Caso Ueno Bank: la Fiscalía abrió una investigación penal contra Santiago Peña
La Fiscalía General del Estado de Paraguay dispuso la apertura de tres causas penales por denuncias vinculadas con Ueno Bank, entre las que figuran presentaciones contra Santiago Peña y otras autoridades. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución FGE N.º 4474, del 5 de noviembre de 2026, firmada por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández.
El documento ordena abrir una causa por cada denuncia y conformar un equipo especializado para investigar los hechos. El alcance de las presentaciones comprende la supervisión del banco, su proceso de resolución, la colocación de fondos públicos y la actuación de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de las instituciones estatales depositantes.
Uno de los antecedentes es la ampliación de una denuncia presentada por senadores y diputados contra Santiago Peña Palacios, originalmente formulada el 22 de octubre de 2025 y registrada con el número 12.355. Según la resolución, esa ampliación incorpora hechos relacionados con Ueno Bank y cuestionamientos sobre el desempeño de los organismos responsables del control bancario y de las entidades públicas que colocaron recursos en la institución.
La segunda presentación fue realizada por senadores el 5 de noviembre, con registro de entrada 13.762. Esta denuncia alcanza al presidente, al vicepresidente, al exministro de Economía y Finanzas y a autoridades y exautoridades del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El tercer antecedente es una denuncia presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez. La resolución menciona esa presentación, aunque no detalla su contenido ni individualiza a las personas denunciadas en ella.
Para desarrollar las investigaciones, Rolón designó a Elena Fiore Franco, Silvia González Véter y Christian Manuel Cáceres, agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. La dirección del equipo estará a cargo de Silvia Margarita González Véter, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
La disposición también ordena remitir los antecedentes a los fiscales designados, quienes deberán comunicar las actuaciones a la Oficina de Denuncias Penales correspondiente.
El documento establece que las pesquisas buscarán determinar si los hechos denunciados podrían resultar punibles y reunir los elementos necesarios para esclarecerlos. La resolución coloca así bajo examen tanto las decisiones vinculadas con la entidad financiera como la actuación de los organismos públicos encargados de supervisarla y de administrar los recursos estatales depositados en ella.
