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Con el nuevo arancel, el 87,2% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se verán afectadas

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El último informe del Sistema FIERGS, presentado a fines de julio, señala su preocupación por el nuevo arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos, tras las investigaciones de la Sección 301, a las exportaciones brasileñas.“Con esta nueva medida, el 87,2% de las exportaciones de RS a Estados Unidos sufrirán algún tipo de arancel”, puntualiza el informe.

La tasa, que entró en vigor el 24 de julio, se suma a la tasa del 25% anunciada la semana anterior y se prevé que afecte la competitividad de diversos sectores, que se enfrentarán a un recargo del 37,5%. Además, existen aranceles previstos en la Sección 232 para sectores como el del acero y el aluminio.

El presidente del Sistema FIERGS, Claudio Bier, volvió a pedir con urgencia que el gobierno federal intensifique las negociaciones con Estados Unidos para revertir las medidas y concretar paquetes de ayuda para los sectores afectados. “La industria de izquierda se verá fuertemente afectada por los aranceles, que pueden alcanzar el 37,5%. Sectores como el calzado, la madera, el tabaco, la maquinaria y los equipos, y los productos metálicos sufrirán los impactos de las medidas. Se trata de sectores que dan empleo a miles de personas y fabrican productos específicos para el mercado estadounidense. Es fundamental que la Unión continúe intentando revertir la decisión y ofrezca condiciones de alivio para que las empresas puedan afrontar este difícil momento”, afirmó.

El Sistema FIERGS – Federación de Industrias del Estado de Rio Grande do Sul, es un conjunto de cinco entidades de apoyo al sector industrial en el estado de Rio Grande do Sul: FIERGS, CIERGS, SESI, SENAI e IEL. Su objetivo principal es impulsar la economía, defender los intereses de las empresas y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Con esta nueva decisión, el impacto del arancel de la Sección 301 de Estados Unidos sobre las exportaciones de productos gauchos asciende al 50.4% de las ventas de Rio Grande do Sul (US$ 830.1 millones) al mercado estadounidense.

Este monto, el 92,7%, equivalente a US$ 769,6 millones, se verá afectado por el efecto acumulativo de ambos aranceles, lo que resultará en un recargo del 37,5%.

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Caputo anticipó un proyecto para licitar 5.000 kilómetros de rutas nacionales sin impuestos

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El Gobierno de Javier Milei profundiza el proceso de privatización de las rutas nacionales y prepara un nuevo proyecto de ley para habilitar la licitación de más de 5.000 kilómetros bajo un esquema particular: las futuras concesiones estarán exentas de impuestos nacionales. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

La iniciativa amplía una estrategia que ya comenzó con la transferencia de corredores viales al sector privado. El objetivo oficial es avanzar hacia un modelo en el que la operación y el mantenimiento de determinados tramos de la red nacional queden en manos de concesionarios, con reglas económicas específicas para hacer atractiva la inversión privada.

El nuevo proyecto deberá pasar por el Congreso, donde se definirá el marco legal para las futuras licitaciones. La particularidad anunciada por Caputo es la eliminación de impuestos nacionales para las rutas que ingresen en este esquema, una condición que modifica la ecuación económica de las concesiones y apunta a facilitar la participación privada.

El anuncio se produce después de que el Ejecutivo formalizara la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la privatización de Corredores Viales. Esos corredores suman más de 3.900 kilómetros y llevaron el total de rutas adjudicadas a más de 9.000 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno.

La nueva etapa vuelve a poner en discusión quién financia la infraestructura vial argentina. Durante décadas, el Estado nacional concentró buena parte de la responsabilidad sobre construcción, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales. El esquema que impulsa la administración de Milei busca trasladar progresivamente esa responsabilidad al sector privado mediante concesiones y mecanismos de explotación de los corredores.

El punto económico será determinar si las condiciones ofrecidas a los concesionarios se traducen en mayores inversiones y mejores niveles de mantenimiento sin generar un costo excesivo para los usuarios. La exención tributaria puede mejorar la rentabilidad de los proyectos, pero también abre un debate sobre la contraprestación que deberán asumir las empresas y sobre el esquema mediante el cual se financiará la conservación de las rutas.

Para las provincias, el proceso tiene una dimensión adicional. Las rutas nacionales constituyen infraestructura estratégica para la circulación de producción, el transporte de pasajeros y la conexión con los principales mercados. Por eso, cualquier cambio en el modelo de concesión puede tener efectos sobre los costos logísticos y la competitividad regional.

Entre las provincias alcanzadas por las concesiones ya adjudicadas aparecen Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. La inclusión de Misiones resulta especialmente relevante por su condición de provincia periférica dentro del sistema logístico nacional y por la importancia de las rutas para conectar su producción con los grandes centros de consumo y las fronteras internacionales.

En ese contexto, la discusión no se limita al estado físico de las rutas. Para Misiones y el NEA, el costo y la previsibilidad del transporte son variables que impactan directamente sobre la estructura de costos de las empresas. Una concesión que garantice mantenimiento, transitabilidad y obras puede mejorar las condiciones logísticas; un esquema que incremente significativamente los costos de circulación podría producir el efecto contrario.

El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá recuperar una infraestructura que durante los últimos años acumuló problemas de mantenimiento. Caputo apuntó directamente contra las gestiones anteriores durante su exposición y cuestionó las críticas actuales sobre el estado de las rutas: “Verlos criticar me parece cómico”, afirmó.

Más allá de la disputa política, el nuevo esquema deberá medirse por resultados concretos. La variable central será si las concesiones logran sostener rutas transitables, reducir interrupciones, garantizar mantenimiento permanente y generar inversiones sin trasladar una carga desproporcionada a quienes utilizan la red vial.

La próxima discusión en el Congreso será, por lo tanto, decisiva. El proyecto no sólo definirá qué rutas pueden pasar a manos privadas, sino también bajo qué condiciones económicas, tributarias y contractuales se desarrollará una nueva etapa de la infraestructura vial argentina.

Con más de 9.000 kilómetros ya adjudicados y otros 5.000 kilómetros que el Gobierno pretende licitar, la privatización de rutas deja de ser una política puntual para convertirse en uno de los principales cambios estructurales de la infraestructura pública. Para las provincias atravesadas por esos corredores, el resultado se medirá menos por la propiedad de las rutas que por una cuestión concreta: cuánto costará mover personas y producción y qué calidad tendrá, en adelante, la red que sostiene esa circulación.

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Caputo acusó a los industriales de vender bienes caros y de menor calidad a los argentinos

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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, como titular del Palacio de Hacienda, le toca “defender los intereses” de los argentinos, por sobre los personales y criticó los bienes que produce la industria nacional, en respuesta al vicepresidente de la Unión Industrial ArgentinaGuillermo Moretti, quien aseguró que el Gobierno no conoce el país ni la industria. 

Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos“, expresó Caputo que también calificó -sin nombrarlo- como poco decorosa” la declaración de Moretti. 

No obstante, el funcionario, recién llegado a la Argentina tras su reunión con el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, agregó: “Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera. Segundo, cada uno defiende sus intereses. A mi como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos“. 

En otro tramo, Caputo defendió la “economía en dos velocidades”: “El crecimiento va a venir por las exportaciones”. Argumentó que esta variable “es obvia” y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía. “Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados“, añadió. 

Para ejemplificar, el líder del Palacio de Hacienda utilizó la comparativa de un equipo de fútbol con tres nombres de jugadores argentinos: “Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme“. En esa línea, Caputo dijo que “no está mal” que haya sectores que crecen a velocidades distintas, sino que “está mal que se le dé una connotación negativa“. 

Sobre el final de su disertación, Caputo anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto para concesionar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos. 

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Misiones explica 44 de cada 100 dólares exportados del NEA con Brasil y Estados Unidos como destinos clave

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De acuerdo con el informe de Origen Provincial de las Exportaciones difundido por el INDEC, correspondiente al primer semestre del 2026, las exportaciones de Misiones totalizaron USD 273 millones, lo que marca un récord para la provincia y además, contiene el volumen más alto de la región del NEA, con el 43,8% de las ventas al exterior de la región. 

Respecto al primer semestre de 2025, las exportaciones misioneras crecieron 3,5%, un  ritmo inferior al registrado por el conjunto del NEA (+14,6%). 

Sin embargo, este dato debe analizarse considerando la elevada base de comparación de Misiones: frente al primer semestre de 2023, las exportaciones provinciales acumulan un crecimiento del 47,3%, el más elevado de la región y muy por encima del promedio del NEA (+36,4%). 

La serie del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestra que las exportaciones misioneras pasaron de 185 millones de dólares en el primer semestre de 2023 a 234 millones en 2024, 264 millones en 2025 y 273 millones en 2026.

Entre 2023 y 2026, el crecimiento acumulado fue de 47,3 por ciento, superior al incremento regional de 36,4 por ciento para el mismo período.

En este  sentido, el menor incremento interanual observado en 2026 se explica, en buena medida,  porque Misiones parte de un nivel de exportaciones considerablemente más alto que el  resto de las provincias de la región, producto del fuerte crecimiento registrado durante los años previos. 

Al analizar por rubros, Misiones ratificó su perfil manufacturero: las exportaciones de origen agropecuario explicaron el 49% del total provincial (por USD 134 millones) y las de origen industrial, el 29,4% (USD 80 millones), mientras que los productos primarios explicaron el 21,7% (USD 59  millones). Es decir, el 78% de las exportaciones misioneras son manufacturas, cuando en la región es del 58%

En ese mismo sentido, Misiones explica el 59% del total de manufacturas del NEA; específicamente, el 52% en las agropecuarias y el 74% en las industriales.  

Respecto a los principales subrubros de exportación de Misiones, té y yerba mate  explicaron el 27,8% del total con USD 76 millones y mostraron una suba del 2,1%  interanual. En segundo lugar quedó papel y cartón con el 27,1% (USD 74 millones) que  descendió 1,8% interanual. Finalmente, el podio se completa con el subrubro de “Otros MOA” que con USD 58 millones, explicó el 21,1% del total y creció de manera muy fuerte (+19,4%). 

En este período, Brasil con USD 63 millones (-5,3%) y Estados Unidos con USD 55 millones  (+32,9%) fueron los principales socios comerciales de Misiones, pero con una clara  diferencia en el desempeño: mientras que el mercado brasileño se achicó, el  norteamericano se amplió notablemente. 

Más atrás se ubicaron la Unión Europea con USD  37 millones (-15,8%), China con USD 33 millones (+12,0%) y Medio Oriente con USD 29 millones (-5,5%).

En todo el país, las exportaciones de bienes alcanzaron los 49.511 millones de dólares durante el primer semestre, con una expansión interanual de 24,6 por ciento.

La región Pampeana concentró el 66,2 por ciento de las ventas nacionales, con 32.760 millones de dólares. Patagonia representó el 17,8 por ciento; el Noroeste, el 6,5 por ciento; Cuyo, el 5,1 por ciento; y el NEA, apenas el 1,3 por ciento.

Por grandes rubros, las exportaciones nacionales se distribuyeron de la siguiente manera:

  • Manufacturas de origen agropecuario: 15.843 millones de dólares, 32 por ciento del total y crecimiento de 15,2 por ciento.
  • Manufacturas de origen industrial: 13.384 millones, 27 por ciento y aumento de 27,5 por ciento.
  • Productos primarios: 12.639 millones, 25,5 por ciento y expansión de 24,5 por ciento.
  • Combustibles y energía: 7.646 millones, 15,4 por ciento y crecimiento de 43 por ciento.

El contraste exhibe el principal desafío para Misiones: conservar su liderazgo regional mientras recupera dinamismo y amplía el valor agregado de sus cadenas exportadoras. La provincia domina el mapa comercial del NEA, pero en el primer semestre de 2026 corrió bastante más lento que la región y que la economía exportadora nacional.

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Milei estudia candidatos para la Corte Suprema

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El Gobierno de Javier Milei volvió a poner a la Corte Suprema en el centro de la agenda política. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Presidente está “estudiando candidatos” para cubrir las vacantes del máximo tribunal y anticipó que enviará los pliegos al Congreso cuando considere que sea el momento adecuado.

La definición abre una negociación que excede la conformación de la Corte. En un Senado donde el oficialismo necesita construir acuerdos para alcanzar los dos tercios requeridos para aprobar a los candidatos, la discusión puede convertirse en una nueva instancia de negociación con gobernadores y bloques opositores. Al mismo tiempo, amenaza con profundizar las diferencias dentro del peronismo, que viene atravesando una disputa sobre su estrategia frente al Gobierno y el Poder Judicial.

“Es una realidad que la Corte está incompleta. Es una deuda que hay que cumplir, hay que cubrir la Corte. ¿Cuándo? La decisión la tomará el Presidente”, afirmó Mahiques en una entrevista con A24. El funcionario sostuvo además que Milei “está estudiando candidatos” y que enviará los pliegos al Senado cuando considere que estén dadas las condiciones.

Mahiques también descartó, al menos por ahora, que exista una decisión presidencial para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal. “Hasta las últimas veces que hablé con el Presidente, no”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad. La precisión deja abierto un escenario político que ya genera especulaciones, pero que no forma parte de la definición oficial comunicada hasta el momento.

La Corte funciona actualmente con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La salida de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton dejó dos vacantes que el Gobierno todavía debe cubrir mediante el mecanismo constitucional que exige el acuerdo del Senado.

El antecedente inmediato condiciona la negociación. En 2025, los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no lograron superar el proceso de aprobación en la Cámara alta. Ese fracaso mostró los límites del oficialismo para construir por sí solo las mayorías necesarias y convirtió la designación de jueces de la Corte en una negociación política de primer orden.

Ahora el Gobierno enfrenta nuevamente ese problema, pero con una variable adicional: el peronismo llega a la discusión atravesado por una fuerte disputa interna sobre cómo relacionarse con el oficialismo y con la Justicia.

La controversia se profundizó después del aval del bloque peronista en el Senado a la mayoría de los pliegos judiciales enviados por Milei, con la excepción del correspondiente a Pablo Bertuzzi. La decisión generó cuestionamientos dentro del propio espacio y expuso la dificultad para establecer una conducción política unificada frente a las iniciativas del Gobierno.

La explicación de la senadora Juliana Di Tullio, quien habló de “decisiones políticas institucionales del Senado”, tampoco logró cerrar la discusión interna. El punto de fondo no es solamente qué jueces obtienen acuerdo, sino qué tipo de relación pretende construir el peronismo con el Poder Judicial durante los próximos años.

En ese tablero, el factor Cristina Kirchner conserva peso político. Dentro del peronismo circula la interpretación de que parte de las decisiones adoptadas en el Senado estuvieron vinculadas con la necesidad de alcanzar acuerdos en otros ámbitos institucionales, entre ellos el Consejo de la Magistratura. Esa lectura convive con otra discusión más profunda: si el PJ debe mantener una confrontación abierta con los tribunales o avanzar hacia una estrategia de mayor negociación.

La eventual llegada de los pliegos para la Corte puede condensar todas esas tensiones. A diferencia de otros nombramientos judiciales, la composición del máximo tribunal tiene efectos sobre cuestiones de alta sensibilidad institucional, económica y política. Por eso, cada candidatura puede convertirse en moneda de cambio dentro de una negociación mucho más amplia.

Para Milei, conseguir los acuerdos implica construir una mayoría que hoy no controla. Para el peronismo, en cambio, supone definir cuánto está dispuesto a negociar con el Gobierno y bajo qué condiciones. El PRO y otros espacios opositores también quedan involucrados, porque una eventual designación requiere articular intereses que atraviesan las fronteras partidarias.

La discusión adquiere además una dimensión federal. Si el oficialismo necesitara ampliar su base de acuerdos en el Senado, los gobernadores podrían adquirir un papel relevante en la negociación política. El Poder Judicial, en ese escenario, dejaría de ser solamente una discusión sobre nombres para convertirse en un componente de las relaciones entre la Casa Rosada, las provincias y las distintas fuerzas parlamentarias.

El desafío para el Gobierno será evitar que el proceso vuelva a quedar atrapado en una disputa de nombres sin capacidad para construir consenso. Para el peronismo, el dilema será todavía más complejo: definir una estrategia común frente a una agenda judicial que puede condicionar buena parte de la política argentina durante los próximos años.

La Corte vuelve así al centro de la escena antes incluso de que Milei envíe los nuevos pliegos. La decisión sobre quiénes ocuparán las vacantes puede convertirse en una de las negociaciones institucionales más importantes del segundo tramo del mandato y, al mismo tiempo, en una nueva prueba para un peronismo que todavía busca ordenar sus liderazgos y fijar una posición común frente al Gobierno.

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