Desde Río Gallegos, en plena exposición de la Sociedad Rural local, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, reclamó que el reconocimiento del 20% por zona desfavorable deje de ser un enunciado formal y se convierta en una herramienta concreta para sostener la producción patagónica. El planteo, realizado ante productores y autoridades en la provincia de Santa Cruz, introduce presión sobre el Gobierno nacional en un momento en que la competitividad regional vuelve a escena. ¿Se trata de un reclamo sectorial o del inicio de una discusión más amplia sobre federalismo productivo?

Federalismo en debate y costos estructurales

Castagnani apuntó a un concepto que excede la coyuntura: el federalismo. Sostuvo que no puede ser declamativo y debe traducirse en decisiones que contemplen las particularidades climáticas, geográficas y productivas del sur. En términos institucionales, el pedido interpela tanto al Poder Ejecutivo como a las áreas económicas que definen esquemas fiscales y laborales.

El 20% por zona desfavorable funciona como reconocimiento de las condiciones diferenciales de la Patagonia. Pero, según el titular de CRA, ese diferencial no logra equilibrar los mayores costos logísticos, climáticos y operativos que enfrentan los productores. La demanda es concreta: que el beneficio impacte de manera efectiva en la estructura de costos y permita competir en igualdad de condiciones con otras regiones.

La ganadería ovina, actividad identitaria de la región, aparece en el centro del diagnóstico. Castagnani mencionó problemas sanitarios, dificultades de comercialización y caída de stock. Traducido a términos económicos, menos cabezas implican menor escala y más vulnerabilidad frente a variaciones de precios.

Salarios, institucionalidad y decisiones en territorio

Otro punto relevante fue la discusión del salario del peón ovejero patagónico en la Comisión Asesora Regional 11 dentro del propio territorio. El dato no es menor. Implica descentralizar la negociación y acercar la toma de decisiones a la realidad productiva.

Para CRA, ese movimiento representa un avance hacia mayor representatividad. En clave política, también abre un espacio donde confluyen gremios, empleadores y autoridades, con impacto directo en costos laborales y formalización del empleo.

El trasfondo es una agenda más amplia: menor presión impositiva, reforma laboral orientada al empleo formal y obras de infraestructura que mejoren conectividad y logística. Son demandas estructurales que requieren definiciones del Gobierno y, en algunos casos, del Congreso.

Guanaco, predadores y sustentabilidad en disputa

La problemática del guanaco y de predadores como el puma y el zorro ocupó un lugar central en el mensaje. Castagnani advirtió que la sobrepoblación de guanacos compite por el recurso forrajero y deteriora los campos, con impacto directo en la producción ovina.

El planteo introduce una tensión entre conservación ambiental y viabilidad económica. Desde CRA promueven mesas técnicas con autoridades nacionales y provinciales para encontrar soluciones que contemplen ambas dimensiones. La discusión no es solo ecológica: involucra regulaciones, permisos y políticas públicas que pueden redefinir el equilibrio entre producción y preservación.

Apertura comercial y competitividad interna

Castagnani reconoció que la apertura comercial puede ofrecer oportunidades para la Patagonia. Pero advirtió que sin competitividad interna, esa apertura puede volverse asimétrica. La ecuación es conocida: si bajan aranceles y se amplía el acceso a mercados, pero los costos internos permanecen altos, el beneficio se diluye.

En términos de correlación de fuerzas, el reclamo ruralista refuerza la agenda productiva del interior y obliga al Ejecutivo a definir si avanzará con medidas específicas para regiones con desventajas estructurales. También interpela a legisladores de provincias patagónicas, que deberán posicionarse frente a un sector con peso territorial.

Un frente que trasciende lo sectorial

La visita a Río Gallegos no fue solo protocolar. CRA viene intensificando recorridas y reuniones institucionales en el sur, con la intención de instalar la problemática en la mesa nacional. El mensaje combina identidad territorial, soberanía y trabajo, conceptos que en la Patagonia adquieren un peso político particular.

La discusión sobre el 20% por zona desfavorable puede convertirse en un test para la política económica del Gobierno: si logra articular competitividad real o si el beneficio queda como reconocimiento simbólico. En las próximas semanas será clave observar si el reclamo se traduce en medidas concretas o si abre una negociación más amplia sobre el modelo productivo del sur argentino.