Sturzenegger reactiva en el Congreso la “Ley Hojarasca” para derogar decenas de normas
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado volvió a mover una pieza central de su agenda: el reenvío al Congreso de la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto que propone derogar decenas de leyes consideradas obsoletas o restrictivas. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger y alineada con la visión del presidente Javier Milei, reabre el debate sobre el alcance de la desregulación en la Argentina actual. El dato político no es menor: el oficialismo busca instalar la idea de que “cuantas menos leyes, más justicia”, en un contexto donde la discusión por el tamaño del Estado sigue en el centro de la escena.
La pregunta subyacente es inevitable: ¿se trata de un avance concreto hacia un nuevo orden normativo o de un gesto político para consolidar el rumbo libertario en el Congreso?
Un proyecto que apunta a desmontar capas del Estado
La “Ley Hojarasca” se inscribe dentro del proceso de desregulación iniciado con el decreto 70 y normas posteriores. En este caso, el foco está puesto en una depuración normativa que abarca leyes de distintas épocas —desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI— agrupadas en seis bloques temáticos.
El proyecto incluye la eliminación de normas que, según el Ejecutivo, limitan libertades individuales, afectan el derecho de propiedad o imponen cargas burocráticas sin impacto real. Entre ellas aparecen regulaciones sobre control estatal de medios, restricciones a reuniones públicas, intervenciones en actividades productivas o privilegios para determinados sectores políticos.
También se propone derogar leyes que quedaron superadas por marcos normativos posteriores, otras que perdieron sentido por avances tecnológicos y un conjunto amplio de disposiciones que sostienen estructuras burocráticas o trámites considerados innecesarios.
En términos institucionales, el movimiento no implica una reforma integral del sistema legal, pero sí una intervención selectiva sobre capas acumuladas del ordenamiento jurídico. La lógica es clara: reducir el volumen normativo como forma de simplificar la gestión estatal y la actividad privada.
Impacto político: entre la narrativa de la libertad y la resistencia implícita
La iniciativa refuerza la narrativa del oficialismo basada en la desregulación y la reducción del Estado. En ese esquema, el Gobierno busca consolidar una identidad política que traslade al Congreso su agenda reformista, incluso en áreas donde no hay urgencia económica inmediata.
Al mismo tiempo, el proyecto introduce tensiones. La eliminación de normas vinculadas a regulación de actividades, promoción sectorial o estructuras públicas puede generar resistencias en distintos niveles del sistema político, incluso sin que esas leyes estén actualmente en uso efectivo.
Hay otro elemento en juego: la señal hacia el sector privado. La depuración normativa se presenta como una herramienta para reducir costos indirectos, eliminar trabas y mejorar condiciones de funcionamiento. Sin embargo, el impacto concreto dependerá de qué leyes efectivamente mantienen efectos reales y cuáles ya operaban como “letra muerta”.
En términos de correlación de fuerzas, el oficialismo intenta capitalizar la iniciativa como un paso más en su agenda de reformas, mientras que la oposición deberá definir si confronta sobre el fondo o si deja avanzar una medida de bajo costo político inmediato.
Un proceso abierto: entre lo simbólico y lo operativo
El reenvío de la “Ley Hojarasca” no cierra una etapa, sino que abre un nuevo capítulo en la estrategia de desregulación. El desafío no está solo en la aprobación legislativa, sino en el impacto efectivo de la norma una vez sancionada.
Queda por ver si el Congreso acompaña la lógica de depuración o si introduce modificaciones que diluyan el alcance del proyecto. También será clave observar si esta iniciativa se convierte en un antecedente para reformas más profundas del entramado legal o si queda circunscripta a una limpieza normativa de carácter más simbólico.
En un escenario donde la política económica y la institucionalidad siguen entrelazadas, la discusión sobre cuántas leyes necesita el Estado argentino vuelve a instalarse. Esta vez, con una hoja de ruta que apuesta a reducir antes que a expandir, pero cuya efectividad todavía está en construcción.
