Caso Ueno Bank: Santiago Peña quedó en prisión preventiva y fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó la prisión preventiva del expresidente paraguayo Santiago Peña, investigado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio en el marco del caso Ueno Bank. El exmandatario cumplirá la medida en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. La Fiscalía argumentó que existe riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación, mientras que la defensa rechazó esos fundamentos y anticipó que analizará una eventual apelación.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en una investigación que ya alcanzó a exdirectivos de la entidad financiera y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding. El expediente pone bajo análisis las operaciones crediticias de Ueno Bank, la participación de empresas vinculadas, los depósitos de organismos estatales y el desempeño de las autoridades responsables de la supervisión financiera.
Tras concluir la audiencia de imposición de medidas, Peña fue trasladado desde el Palacio de Justicia hasta el Regimiento Escolta Presidencial, ubicado en la intersección de las avenidas Mariscal López y General Santos. El magistrado explicó que la prisión preventiva busca garantizar la permanencia del imputado en territorio paraguayo durante el desarrollo del proceso.
«Se debe tener la garantía de su permanencia en el país y es por eso que el juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva», sostuvo Otazú al comunicar la resolución. Durante la audiencia, el exmandatario se abstuvo de declarar.
El juez también hizo referencia a la información a la que Peña habría tenido acceso durante su desempeño como presidente de la República, tanto en relación con las operaciones investigadas de Ueno Bank como con otros antecedentes vinculados a la investigación. Ese aspecto fue considerado dentro del análisis del eventual peligro de obstrucción.
La resolución se inscribe en una causa de especial sensibilidad institucional, dado que las medidas cautelares alcanzan a quien ejerció la máxima responsabilidad del Poder Ejecutivo y a un ex titular del organismo encargado de la regulación monetaria y financiera del país.
La Fiscalía justificó el riesgo de fuga por los vínculos económicos internacionales
Uno de los argumentos centrales para solicitar la prisión preventiva de Peña fue el presunto riesgo de que pudiera sustraerse de la jurisdicción paraguaya. Los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Véster, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez sostuvieron que el exmandatario dispone de recursos económicos y vínculos corporativos internacionales que podrían facilitar su salida y permanencia fuera del país.
En el escrito fiscal se menciona la estructura societaria de U Holding S.à r.l., radicada en Luxemburgo y vinculada con el grupo empresarial relacionado con Ueno. Los investigadores también incorporaron como antecedente la supuesta entrega de aproximadamente 200.000 dólares en efectivo en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga, en junio de 2025. Según la hipótesis de la Fiscalía, ese episodio demostraría disponibilidad de fondos líquidos que podrían facilitar desplazamientos sin recurrir al sistema financiero local.
Los fiscales agregaron que la expectativa de pena por los delitos atribuidos, que podría alcanzar los 15 años de prisión según su interpretación de las figuras penales, constituye otro elemento para evaluar el riesgo procesal. Estos argumentos forman parte de la fundamentación acusatoria y no representan hechos establecidos mediante una sentencia.
La defensa cuestiona la prisión preventiva y analiza apelar
El abogado Ricardo Preda rechazó que existan elementos suficientes para sostener el peligro de fuga o de obstrucción a la investigación. Su argumento central es que Peña ya no ocupa la Presidencia de la República y, por lo tanto, no dispone de las atribuciones institucionales que tuvo durante su mandato.
El defensor calificó la prisión preventiva como la medida cautelar más extrema y señaló que analizará los fundamentos de la resolución judicial una vez que reciba la notificación escrita. A partir de ese análisis, decidirá si presenta una apelación.
Preda también anticipó que espera que el proceso concluya con el sobreseimiento definitivo de su defendido. Según sostuvo, Peña no habría tenido intervención en las operaciones de Ueno Bank ni en las decisiones relativas a los depósitos de organismos públicos en la entidad.
La posición de la defensa introduce una controversia jurídica que deberá resolverse durante el proceso: si los elementos reunidos justifican mantener una medida de privación de libertad mientras se desarrolla la investigación o si corresponde aplicar medidas menos restrictivas.
Carvallo, bajo investigación por presunto ocultamiento de informes del Banco Central
La situación procesal del expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, presenta una particularidad: mientras la Fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva de Peña en el peligro de fuga, para el exresponsable del organismo monetario puso el foco en un eventual riesgo de obstrucción de la investigación.
Los fiscales sostienen que Carvallo habría intervenido en la elaboración y remisión de documentación oficial al Senado paraguayo. En particular, cuestionan la Nota BCP/P N.º 016, del 7 de octubre de 2026, porque, según la hipótesis fiscal, habría omitido informes técnicos que advertían sobre la situación financiera de Ueno Bank.
Entre los documentos que la Fiscalía considera relevantes figuran los informes técnicos N.º 006, 007, 010 y 013/2026, un dictamen de alerta elaborado por Fernando Rivarola el 10 de julio de 2026 y un correo electrónico del 29 de abril del mismo año.
Para los investigadores, la presunta omisión de esos antecedentes en una comunicación dirigida a otro poder del Estado podría configurar una conducta orientada a ocultar elementos de prueba. Por ese motivo, invocaron el artículo 244 del Código Procesal Penal paraguayo, referido al peligro de obstrucción cuando existe riesgo de destrucción, modificación, ocultamiento o falsificación de evidencias.
Carvallo fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía también solicitó su prisión preventiva y medidas patrimoniales, aunque la resolución judicial sobre su situación cautelar debe distinguirse de la decisión ya adoptada respecto de Peña.
Una crisis financiera con consecuencias para millones de paraguayos
El proceso judicial se desarrolla en paralelo a una crisis bancaria que trascendió el ámbito empresarial y alcanzó a millones de usuarios del sistema financiero paraguayo. La intervención y posterior resolución de Ueno Bank dejó comprometido el acceso a depósitos y operaciones de personas, empresas y organismos estatales.
La dimensión social del problema también está vinculada con los mecanismos de garantía de depósitos. Según datos difundidos por Reuters, el esquema estatal había desembolsado aproximadamente 160 millones de dólares para compensar a cerca de 1,2 millones de depositantes. La investigación busca determinar cómo se desarrollaron las operaciones financieras, qué controles se aplicaron y si existieron responsabilidades de autoridades públicas y directivos privados.
La crisis provocó además una ruptura institucional en Paraguay. El Congreso destituyó a Peña mediante juicio político el viernes 6 de noviembre, después de que su renuncia no fuera aceptada, y el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato. La destitución política y la investigación penal constituyen procedimientos diferentes: la primera responde a responsabilidades políticas e institucionales, mientras que la segunda deberá establecer si existieron delitos y quiénes fueron sus responsables.
El avance de las causas penales, las decisiones judiciales sobre las medidas cautelares y la eventual recuperación de los recursos comprometidos serán determinantes para establecer el alcance económico de la crisis. También pondrán a prueba los mecanismos de supervisión bancaria y protección de los ahorristas en Paraguay.
