CAME pide que los aumentos sean “diferenciales por región, tamaño y tipo de empresa”

Mientras la UIA apoya la medida para el sector privado pero piden financiamiento, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa manifestó preocupación sobre “enfrentar más costos cuando ya la rentabilidad y competitividad están comprometidas desde hace meses”.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reconoció hoy la “necesidad de una recomposición salarial” para la reactivación del consumo, aunque solicitó que los aumentos sean “diferenciales por región, tamaño y tipo de empresa”.

“CAME reconoce la necesidad de una recomposición salarial, fundamental para que se reactive el consumo, aunque solicita que los aumentos sean diferenciales por región, tamaño y tipo de empresa, porque hay sectores más afectados por la crisis”, indicó la entidad en un comunicado.

Según la organización patronal, en base a declaraciones de empresarios, la “mayoría de las pymes estamos pagando dos cuotas del bono de $5.000 -que eran cinco cuotas de $1.000- y ahora el decreto establece un incremento salarial de $3.000 más y $1.000 extras en febrero, y a todo esto hay que sumarle también los compromisos anteriores de paritarias”.

En este sentido, la CAME consideró que “los incrementos determinados por el gobierno deberían ser absorbidos no sólo para ‘futuras negociaciones paritarias’ sino también en las escalas vigentes atentos a la coyuntura actual, porque a las pequeñas y medianas empresas les preocupa enfrentar más costos cuando ya la rentabilidad y competitividad están comprometidas desde hace meses”.

El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se refirió al anuncio del gobierno y adelantó que no los tomó por sorpresa. “Ya era previsible porque en la ley de Emergencia Económica esto estaba contemplado. La posibilidad de recurrir a una medida de caracter excepcional, y digo excepcional porque la lógica en el sector industrial es la paritaria y sobre todo apuntando a los ingresos mínimos”.

“Era previsible, lo cual no implica que estamos analizando el impacto. En la industria hay entre 800 y 1000 convenios colectivos, al haberse puesto esta suma que es un salario solidario, una suma de caracter especial, hay convenios en los que se dieron aumentos en diciembre o tienen pautados incrementos para el futuro, (y estamos viendo) cómo juega uno contra el otro, estamos pidiendo a las cámaras que nos den la información”, señaló el dirigente industrial al programa “Sábado tempranísimo” de radio Mitre.

“Filosóficamente estamos de acuerdo. La intención es buena, ahora vamos a ver cómo aplica, a los efectos de ver si necesitamos alguna aclaración o precisión”, continuó el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja.

Y aclaró cuáles fueron los requisitos que le llevaron al Gobierno antes del anuncio del viernes. “Planteamos tres cosas: debía ser no remunerativa y lo hicieron remunerativo, pero como aclaró el ministro (de Trabajo, Claudio Moroni) esto no influye sobre los adicionales. En segundo lugar, está el tema de qué implica como cargas sociales salvo para las Pymes que tengan el certificado Mi Pyme, si no hay que computar la parte de cargas al monto”, agregó Funes de Rioja.

Y tras apoyar la iniciativa, pidió una tasa especial para los pequeños empresarios. “¿Cómo se financia esto en un país que no tiene acceso al crédito, la tasas de interés son muy altas, las pymes y economías regionales están bajo una muy fuerte presión? Le planteamos al ministro de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas) la necesidad de encontrar, y esperemos que en estos días se pueda anunciar, algún tipo de financiamiento especial a tasas blandas para pagar esto. Porque lo que queremos es que cuando se establezcan este tipo de sumas como pasó en 2002, 2003, que haya también la posibilidad de pagarlo, y que el empresario no quede en off side y el trabajador no lo reciba. Lo concreto hoy es que no hay financiamiento”.

Por otro lado, el dirigente de la UIA se refirió a la situación de trabajadores rurales y el personal doméstico. “Tienen regímenes especiales; en los dos casos hay consejos sectoriales que actúan como paritarias y que producen la adaptación de acuerdo al perfil de la actividad. Hay que combinar la necesidad de cubrir la cuestión alimentaria y la posibilidad de que los empleadores puedan pagarlo”.

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