Aumenta la autonomía de fondos rotatorios: Milei flexibiliza el manejo financiero de organismos públicos
Presupuesto: pese a los recortes, Javier Milei da más autonomía a fondos rotatorios y cajas chicas de organismos públicos
La Secretaría de Hacienda estableció un nuevo marco regulatorio para la gestión de los fondos rotatorios, utilizados por los organismos públicos para afrontar gastos cotidianos sin recurrir a procesos burocráticos extensos. La Resolución 113/2024 del Ministerio de Economía actualiza y especifica las normativas para la creación, uso y cierre de estos fondos, promoviendo así una administración financiera más responsable y transparente.
Estos fondos, que permiten a las agencias del gobierno realizar pequeñas compras y cubrir gastos imprevistos, ahora contarán con reglas detalladas sobre su manejo. Según el texto oficial, “esta resolución es crucial para asegurar que el dinero público se use de manera eficiente y transparente”, destacando la importancia de un control riguroso en el manejo de estos recursos.
Puntos clave de la norma
- Límites de los fondos: Se establece un tope máximo para el dinero disponible en cada fondo rotatorio, que dependerá del presupuesto anual del organismo correspondiente.
- Creación y ajuste: La normativa detalla los procedimientos para crear nuevos fondos rotatorios o ajustar los existentes, según las necesidades de cada agencia.
- Gastos e informes: Define los tipos de gastos permitidos y los requisitos de registro que se deben llevar, asegurando un control exhaustivo de cada transacción.
- Cierre de fondos: Incluye directrices para el cierre de estos fondos cuando ya no sean necesarios, lo que facilita la reestructuración de los recursos financieros.
- Sistemas electrónicos: Obliga a los organismos a gestionar y monitorear estos fondos mediante sistemas electrónicos, promoviendo la digitalización y estandarización de procesos.
Esta actualización normativa busca prevenir el mal uso de fondos públicos, promoviendo la transparencia y mejorando la gestión financiera. Además, se establece el uso obligatorio de sistemas electrónicos para facilitar el seguimiento y la rendición de cuentas, haciendo que el proceso sea más accesible y abierto al escrutinio público.
Con estos cambios, el Gobierno avanza en la flexibilización del manejo de fondos en el sector público, asegurando a la vez un control efectivo que garantice la correcta utilización de los recursos estatales.
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