Voces / Banco Mundial – La soberanía digital ha llegado a ser uno de los conceptos más destacados —y debatidos— que definen cómo los países de ingreso bajo y mediano se enfrentan a un mundo cada vez más impulsado por la IA. En el centro de este debate hay una realidad concreta: la infraestructura y los sistemas que sustentan sus economías digitales son con frecuencia construidos, poseídos u operados por actores que no controlan ni regulan plenamente. A medida que la IA transforma la manera en que los países prestan servicios, la cuestión de cómo gestionar estos vínculos nunca ha sido tan importante.

Estas son preocupaciones normativas válidas. Desde la Declaración de África sobre Inteligencia Artificial (en inglés) hasta la Cumbre sobre el Impacto de la IA celebrada en la India (en inglés), la soberanía se ha convertido en un tema central y recurrente en los debates mundiales sobre el futuro digital de los países. Sin embargo, las dependencias globales a lo largo de toda la cadena tecnológica digital plantean disyuntivas (entre las ventajas y los inconvenientes) que pocos países pueden ignorar. La pregunta de fondo es, entonces, cómo gestionar estratégicamente estas disyuntivas mediante decisiones deliberadas sobre cuestiones cruciales: en qué casos vale la pena invertir en la propiedad y el control locales, qué capacidades deben desarrollarse internamente y cuándo tiene más sentido la integración con la infraestructura mundial.

La respuesta variará según el contexto. Para los Estados afectados por conflictos o los pequeños Estados insulares, los esfuerzos en materia de soberanía pueden significar principalmente resiliencia de la infraestructura, para garantizar la continuidad de los servicios cuando los sistemas se encuentran bajo presión. Para una economía emergente en pleno auge y con sólidas aspiraciones en materia de IA, el enfoque puede desplazarse hacia fortalecer las capacidades e impulsar el crecimiento de nuevas empresas de IA locales.

En cualquier caso, el punto de partida es definir resultados claros acordes con el contexto y las ambiciones propias de cada país, para luego identificar la mejor manera de gestionar el equilibrio necesario para alcanzar esos objetivos.

Sopesar los costos de la localización de datos

La localización de datos es una medida de política que ilustra con claridad estas disyuntivas. Se argumenta con frecuencia que mantener los datos dentro de las fronteras nacionales (en inglés) ayudará a proteger los derechos de los ciudadanos sobre sus datos, facilitará la aplicación de las leyes vigentes y combatirá las prácticas extractivas y el control no responsable que ejercen las plataformas sobre los datos. Sin embargo, la localización de datos no genera necesariamente una rendición de cuentas significativa: los resultados duraderos en materia de protección de datos dependen también de la solidez de los marcos regulatorios, la capacidad de aplicación de la ley y las salvaguardas técnicas aplicadas a los datos. Como se señaló en el Informe sobre el desarrollo mundial 2021 (en inglés), la confianza en los sistemas digitales es una base fundamental para el desarrollo digital, y un enfoque basado en los derechos para la protección de datos personales es el cimiento de esta confianza.

Por otra parte, los costos financieros de un enfoque de localización general —que exige almacenar y procesar todos los datos dentro de las fronteras nacionales, independientemente de su sensibilidad o perfil de riesgo— pueden ser considerables tanto para los individuos como para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Evidencias de la OCDE revelan que los requisitos de localización amplios o estrictos pueden aumentar significativamente los costos de alojamiento de datos entre un 15% y un 55% (en inglés), especialmente para las pymes.

La localización de datos muestra cómo incluso una sola decisión de política conlleva múltiples disyuntivas potenciales. Pero los responsables de formular políticas no tienen que sopesar estas opciones por sí solos.

De los objetivos de soberanía nacional a las vías compartidas

La soberanía no es únicamente una aspiración nacional. Unidas, las economías en desarrollo con filosofías e intereses comunes pueden participar en la economía digital mundial de manera colectiva.

Los acuerdos regionales —respaldados por el Grupo Banco Mundial— son el espacio donde esa posición colectiva cobra vida. Marcos como la Declaración de Cotonú (en inglés), adoptada por ministros de Economía Digital de países de África occidental y central, pueden ayudar a los países a alinear sus objetivos estratégicos y normativos y a coordinar sus marcos regulatorios a lo largo del tiempo. La misma lógica se aplica a las reformas de adquisiciones públicas, donde las normas compartidas y los requisitos de interoperabilidad permiten a los países definir en conjunto la dinámica del mercado (en inglés).

En última instancia, la soberanía se trata de las personas: los ciudadanos y las comunidades cuyas vidas estas políticas aspiran a transformar. La participación de la sociedad civil, las comunidades afectadas, el sector privado y otros actores ayudará a visibilizar las ventajas y los inconvenientes que los Gobiernos, actuando solos, podrían pasar por alto. Precisamente ahí es donde actúa el Grupo Banco Mundial, junto a los países en desarrollo, ayudando a los Gobiernos a definir resultados concretos, evaluar ventajas e inconvenientes, interactuar con las comunidades y fortalecer la capacidad para convertir las aspiraciones en resultados en el desarrollo digital duraderos.

El Grupo Banco Mundial está elaborando un conjunto de herramientas para apoyar un enfoque basado en los resultados sobre la soberanía digital, y proporcionar orientación práctica a los países que buscan equilibrar estos objetivos con sus metas de desarrollo más amplias.