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Estados Unidos y Rusia ¿un segundo round nuclear?

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Hace apenas unos días venció uno de los tratados más relevantes para el control del armamento nuclear estratégico. En el nuevo orden mundial, su expiración no solo deja al descubierto la fragilidad de los mecanismos de contención existentes, sino que también abre la puerta a una nueva carrera armamentística sin controles internacionales efectivos. El fin del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como Nuevo START, no simboliza únicamente el desamparo frente al poderío nuclear, sino que expresa un síntoma de época: una vez más, el orden global parece quedar en manos de quienes concentran el poder.

Tratado viejo, mundo nuevo

El 5 de febrero llegó a su fin el último gran acuerdo nuclear vigente entre las dos principales potencias militares del planeta. No se trata de un dato menor: Estados Unidos y Rusia concentran cerca del 90 por ciento de las ojivas nucleares existentes en el mundo, una realidad que explica la centralidad del tratado ahora extinguido.

Lo que durante años mantuvo cierta moderación entre Moscú y Washington no fue únicamente la letra del acuerdo, sino también la voluntad política de sostener canales diplomáticos mínimos que transmitieran estabilidad al resto del mundo. Hoy, ni siquiera ese gesto subsiste.

El tratado establecía límites claros: un máximo de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por cada parte, junto con un tope de 700 sistemas de lanzamiento activos, que incluían misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos pesados adaptados para portar armamento nuclear. A ello se sumaba un límite total de 800 lanzadores, considerando tanto los desplegados como los no desplegados. Estos mecanismos no eliminaban el riesgo nuclear, pero al menos lo encuadraban dentro de parámetros verificables.

Con la caducidad del acuerdo y la decisión de Estados Unidos de no renovarlo, pese a la solicitud formulada por Rusia el año anterior, el escenario queda reducido a dos opciones: una carrera armamentística sin límites o la negociación de un nuevo tratado.

Donald Trump dejó entrever la posibilidad de avanzar hacia un nuevo acuerdo “modernizado”, en sus propios términos. Su propuesta apunta a incorporar a China, una idea que el gobierno chino rechaza por ahora de manera categórica, argumentando que la cuestión debe ser resuelta entre quienes concentran la abrumadora mayoría del arsenal nuclear mundial: Estados Unidos y Rusia.

La intención de sumar a China responde a una lógica estratégica clara: mantener al principal competidor geopolítico bajo observación directa, al tiempo que se busca equilibrar el vínculo entre Washington, Moscú y Pekín. No es casual que China sea, además, el socio estratégico más relevante de Rusia en el escenario global.

El dato no es menor: desde hace más de medio siglo no existía un mundo sin un tratado nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia. La ausencia de reglas compartidas nos devuelve a un clima de tensiones y amenazas propias de los momentos más álgidos de la Guerra Fría, particularmente durante las décadas de 1950 y 1960. La historia muestra que fue precisamente una carrera armamentística descontrolada la que condujo a Europa a la llamada “paz armada”, cuyo desenlace fue la Primera Guerra Mundial. Si bien los contextos históricos no son idénticos, resulta difícil no advertir similitudes inquietantes.

Un mundo en guerra latente

Tal vez debamos empezar a acostumbrarnos a este nuevo escenario. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial estuvieron precedidas por períodos de alta conflictividad localizada, que desembocaron en un mundo formalmente diplomático, pero estructuralmente tensionado.

El retroceso de la globalización dejó como saldo una China consolidada como potencia económica, una Rusia que logró recomponerse tras la caída de la Unión Soviética y la caótica década de Boris Yeltsin, y un Estados Unidos que, bajo el liderazgo de Trump, retomó una visión más cerrada y regionalista, en línea con los principios históricos de la Doctrina Monroe.

Hoy no existen frentes bélicos claramente delimitados a escala global, pero sí conflictos que funcionan como laboratorios geopolíticos para las grandes potencias. La guerra en Ucrania y la permanente inestabilidad en Medio Oriente no pueden ser leídas como episodios aislados, sino como anticipos de escenarios futuros que podrían extenderse a regiones estratégicas como Taiwán o incluso las islas Malvinas.

La ausencia de un tratado nuclear efectivo entre Estados Unidos, Rusia y China no parece ser únicamente el resultado de una confrontación irreconciliable, sino también de un acuerdo tácito que permite a cada potencia expandir su capacidad militar según sus propios intereses y posibilidades. La historia demuestra que, cuando las grandes potencias consideran que las reglas ya no les resultan funcionales, no dudan en abandonarlas.

Una carrera armamentística sin límites profundiza la distancia entre Estados Unidos y Rusia respecto del resto de los países con capacidad nuclear, consolidando un dominio casi excluyente. El intento de incorporar a China a este esquema deja en evidencia la configuración de un orden mundial tripartito, donde el poder se reparte entre tres actores centrales.

En este contexto, la acumulación de armamento nuclear no apunta necesariamente al uso directo, sino a reforzar la disuasión como herramienta central. Corea del Norte lo ha demostrado durante décadas: exhibir capacidad nuclear, incluso mediante lanzamientos no armados, funciona como mecanismo de protección frente a presiones externas.

Tal vez el mundo se encamine hacia una diplomacia basada en la amenaza permanente, donde cada potencia busque consolidar su área de influencia: Estados Unidos en América, Rusia en Europa y China en Asia y el Indo Pacífico.

Mientras tanto, sociedades cada vez más absorbidas por la inteligencia artificial, las redes sociales y los avances tecnológicos que mejoran la vida cotidiana parecen adormecidas frente a estos movimientos estructurales. Quizás estemos atravesando una nueva “bella época”, sostenida sobre una paz aparente, mientras las grandes potencias se rearman silenciosamente.

La historia ofrece lecciones claras. Volver a estudiar las causas profundas de la Primera Guerra Mundial no es un ejercicio académico nostálgico, sino una necesidad urgente para evitar que los errores del pasado se repitan en el presente.

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Metas distorsionadas

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Acomodando lo que se pueda, con la máxima creatividad posible, realismo del contribuyente y sin dañar el equilibrio fiscal”, le había dicho el gobernador Hugo Passalacqua a Economis hace unos días en relación con las medidas fiscales tomadas para aliviar el bolsillo y reactivar la economía. 

En esa línea se enmarca la decisión de elevar el umbral para que las empresas misioneras se conviertan en agentes de retención y percepción de Ingresos Brutos. Se busca recuperar dinamismo en una actividad económica arrastrada a una recesión autoinfligida por decisiones “de la macro”.  

El nuevo piso se estableció en una facturación de 1.800 millones anuales, en lugar de los 1.300 millones del año pasado, con una suba por encima de la inflación, lo que debe redundar en mayor flujo de caja para al menos 2.700 empresas que serán beneficiadas directamente.

El objetivo es darle vitalidad a la economía ante la ausencia de acciones y respuestas por parte del Gobierno nacional que no parece interesado en atender las realidades que estén fuera de su rango de visión ideológica.

La decisión política misionera llega en un escenario en el que la recaudación propia está en zona compleja: cayó 6,9 por ciento en 2025, como reflejo de la menor actividad económica. Por eso tiene más valor. Al contrario de las lecturas simplistas sobre la “presión fiscal”, la política tributaria no es un dogma, sino que se adapta a la realidad económica con estímulos específicos. 

El contraste con la política económica nacional está a la vista. El Gobierno de Javier Milei recurrió a usuales prácticas “populistas” para adaptar la realidad a sus intereses. 

La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos dejó en evidencia al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo, quien admitió que no estaban de acuerdo con los resultados que iba a arrojar la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor -más adecuado a los consumos actuales y con mayor peso de los servicios-, por lo que decidieron no utilizarlo, pese a los compromisos con el Fondo Monetario y un trabajo de varios años, que ahora fue dejado de lado. 

El nuevo IPC aparecerá cuando la inflación tienda a cero, dijo Caputo. O cuando convenga. En realidad, lo que se evitará con la postergación es la visibilidad del impacto de los nuevos aumentos en los servicios -energía, gas- previstos para este mes y marzo. El nuevo IPC tenía una mayor preponderancia de esos servicios y en consonancia, iba a frenar “la baja” de la inflación, que en realidad no baja desde mayo del año pasado. El mayor peso en las tarifas energéticas, de 14,5% del total en vez del 9,8% del IPC actual, tendría correlato en el cálculo final de la inflación de febrero por el 16% de aumento en gas y 3,6% en la luz.

Lo curioso es que hasta esta semana nadie cuestionaba el nuevo cálculo del Indec. De hecho, un reporte del Banco Central lo destacaba en diciembre porque “no debería afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”. 

Caputo no intentó siquiera disimular la decisión de postergar la publicación del nuevo IPC hasta “cuando convenga”. 

“Marco (Lavagna) tenía como fecha para implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar el cambio una vez que el proceso de deflación esté totalmente consolidado”, detalló Caputo. El ministro blanqueó que Milei pidió no difundir el nuevo índice y avisó que “seguiremos con el actual hasta que esté consolidada la desinflación”.

Esa decisión no implica sólo manipular los números de la inflación, sino que el achatamiento impacta en una cadena de variables, como salarios, jubilaciones, paritarias o el cálculo de gastos en el Presupuesto. 

Desde enero, el dólar oficial se ajusta por la inflación, una condición explícita del Fondo Monetario Internacional. Si se alteraba la metodología actual y el Índice de Precios al Consumidor arrojaba un número más alto, el esquema quedaría atrapado en una dinámica peligrosa. A mayor inflación, mayor ajuste del dólar; a mayor dólar, más expectativas inflacionarias, y el ciclo vuelve a empezar. Para evitar esa espiral, el Gobierno optó por no actualizar el IPC. Tras haber comprimido la actividad económica para forzar una baja de la inflación y comprobar que ni siquiera así logra domarla, ahora elige intervenir sobre el termómetro antes que sobre la fiebre.

Lo mismo que se le cuestionó al Indec manejado por Guillermo Moreno o cuando Marcos Peña cambió las metas de inflación anunciadas por el Banco Central aquel memorable 28 de diciembre de 2017. En aquella mesa estaban sentados el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, acompañado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, que hoy son figuras excluyentes del gobierno de Milei. 

“Queremos transmitirles a los argentinos la tranquilidad enorme de tener un equipo económico con una misma visión de hacia dónde ir y de trabajar en equipo”, cerraba aquella recordada conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

No hubo tranquilidad. La inflación estimada en 10 + o – 2 por ciento terminó en 47 por ciento A partir de ese día, el Gobierno de Macri entró en declive, tuvo que pedir auxilio desesperado al FMI y terminó perdiendo las elecciones. 

A diferencia de entonces, el FMI ya es un actor clave de la política económica y Donald Trump es a Milei lo que fue Christine Lagarde. 

Habrá que ver si los resultados son distintos, pero The Wall Street Journal, ya advirtió que el episodio está “poniendo a prueba la confianza de los inversores en la reforma económica” del presidente Javier Milei. El matutino financiero sostuvo además que la controversia “revive el recuerdo de los esfuerzos de sus predecesores peronistas por manipular los datos de precios al consumidor”.

Lo que no puede tapar la demora del nuevo IPC son los indicadores económicos, que marcan una depresión profunda sin señales de recuperación. 

La industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, al arrojar un retroceso del 3,9% versus el mismo mes de 2024. De este modo, los datos volvieron a reflejar que se trata del sector más afectado por el modelo económico impulsado desde el Gobierno.

El análisis sectorial expone un mapa preocupante: 10 de las 16 divisiones industriales registraron caídas interanuales. Los retrocesos más profundos se dieron en textiles (-25,7%), prendas de vestir y calzado (-16,7%), automotores (-19,4%) y maquinaria y equipo (-14,8%), sectores intensivos en empleo y clave para el entramado productivo nacional.

Incluso dentro de los rubros que lograron crecer, el desempeño es heterogéneo. Alimentos y bebidas apenas avanzaron 0,8%, mientras que yerba mate, té y café retrocedieron 4,5%, un dato especialmente relevante para las economías regionales. La industria vinculada al consumo masivo muestra signos de agotamiento, presionada por la caída del poder adquisitivo.

Para el Gobierno, sin embargo, la culpa no es propia, sino de la misma industria que no se anima a competir. “Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo”, dijo un locuaz Caputo. En la industria no están muy contentos con la posición oficial. La Federación de Industrias Textiles Argentinas alertó que estas prácticas se reflejan en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 30% en el sector textil. “El problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta”, afirmaron desde la entidad, que reclamó el cumplimiento de las normas vigentes de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa como paso indispensable para recuperar producción, empleo y desarrollo industrial en la Argentina.

No parece haber demasiado interés en atender esas demandas. De hecho, hay funcionarios que se regodean en lo contrario. El asesor presidencial Miguel Boggiano lo expresó con claridad: “Se van a fundir. Se tendrán que ir a otro lugar. Se fundirán. Yo no tengo vergüenza en decirlo”.

El ministro del Interior, Diego Santilli exhibió ante los productores nucleados en Coninagro, una muestra clara de que el Gobierno no está dispuesto a atender reclamos ni advertencias. En el encuentro con la entidad se dedicó a “vender” la reforma laboral que Milei espera tener aprobada antes de marzo, más que a escuchar los planteos del campo y la chacra. El presidente de Federación de Cooperativas de Misiones, Gustavo Hein, expuso ante Santilli la crítica situación del sector yerbatero durante la reunión del Consejo de Coninagro, realizada el miércoles por la noche.

Hein detalló ante el funcionario que “el yerbatero es un mercado especial” que requiere reglas de juego diferentes a las del mercado general, debido a sus características propias. En ese sentido, sostuvo la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan equilibrar la oferta y la demanda, evitar la depresión de los precios que recibe el productor y, al mismo tiempo, garantizar que el consumidor pague un precio razonable por el producto terminado.

Hein señaló que Santilli escuchó el planteo con atención y se mostró receptivo, al tiempo que manifestó que ya estaba al tanto de la problemática, dado que había dialogado previamente sobre el tema con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

El funcionario nacional indicó que la cuestión deberá canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ámbito en el cual se deberían formalizar los planteos y abrir una instancia de diálogo y negociación.

“El desafío es convencer a la Secretaría de que el sector necesita otros instrumentos para mejorar la situación del productor”, resumió Hein, al sintetizar los pasos que, a su entender, deberían seguir tras el encuentro. Agricultura conoce en detalle la situación, ya que el Instituto Nacional de la Yerba Mate depende de ella, pero está claro que la política de desregulación no es una variable que esté en negociación. 

En el Gobierno provincial tienen claro que la solución para la yerba mate no vendrá de la mano de notas o reclamos a Nación -aunque sea una batalla que no se abandona-, porque entiende que la desregulación forma parte de la matriz ideológica libertaria. Habrá que ser pacientes y creativos para encontrar alternativas que cuiden a los productores primarios. El tabaco es una muestra de que las negociaciones colectivas pueden arrojar resultados positivos: el precio acordado establece un valor de $4.602 por kilo de tabaco Burley para la calidad más alta, denominada B1F, en boca de acopio. El aumento está bastante por encima de la inflación. Sin embargo, un grupo de productores bloquea el ingreso a la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, en reclamo de un aumento mayor. A nadie sorprende que dirigentes libertarios estén al frente de la protesta.

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El “Ministerio de la Verdad”: propaganda oficial en tiempos de ajuste

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George Orwell lo escribió con claridad brutal en 1984: el Ministerio de la Verdad no existe para decir la verdad, sino para fabricarla. Su función es reescribir el pasado, ordenar el presente y disciplinar el pensamiento. Bajo el eufemismo de “oficina de respuesta oficial”, el Gobierno nacional parece haber tomado nota —no como advertencia, sino como manual— y montó un dispositivo que poco tiene que ver con la información pública y mucho con la propaganda oficial.

No se trata de comunicar políticas ni de rendir cuentas: se trata de controlar el relato, desmentir a conveniencia y blindar al poder frente a cualquier cuestionamiento. Un Ministerio de la Verdad en versión local, más burdo que sofisticado, pero no por eso menos peligroso. Porque cuando el Estado deja de informar para empezar a vigilar el discurso, la democracia entra en zona de riesgo.

La lógica es simple y conocida: cuando la realidad incomoda, se la niega; cuando los datos contradicen el relato, se los desacredita; cuando el conflicto social emerge, se lo reduce a una “operación”. La oficina no informa: corrige. No explica: impone una versión oficial. Y lo hace con recursos públicos (aunque el gobierno diga que no implica nuevas erogaciones), pero al servicio de un proyecto político que necesita ocultar las consecuencias de su propio programa.

En 1984, Orwell sintetiza esta operación con una consigna escalofriante: “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.” Ese mismo mecanismo de inversión del sentido atraviesa hoy la comunicación oficial: el ajuste es presentado como orden, el recorte como eficiencia, la crueldad como sinceramiento. No es un exceso retórico ni un error comunicacional: es una estrategia deliberada de poder.

En un contexto de licuación de salarios, recortes a las provincias, desfinanciamiento de áreas sensibles y creciente conflictividad social, el principal problema del Gobierno no es la “desinformación”: es la realidad misma. Por eso necesita un aparato que la maquille, la relativice o directamente la niegue. No hay vocación pedagógica ni transparencia institucional; hay temor a que la verdad circule sin control.

El método es tosco pero eficaz: comunicados exprés, lenguaje agresivo, descalificación sistemática de periodistas, organizaciones sociales y dirigentes opositores. En clave orwelliana, toda crítica es sospechosa y todo disenso es traición. El debate público se degrada, la palabra se empobrece y la política se vacía de contenido democrático.

Nada de esto es casual. Orwell lo entendió con lucidez histórica: los gobiernos que necesitan vigilar el lenguaje son aquellos que ya no pueden sostener sus políticas en la experiencia concreta de la sociedad. Cuando la economía no cierra, cuando el tejido social se rompe y las promesas se derrumban, la respuesta no es corregir el rumbo sino reforzar la propaganda.

Pero la verdad no se administra desde una oficina ni se cancela con comunicados oficiales. Se impone en la vida cotidiana: en los salarios que no alcanzan, en las provincias asfixiadas, en los incendios sin recursos, en los hospitales sin insumos, en las escuelas sin presupuesto. Ningún Ministerio de la Verdad puede borrar eso.

Llamar a este dispositivo “oficina de respuesta” es un insulto a la inteligencia colectiva. Es, en los hechos, un Ministerio de la Verdad que busca reemplazar la realidad por relato y la política por marketing autoritario. Y como escribió Orwell (o se le atribuye), en una advertencia que hoy suena inquietantemente actual:

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.”

Por eso, frente a este intento de disciplinar la palabra y domesticar el pensamiento, la única respuesta posible es más crítica, más organización y más verdad circulando por fuera del control del poder. Porque cuando un gobierno pretende decidir qué es verdad y qué no, lo que está en juego no es la comunicación: es la libertad misma.

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Argentina bajo muy grave riesgo de disolución nacional

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Lo vengo diciendo, con toda claridad, en sucesivos artículos, que nos están empujando con persistente alevosía, hacia la total disolución nacional.

Si no llegaran a concretar ese perverso objetivo, de mínima buscan hacernos involucionar al hoy inviable y claramente caótico contexto de enclave colonial, de economía regresivamente primarizada, sin industrias ni entes tecnológicos, con población mayoritariamente analfabeta y carente de servicios de salud; como éramos en los años de fines del siglo XIX y comienzos del XX; todo eso administrado bajo una pseudo democracia en una estructura social feudal, con las grandes mayorías muy empobrecidas, y sojuzgadas por un Estado ferozmente represivo.

El Poder Formal lo ejerce un individuo cuyo caprichoso accionar gubernativo, sus frecuentes explosivas expresiones verbales -muchas veces cargadas de epítetos muy groseros y desubicados totalmente para el alto cargo que ejerce-, su gesticulación por momentos desenfrenada, y el claro desprecio que demuestra para con su propio pueblo, hacen suponer con alto grado de verosimilitud, que estamos siendo gobernados por un psicópata con ínfulas de grandeza y desmedidamente ávido de reconocimientos que no merece.

Es un mendicante del Nobel de Economía, con sus antecedentes de uno o más libros con textos plagiados, y con su pretendida “genialidad gubernativa” que solo él y sus secuaces pretextan ver y que contrasta con los desastrosos resultados de su gestión; todo eso entre otros desquicios, como sus ínfulas de cantante; que además goza ante el sufrimiento generalizado que provocan sus acciones socio económicas.

Por algo se identifica con un instrumento de destrucción y apto para brutales torturas, como lo es la motosierra.

Cabe consignar, que además de las profusas evidencias de su compleja conducta, más de un psiquiatra opinó en las redes sociales, respecto a la desequilibrada personalidad de nuestro presidente.

Las no probadas inocencias del presidente y su entorno cercano, respecto al negociado de la moneda virtual promocionada por el propio mandatario, y a los varios casos de “coimisiones” que involucran a su hermana y otros funcionarios muy cercanos, hacen abundar en elementos contundentes totalmente incompatibles con el decoro, probidad y patriotismo, que deben ser atributos imprescindibles para el ejercicio de la primera magistratura nacional.

El propio Milei, claramente exaltado y con voz aflautada, dijo ante una periodista extranjera, que es el topo que vino a destruir el Estado desde adentro.

Sin Estado no hay Nación, sin Nación no hay Patria. Concepto elemental, pero que muchos desconocen, entre ellos buena parte de los jóvenes sub 40 (afectados por la muy perjudicial reforma educativa de Alfonsín, que les quitó contenidos en Historia, Geografía, Lengua y Matemática); numerosos políticos improvisados; sectores de clases media y baja, afectados por el “síndrome de Doña Florencia” (pensar como garcas y actuar como tales, pese a ser simples pobretones); y el 90 % de los uniformados, cooptados estos por un profundo limado de neuronas al ras, que les anuló las capacidades de razonamiento, además de ser ignorantes en Economía, Historia y Geopolítica.

También Milei calificó como “héroes” a los delincuentes fugadores de divisas; y se habría expresado agresiva y burdamente respecto a Jesús, lo cual además de aberrante, es una burla necia respecto a las mayorías católicas y cristianas en general, de Argentina, Iberoamérica y todo el mundo cristiano. También agredió de palabra sin fundamento alguno, solo demostrando un enfermizo odio, al Papa Francisco, quien pese a ello tuvo la grandeza de recibirlo en El Vaticano.

En medio de todo ese aquelarre de absurdos y negatividades inconcebibles, como la subordinación total a los dictados de EEUU, el RU y sus socios principales, y el burdo portazo con el que se desdeñó nuestra incorporación al BRICS, que hubiera sido esencial desde lo geopolítico y lo económico, todo el accionar de libertarios y secuaces, conduce a la destrucción nacional; mientras inventan ficticias “realidades paralelas” con las que con periodistas mercenarios y trols muy activos, a los necios o muy crédulos “engrupen” con supuestos “grandes logros económicos”, que la realidad desmiente.

Por su parte, la necia milicada de mente procesera llena de odio antiperonista, alaba al psicópata por haber comprado algunos pocos “fierros viejos” de dudosa operatividad o de casi nulas capacidades estratégicas reales, que nos mantienen en un estado de total indefensión, mientras nos subordinan vergonzosamente a EEUU y sus socios Atlantistas.

A la vez, sus operadores libertarios o afines destrozan la obra social de los uniformados, mientras que los bajísimos salarios llevan al éxodo de muchos integrantes de Las Fuerzas, cuando no a la depresión suicida de al menos media docena de sus efectivos.

Al mismo tiempo, libertarios y secuaces perpetran impresentables operaciones financieras y de endeudamientos externos, a cargo del “ministro de endeudamiento” Caputo, y del experto en timbas financieras Sturzenegger, hoy devenido en “ministro destructor del Estado y perpetrador del industricidio masivo”

En medio de tanta feroz hipocresía cargada de aporofobia, ahogan financieramente a la educación y la salud pública, incluso jactándose de ello bajo falsas acusaciones de “ñoquis”, con especial saña contra prestigiosos y muy eficientes hospitales públicos y entes vinculados (como el Malbrán y el Garrahan), y lleva al borde de la desaparición a las muy importantes Escuelas Técnicas, repitiendo las agresiones financieras y anulaciones de su accionar, perpetradas por precedentes gobiernos neoliberales (léase apátridas feroces).

La parálisis total de las obras públicas, incluyendo las cancelaciones de obras con financiaciones aseguradas y con altos valores estratégicos, como la Central Nuclear Atucha 3, la Central CAREM, y las dos grandes hidroeléctricas patagónicas; a lo que se agregan para más caos inducidos las totales paralizaciones en las imprescindibles tareas de mantenimiento de las infraestructuras en Energía, caminos, ferrocarriles, escuelas y hospitales, que no solo ocasionaron muertes culposas, sino que tienen a desarticular a nuestro país, volviéndolo inviable y caótico.

La artificial sobrevaloración de nuestra moneda respecto al dólar, y la irracional apertura total de nuestra economía, a lo que se agrega la muy reducida capacidad de compra de nuestra población, empobrecida adrede y en crecientes cantidades empujadas a la desocupación forzosa, ante las quiebras o cierres de empresas, que se verifican día a día, forman un combo perversamente perfecto que nos empuja a la desindustrialización forzosa y a los aumentos desmedidos de las importaciones; con la pobreza y la miseria extrema aumentando mes a mes.

Las importaciones, agregadas a los impagables servicios de la deuda, hacen crecer desmedida e irracionalmente la ya impagable deuda externa, que nos convierte en un Estado fallido, como si hubiésemos sido arrasados por un conflicto bélico descomunal.

En todo ese contexto destructivo, el presidente y su comitiva, se dedican a viajar muy seguido al exterior, en varios casos sin ningún motivo oficial que justifique esos derroches de divisas, mientras en lo interno afirma que “no hay plata”, ni para lo más elemental y humanamente necesario, lo cual es aberrante.

Para agregar incoherencias totales, cuando no burlas descaradas a los acuciantes problemas internos, como la inundación catastrófica en Bahía Blanca, y los brutales incendios de casi probada intencionalidad que azotan a la Patagonia, mientras el Estado nacional se desentiende por completo de esas dolorosas realidades y niega todo apoyo para solucionar esas catástrofes, al mismo tiempo el presidente usa su tiempo y los dineros públicos, para satisfacer su ego, cantando y actuando en público, superando las incoherencias que años atrás perpetrara el entonces presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (también con ínfulas de cantante), pero en aquel caso fue rápidamente eyectado de su cargo, por su desubicuidad y evidente incapacidad para esa alta función.

Siempre accionando contra los Intereses Nacionales, expresó posturas de hecho favorables al Reino Unido, en el sensible tema de los usurpados archipiélagos australes.

El odio irracional que el presidente demuestra ante todo lo estatal, lo lleva a impulsar desastrosas privatizaciones de bienes de alto valor estratégico y altamente rentables, como las grandes hidroeléctricas nord patagónicas y las muy eficientes centrales nucleares, mientras desfinancia toda operatividad de los entes tecnológicos, imprescindibles para el desarrollo, los que libertarios y secuaces se esfuerzan en destruir y gozan destruyendo, mientras pagan sobreprecios y otros desmanejos operativos.

En Política Exterior, la sumisión total al Bloque Atlantista, lleva a pisotear toda acción soberana y digna, que Argentina supo mantener en temas de gran importancia geopolítica, subordinándonos servilmente a los dictados o caprichos de los administradores del poder anglosajón.

La miseria general y la creciente desocupación, empujan al exilio a muchos argentinos, lo cual agrava la escasez de población que afecta a nuestro país.

Mientras el país cae a pedazos, un denso sopor parece afectar a nuestra población, que parece resignarse a semejante conjunto de tropelías, las que nos llevan a la irreversible destrucción general, a la que nos empujan, pero para evitarlo aun estamos a tiempo, y Dios quiera que no sea a costa de un descomunal baño de sangre, como comenzó a suceder en la crisis terminal de 2001/2002, de la cual casi de milagro logramos salir.

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Provincias al límite: ajuste nacional, salarios congelados, servicios que se degradan y un superávit que es un dibujo

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El ajuste impulsado por el gobierno nacional dejó de ser una discusión macroeconómica para convertirse en una crisis concreta en las provincias. La decisión de recortar, demorar o directamente eliminar transferencias y programas nacionales tiene efectos inmediatos: salarios congelados, servicios públicos degradados y una creciente incapacidad estatal para responder a emergencias sociales y ambientales.

Desde el inicio de este gobierno,las provincias enfrentan una caída real de los recursos nacionales. La coparticipación federal se derrumbó en términos reales como consecuencia de la inflación y la recesión, mientras que las transferencias no automáticas fueron prácticamente desmanteladas. A esto se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba una parte sustantiva del salario de los y las docentes en todo el país, y el recorte de programas educativos y sanitarios que sostenían presupuestos provinciales.

Corrientes es un caso paradigmático. En la provincia, docentes, trabajadores de la salud y empleados estatales no reciben aumentos salariales, con ingresos que pierden poder adquisitivo mes a mes. La causa es clara: el Estado nacional dejó de enviar fondos específicos y redujo drásticamente su aporte al sostenimiento de las provincias, trasladando el ajuste directamente a los salarios.

La misma situación se replica en Chaco, donde la recomposición salarial docente quedó virtualmente congelada; en La Rioja, que denunció la quita de fondos nacionales y el incumplimiento de compromisos asumidos; y en Santa Cruz, donde la paralización total de la obra pública nacional destruye empleo y afecta ingresos provinciales. En Misiones, Formosa y Santiago del Estero, la caída real de la coparticipación y la desaparición de programas federales profundizan desigualdades estructurales.

El desfinanciamiento nacional también se expresa con crudeza frente a las emergencias ambientales. En Chubut, los incendios forestales que avanzan sobre miles de hectáreas volvieron a dejar en evidencia la ausencia del Estado nacional. El recorte del presupuesto destinado al Plan Nacional de Manejo del Fuego, la subejecución de partidas específicas y la falta de envío de recursos logísticos y humanos dejaron a la provincia prácticamente sola frente a la catástrofe.

La reducción de fondos nacionales implica menos brigadistas, menos equipamiento, menos medios aéreos y menor capacidad de prevención. No se trata de un fenómeno natural inevitable, sino del resultado directo de una política deliberada de desinversión estatal. Mientras el gobierno nacional pregona el “achicamiento”, el fuego avanza y las comunidades quedan expuestas.

Lo que ocurre en Corrientes, Chubut y en el conjunto de las provincias no es desorden ni herencia, es una decisión política consciente. El gobierno nacional elige no enviar los fondos que corresponden, desmantelar políticas públicas y retirarse de sus responsabilidades constitucionales. El resultado es un país con salarios pulverizados, territorios incendiados y Estados provinciales debilitados a propósito.

No hay federalismo posible cuando la Nación ajusta desde el centro y descarga el costo sobre docentes, trabajadores estatales y comunidades enteras. El “equilibrio fiscal” que se proclama se sostiene sobre sueldos congelados, escuelas sin recursos y provincias abandonadas frente al fuego. Ese no es un plan de gobierno: es una política de daño.

Negar fondos es gobernar por asfixia. Y gobernar por asfixia es elegir quién pierde: pierden los trabajadores, pierde el ambiente, pierden las provincias y pierde la democracia.

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