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Giras, premios, datos

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Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Quiero alertarles sobre los riesgos de este modelo, no es necesario llegar a una situación tan extrema, es necesario evitarse todos estos dolores”. La frase pertenece al presidente Javier Milei y fue dicha en Madrid, un nuevo destino de su gira perenne, a dónde fue a recibir un premio.  

La referencia es a la Argentina, país que preside, pero donde casi nunca está. Pero no habla del presente, sino del pasado. Sin embargo, el consejo presidencial choca con los datos de la realidad. Desde que llegó al poder hace seis meses, los indicadores económicos y sociales fruto de su gestión, son difícilmente un ejemplo a seguir. Siquiera un mérito. La inflación, de la que se jacta haber domado, en realidad está retrocediendo desde un pico del 25 por ciento que generó apenas haber asumido y a costa de un enorme ajuste con consecuencias sociales dramáticas. 

Nadie está demasiado seguro de que la baja sea sostenible, ya que siguen en aumento, por decisión del Gobierno, servicios básicos, como la energía eléctrica, el combustible y el gas. 

La imagen que el Presidente ofrece de sí mismo y de sus políticas, difiere bastante de cómo el mundo está viendo a la Argentina. El Reino de España le negó una audiencia por la disputa con el presidente de ese país, el canciller alemán le canceló una reunión bilateral y en Hamburgo fue recibido por protestas contra su modelo ideológico: “Miseria neoliberal”.

Lejos de ser Noruega o la vilipendiada Venezuela de otros años, Argentina hoy está más cerca de países que atraviesan conflictos violentos como Líbano, Israel, Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Mali, Níger o Haití. Sólo que aquí no hay conflicto. La comparación no es una chicana de la oposición, sino una radiografía realizada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, quien criticó las políticas de Milei en materia de derechos humanos.

La referencia de Türk obedece a las recientes detenciones de personas que se manifestaron frente al Palacio Legislativo durante el tratamiento de la Ley Bases. El Gobierno detuvo a 33 personas que se manifestaron el 12 de junio frente al Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Bases. La mayoría, después de varios días detenidos por “manifestarse”, fueron excarcelados  por “falta de mérito”. 

Türk ya había alertado sobre la situación en Argentina. Durante su discurso en la 56° sesión del organismo, el funcionario de origen austríaco aseguró que “las recientes medidas propuestas y adoptadas” en Argentina corren el riesgo de “socavar la protección de los derechos humanos”. 

Entre las medidas cuestionadas, aparecen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030. Es, básicamente, el plan de Gobierno. En economía la situación tampoco es mejor. El Fondo Monetario Internacional advierte que Milei avanza poco en medidas “que hagan sustentable en el tiempo” los beneficios del ajuste. La lectura del FMI no es heterodoxa. Visualiza, como todos, que el rojo fiscal se achicó únicamente dejando de pagar las deudas y un abrasivo traslado del costo a los ciudadanos, particularmente los de clase media y baja. Sin descanso, ahora se avecina un nuevo tarifazo eléctrico que llegará al 300 por ciento con la quita de subsidios y aumento del valor de la energía. Habrá que elegir entre pagar la factura o ir al supermercado. Hasta para el FMI es un esfuerzo excesivo para una sociedad agobiada. Por eso el alerta sobre la “sustentabilidad” del ajuste. 

Todavía no se conocen los datos oficiales del empleo, pero ya se advierte la pérdida de cien mil puestos de trabajo en el sector privado y un consumo que se desploma sin pausa. Las ventas en supermercados exhibieron una caída del 17,6 por ciento, la sexta consecutiva,con el descenso más fuerte de toda la serie histórica. 

El consumo masivo cayó otro diez por ciento en mayo y sigue sin “brotes verdes” que vayan en línea con el entusiasmo del Gobierno. 

Según el relevamiento de la consultora Scentia, el consumo cayó en los primeros cinco meses del año de 7,8%. Los alimentos perecederos fueron los que reflejaron una mayor caída en mayo, de 20,5 por ciento. 

Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el consumo de carne vacuna alcanzó su nivel más bajo en los últimos 30 años. El consumo aparente de carne vacuna por habitante entre enero y mayo de este año fue equivalente a 44 kilos por año, quedando 15,9 por ciento por debajo de igual período de 2023. Si se comparan los precios de mayo último con los de igual mes de 2023, el alza fue de 283,9%. 

Las ventas por el día del Padre cayeron más del 10 por ciento y el turismo en el fin de semana largo en homenaje a Güemes, exhibió que la cantidad de viajeros fue 64,3% menor al año pasado.

En ese escenario, las provincias reaccionan como pueden. Los datos económicos muestran un mapa dispar. Misiones está entre las pocas provincias que logra sostener la actividad y el empleo. El último número oficial, marca que Misiones creó más de dos mil empleos en marzo, en medio de una caída generalizada. Con pilares que se mantienen firmes a pesar del viento en contra. En primer lugar, y en línea con lo que pasó en marzo particularmente, el sector de la Agricultura, Ganadería y Silvicultura se erige como el de mayor crecimiento: a marzo, comparado con diciembre, crece 17,1% logrando crear 1.305 empleos. La Industria Manufacturera, registró un alza del 3,7% entre diciembre y marzo que le permitió así crear 700 puestos de trabajo. Contra diciembre, el empleo tecnológico mostró un incremento de 3,4 por ciento, con la creación de 25 nuevos puestos de trabajo registrados, para acumular 755 en marzo, un poco menos de los 812 de febrero. Hasta el comercio, a pesar de la baja del consumo, logró sostenerse y en los tres primeros meses del año registró un alza de 0,4% del empleo que en valores absolutos representan 96 puestos creados. 

Según informes que monitorea el Gobierno provincial, la actividad económica nacional en los primeros cuatro meses del año muestra caídas cercanas al 23%. En contraste, según los registros de ventas declaradas por empresas misioneras en mismo periodo, la baja fue de 16% . Las mayores caídas se dan en construcción (-65%) servicios domésticos (-70%) servicios profesionales -36%  servicios esparcimiento  -41%.

Esos números son claves para la toma de decisiones. El Gobierno provincial sigue de cerca cada dato y en función de ellos decide incentivos sectoriales, como los que ya se conocieron para la yerba mate y la forestoindustria, con créditos de tasa blanda para sostener la actividad y, en el caso de la yerba, presionar al alza el precio de la materia prima, pulverizado por la desregulación que hace seis meses impuso el Gobierno nacional. 

La construcción comenzará ahora a reactivarse, un poco con recursos provinciales y otro tanto, se espera, con aportes de la Nación. El gobernador Hugo Passalacqua firmó acuerdos con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por desembolsos que llegarían a 20 mil millones para que la Provincia se haga cargo de las obras que ejecutaba la Nación y que, por decisión presidencial, se dejó de financiar. Sin embargo, no hay plena certeza de que los fondos lleguen con la celeridad esperada, sobre todo por las empresas y los obreros parados. 

En el caso del comercio, en el Gobierno se analizan distintas variantes para fortalecer los programas Ahora, claves para el consumo. Un número es insoslayable: en el último mes, Misiones volcó 200 mil millones a la economía, a través de sueldos y aguinaldos. 

Dinero fresco que se inyecta directo al consumo y que obedece a un equilibrio económico que no hay en otros lugares. La autonomía financiera producto de la recaudación local sirve y vuelve en forma de recursos. 

Por eso generaron desconcierto algunas posiciones de sectores empresarios que, aún ante la evidencia de una brutal caída económica nacional, ponen por encima sus preferencias ideológicas y cargan contra la política impositiva local. El tema fue motivo de debate entre los popes de la Confederación Económica de Misiones. A algunos dirigentes no escapa que la crisis es nacional y ahoga cualquier atisbo de recuperación. Otros no atinan a cuestionar el rumbo nacional, no sea cosa de que sean sospechados o acusados de kirchneristas. 

Pero el dato mata el relato. El año pasado la carga tributaria era idéntica y la actividad económica no estaba en el subsuelo. 

Una frase de un industrial yerbatero sirve para poner en contexto la situación actual:  “Que la yerba valga monedas no le conviene a nadie. Cuando molés canchada barata, procesás miseria”. 

Es pura lógica de negocios. Se achica la torta y todos facturan menos. “Ganar cinco por ciento sobre mil no es lo mismo que sobre 1.500. No le conviene a nadie la yerba barata. El año pasado, con la inflación que subía la hoja verde, se trasladaba. Y el mercado iba. Ahora el parate está dañando a todos”. 

La desregulación yerbatera, que cumplió seis meses -unos días menos que la gestión libertaria- hundió a la producción primaria y arrastró a la industria a una inédita caída de ventas. En el horizonte no se avizoran cambios positivos y como mucho se espera que repunten las ventas del mercado interno. 

Para la producción es un “año perdido”, mientras la Provincia y los dirigentes agrarios intentan de cualquier modo convencer a la Nación de dar marcha atrás con la quita de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate para por lo menos fijar un precio de referencia. Por los premios que recibe el Presidente, se intuye que la lógica económica libertaria va en sentido opuesto.

Apenas un dirigente celebró a viva voz la desregulación yerbatera. El diputado Pedro Puerta, ahora autopercibido libertario, aseguró que el DNU (de desregulación) trajo un resultado mucho más positivo que el que teníamos con los precios fijados”. 

“A raíz del DNU 7023, obviamente se generó un gran revuelo en el sector. Principalmente en un sector de la política que estaba muy enquistado ahí en el instituto, pero lo que terminó sucediendo después de varios meses de discusión y demás es que finalmente hoy a nuestro sector productivo el precio lo fija el mercado como se dice y nos estamos manejando con valores de referencia”, argumentó el apostoleño, hijo de Ramón Puerta, quien gobernó Misiones en los 90, al mismo tiempo que la desregulación de Domingo Cavallo sumía en la miseria a miles de productores. 

Pero Puerta hijo asegura que la desregulación de Milei no tendrá los mismos efectos. “Esto trajo un resultado mucho más positivo que el que teníamos con los precios fijados. Si nosotros vamos al precio que le había fijado el Estado, para el mes de marzo, por ejemplo, la materia prima costaría 200 y pico de pesos por kilo y hoy el valor de referencia está en el orden de los 370 pesos el kilo hoja verde”, aseguró hace unas semanas. 

Lo que no dice el yerbatero, que quedó envuelto en una polémica por la compra de poleo, un “yuyo” que se mezcla para bajar el volumen de hoja verde, es que antes de que el INYM pierda sus funciones, los productores estaban pidiendo una actualización a 505 pesos. En cambio, Puerta insistió en que el precio “desregulado” es “mucho más competitivo para el productor y es un rendimiento mucho mejor para los pequeños productores”. El dato, nuevamente, mata al relato: El 20 de diciembre del año pasado, cuando Milei anuló las facultades de regulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, por cada kilo de hoja verde se pagaban 210 pesos. En marzo de este año, el precio se había elevado a 370, pero a 30 días. Ahora vale 290, 300 pesos, pero con plazos a 60 o 90 días. En algunos casos, se recibe la materia prima de forma condicional, sin precio hasta nuevo aviso y apenas con 60 pesos a cuenta y un poco más para el gasoil. Hay secaderos que advierten que “el precio y forma de pago están sujetos a posibles cambios”.

Medido en pesos, la variación entre los 210 pesos de diciembre y el precio actual, es de entre 38 y 42 por ciento. La inflación en el mismo período fue de 71,9 por ciento. Treinta puntos de diferencia. Esos 210 pesos significaban en diciembre casi 60 centavos de dólar. Hoy, los 300 equivalen apenas a 30 centavos de dólar. Una caída desesperante, como advierten las mujeres productoras, que están al frente de los reclamos a Milei.

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Las fantasías desarrollistas del RIGI

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Hace unos días la Ley Bases tuvo la media sanción del Senado. Solo falta que tenga la aprobación en Diputados con las últimas modificaciones. Como ya sabemos, la ley contiene una serie de novedades en lo relativo a lo fiscal, laboral y económico. En relación a esta última dimensión el principal capítulo del proyecto presentado por Javier Milei es el referente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el cual apunta a otorgar jugosos beneficios fiscales a los empresarios. No es la primera vez que se sancionan regímenes de este estilo. Podemos remontarnos al segundo gobierno de Perón y a Frondizi. Actualmente rigen en el país regímenes de promoción industrial y no industrial, para la actividad minera, el vigente en Tierra del Fuego, el de la Economía del Conocimiento, el de “fortalecimiento” de las pymes, el de apoyo al “capital emprendedor” y un largo etcétera. 

Por lo tanto, el RIGI no es algo totalmente nuevo sino que se suma a todo un entramado de beneficios fiscales a la burguesía. Solo basta recordar el affair Galperín. 

La versión del RIGI que circulaba días antes de la votación del Senado, indicaba que podía ingresar al régimen cualquier proyecto de inversión igual o superior a 200 millones de dólares y que no superen los 900 millones bajo la categoría de Vehículos de Proyecto Único (VPU). Si bien en el papel no se establece un criterio de origen de las inversiones se sobreentiende por esos montos que apunta principalmente a la inversión extranjera y a la gran burguesía nacional. La modificación de última hora circunscribió el ingreso al régimen a los “sectores estratégicos” como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. El lobby de las autopartistas locales (entre las cuales está Mirgor de la familia Caputo) representadas por AFAC dio resultados y dejó fuera a la industria automotriz. Los dueños de las fábricas de autopartes estaban preocupados que la libre importación de componentes chinos arrasara con sus negocios. 

Entre las ventajas que ofrecerá el régimen para los VPU están una alícuota máxima del 25% en el impuesto a las ganancias (siendo del 35% el máximo para el resto de la economía). Se elimina por completo el cobro del IVA, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y cualquier tipo gravamen provincial o municipal. 

Respecto a los impuestos del comercio exterior, luego del tercer año de puesto en marcha el proyecto, los beneficiarios quedarían totalmente liberados del pago de retenciones y contando con libre disponibilidad del 100% de las divisas generadas, sin obligación de liquidar nada en el mercado de cambios local. 

En otras palabras, no habría un crecimiento de la recaudación ni de las reservas proporcional a la magnitud de las inversiones en marcha. La importación de insumos y componentes quedarán a tasa cero. En la versión original no se ponía restricción alguna al uso de insumos importados. 

Esto fue modificado para que al menos el 20% de la totalidad del monto de inversión sea destinado al pago de proveedores locales. En cada nueva apertura a las inversiones extranjeras el objetivo de la burguesía local fue ser socia menor de capital extranjero y el proyecto original la dejaba completamente fuera del negocio. El broche de oro de toda esta batería de beneficios es que los VPU contarán con estabilidad fiscal durante 30 años. Es decir, durante ese plazo no habría posibilidad de rediscutir las condiciones.  

En síntesis, el RIGI crearía las condiciones de lo que algunos teóricos llamaron “economía de enclave”, es decir, con un entramado de empresas totalmente desvinculadas del resto de la economía ya que los eventuales inversores casi no pagarían impuestos (aunque si disfrutarían de la obra pública y la mano de obra formada en las universidades nacionales), podrán repatriar todas sus ganancias, generarán un impacto mínimo sobre el empleo en la medida de que solo se le da el 20% de la provisión de insumos a la industria local pudiendo importarse el resto y en este mismo sentido la exportación de productos provenientes de los VPU estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación. 

Ni siquiera en países que aparecen como modelos para los libertarios se implementan estas políticas. En Australia el Estado tiene un rol activo en la vinculación entre inversores extranjeros y proveedores locales. Dentro del complejo minero del país oceánico la mayor parte del empleo es generada por la red de proveedores locales los cuales, además, alcanzaron, gracias a la intervención estatal  y el gasto público en educación, un importante desarrollo en I+D. 

El RIGI nos coloca más cerca de las economías africanas.

Por último, en el corto y mediano plazo podríamos asistir a un cuello de botella en la balanza comercial. Aquellos negocios cuyo mercado principal sea el interno (infraestructura, siderurgia) consumirán dólares sin generarlos. Por otro lado, aquellos que si exporten podrán sacar del país todas las divisas conseguidas. Este régimen no parece sostenible en el tiempo.

Que es importante un régimen de inversiones para el desarrollo de ciertas ramas para los cuales solo el capital extranjero tiene la escala para llevarlas adelante no hay dudas. La cuestión pasa por definir un esquema que apunte al desarrollo de la economía argentina en su conjunto y beneficie a los trabajadores de este país.

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Las guerras de la Eurocopa

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La pelota rueda y el mundo del fútbol se paraliza en Europa. Es claro, la máxima cita continental a nivel selecciones ya ha comenzado, aunque con este torneo, salen a flote una serie de problemas geopolíticos que parecen recrudecer a cada instante que pase.

La Eurocopa 2024 se juega en Alemania, espacio geográfico preponderante cuando hablamos del viejo continente. Consigo, sale a flote un desdén solamente provocado por la exacerbación del sentir nacional que crece a pasos agigantados en esa parte del mundo. Aparejado a ello, viejos y nuevos conflictos geopolíticos traspasan las fronteras de la paz social para instalarse como el mecanismo de combate dentro y fuera de las canchas. Otra mala interpretación del famoso “folklore del fútbol”.

Los fantasmas del ayer

Ucrania, Rumania, Georgia, Turquía, Serbia, Albania y otros tantos más, son los protagonistas de este triste resurgir. Desde hinchas serbios y rumanos cantando a favor de Putin por su accionar en suelo ucraniano, hasta batallas en Georgia que datan de casi mil años. 

Todo eso, es motivo suficiente para que los nacionalismos extremistas golpeen las puertas de Europa una vez más. Turcos y georgianos tuvieron un enfrentamiento durísimo en pleno estadio, cuando el lugar estaba destinado a los fanáticos del fútbol. ¿El motivo? Una disputa que viene del año 1121, la batalla de Didgori

En ese momento, el Reino de Georgia conquistó finalmente su capital Tifilis contra el Imperio Selyúcida, dominado actualmente por los turcos. Así de alejados de la actualidad están los enfrentamientos. 

Serbios y albanos tienen una rispidez mucho más cercana en el tiempo y que, quizás, sea aún más dolorosa. 

La desintegración de Yugoslavia a finales de lo 80’s y principio de los 90’s trajo a colación una serie de enfrentamientos de carácter étnico, social y político, principalmente, en los Balcanes. El episodio más funesto de esta triste gesta fue el genocidio bosnio, entre 1992 y 1995. 

Sin embargo, las diferencias entre ese grupo de naciones “ex – hermanas” siguen latentes en la política y futbolísticamente. Serbios y albanos se agarraron a los golpes de puños, croatas que siempre están al tiro del cañón contra los albanos y los propios bosnios, que, si bien quedaron fuera de la competición, su causa parece estar siempre latente. 

Los nuevos/viejos extremos 

Toda esta situación encuentra un correlato bastante a tono con lo que sucede en los estrados de los eurodiputados, como así también en los acontecimientos políticos en el interior de los países. 

El avance de la derecha es un hecho, aunque a priori no pareciera ser un problema de facto para los europeos, entendiendo que, al menos en los países que componen la Unión Europea, la alternancia de poder entre izquierda y derecha es algo a lo que ya están acostumbrados. En algunos momentos más conservadores y en otros más moderados, pero es una ambivalencia ideológica que ha permitido la coexistencia en el “dichoso” modelo democrático europeo. 

Sin embargo, hay un factor que pareciera escapar a la simplista lógica de la “far-right”. El nacionalismo a niveles exacerbados llevó al viejo continente al borde del abismo, con dos grandes guerras mundiales que arrancaron allí. Es cierto, distintos intérpretes en algunos casos y con disparadores que también variaron según la época, pero con el nacionalismo in extremis como el arma principal de estos hechos.

Para que se entienda, nacionalismo no es simplemente ponerse una escarapela o distintivo en una fecha patria o hacer mella del orgullo de los colores de su bandera nacional. Las expresiones más radicalizadas de ese concepto llevan a hacer creer a un grupo social o una comunidad que por el hecho de pertenecer a una nación, tienen el derecho de pasarse por encima a otras. Esas expresiones avalan peleas inauditas en estadios de fútbol hasta expresiones de las más recalcitrantes del neo-fascismo. 

El simple hecho de que esto esté pululando tan ligeramente por la atmósfera política y social de Europa tiene una explicación rápida. El viejo continente está siendo el protagonista de un ascenso meteórico de las nuevas/viejas derechas con una fuerte impronta nacionalista, propalada por la inmediatez de las redes sociales. 

Líderes políticos como Meloni en Italia, Orban en Hungría, Vucic en Serbia e inclusive algunos grupos neonazis en Alemania, son las alertas más que evidentes que ponen de relieve esta situación. 

Párrafo aparte para la breve y concisa lectura de que estos llegaron al poder mediante la vía democrática.

Estas nuevas derechas y nuevos nacionalismos no necesitan de golpes de Estado para llegar y mantenerse como los hegemones del status quo. Les basta con algunos procesos electorales y con una fuerte maquinaria mediática para posicionarlos. Aunque hay algo que es seguro: tienen un signo característico que comparten con sus antecesores de derecha y nacionalistas exacerbados. 

Estos momentos que atraviesa Europa, actualmente son de crisis, y en esas crisis, las derechas vuelven a ser el refugio de la clase media del viejo continente

Problemas económicos y energéticos azotan a la región, sumado a una galopante crisis migratoria y una islamización generalizada que no parece ser contenible por los moderados o centristas, al contrario, ofician de garantistas para esto. 

De esta forma, la brújula política de la clase media europea va virando hacia la derecha más dura. ¿Son los que pueden solucionar esos problemas? La respuesta, mirando a futuro, es incierta, la respuesta mirando al pasado es tajante: cuando Europa asistió a estos conglomerados nacionales que vivieron en paz armada, todo decantó en una sangrienta guerra.

Es posible que Europa esté allanando el camino para un conflicto bélico a gran escala que involucre a varios países. De hecho, la guerra en Ucrania sigue siendo el escollo más grande de los moderados europeos. Una derrota ucraniana sería una derrota de los defensores de la democracia occidental, involucrando a Estados Unidos bajo la nefasta gestión de Biden en materia de política exterior. Lo que pasa en la Eurocopa no es algo aislado, sino más bien, es el síntoma de una enfermedad mayor, el cual, por el bien de la paz mundial, deberíamos rogar que no se trate de una tensión tan grande en donde se rompa ese contrato social medianamente diplomático de Europa y donde abra camino a que se erijan nuevos líderes globales que lleven la praxis política al extremo. Hoy más que nunca, Europa es el termómetro del mundo.

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¿En qué invierte Misiones? 

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En este primer semestre del año que ya casi termina, y como hemos analizado muchas veces en esta columna, uno de los puntos que predominó en la agenda política nacional fue la relación entre la Nación y las Provincias. El año inició con una fuerte conflictividad entre el poder central y los distritos que con el correr de los meses se fue calmando al punto de comenzar un nuevo proceso de acercamiento, impulsado principalmente por el hoy Jefe de Gabinete, Guillermo Francos quien tomó el mando de esta relación y mostró cintura política para aliviar tensiones y comenzar negociaciones lejos del ruido que generaba el Presidente con sus dichos públicos hacia los gobernadores. 

Esta disputa puso sobre la mesa un tema muchas veces mencionado, pero poco analizado a fondo, que tiene que ver con la forma en que gastan las provincias. 

El presidente Milei, desde incluso antes de asumir, pero con mayor fuerza desde que se sienta en el sillón de Rivadavia, cuestionó a los gobernadores tildándolos de “degenerados fiscales” y avisó que la Nación ya no financiaría a las provincias. Eso lo cumplió, recortando envíos fuera de la coparticipación, suprimiendo el FONID, poniendo en pausa el financiamiento de las Cajas Previsionales no transferidas, eliminando el Fondo Compensador al Transporte Público, recortando al punto de la extinción la obra pública, entre otras cosas. 

Pero en este contexto, cabe hacerse la pregunta ¿Cómo gastan las provincias? El ejército libertario, en redes sociales principalmente, instaló la idea de que los gobiernos locales dilapidan recursos en salarios públicos y otros gastos vinculados a sostener estructuras políticas de poder. En cierto modo, instalaron una posverdad que no fue contrarrestada por otra postura con igual intensidad. Pero la realidad es algo más compleja (y distinta) que la que aquellos críticos describen. 

Hay muchas formas de evaluar el gasto provincial. Hemos ya en otras oportunidades analizado la ejecución presupuestaria, particularmente para Misiones pero también para otros distritos, en base a los resultados fiscales, evaluación que mostró lo contrario a lo que se instaló en redes: las provincias exhiben en términos generales, equilibrio fiscal

Pero hay otra forma de evaluar la ejecución del gasto que tiene que ver con los objetivos. Vamos para allá. 

La forma más utilizada de evaluar el gasto provincial es la que se hace por “Finalidad y Función”. La clasificación funcional presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios que el estado y sus instituciones públicas brindan a la comunidad. Los gastos clasificados por finalidad y función permiten determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estima alcanzar éstos. Los objetivos de esta clasificación son analizar las tendencias de los gastos en funciones determinadas, facilitar la elaboración de estadísticas del gasto que a su vez permitan realizar proyecciones; y conocer en qué medida el gasto realizado cumple funciones económicas o sociales. 

Las Finalidades son cinco: Administración Gubernamental, Servicios de Seguridad, Servicios Sociales, Servicios Económicos y Deuda Pública. A su vez, cada finalidad tiene dentro sus funciones. Veamos en detalle qué significa esto y cómo se analiza el gasto público para Misiones. 

La Administración Gubernamental refiere a gastos destinados a acciones inherentes al Estado en el cumplimiento de funciones tales como: legislativas, justicia, dirección superior ejecutiva, relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de la gestión pública e información estadística básica. Básicamente, se trata del gasto que hace al funcionamiento del Estado. Para el conjunto de las 23 provincias y CABA, esta finalidad representó en 2023 el 22,0% del gasto público; sin embargo, para Misiones representó el 18,4%, el cuarto menor nivel de todo el país (solo por encima de Buenos Aires, San Luis y CABA). Este no es un dato menor: si hay un menor peso de esta categoría en el gasto, entonces hay más margen de acción para otras finalidades que brindan servicios específicos a la comunidad, como se verá más adelante. 

En resumen, Misiones es la provincia del NEA y de todo el Norte Grande que menos recursos de su presupuesto destina al gasto político, y podría traducirse esto en el hecho de que es la provincia donde el Estado es el que menos gasta para sí mismo, tirando por la borda muchos de los comentarios que instalan, principalmente, los libertarios. 

En relación con la finalidad Servicios de Seguridad, son las acciones inherentes al mantenimiento del orden público interno, y acciones relacionadas con el sistema penal. Entre sus funciones se encuentran la Seguridad Interior (preservar la seguridad de la población y de sus bienes); la Seguridad Penal (vinculada a la reclusión de personas en cumplimiento de órdenes de prisión preventiva o de condena); y la Administración de la Seguridad. En 2023, esta categoría representó el 9,8% del gasto para el consolidado de provincias y CABA; en Misiones, fue de 7,4%, siendo la provincia del NEA con el segundo mayor nivel de gasto en esta finalidad por detrás de Corrientes, aunque se destaca que toda la región se ubica por debajo del promedio nacional.

Por su parte, los Servicios Sociales son las acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos. Históricamente es el concepto donde más gastan las provincias, principalmente por el hecho de tener a su cargo los servicios educativos y sanitarios, pero también porque aquí se incluyen gran parte de los conceptos presupuestarios destinados al desarrollo. En 2023, los Servicios Sociales explicaron el 57,7% del gasto total del consolidado de provincias y CABA; para Misiones, representó el 59,8%. Es decir, casi 60 de cada 100 pesos ejecutados por la Provincia se destinaron a estas acciones, siendo el segundo mayor nivel en el NEA. 

Los Servicios Económicos, que se definen como aquellas acciones inherentes a la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico, incluyendo acciones de fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público, es otro de los puntos centrales del gasto provincial. Incluye funciones como ser Energía y Combustibles, Comunicaciones, Transporte, Ecología y Medioambiente, Agro, Industria, Comercio y otros. Por ejemplo: los subsidios a la energía eléctrica entran en esta categoría, pero también lo hacen los subsidios, aportes o inversión aplicada a la industria o al fomento del comercio local. En 2023, esta finalidad, pese a su gran importancia en términos de desarrollo local y crecimiento económico, representó solamente el 8,5% del gasto total del consolidado de provincias y CABA. Sin embargo, en Misiones representó el 13,9%, el cuarto mayor nivel de todo el país y el más alto en el NEA. 

Finalmente, la finalidad de Deuda Pública, definida como los gastos destinados a atender los intereses y gastos de la deuda pública interna y externa, representó en 2023 el 2,1% del gasto total para provincias y CABA; ese número, para Misiones, es mucho menor: 0,5%, ubicándose así entre los cinco distritos con menor peso de deuda. 

Detengámonos específicamente en Misiones. Como se indicó previamente, el 59,8% del gasto de Misiones se centró en los Servicios Sociales, en línea con el promedio histórico de los últimos cuatro años que fue del 60,3%. Dentro de esta finalidad, las funciones con mayor peso en el gasto provincial son Educación y Cultura (49% del total de la finalidad), Salud (20%) y Seguridad Social (19%). Una buena forma de analizar el desempeño de este tipo de gasto es comparándolo en moneda constante contra el año 2019, a los fines de evaluar de punta a punta la gestión de gobierno al respecto. En Misiones, la inversión en Servicios Sociales, que son aquellos que impactan de manera directa en la comunidad por los servicios que recibe, creció 16,3% entre 2019 y 2023, un valor muy por encima del consolidado de provincias y CABA que lo hizo en 7,6%. 

Además, se destaca que es la provincia con el tercer mayor crecimiento en todo el país (y la mayor del NEA), graficando así una fuerte impronta de la gestión en brindar más y mejores servicios de impacto directo a la comunidad. 

Hacia dentro de esta categoría, se destaca por ejemplo, que la inversión en Ciencia y Técnica (incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de postgrado para formación de investigadores y promoción de las actividades científicas y técnicas), si bien representa un valor menor en el total, creció 58,1% entre 2019 y 2023 (cuando a nivel país creció 24,4%) marcando así un perfil de gestión orientado al desarrollo de tecnología que puede verificarse en acciones como Silicon Misiones y los programas de robótica, entre otros. 

La inversión en Seguridad Social creció 27,5% vs. solo 3,0% promedio nacional; en Salud, la inversión creció 23,9% contra el 13,9% promedio nacional; en Educación y Cultura el aporte se expandió 25,7% cuando a nivel nacional solo fue del 6,3%. En este punto en particular, la suba del gasto misionero es la más alta de todo el país. 

Como dato negativo se puede ver al gasto destinado a Vivienda y urbanismo, que cayó en Misiones 36,5%, similar a lo que se observa en Agua Potable y Alcantarillado donde la merma alcanzó el 25,9%. 

Sin dudas, son dos puntos centrales donde la provincia enfrenta desafíos principalmente de financiamiento y acompañamiento nacional. 

Al respecto de esto, son importantes los anuncios expresados esta semana por autoridades del gobierno provincial, que detallaron que el IPRODHA, tras un acuerdo con el gobierno nacional, activará la finalización de 1.449 viviendas.

Volviendo a los desempeños de las finalidades, si bien los Servicios Sociales crecieron a buen ritmo (+16,3% en 2023 vs. 2019, como se detalló antes), no fue la más creció. Por caso, los Servicios de Seguridad lo hicieron en +23,3% y los Servicios Económicos lo hicieron en +16,8%. También positivo, aunque a la inversa, es la evolución del gasto en Deuda Pública cayó 30%. 

Se puede concluir, siguiendo la lectura de los datos antes detallados, que aún con todas las mejoras que indefectiblemente deben realizarse, la forma en que gasta la provincia está en línea con dos de los objetivos centrales: sostener equilibrio fiscal que permita solvencia de las cuentas públicas, y brindar servicios a la comunidad (sean sociales y/o económicos) que redunden en una mejora de las condiciones de vida. 

En contextos de crisis como los que estamos viviendo, es fundamental sostener (y profundizar, si es factible) estas premisas de modo tal que el Estado pueda seguir garantizando un piso mínimo de servicios de impacto directo en la sociedad.

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Escribe Kevin Damasio en Dialogue Earth – La energía solar se ha convertido en la segunda fuente de electricidad del país. Expertos afirman que su expansión debe respetar y llegar a las comunidades por fuera de la red eléctrica

Hace solo tres años, Brasil no figuraba entre los principales productores mundiales de energía solar, pero en 2023 ascendió al sexto puesto. El ritmo de crecimiento ha sido notable: desde 2022, el país ha añadido, en promedio, aproximadamente un gigavatio de capacidad solar cada mes. El año pasado, la energía solar superó a la eólica y se convirtió en la segunda fuente de electricidad del país.

La única razón por la que este ritmo no ha sido más rápido es el desempeño económico fluctuante de Brasil, que ha frenado la demanda de energía, según Roberto Kishinami, gerente de energía e industria del Instituto Clima y Sociedad (ICS), un fondo ambiental que trabaja en Brasil. Entre 2019 y 2022, el PIB de Brasil creció una media anual del 1,5%; en 2023, esta cifra fue del 2,9%. “Cuando se planificó el sector hace diez años, la tasa prevista era del 3,5%”, explica a Dialogue Earth.

¿Cómo ha llegado Brasil a dar este salto exponencial en materia de energía solar? Como explican expertos a Dialogue Earth, no ha ocurrido de la noche a la mañana: ha sido el resultado de una década de progreso en la creación de capacidad nacional, impulsada por incentivos públicos, una reducción de los costos de producción y una ampliación de la ambición para afrontar el desafío del cambio climático.

Abundante energía limpia

Brasil cuenta con abundantes y variados recursos naturales que lo sitúan en “una posición muy ventajosa en la transición energética”, afirma Amaro Pereira, profesor de planificación energética de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Durante décadas, el mix eléctrico brasileño ha sido mayoritariamente limpio en cuanto a sus emisiones de gases de efecto invernadero, dada la enorme capacidad hidroeléctrica del país. Las fuentes renovables representan ahora el 86,4% de su capacidad eléctrica instalada, y casi la mitad procede de centrales hidroeléctricas.

Kishinami afirma que esta sólida base hidroeléctrica actúa como una “gran batería” en el sistema eléctrico brasileño, rellenando los huecos creados por otras renovables, como la eólica y la solar, que fluctúan según las condiciones climáticas.

Aunque la propia energía hidroeléctrica se ha visto afectada por condiciones meteorológicas extremas, y el país ha tenido que recurrir a centrales termoeléctricas en periodos de sequía grave, el mix eléctrico brasileño, dominado por la hidroelectricidad, es lo bastante resistente para adaptarse a la naturaleza variable de la energía solar y eólica, dice Pereira.

Incentivos públicos

En 2023, el gobierno brasileño anunció un nuevo plan de “aceleración del crecimiento” que incluía 67.000 millones de BRL (12.500 millones de USD) para financiar nuevos proyectos de energías renovables. Más de la mitad ―41.500 millones de BRL― se destina a la construcción de 196 centrales de energía solar. Esta cantidad duplica lo invertido en más de dos décadas en el marco de un programa con un propósito similar.

Carlos Dornellas, director técnico y de regulación de Absolar, la principal asociación de la industria solar de Brasil, explica que durante la década pasada el gobierno celebró subastas para impulsar la generación centralizada de electricidad a través de grandes plantas solares, que pasaron a estar reguladas en los años noventa.

Además, en 2012 el país autorizó la generación “distribuida”, es decir, la producción de energía a menor escala, cerca del punto de consumo. Este formato representa ya casi el 70% de la energía solar en Brasil, y es el principal motor del crecimiento de este tipo de energía.

Hasta hace poco, los usuarios individuales de energía solar podían vender a la red nacional cualquier excedente de energía generada. Para fomentar el desarrollo solar, cada vatio inyectado por el consumidor a la red se compensaba íntegramente en sus facturas de electricidad. Sin embargo, el crecimiento del sector ha hecho necesaria una reducción gradual de estos incentivos: un nuevo marco legal que entró en vigor en enero de 2022 redujo la proporción de generación solar distribuida que puede venderse a la red.

Según Pereira, este cambio “generó la preocupación de que [la energía distribuida] perdiera su atractivo económico, por lo que mucha gente se apresuró a invertir”; aquellos que habían instalado un sistema de generación distribuida antes de enero de 2023 no tenían que seguir los términos de la nueva legislación.

“En 2022 hubo un crecimiento superior al normal [en el sector] por este motivo”, explica Pereira.

Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones recientes, Pereira afirma que la energía solar sigue siendo atractiva en el país, y urgente para el planeta.

¿Objetivos climáticos o ahorro?

Durante la conferencia sobre cambio climático COP28 celebrada el año pasado en Dubai, 118 países, entre ellos Brasil, se comprometieron a triplicar colectivamente la capacidad mundial de energía renovable para 2030.

Las presiones mundiales para aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático han contribuido al auge de la energía solar, pero según Pereira, el principal factor que acelera el mercado es la creciente asequibilidad de la producción: “El desarrollo tecnológico ha dado lugar a un abaratamiento de los costos, lo que favorece la expansión de la energía solar”.

Esta contracción de los costos ha sido provocada principalmente por China, que representa alrededor del 80% de la capacidad de fabricación en el sector solar.

En los últimos años, los paneles solares han estado exentos de impuestos de importación en Brasil, una subvención que se revocó este año al introducirse un impuesto del 10,8%. La exención había contribuido a que los equipos solares chinos resultaran más baratos que los nacionales y a que Brasil se convirtiera en el segundo mayor importador de paneles solares chinos. Dornellas afirma que casi todos los módulos fotovoltaicos e inversores (que convierten la energía solar para su uso en dispositivos electrónicos) de Brasil se compran a empresas chinas.

Según un análisis de la empresa de investigación energética Wood Mackenzie, estas importaciones se volvieron aún más ventajosas en 2023, cuando el costo de fabricación de paneles solares en China se desplomó un 42% en medio del aumento de la producción. Como resultado, el precio de estos paneles en el mercado brasileño disminuyó una cantidad similar el año pasado, según un estudio de la empresa de energía Portal Solar.

Por otro lado, se dice que la facilidad de acceso a los productos chinos ha representado una barrera para el desarrollo de la fabricación en Brasil. “Hay intención de desarrollar una industria nacional, pero no estará en marcha en poco tiempo”, afirma Dornellas. “Hoy, lo que tenemos en Brasil sigue siendo de menor calidad y mayor precio”.

La potencia china aumenta

Hace poco más de una década, China dirigió su atención a la industria renovable con el objetivo, entre otros, de resolver su crisis de contaminación atmosférica. Reforzada por el apoyo gubernamental y los incentivos, la industria solar del país creció rápidamente hasta liderar el mercado mundial: en 2012, ya producía el 40% de las células fotovoltaicas utilizadas en los paneles solares de todo el mundo. América Latina y el Caribe, con los que China ya mantenía fuertes lazos comerciales, se convirtieron en importantes destinos de estas inversiones.

Marco Aurélio Mendonça, investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), afirma que las inversiones chinas en América Latina y el Caribe han estado en consonancia con los cuellos de botella energéticos y las deficiencias en infraestructuras eléctricas que afectan a la región, incluso a Brasil.

Entre 2019 y 2022, la capacidad de proyectos solares operados o en construcción por empresas chinas en América Latina aumentó más del triple, pasando de 1,4 GW a 4,9 GW. Además, están invirtiendo en toda la cadena de producción, dice Dornellas: Trina Solar y JA Solar importan y distribuyen paneles solares y otros equipos; China Three Gorges Corporation y China General Nuclear Power Group están invirtiendo en la construcción de centrales eléctricas; el fabricante de automóviles eléctricos BYD ahora también produce módulos solares en su fábrica de Campinas, en el estado de São Paulo; y State Grid construirá una línea de transmisión de 1.513 km para impulsar las energías renovables en el nordeste de Brasil.

Actualmente, el nordeste lidera el mercado solar del país. Según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (Aneel), la región acumula más del 60% de la potencia solar total autorizada a operar en el sistema nacional (excluida la generación distribuida). Además de contar con condiciones climáticas favorables, la región se ha beneficiado de la adopción de diversas políticas de incentivos, principalmente fiscales, afirma Dornellas.     

La transición debe ser justa e inclusiva

El Plan Energético del Nordeste, una iniciativa conjunta de cuatro organizaciones ecologistas brasileñas, calcula que las energías renovables podrían generar 2 millones de nuevos empleos en la región, que actualmente tiene el ingreso per cápita más bajo del país.

“Tiene un enorme potencial para generar ingresos”, afirma Fabiana Couto, organizadora política del grupo. “Pero hay que invertir en formación para que esta generación de ingresos sea efectiva”. Los puestos de trabajo también deben ser ocupados por la población local, subraya.

Couto defiende la generación de energía distribuida por cooperativas. Dice que pueden aportar ingresos a las comunidades y resolver los cuellos de botella en la distribución de energía en lugares remotos, pero afirma que hacen falta incentivos gubernamentales para impulsar estas iniciativas, que siguen siendo caras para las poblaciones pobres.

En zonas remotas del estado de Paraíba, la Cooperativa Bem Viver adoptó la generación solar en enero de 2023, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales. Cada uno de los 22 miembros recibe una cuota de energía, utilizada no solo para el consumo básico, sino también para la agricultura familiar e incluso para almacenar el agua de lluvia, que fluye de los tejados solares a las cisternas.

La expansión de la energía solar también debe ser más democrática, argumenta Couto. En la actualidad, hay muchas comunidades rodeadas de centrales solares que no tienen acceso a la energía que generan. El formato ideal para los parques solares, dice la activista, sería instalar sistemas distribuidos junto a ellos para dar servicio también a las poblaciones locales.

En enero, una amplia red de organizaciones y asociaciones comunitarias cuyas tierras nororientales se han visto afectadas por centrales de energías renovables reclamó una transición energética más justa e integradora. El documento “Salvaguardas socioambientales para las energías renovables” enumera más de cien mecanismos y medidas de protección que podrían ayudar a conseguirlo.

Estas salvaguardas incluyen la consulta previa a las comunidades, la zonificación ecológico-económica para evitar la superposición de centrales eléctricas con zonas protegidas o comunidades tradicionales, y criterios más justos para el arrendamiento de tierras por parte de las empresas.

“La cantidad que se paga por estas tierras es un problema en los contratos, que se han hecho de forma muy desigual”, dice Couto, cuya organización ayudó a redactar el documento.

La instalación de energía solar también podría ser una solución para hacer frente al desequilibrio energético de la región amazónica. El Instituto de Energía y Medioambiente (Iema) calcula que 3 millones de habitantes de la Amazonía Legal (la región administrativa que contiene la cuenca del Amazonas) no están conectados al sistema eléctrico nacional, y alrededor de 1 millón no tienen acceso a electricidad continua. Muchas de estas personas deben recurrir al uso de combustibles fósiles, como los generadores a diésel

El programa federal Luz para Todos, relanzado en agosto de 2023, pretende atender a 226.000 nuevas unidades consumidoras en la Amazonía Legal como viviendas, escuelas, centros de salud y centros comunitarios, entre otros. Según Couto, la energía solar descentralizada es la opción más viable para las regiones más remotas y debe ser priorizada por Luz para Todos. Desde 2003, se han invertido 24.000 millones de reales en el programa, con otros 2.500 millones previstos para 2024.

En la Amazonía Legal, el acceso universal a la energía solar requerirá hasta 38.000 millones de BRL, según cálculos del Iema. “Esto supondrá un retorno del desarrollo humano a esta región, promoviendo actividades económicas que sirvan de opción a otras depredadoras, como la minería y la deforestación”, afirma Ricardo Baitelo, consultor de proyectos de Iema.

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