El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará este jueves una reunión con contadores y especialistas tributarios para intentar despejar las dudas que rodean a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una herramienta clave dentro de la estrategia económica del Gobierno para captar dólares fuera del sistema formal y sostener la reactivación sin recurrir a emisión monetaria.

La convocatoria llega en un contexto de baja adhesión al nuevo esquema de Ganancias Simplificado. Según los datos mencionados en el texto base, apenas unas 80.000 personas se incorporaron al régimen sobre un universo potencial superior al millón de contribuyentes. El dato encendió señales de alerta en el Palacio de Hacienda, donde consideran que el instrumento todavía no logra generar la confianza necesaria entre ahorristas y asesores fiscales.

El eje de la discusión no es menor: el Gobierno necesita monetizar parte de los aproximadamente US$255.000 millones que, según datos del INDEC citados en el informe, permanecen fuera del sistema financiero argentino.

Un régimen pensado para mover dólares sin emisión

La lógica oficial detrás de la Ley de Inocencia Fiscal es doble. Por un lado, ampliar la circulación de dólares no declarados dentro de la economía formal. Por otro, evitar que esa expansión de liquidez se traduzca en una mayor emisión de pesos, algo que chocaría con el programa de restricción monetaria que impulsa la administración de Javier Milei.

El esquema está dirigido a personas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones o bienes declarados por hasta $10.000 millones. En el caso de quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), ARCA confecciona la declaración jurada en base a ingresos y gastos registrados, sin exigir el detalle patrimonial al inicio y al cierre del ejercicio fiscal.

El diseño incluye además un “tapón fiscal” de tres años. Según lo informado, tomando como válidos los ejercicios 2023, 2024 y 2025, el organismo recaudador no podría volver a revisar esos períodos en el futuro.

El Gobierno interpreta que esa garantía debería funcionar como incentivo para que los ahorristas vuelquen sus dólares al circuito económico, ya sea mediante depósitos bancarios, consumo o inversiones.

Las dudas que frenan la adhesión

Sin embargo, el principal obstáculo no parece financiero sino jurídico. Contadores y tributaristas vienen señalando desde hace meses que el régimen no elimina completamente el riesgo de futuras investigaciones fiscales, especialmente ante un eventual cambio de gobierno a partir de 2027.

Caputo admitió públicamente esas preocupaciones y anticipó que la reunión buscará detectar “cosas que eventualmente ellos ven que pueden mejorarse”.

Entre los puntos que los profesionales pretenden discutir aparece la definición precisa de los ingresos anuales dentro del RSG y cómo deben computarse determinadas diferencias cambiarias. También esperan precisiones técnicas mediante un dictamen pendiente de la Dirección Nacional de Impuestos.

Otro foco de conflicto gira alrededor de las multas automáticas incorporadas durante la sanción de la ley. La reforma elevó en un 100.000% las sanciones por incumplimientos formales: las multas pasaron de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas.

Aunque Caputo había prometido públicamente un esquema gradual con recordatorios previos antes de sancionar, especialistas sostienen que esa flexibilización nunca terminó de implementarse.

Según el texto base, aun aplicando reducciones posteriores, las multas continúan siendo significativamente más altas que en el régimen anterior.

Una pulseada silenciosa entre Economía y los tributaristas

La reunión del jueves también expone una tensión menos visible dentro de la estrategia económica oficial: la necesidad política de que los contadores funcionen como legitimadores del esquema.

En el Ministerio de Economía entienden que gran parte de la cautela de los contribuyentes proviene de las advertencias realizadas por asesores fiscales y abogados tributarios. Por eso, la convocatoria no apunta solo a resolver cuestiones técnicas, sino también a reconstruir confianza.

La situación coloca a los contadores en un lugar incómodo. Por un lado, el Gobierno les pide colaboración para ampliar el uso del régimen. Por otro, los profesionales advierten que aún existen zonas grises regulatorias y riesgos potenciales para sus clientes.

Incluso persisten dudas sobre el alcance real de los controles bancarios. Aunque el esquema reduce la información que bancos y escribanos deben remitir a ARCA, continúan vigentes normativas vinculadas a prevención de lavado y movimientos sospechosos.

Para el Gobierno, la Inocencia Fiscal cumple una función central dentro del programa económico. La administración Milei busca que los dólares fuera del sistema comiencen a financiar consumo, operaciones inmobiliarias y actividad privada sin expandir la base monetaria en pesos.

La apuesta tiene además una dimensión política: demostrar que la estabilización económica puede sostenerse con remonetización en dólares y disciplina fiscal, sin recurrir a herramientas tradicionales de estímulo.

La baja adhesión, sin embargo, expone los límites de esa estrategia. Los datos oficiales muestran que el ingreso al nuevo régimen todavía es marginal respecto del universo potencial alcanzado.