Caso ueno bank: la Fiscalía allanó Mburuvicha Róga y Paraguay enfrenta un nuevo frente de incertidumbre financiera
La Fiscalía ingresó a Mburuvicha Róga, detuvo a funcionarios vinculados al sistema de supervisión bancaria y sumó nuevas actuaciones contra directivos y empresas relacionadas con la entidad. Fitch Ratings puso la deuda soberana paraguaya en revisión negativa, mientras la crisis deja expuestos los riesgos para los ahorristas, las cuentas públicas y la confianza institucional.
La crisis desatada por la resolución de ueno bank en Paraguay ingresó en una nueva etapa, con la investigación judicial extendiéndose hacia distintos niveles del poder político, empresarial y financiero. Este jueves, una comitiva fiscal encabezada por la fiscala Silvia González ingresó a Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, para buscar documentación que pueda aportar elementos a la causa que involucra al expresidente Santiago Peña.
El procedimiento se inscribe en una serie de allanamientos y medidas impulsadas por el Ministerio Público para reconstruir el circuito de operaciones financieras que habría vinculado a ueno bank con sociedades relacionadas con el Grupo Vázquez. La investigación busca determinar responsabilidades en el presunto desvío de fondos y en las operaciones que terminaron comprometiendo la solvencia de la entidad.
Peña, destituido por juicio político y actualmente con prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, está imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Según la imputación fiscal difundida en el marco de la causa, el perjuicio patrimonial estimado supera los USD 815 millones, una cifra que contempla recursos públicos y previsionales colocados en la entidad, fondos del sistema de garantía de depósitos y pérdidas de depositantes privados. Se trata de una estimación de la acusación que deberá ser examinada durante el proceso judicial.
El ingreso a la residencia presidencial se suma a otros procedimientos realizados en los últimos días. La Fiscalía había allanado la vivienda del exmandatario y abierto una bóveda oculta, aunque los investigadores no informaron entonces el hallazgo de elementos de relevancia. También intervinieron en la sede central de ueno, donde encontraron dos cajas fuertes, una de ellas ubicada en un baño utilizado por el entonces CEO Miguel Vázquez, actualmente imputado y detenido.
Nuevos nombres en la investigación
La causa también avanzó sobre la estructura empresarial y tecnológica vinculada al banco. Este jueves, César Manuel Astigarraga, director de itti SAECA, se presentó ante la Fiscalía y quedó a disposición de la Justicia. La empresa brindaba soporte tecnológico a ueno bank y a otras firmas relacionadas con Miguel Vázquez.
La investigación busca establecer el papel que habría tenido Astigarraga en el desarrollo y la conducción de emprendimientos utilizados, según la hipótesis fiscal, para canalizar recursos obtenidos de manera irregular. Entre las operaciones bajo análisis figuran préstamos otorgados por ueno a sola firma y con plazos de hasta diez años, cuyos fondos habrían terminado en sociedades vinculadas al mismo grupo empresario.
De acuerdo con los elementos mencionados en la investigación, entre las firmas que aparecen en el circuito se encuentran itti, Vinanzas, Redisa y otras sociedades del Grupo Vázquez. Los investigadores analizan transferencias, préstamos entre empresas relacionadas y operaciones con bonos que habrían contribuido a financiar la adquisición de una cartera de créditos del propio banco.
En paralelo, este jueves fue detenido Holger Aníbal Insfrán Rivarola, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de un allanamiento en su vivienda en Asunción. Su actuación como responsable de la supervisión bancaria quedó bajo análisis a partir de documentos que habrían advertido sobre operaciones entre ueno bank y sociedades vinculadas.
La situación plantea uno de los interrogantes centrales del caso: qué información tenía el organismo regulador sobre las operaciones entre partes relacionadas, qué medidas de control se adoptaron y si existieron advertencias que no derivaron en acciones oportunas. La investigación deberá determinar si hubo responsabilidades individuales y cómo funcionaron los mecanismos de supervisión antes de que la entidad llegara a una situación crítica.
La crisis bancaria llega a la calificación soberana
El impacto del caso ya excede al sistema financiero y comenzó a reflejarse en la evaluación internacional del riesgo paraguayo. Fitch Ratings colocó la calificación soberana de Paraguay, situada en BB+, bajo revisión negativa y retiró la perspectiva positiva que mantenía. La decisión incorpora la incertidumbre derivada de la resolución de ueno bank, las posibles obligaciones fiscales y el cambio de escenario político tras la destitución de Peña.
El Banco Central del Paraguay dispuso el 2 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de la entidad, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo regulatorio exigido. Ueno era la sexta entidad bancaria del país, concentraba alrededor del 9% de los depósitos y prestaba servicios a cerca de la mitad de la población, según los datos citados por Fitch.
La preocupación de la calificadora se concentra especialmente en los depósitos que no cuentan con cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. Según su análisis, la entidad administraba alrededor de USD 2.900 millones en depósitos. El fondo dispondría de activos por unos USD 1.600 millones, incluidos aproximadamente USD 900 millones líquidos si se excluyen los bonos públicos, suficientes para cubrir los depósitos asegurados estimados en USD 900 millones.
El principal foco de riesgo está en los aproximadamente USD 2.100 millones de depósitos no asegurados. De ese total, cerca de USD 900 millones corresponderían a organismos del sector público, entre ellos el Instituto de Previsión Social y entidades hidroeléctricas binacionales, mientras que unos USD 1.200 millones pertenecerían a depositantes privados. Fitch advirtió que una eventual decisión estatal de compensar esos fondos podría generar una contingencia fiscal inicial equivalente a alrededor del 1,5% del producto interno bruto.
La agencia también revisó sus proyecciones para las cuentas públicas. Estima que el déficit fiscal podría alcanzar el 3,2% del PIB en 2026 y el 3,9% en 2027, frente al 2% registrado en 2025. En ese escenario, considera improbable que se cumpla la meta de déficit del 1,5% prevista para 2028. La deuda pública, por su parte, podría ubicarse en el 32,6% del PIB durante 2026.
En materia de actividad, Fitch proyecta un crecimiento del 4,5% para 2026 y del 4% para 2027 y 2028, aunque advierte que una menor expansión del crédito y el deterioro de la confianza podrían introducir riesgos a la baja. Ueno representaba una proporción significativa del crecimiento reciente del financiamiento, por lo que su salida del sistema puede afectar la disponibilidad de crédito para empresas y hogares.
La calificadora no anticipó, por el momento, un riesgo de inestabilidad sistémica en el conjunto del sector bancario, pero sí advirtió sobre las consecuencias fiscales, institucionales y reputacionales que puede dejar el episodio. Para Paraguay, el desafío no se limita a resolver la situación de los depositantes: también deberá demostrar que cuenta con mecanismos de supervisión capaces de detectar y contener operaciones riesgosas antes de que comprometan a una entidad de esa escala.
La dimensión judicial y el derecho a la defensa
Mientras la investigación se amplía, las defensas de los imputados también comenzaron a cuestionar decisiones judiciales. Los abogados de Juan Manuel Gustale Cardoni, expresidente de ueno bank, recurrieron ante la Sala Penal de la Corte Suprema la resolución de un Tribunal de Apelación que confirmó la prisión preventiva y amplió los cargos en su contra.
La defensa objeta que los camaristas incorporaran las calificaciones de lavado de activos y asociación criminal, además de modificar la calificación de tentativa de estafa a estafa consumada y agravada. Sostiene que esas decisiones excedieron el alcance del recurso que debía revisar el tribunal y que se adoptaron sin un planteo fiscal específico sobre esos puntos. Por ese motivo, solicitó la nulidad de la resolución.
El planteo introduce otra dimensión institucional del caso: la necesidad de que una investigación de alta complejidad avance con el debido proceso, el respeto al derecho de defensa y decisiones judiciales sujetas a revisión. La determinación de responsabilidades penales deberá surgir de las actuaciones y resoluciones correspondientes, no de las hipótesis que todavía se encuentran bajo investigación.
El impacto social y las respuestas de contención
La crisis también dejó consecuencias directas sobre trabajadores, familias y pequeños ahorristas. La intervención de ueno bank generó restricciones iniciales para el acceso a cuentas y ahorros de cerca de tres millones de clientes, además de incertidumbre entre empleados de la entidad y de otras empresas vinculadas al grupo empresario.
En ese contexto, las psicólogas Eliana García y Susana Riveros pusieron en marcha un servicio gratuito de contención emocional y orientación laboral destinado especialmente a extrabajadores del Grupo Vázquez y a otras personas afectadas. La iniciativa incluye escucha y acompañamiento psicológico, elaboración de currículums y vinculación con redes de profesionales de recursos humanos y bolsas de empleo.
Según Riveros, ya habían asistido a alrededor de 30 personas desde el inicio de la propuesta. La profesional explicó que la demanda surgió al observar el impacto emocional de la crisis y la situación de jóvenes y trabajadores que habían perdido sus empleos o enfrentaban incertidumbre sobre sus ahorros. La iniciativa constituye una respuesta comunitaria frente a consecuencias que exceden el funcionamiento de una entidad financiera y alcanzan la estabilidad económica y emocional de los hogares.
Para Misiones, la evolución del caso tiene relevancia por la cercanía geográfica y los vínculos económicos y sociales con Paraguay. Aunque la crisis se origina en el sistema financiero paraguayo, sus efectos sobre el crédito, la actividad empresarial, la confianza de los inversores y la estabilidad institucional forman parte de un escenario regional que también merece seguimiento desde las provincias fronterizas.
