docentes: la eliminación del Fonid y otros aportes nacionales, se traduce en una pérdida de más de 82 mil pesos en el salario de un docente que recién se inicia. ¿Qué provincia podrá cubrir esa diferencia y además dar aumentos acorde a la inflación?

El problema no es “sólo” de las Provincias. Las universidades se enfrentan a un escenario de virtual parálisis y sin interlocutores de Nación, con un presupuesto congelado, que, como mucho, alcanzará para llegar a junio, aunque los más pesimistas aseguran que no pasará de Semana Santa.

Hasta ahora el único aporte del Gobierno a la educación fue la extensión por un año de la eximición de aportes patronales de los colegios privados para evitar un “incremento importante” en las cuotas que abonan las familias y un plan de “vouchers” para comprar útiles en esos mismos colegios.

“Eso de fijar precios mínimos no nos gusta”, repite Milei y es la posición oficial en otra batalla misionera. El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella recibió el viernes a Facundo Sartori, el ministro del Agro de Misiones. En el encuentro se analizaron varias producciones. La yerba mate ocupó buena parte de la agenda. Vilella ratificó que el Gobierno va a reglamentar el decreto -que ya es un decreto de Necesidad y Urgencia- de Milei que desreguló el mercado yerbatero. Pero, como es lógico, no cambiará la concepción. El Estado se correrá de la fijación de precios.

Para reforzar la línea, Vilella retomó la doctrina Guillermo Moreno y deslizó que el Gobierno no puede avalar una suba del precio de la materia prima porque eso tendrá un inmediato traslado a la góndola.

Hace poco más de una semana, Juan Pazos, el amigo del ministro de Economía, Luis Caputo, había prometido lo contrario. El ex CEO del Grupo Alas (de las marcas de ropa Rapsodia, Caro Cuore, Babby Cotton y Punto Cruz) instó a los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate a definir el precio de la hoja y aseguró que si no llegara a haber acuerdo, lo iba a fijar Nación de acuerdo a la grilla de costos de producción e industrias. Con esa “concesión”, el INYM llamó a sesión de precios, pero la reunión fracasó el jueves por la ausencia de los representantes industriales y los de la provincia de Corrientes.

Habrá segundo encuentro el 29 de este mes, pero la Industria desconoce la facultad del INYM de fijar precios ante la vigencia del DNU de desregulación. Sus abogados se ríen de las incongruencias de los funcionarios de Milei. También los representantes de Gustavo Valdés, que reforzaron estos días el lobby a favor de la desregulación.

Mientras tanto, un grupo de productores de la zona sur se reunió en Oberá y acordó pedir un mínimo de 700 pesos para la hoja verde desde el 1 de abril. La negociación, advierten, es mano a mano con los molinos.

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