Desde el 31 de agosto pasado rige en la Argentina un nuevo mecanismo para cobrar las cuotas de los créditos: el Cobro con Transferencia (CCT), creado por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 8406 del 2 de marzo pasado. Reemplaza al DEBIN programado, el sistema que —pese a su utilidad— se convirtió en los últimos años en una puerta de entrada habitual para el fraude: bastaba con conseguir el CBU de alguien para intentar débitos no autorizados en su cuenta. El BCRA tomó nota del problema y diseñó una solución que, en sus líneas generales, merece un aplauso. Pero también trae una decisión de política regulatoria que las empresas que operan como prestamistas no pueden dejar pasar sin revisar sus procesos internos.
El nuevo esquema exige que el deudor vincule expresamente la cuenta que autoriza a debitar, mediante un consentimiento basado en un estándar técnico que puede revocar en cualquier momento desde sus propios canales electrónicos. Además, la entidad que cobra debe avisar el día hábil anterior a cada débito, y solo puede intentarlo una vez por período, con dos reintentos acotados a las 48 y 96 horas. Ninguna de estas exigencias existía con el DEBIN. En los hechos, el CCT cierra la principal vía de fraude que afectaba al sistema anterior, y lo hace copiando —el propio BCRA lo reconoce— instrumentos que ya funcionan en Brasil, India y Australia. No es una ocurrencia aislada: es la Argentina alineándose, con varios años de retraso, a un estándar internacional razonable.
También hay un gesto de contención al sobreendeudamiento que vale la pena destacar: el CCT solo puede usarse para cobrar créditos cuya cuota, al momento de otorgarse el préstamo, no supere el 30% del ingreso del tomador. Es una barrera modesta —no ataca la tasa de interés ni el costo financiero total, que es donde realmente se juega el drama del sobreendeudamiento en la Argentina de 2026—, pero al menos incorpora un límite objetivo al mecanismo de cobro mismo, y no lo deja librado solo a la política crediticia interna de cada entidad.
Ahora bien, hay una decisión de la norma que merece una lectura más atenta, sobre todo para quienes financian o cobran créditos: la responsabilidad por fraude en el CCT recae, sin excepción, en el prestamista, y la operatoria no admite reversas. Dicho en criollo: si algo falla en la cadena de consentimiento y se produce un cobro indebido, quien prestó el dinero no tiene forma de deshacer esa transacción; la pérdida queda de su lado. Es una asignación de riesgo distinta a la que estábamos acostumbrados, en la que buena parte de la discusión sobre responsabilidad por fraude terminaba resolviéndose entre bancos. Acá, el BCRA la cierra de entrada: el que cobra, si algo sale mal, paga. Las entidades y los proveedores no financieros de crédito que quieran usar el CCT van a necesitar protocolos de verificación de consentimiento mucho más
robustos que los que hoy tienen para el DEBIN, y probablemente algún esquema de previsión o cobertura para ese riesgo residual.
A eso se suma que no cualquiera puede ofrecer cobros por este medio. La norma exige estar inscripto en el registro correspondiente y no haber sido sancionado en los últimos cinco años por infracciones graves o muy graves como proveedor no financiero de crédito, entre otros requisitos de cumplimiento y de gestión de riesgo tecnológico. Es una barrera de entrada razonable desde la lógica prudencial del regulador, pero deja afuera —al menos por ahora— a actores más chicos o con historial reciente, que van a seguir cobrando por vías menos controladas.
Aun con esa barrera de entrada, el principio de fondo me parece acertado y coincide con algo que venimos sosteniendo en estas columnas a propósito de los límites a la usura: la responsabilidad y los límites al crédito no pueden variar según quién presta. El CCT exige las mismas reglas de consentimiento, aviso previo y tope de reintentos tanto a un banco como a una financiera no bancaria o a una billetera virtual habilitada como proveedor no financiero de crédito. Es la misma lógica que reclamamos para el control del costo del crédito: que el techo a la renta y la responsabilidad frente al deudor alcancen por igual a todo el que presta, esté o no dentro del sistema bancario tradicional. La diferencia es que acá el BCRA sí impuso ese piso común; en materia de tasas y usura, en cambio, seguimos esperando esa misma exigencia de trato igualitario.
También hay un límite de diseño que conviene tener presente: el CCT solo sirve para cuotas fijas e iguales durante toda la vida del contrato. Cualquier producto con cuotas variables, refinanciaciones frecuentes o esquemas más flexibles queda, en los hechos, fuera de este mecanismo. Y el costo no es gratis: hay un arancel mínimo del 0,6% de cada cuota, más una tasa de intercambio a favor de quien recibe el débito, que es razonable esperar que termine reflejado, de una forma u otra, en el costo financiero que paga el cliente final.
Por último, dos datos que le bajan el entusiasmo a la foto del primer día. Los propios bancos consultados por la prensa anticipan que el uso va a ser limitado en el corto plazo, porque el débito solo puede hacerse contra la cuenta donde se depositó originalmente el crédito, y buena parte de las cuentas de las billeteras virtuales no mantienen saldo disponible. Y, sobre todo, el CCT no le cambia la vida a nadie que ya esté en problemas: como depende de condiciones fijadas al momento de originar el crédito, no tiene ningún efecto sobre los cerca de seis millones de argentinos que hoy están atrasados con préstamos otorgados bajo otras reglas.
Hay, además, una lectura que excede al CCT y que vale la pena remarcar, sobre todo en medio del debate público sobre qué puede y qué no puede hacer el Estado frente al sobreendeudamiento: cuando el Banco Central se propone ordenar una porción del mercado del crédito, puede hacerlo, y lo acaba de demostrar con hechos, no con discursos. En pocos meses fijó un tope objetivo a la relación cuota/ingreso, impuso un estándar de consentimiento revocable y, sobre todo, trasladó al prestamista, sin excepción, el costo de sus propias fallas de verificación. Ninguna de esas tres decisiones necesitó una ley del Congreso ni una sentencia que la ordenara: alcanzó con la voluntad regulatoria de un organismo técnico. Vale la
pena tenerlo presente cada vez que se sostiene que frente al sobreendeudamiento la única salida posible es no intervenir y confiar en que el mercado se autorregule solo: la misma autoridad que hoy exige a los prestamistas asumir el riesgo del fraude en el cobro de las cuotas es la que todavía no fija un techo al costo financiero total de esas mismas cuotas.
Mi conclusión es que el BCRA acertó en el diagnóstico del fraude y en el diseño técnico de la solución, y que vale la pena celebrar una norma que, por una vez, pone el consentimiento explícito y revocable del deudor en el centro del sistema. Pero la decisión de cargar toda la responsabilidad por fraude sobre quien cobra, sin posibilidad de reversa, no es un detalle técnico menor: es una redistribución de riesgo que va a exigir a bancos, fintechs y proveedores no financieros de crédito repensar sus procesos de verificación antes de subirse al sistema, no después del primer incidente. Y, como toda reforma que ataca el síntoma del cobro y no la causa del sobreendeudamiento, conviene no confundir una buena cirugía con una cura.
Como venimos remarcando en artículos anteriores, el paso que falta no es solo regulatorio. Hace falta que el BCRA termine de asumirse como el ente rector de la protección del consumidor financiero —no solo del sistema de pagos—, y que sea igual de exigente y de duro contra el fraude cuando la víctima es el deudor y no el banco. Hace falta también una protección de datos personales a la altura de un mecanismo que hace circular información sensible entre bancos, billeteras y proveedores no financieros cada vez que se otorga un consentimiento. Y hace falta, sobre todo, que la Justicia deje de mirar estas reformas desde afuera y empiece a aplicar, caso por caso, los límites que la Constitución y los tratados de derechos humanos ya le exigen frente al sobreendeudamiento.
Si algún turista desprevenido observó las redes sociales durante los últimos días en Misiones, pudo haberse llevado impresiones erróneas. Los recortes de las publicaciones pueden inducir a entusiasmos y frustraciones exacerbadas. Lo sabe hasta el propio Mark Zuckerberg, quien tuvo que pagar 17 mil millones de dólares para frenar una investigación en Estados Unidos que lo acusa de diseñar intencionalmente sus plataformas para generar adicción en los usuarios.
En las últimas horas, cientos de reels y fotos en redes sociales describieron pequeños trozos de la superficie política y económica que se estaba discutiendo en Misiones. Por unos días, Puerto Iguazú fue nuevamente el epicentro de la política y la economía de la Argentina, en momentos en los que resurgió el interés del Gobierno por la soberanía de Malvinas.
La ciudad de las Cataratas acogió a la 47 Convención de Ejecutivos de Finanzas de la Argentina, con la presencia de CEOS y CFOs de las empresas líderes de la Argentina, con un disparador: “De la estabilidad al crecimiento”. Se dijo mucho en las exposiciones, pero lo más rico sucedió fuera de los escenarios.
Pese al escenario amistoso, para quienes siguieron con atención las distintas exposiciones, quedó flotando la idea de que la estabilidad es necesaria, pero no alcanza para garantizar el crecimiento. Algunos se preguntaron incluso si la economía argentina atraviesa hoy una relativa estabilidad, cuando hay vastos sectores en los que persiste el rojo que contrasta con el verde de la energía, la minería y algunos sectores exportadores.
La expectativa estuvo puesta en las presencias del ministro de Economía, Luis Caputo, del de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambos en sus presentaciones intentaron despejar cualquier duda y redoblaron la apuesta para convencer a un auditorio casi convencido. Sin embargo, Caputo admitió que hay “distintas velocidades” en la economía, aunque las definió “como una consecuencia natural de la reasignación de recursos que impulsa el programa económico”.
La estrategia oficial, explicó, consiste en estabilizar primero la macroeconomía y permitir después que el mercado determine la asignación de recursos. “Es un proceso. Estamos reconstruyendo el país y esto es parte de la reconstrucción”, afirmó. Esta vez el ministro de Economía no puso fechas a la concreción de los resultados, aunque prometió bajar “más impuestos” en 2027 si se logra la reelección.
También disertaron la senadora Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno y, finalmente, el propio Javier Milei, quien cerró el encuentro en lo que fue su primera visita presidencial a Misiones, en la que fue recibido con los honores de una protesta de productores yerbateros, muchos de los cuales hace apenas tres años celebraron su victoria motosierra en mano.
El viernes lo esperaron al costado de la ruta, pero no hubo ni un amague de escuchar sus planteos (apenas pudieron entregar una nota a la secretaria de Presidencia y a los diputados libertarios Samantha Steckler, Walter Baez y Osvaldo Manzoni). Sturzenegger se encargó de enterrar cualquier atisbo de comprensión: “Me parece que tenemos un sector yerbatero que está con récord de producción, está con récord de exportaciones. Definitivamente, el futuro de la industria es la expansión del mercado de exportación, que es infinito”, sostuvo.
“No hay ningún motivo por el cual la industria yerbatera le pueda vender yerba al 96 por ciento de las familias argentinas y no pueda hacer lo mismo en todo el resto del mundo con el producto espectacular que tiene”, afirmó.
“Tenemos que poner el foco en ese crecimiento y no necesariamente en cobrarle a los argentinos un precio que la yerba no tiene”.
Economis le planteó al ministro que el reclamo era de productores y no de la industria, a la que sí le va razonablemente mejor desde la desregulación del mercado. Sturzenegger sostuvo la lógica de mercado. “Todas las industrias tienen sus distintos eslabones y sus distintos participantes y eso genera un precio, que es el que está en el mercado”, respondió.
“Nosotros vamos a estar siempre codo a codo para ayudar a la industria, desarrollar la industria de exportación. Estamos desarrollando muchísimos nuevos mercados y me parece que el foco está ahí”, aseguró.
Seguramente Sturzenegger no prestó atención a la exposición de Raúl Karaben, socio de la cooperativa Piporé y el único empresario misionero que expuso ante el IAEF.
Karaben no se refugió en el costado exitoso del negocio exitoso de la cooperativa, que lleva la yerba incluso a las Islas Malvinas. Cuando describió la situación interna, eligió una definición sincera: “El precio está para el tujes”. Según el empresario, el productor percibe apenas un tercio de lo que cobraba cuatro años atrás y esos ingresos “no le alcanzan para lo más mínimo”.
El ajuste, advirtió, recae primero sobre el eslabón más débil. “Pierde el más chiquito”. Son cerca de 12.000 productores y son ellos, especialmente los de menor escala, quienes atraviesan el momento más crítico. Pero el impacto alcanza finalmente a toda la cadena. “Estamos mal porque la yerba está mal. El mal precio es para todos”, resumió.
Justamente, para atender al “más chiquito”, en la Legislatura provincial comenzó a tomar forma la declaración de una Emergencia Yerbatera por 360 días, una iniciativa que busca dotar a Misiones de herramientas para fijar un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde producida en explotaciones de hasta 50 hectáreas. El valor deberá contemplar los costos productivos, la mano de obra, las obligaciones tributarias y previsionales, además de un margen de rentabilidad que garantice la continuidad de las chacras. El proyecto incorpora mecanismos de fiscalización, trazabilidad, sanciones y actualización periódica. Mientras se discute una respuesta estructural para una crisis que golpea el corazón de la economía provincial, Misiones también decidió hacerse cargo de sus consecuencias sociales más urgentes: en octubre, 14.000 familias tareferas recibirán asistencia alimentaria financiada con recursos provinciales, junto con atención médica, vacunación y seguimiento escolar.
En su exposición, Karaben evitó atribuir el derrumbe exclusivamente a las decisiones del Gobierno nacional. “¿Es producto del Gobierno? No. La yerba tiene ciclos”, sostuvo. Señaló que el mercado pasó de una etapa de escasez a otra de sobreoferta: la producción aumentó de unos 800 millones a aproximadamente 980 millones de kilos y, con más materia prima disponible, el precio se desmoronó.
“¿La responsabilidad la tiene el Gobierno nacional? No, pero sí, porque no hace nada para atender la problemática”, planteó. La frase condensó su diagnóstico: el Estado no creó por sí solo la crisis, pero tampoco puede desentenderse de sus consecuencias sobre miles de familias productoras. Sturzenegger hizo oídos sordos. Economis le preguntó ¿puede haber un cambio en la política nacional para la yerba mate? La respuesta fue terminante. “No, no, no”. En voz baja, hasta los libertarios locales admiten que el ministro no tolera críticas a sus dogmas.
No fue la única voz crítica. El senador por Misiones Martín Goerling ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei, pero introdujo una advertencia que atravesó buena parte de los debates del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú: la estabilidad macroeconómica no alcanzará para consolidar el cambio si sus resultados no llegan a la economía cotidiana. “Hay muchos sectores de la economía que la están pasando muy mal, que realmente no arrancan”, señaló el legislador durante un panel en el que se analizaron las reformas pendientes y la capacidad política de la Argentina para sostenerlas en el tiempo.
Goerling consideró que el país eligió un rumbo que debe mantenerse, aunque advirtió que el deterioro social puede alimentar otro giro del histórico péndulo argentino. “Si la economía del día a día de la gente no empieza a sentir los beneficios, el riesgo de volver siempre va a estar, y es lo peor que nos puede pasar”, afirmó. La de Goerling no es una voz opositora. De hecho, el senador trabaja para diagramar una alianza con los libertarios para las elecciones de 2027. Las encuestas, muestran en el PRO, lo posicionan por encima del ex tenista Diego Hartfield y el diputado Adrián Núñez, quienes también aspiran a ser candidatos a gobernador. Nuñez quiere ser él quien encabece la eventual fórmula de la alianza.
Milei ignoró las críticas en su presentación, cerca de las 19 del viernes. Llegó apenas unos minutos antes a Iguazú y tuvo que atravesar una ruta cargada de manifestantes yerbateros y de otras organizaciones. La única mención fue al “potencial productivo” de Misiones. El Presidente redobló todas las apuestas. No habrá correcciones motivadas por la protesta social ni por el calendario electoral. Habrá más ajuste, más apertura económica, nuevas reformas y una profundización del rumbo iniciado en diciembre de 2023.
“Yo acá entré por el bronce. Toda mi vida estuve predicando lo que había que hacer. No voy a llegar a este momento para borrar con el codo lo que escribí con la mano”, sentenció.
Reivindicó la necesidad de separar “el ruido de los fundamentos”, un principio que consideró central para las finanzas y para la conducción del Estado. “Estamos llenos de gente ruidosa que se queja. Si quieren hacer una omelette, tienen que romper los huevos. Si hay un entramado prebendario, van a patalear. Es así”, afirmó.
También buscó presentar su permanencia en la política como una misión acotada. Dijo que renunció a la jubilación presidencial y definió su vínculo con el Estado como “un contrato por cuatro años, con opción a ocho”. Después, aseguró, pretende volver a ganarse la vida en el sector privado.
“Si por capricho electoral modificara mi forma de actuar, mis conferencias y todo lo que dije durante mi vida pasarían a valer cero. Voy a redoblar la ortodoxia. No voy a cambiar la política hasta derrotar la inflación”, sostuvo.
El tramo más político del discurso estuvo dedicado a las elecciones de 2027. Milei se mostró convencido de que La Libertad Avanza volverá a imponerse y aseguró que un resultado similar al conseguido en los últimos comicios le permitiría obtener la mayoría en Diputados y quedar a solamente dos senadores del quórum propio en la Cámara alta.
“El año que viene les vamos a ganar, porque dudo que los argentinos sean tan tontos como para querer volver al pasado”, lanzó.
La eventual construcción de una mayoría parlamentaria aparece como la llave para una segunda oleada reformista. “Si con este Congreso hicimos todas estas reformas, abróchense los cinturones porque ahí van a ver lo que es acelerar a fondo”, adelantó.
El Presidente calificó a su administración como “la mejor gestión económica de los últimos cien años en la Argentina” y acusó al peronismo y a la oposición de “mover permanentemente el arco” para evitar reconocer los resultados.
Según su interpretación, la economía acumulará un crecimiento cercano al 20 por ciento en cuatro años, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y “quintuplicando” el desempeño argentino de los cien años anteriores.
“Al final, efectivamente soy especialista en crecimiento, con o sin dinero”, ironizó.
Milei presentó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como la plataforma de un flujo de capitales “que nunca se vio en el país”. Aseguró que existen proyectos aprobados por 45.000 millones de dólares y otros 150.000 millones pendientes de evaluación.
Las inversiones se concentran, según enumeró, en energía, minería y siderurgia. El Presidente vinculó ese proceso con la posibilidad de que la Argentina recupere peso geopolítico y fortalezca su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Otro de los ejes fue el mercado laboral. Milei aseguró que la ocupación se mantuvo estable y que durante su administración se crearon 500.000 puestos de trabajo, una cifra que contradice los datos oficiales que marcan que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo y 30.633 empleadores. Pero Milei cuestionó las mediciones concentradas exclusivamente en el empleo formal y rechazó que el trabajo informal deba ser descartado como una ocupación de menor valor. “No es de calidad robar. Trabajar está bien”, afirmó.
También desestimó la idea de una economía funcionando “a dos velocidades” comohabía admitido minutos antes el ministro de Economía. Según explicó, quienes utilizan esa definición “no saben nada de equilibrio general”, porque cualquier shock económico genera movimientos diferentes entre sectores, como si la economía fuera “una coctelera”.
La euforia presidencial contrastó con una llamativa frialdad en el auditorio. Hubo escasos y tibios aplausos y muchos de los asistentes estaban más atentos a las pantallas del celular que al discurso del libertario que cerró con el tradicional “Viva la Libertad Carajo”.
Milei abandonó rápido el Loi Suites para irse a otro hotel de las 600 hectáreas de Iguazú. En el Falls lo esperaban militantes y dirigentes que realizaron allí otra jornada de la “escuelita” libertaria. Esa es la foto que eligió mostrar el Presidente, recibido con vítores, aplausos y un festejo de campeón. “Gracias Misiones”, se despidió Milei con esa imagen abundante.
Pero no todo se mostró en las redes. Uno de los expositores en el encuentro del IAEF fue el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, quien se mostró menos exultante con el andar de la economía. Para Brito, el nuevo esquema económico produjo sectores ganadores y perdedores, pero ambos reaccionaron a velocidades diferentes.
“Claramente lo que está ocurriendo es que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”, explicó. Y allí ubicó una de las tareas pendientes: “Creo que ahí tiene que haber una coordinación”.
“Para mí es un error de diagnóstico (del Gobierno) creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo”, afirmó.
Nuevamente, lo más rico de su visita no estuvo ante las cámaras, sino detrás. En otro hotel de las 600 hectáreas, Brito se reunió con una treintena de empresarios de distintos sectores de Misiones para analizar el escenario económico nacional y provincial.
Brito desplegó en el almuerzo una mirada profundamente desarrollista. Déficit cero sí y retoques orientados a la producción. Sin cargar tintas, cuestionó la idea libertaria de que “el Estado empieza y termina en las cuentas del Estado y no en la gente” y en cambio, consideró que el Estado debe tener un rol de diseñar estrategias y articular con diversos sectores.
En la sobremesa, el ex presidente de River no confirmó si se meterá de lleno en política, pero planteó la idea de un país distinto y pidió información sobre la situación misionera, provincia con la que el Banco tiene una conexión especial.
La reunión organizada por el empresario turístico Juan Manuel Zorraquin y el tealero Jonathan Klimiuk tuvo a representantes yerbateros, madereros, de la energía, de automotores y un puñado de dirigentes políticos.
Los empresarios plantearon el acceso al crédito y la cuestión impositiva como claves para el desarrollo local.
En esa línea, el Gobierno provincial está atendiendo esas demandas. Hace unos días hubo un encuentro con empresarios de concesionarios de autos en los que se analizaron alternativas para aliviar la presión fiscal y empardar costos con otras provincias. Se trabaja en el impuesto al Parque Automotor, algunas rebajas y también en una solución al reclamo constante por los saldos a favor, tema que sobrevoló varias veces en el encuentro del IAEF, donde el economista Daniel Artana calificó a Misiones como “la campeona en no devolver”.
Pero el propio gobernador Hugo Passalacqua, anfitrión y orador en el encuentro de ejecutivos, expuso su visión. “Misiones es la provincia 13 en presión fiscal, estamos en mitad de tabla, con una política razonable y con cosas a corregir”. El dato adquiere otra dimensión cuando se miran los números: la recaudación propia de Misiones cayó 21,4% real en el octavo mes del año, acumulando dieciocho meses consecutivos de bajas.
El Gobernador aprovechó el encuentro para reunirse con directivos de la Unión Industrial Argentina con quienes analizó algunos planteos impositivos y recordó que ya puso en marcha una batería de medidas para aliviar la presión, como la corrección del anticipo de Ingresos Brutos, el fin de la denominada Aduana Paralela y retenciones automáticas. “Estamos haciendo un esfuerzo, falta, pero estamos haciendo”, señaló.
En esa corrección puede anotarse el fin de la prohibición del glifosato, impulsado por Passalacqua y aprobado por unanimidad en la Legislatura este jueves. Incluso Carlos Rovira votó a favor de la ley, pese a que hace apenas tres años había sido el principal impulsor del bloqueo para imponer el uso de bioinsumos.
Esa decisión había generado el rechazo de buena parte del sector productivo, lo que también alimentó la pertenencia de espacios opositores. Ahora los ánimos se distendieron. Enrique Juan Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), definió el nuevo escenario: “Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”.
Entramos en el cierre del tercer trimestre y la economía real no da señales claras de recomposición. En abril, el ministro de Economía, Luis Caputo afirmó que “los próximos 18 meses serán los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, pero ya transcurrieron mayo, junio, julio y agosto sin que se registren mejoras significativas. Mientras la economía continúa transitando un escenario de fuerte heterogeneidad sectorial, las cajas provinciales siguen sangrando.
Si se observan las tres principales fuentes de financiamiento de Misiones, la situación muestra comportamientos dispares entre sus componentes, aunque el resultado general es claramente negativo. Los fondos provenientes de transferencias automáticas (principalmente coparticipación) dejaron de caer, pero tampoco exhiben una recuperación sostenida: cerraron agosto con una variación real interanual del 0,0%. A su vez, las transferencias no automáticas nacionales crecieron 388% interanual, aunque ese salto constituye, en buena medida, un espejismo estadístico debido a una base de comparación históricamente baja y no representa una mejora sustancial para las cuentas provinciales.
Por su parte, y aquí aparece quizás el dato más grave de la situación fiscal, la recaudación propia de Misiones cayó 21,4% real en el octavo mes del año, acumulando dieciocho meses consecutivos de bajas. De ellas, trece fueron de doble dígito y cinco de los últimos ocho meses superaron el -20,0%. Si se agrupan esas tres fuentes de financiamiento, Misiones recibió en agosto un total de $ 315.285 millones, una cifra que se ubicó 6,3% por debajo, en términos reales, de igual mes del año anterior.
Agosto refleja, en parte, una dinámica que atraviesa todo el año y que no se limita a ese mes puntual. Si el análisis se extiende al acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el panorama no sólo no mejora, sino que se profundiza. Entre enero y agosto, Misiones recibió por los tres conceptos mencionados un total de $ 2.399.132 millones que, medidos en moneda constante, representan una caída del 6,6% respecto de igual período de 2025.
Ese descenso equivale a una pérdida de $ 180.501 millones en lo que va del año. Pero lo más relevante es su composición: las transferencias automáticas registran una baja del 1,1%, con una pérdida cercana a los $ 19.000 millones; los envíos no automáticos crecen lo suficiente como para recuperar poco más de $ 38.000 millones, mientras que la recaudación propia se desploma 20,6%, provocando una pérdida de $ 200.300 millones.
Si 2026 muestra un desempeño negativo respecto de 2025, la comparación con los años anteriores permite dimensionar aún más la magnitud del deterioro. Frente a 2024, los recursos caen 5,5%, explicado en su totalidad por el descenso de la recaudación propia. Pero contra 2023, la merma alcanza el 20,4%: las transferencias automáticas retroceden 11,0%, las no automáticas se desploman 65,4% y la recaudación propia cae 30,9%. ¿El resultado? Una pérdida de recursos que asciende a $ 659.212 millones a precios actuales. Poco más de la mitad de ese deterioro (52%) se explica por la caída de la recaudación local, mientras que el 48% restante corresponde al descenso de los fondos nacionales.
Para comprender mejor la situación actual, resulta útil observar el ingreso total promedio mensual de los tres componentes agrupados, siempre medidos en moneda constante. En 2023 alcanzaba los $ 404.250 millones; cayó a $ 340.603 millones en 2024, mostró una leve recuperación hasta los $ 344.411 millones en 2025 y volvió a descender a $ 321.848 millones en lo que va de 2026. Es decir, los recursos vuelven a caer incluso después de la tenue recuperación observada el año pasado.
Sin embargo, existen diferencias importantes entre los distintos componentes. Las transferencias automáticas replican el patrón general, aunque con menor intensidad: pasaron de un promedio mensual de $ 246.011 millones en 2023 a $ 211.945 millones en 2024; luego mostraron una recuperación parcial hasta los $ 221.172 millones en 2025 y volvieron a descender a $ 218.837 millones en 2026.
La recaudación propia, en cambio, no dejó de perder terreno en ningún tramo. Pasó de $ 139.846 millones mensuales en 2023 a $ 125.000 millones en 2024; luego descendió a $ 121.692 millones en 2025 y apenas alcanza los $ 96.646 millones en lo que va de 2026. Se trata de una caída ininterrumpida año tras año y de un deterioro que todavía no encuentra piso.
Las transferencias no automáticas constituyen el capítulo más drástico en términos relativos. De un promedio mensual de $ 18.392 millones en 2023 se hundieron por debajo de los $ 4.000 millones desde 2024 en adelante, aunque en 2026 alcanzan los $ 6.365 millones debido a ciertos desembolsos puntuales. Aun así, permanecen muy lejos de los niveles registrados en 2023.
Esta distinción entre los tres conceptos no es un detalle técnico, sino una de las claves para comprender qué está ocurriendo en Misiones. Las transferencias automáticas y la recaudación propia dependen, en última instancia, del nivel de actividad económica. Las primeras se nutren de impuestos nacionales como IVA y Ganancias, cuyos niveles están vinculados a la evolución del consumo y la producción; la segunda tiene como principal pilar a Ingresos Brutos, un impuesto directamente asociado al desempeño del comercio, la industria y los servicios locales.
El programa económico nacional, centrado desde diciembre de 2023 en el ajuste fiscal y el objetivo de déficit cero, provocó primero una severa recesión en 2024 que hundió ambos conceptos. Desde 2025, en tanto, convive con una recuperación de la actividad que el propio INDEC describe como heterogénea: los sectores que más traccionan el crecimiento agregado (como minería, agro e intermediación financiera) generan una menor base imponible provincial y tienen menor impacto sobre el empleo, mientras que la industria, el comercio minorista y la construcción, actividades con mayor peso en la generación de recursos para una provincia como Misiones, continúan rezagadas o directamente en retroceso. Por eso la recaudación propia no logra siquiera estabilizarse y continúa sin encontrar un piso.
Las transferencias no automáticas, en cambio, responden a otra lógica. No dependen directamente del ciclo económico, sino fundamentalmente de una decisión política. Fueron uno de los instrumentos más rápidos y directos utilizados por el gobierno nacional para reducir el gasto y, por esa razón, su derrumbe es el más pronunciado y estructural de los tres componentes, sin señales de una reversión sostenida.
Puesto en números concretos, el costo acumulado de esta dinámica es contundente. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, la provincia registra una pérdida acumulada de $ 970.509 millones en moneda constante, equivalente a un promedio de $ 29.409 millones perdidos por mes. De ese total, la recaudación propia explica la mayor porción: $ 468.038 millones, casi la mitad de la pérdida acumulada. Las transferencias automáticas representan otros $ 286.123 millones de pérdida y las no automáticas, $ 216.348 millones.
Esa distribución confirma el diagnóstico: el 77% del golpe que recibe la provincia se explica por un modelo económico que no logra reactivar de manera suficiente el consumo, la producción y los sectores con mayor impacto territorial, mientras que el 23% restante responde al fuerte recorte de las transferencias discrecionales decidido por la Nación como parte de su estrategia de ajuste fiscal.
El resultado, a casi mil días del inicio del gobierno libertario, es una provincia que administra $ 970.500 millones menos de recursos, en moneda constante, de los que hubiera dispuesto de sostenerse la trayectoria previa. Así, la dinámica reciente demuestra que, lejos de cerrarse, esa brecha continúa abierta.
Esta semana, Nicolás Lantos publicó en El Destape una nota con un título difícil de olvidar: “Cómo robarse un continente”.
La hipótesis era bastante más grande que la provocación del título. La disputa por el poder ya no puede pensarse solamente en términos electorales o institucionales. Hay una secuencia: primero se captura la conversación pública, después la elección, luego el Estado y, finalmente, aquello que define el poder real de un territorio: sus recursos y sus datos. La pregunta quedó abierta.
Y desde entonces fueron apareciendo piezas. Algunas parecen pertenecer a la economía. Otras, a la política exterior. Otras, a las redes sociales, a la seguridad, a las instituciones o a la tecnología. Separadas, pueden parecer episodios sin relación. Juntas empiezan a dibujar un mapa.
No necesariamente el de un plan secreto. El de una lógica.
Una lógica en la que el poder ya no se disputa solamente por quién administra el Estado, sino también por quién controla la conversación, quién define las reglas, quién administra los recursos y quién consigue convertir sus intereses en sentido común.
Del territorio a las reglas
Ahí apareció Próspera. En una nota publicada hace unas semanas, “De Próspera a Buenos Aires: las nuevas fronteras del experimento tecnolibertario”, planteábamos justamente esa discusión: qué ocurre cuando las fronteras entre Estado, territorio, capital y tecnología empiezan a volverse más difusas.
Próspera no es Argentina y Argentina no es Próspera. La comparación no busca establecer una equivalencia que no existe. Sirve para mirar una transformación más amplia: la idea de que el territorio puede convertirse también en un laboratorio de nuevas reglas para el capital, la tecnología y la organización social.
Por eso el problema excede a Javier Milei.También por eso resulta insuficiente explicar todo por su personalidad. Llamarlo loco introduce otra dimensión: quizás haya que mirar menos al personaje y más a la época que lo produjo. Y cabe en este punto analizar una tensión central: qué sucede cuando las convicciones políticas chocan con una realidad que no necesariamente se acomoda a ellas.
El experimento libertario no nació en el vacío.Forma parte de una época en la que las plataformas, los grandes capitales tecnológicos, la inteligencia artificial y las nuevas formas de circulación de información están modificando también la forma de hacer política. Y ahí es donde el mapa argentino empieza a ponerse interesante.
Cuando X deja de ser una redHay un episodio que parece menor hasta que se lo mira desde esta perspectiva. El responsable del área de comunicación digital del Gobierno publicó en X acusaciones contra China a propósito de la tragedia ocurrida en Nepal. La reacción de la embajada china convirtió el posteo en un incidente diplomático.
El problema no es solamente lo que dijo. Es el lugar desde donde lo dijo.Porque cuando una publicación de un funcionario oficial puede convertirse en política exterior antes de pasar por los canales diplomáticos tradicionales, X deja de ser simplemente una herramienta de comunicación. Pasa a ser parte del dispositivo de gobierno.
La frase que nos había quedado de ese episodio empieza a tener otra dimensión: Gobiernan como si todavía estuvieran en X. O, incluso: No es que gobiernan desde X. Es que X parece gobernar la política exterior argentina.
Y eso no ocurre solamente hacia afuera. El Estado también es territorio de disputa
La escena de la sala de prensa de la Casa Rosada es otro episodio difícil de leer aisladamente. Periodistas acreditados encontraron cajones y pertenencias revisados y denunciaron la desaparición de objetos. La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes.
No sabemos quién entró.No sabemos por qué.Y no hay que inventarlo.
Pero el episodio se produjo en un contexto previo de restricciones al acceso de la prensa y de una relación cada vez más conflictiva entre el Gobierno y periodistas. Por eso importa menos el valor de lo que desapareció que el lugar donde ocurrió y el clima en el que ocurrió.
La Biblioteca del Congreso ofrece otra escena. Una designación cuestionada (nombraron a un funcionario acusado de fraude electoral y que tiene una perimetral por violencia de género), trabajadores que denuncian desplazamientos y una disputa política alrededor de una institución que debería exceder las lógicas partidarias.
De nuevo: no son necesariamente piezas de un mismo operativo. Pero sí pueden leerse como síntomas de una misma tensión:la frontera entre partido, Gobierno y Estado se vuelve cada vez más difícil de distinguir.
Y ahí aparece una de las contradicciones más fuertes del experimento libertario.
El discurso promete reducir el Estado. Pero reducir el Estado no significa necesariamente reducir el poder. Puede significar también redefinir dónde queda concentrado.
Mientras tanto, la realidad insiste
Hay otro espejo que cuesta bastante más controlar: la economía. El Gobierno sostiene como uno de sus principales logros el superávit fiscal. Pero la caída de la recaudación obligó en agosto a profundizar el ajuste para sostenerlo. Y mientras se discuten porcentajes y resultados fiscales, aparecen los datos sobre el endeudamiento de los hogares.
El trabajo del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) — una consultora rosarina que analiza información económica y financiera a partir de datos oficiales y registros del sistema— muestra una expansión de la deuda familiar y un aumento de personas que ingresaron en mora después de haber atravesado al menos doce meses sin registros de incumplimiento.
No hace falta transformar esta nota en una tesis económica. El dato alcanza para formular una contradicción política: un modelo que necesita seguir ajustando para demostrar que funciona mientras una parte de la sociedad necesita endeudarse para sostener su vida cotidiana.
La discusión, entonces, deja de ser solamente cuánto mide el déficit.
Pasa a ser qué sociedad está produciendo el equilibrio fiscal.
Y la respuesta de Milei, al menos en Iguazú, fue redoblar la apuesta sobre el relato.
Un día después de la cadena nacional por Malvinas, ante empresarios y ejecutivos de finanzas reunidos en Puerto Iguazú, el Presidente volvió a defender su programa económico y reivindicó aquella frase de campaña:
“Al final sí soy especialista en crecimiento con y sin dinero”. También aseguró que la economía crece, que los salarios y el empleo mejoran y que en 2027 volverá a ganar.
La escena resulta casi perfecta. Mientras afuera se discuten endeudamiento, ajuste y dificultades para llegar a fin de mes, adentro de un encuentro con empresarios Milei vuelve a colocar el foco en el éxito del modelo y en su capacidad para conducirlo.
El espejo vuelve a mostrar dos imágenes distintas.
Y entonces aparece Malvinas
Malvinas es otro episodio. Importante, sí. Pero justamente por eso sirve para mirar el mecanismo. Después de los dichos de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición estadounidense respecto de las islas, Milei convirtió la cuestión Malvinas en el eje de una cadena nacional.
Habló de sanciones a empresas que exploten recursos sin autorización argentina, de una base naval en Tierra del Fuego, de Defensa, del Atlántico Sur, de la Antártida y de seguridad nacional.
En el discurso, la soberanía territorial terminó conectada con recursos naturales, infraestructura, tecnología e inteligencia artificial.
Otra vez, varias dimensiones del mapa aparecieron juntas. Pero lo más interesante ocurrió después. Monitor Digital, que analiza la conversación en redes y medios, registró que la cadena sobre Malvinas tuvo 36.900 menciones únicas, convirtiéndose en la tercera de menor volumen entre las 16 cadenas nacionales analizadas. La conversación quedó además 60,8% por debajo de la primera cadena de Milei, en diciembre de 2023.
No significa que Malvinas no haya generado conversación. La generó. El problema es otro: el tema logró instalarse mejor que el Presidente como acontecimiento político.
La conversación sobre Milei estuvo dominada por la política, con un volumen muy superior al de los asuntos internacionales y la economía. Y otro dato resulta especialmente interesante: Chile adquirió un protagonismo inesperado, incluso por encima de Inglaterra y comparable al de Trump, producto de la superposición entre la relación Milei-Kast, la disputa por Magallanes y la cadena sobre Malvinas.
La cadena consiguió agenda. Pero el sentimiento sobre Milei siguió siendo negativo: el análisis de Monitor cerró la jornada con un NSR de -67 y señaló un deterioro acumulado del 24,5%.La conclusión es incómoda: Milei consiguió recuperar Malvinas como tema propio, pero no consiguió convertirla en capital reputacional. Y eso vuelve a llevarnos al mismo lugar. Instalar una conversación no significa controlar su significado.
La política como espejoQuizás por eso convenga volver a aquella pregunta inicial: ¿cómo se roba un continente? Porque hoy el territorio ya no puede pensarse solamente como tierra. También son territorio político los datos, las plataformas, las instituciones, los recursos naturales, la infraestructura y las reglas.
La disputa tampoco ocurre solamente dentro del Congreso o en una elección.
Ocurre en X.En una embajada.
En una cadena nacional.En una sala de prensa.En una designación administrativa.
En una base naval.
En una discusión sobre petróleo.
En la capacidad de una familia para pagar sus deudas.
Y hasta en la manera en que un Gobierno decide qué parte de la realidad merece ser mostrada y cuál necesita ser reemplazada por otra conversación.
Ahí el mapa empieza a cerrar. No porque todo haya sido diseñado por una misma mano. Sino porque los mismos conceptos aparecen una y otra vez: poder, territorio, recursos, tecnología, soberanía, Estado y comunicación.
El Gobierno de Milei llegó para destruir una forma de Estado. Pero en el camino está construyendo otra.
Un Estado que se retira de algunas funciones mientras busca ampliar otras.
Que reduce gasto pero no fortalece áreas estratégicas. Que denuncia a las élites tradicionales mientras se acerca a nuevos centros de poder económico y tecnológico.
Que reivindica la soberanía mientras profundiza una relación de alineamiento con Washington.
Que convirtió las redes en territorio político y ahora descubre que también pueden devolverle una imagen que no controla.
Por eso el título. El Gobierno contra el espejo. Porque quizás el problema no sea que Milei no tenga un relato. Lo tiene.
El problema es que cada vez hay más cosas que se reflejan en el espejo y no terminan de parecerse a él. Y ahí, finalmente, vuelve la pregunta que abrió este recorrido.
No solamente cómo se roba un continente. Sino qué ocurre cuando la disputa por un continente también es una disputa por quién controla sus recursos, sus datos, sus reglas, sus instituciones y, sobre todo, quién consigue decidir qué realidad estamos mirando.
Hay una pregunta que la dirigencia argentina evita hace más de cuarenta años, desde que perdimos la guerra de 1982: ¿Con qué defendemos el mar que decimos que es nuestro?. La respuesta incómoda es que hoy, en términos de barcos, no tenemos con qué. Cuatro destructores diseñados en los años 80; media docena de corbetas que esperan modernización hace una década, y ni un solo submarino en condiciones de navegar: el último, el ARA Santa Cruz, se encuentra desde hace más de una década esperando su reparación en el astillero Tandanor.
Esa foto, lejos de mejorar, acaba de sumar una novedad: A fines de agosto de 2026 la ARA (Armada argentina) anunció el retiro definitivo de los cinco Super Étendard, los aviones más modernos con los que contaba la aviación naval, sin que exista todavía un reemplazo a la vista.
Frente a ese diagnóstico existen dos salidas: resignarse, o soñar con una flota que nunca vamos a poder pagar. Este artículo propone una tercera vía, que ya está probada en otras partes del mundo por países que tampoco pueden competir barco por barco con las grandes potencias.: No hace falta tener la marina más grande para defender el mar propio. Hace falta volverlo caro de invadir.
El error de pensar la defensa como espejo del enemigo
Desde Malvinas, buena parte de la conversación sobre defensa argentina quedó atada a una idea: recuperar soberanía plena sobre el Atlántico Sur significa reconstruir una flota que pueda pelear de igual a igual contra la Royal Navy británica. Es una idea noble, y también una trampa. Ningún presupuesto argentino previsible –y menos todavía en tiempos de ajuste, cuando hasta la compra de helicópteros navales quedó cancelada por falta de fondos– alcanza para igualar a una potencia que gasta en defensa lo que Argentina gasta en varios rubros del Estado juntos.
En el Golfo Pérsico, Irán –una potencia media, con un presupuesto de defensa muy inferior al de Estados Unidos– logró durante décadas que la marina más poderosa del planeta piense dos veces antes de operar libremente en sus aguas. No lo consiguió con acorazados ni con portaaviones. Lo consiguió con una combinación barata y descentralizada: cientos de lanchas rápidas armadas, dispersas y fáciles de reemplazar; minas navales; misiles antibuque lanzados desde tierra; y drones. Nada de eso, por separado, vence a una potencia naval. Pero Jjuntos, la obligan a operar con miedo, gastando fortunas en defenderse de un enemigo que no arriesga casi nada material cuando ataca.
Este mismo año ese sistema fue puesto a prueba en un enfrentamiento directo contra Estados Unidos e Israel, y –más allá de la valoración política que cada uno tenga sobre el régimen iraní– la lección estratégica quedó demostrada: se puede sostener una postura disuasoria seria sin tener una flota comparable a la del adversario.
Lanchas patrulleras rápidas de la IRGC
La palabra técnica para esto es doctrina de “anti acceso y denegación de área” (A2/AD, por su sigla en inglés). Suena complicado, pero la idea es simple, casi de sentido común: En vez de intentar ganar una guerra naval convencional, que ya sabemos que no podemos ganar, se trata de hacer que el enemigo ni siquiera quiera empezarla.
Lo que Argentina sí tiene, y no estamos usando
Lo interesante es que el principio iraní no es exclusivo de Irán ni del Golfo Pérsico. Funciona en cualquier lugar donde la geografía impone un cuello de botella. Un paso angosto por donde cualquier fuerza extranjera tiene que pasar sí o sí para llegar a destino. Y acá está lo que muchas veces se pasa por alto: Argentina tiene los suyos.
El Estrecho de Magallanes es el paso obligado entre el océano Atlántico y el Pacífico en el extremo sur del continente. El Mar de Hoces, mejor pero mal conocido como Pasaje de Drake, entre Tierra del Fuego y la Antártida, es la vía natural de aproximación hacia el continente blanco donde Argentina mantiene un reclamo de soberanía vigente y una presencia ininterrumpida desde hace más de un siglo. Ninguno de los dos tiene la importancia comercial global del Golfo Pérsico –por ahí no pasa el petróleo del mundo– pero ambos concentran el paso hacia y desde una región donde tenemos intereses soberanos concretos: Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y el sector antártico argentino.
Esa geografía, hoy está prácticamente desguarnecida. Y es, paradójicamente, uno de nuestros mayores activos estratégicos sin explotar.
La actualidad se encarga de recordarlo todas las semanas. El 24 de agosto de este 2026, hace apenas unos días, el petrolero VS Promise de bandera británica, amarró en el puerto de Ushuaia después de cargar crudo en una monoboya de la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. El episodio disparó un cruce político entre el gobierno provincial y la administración nacional, que interviene el puerto de Ushuaia desde enero. Pero lo más revelador no fue esa pelea, sino la contradicción de fondo: la misma provincia que después salió a denunciar el amarre como una afrenta a la soberanía había autorizado, a través de su propia Secretaría de Hidrocarburos y Energía, que ese buque británico cargara petróleo en la monoboya de Río Cullen, bajo jurisdicción provincial. Primero se habilita el negocio; después, cuando el barco toca puerto y hay cámaras, aparece el discurso soberano. Ese doble estándar es tan parte del problema como la falta de barcos. Mientras no haya una política sostenida y coherente, ni siquiera dentro de una misma provincia, cualquier reclamo de soberanía corre el riesgo de quedar en pose. Aclaro, este doble estándar no es nuevo ni exclusivo de la gobernación de Tierra del Fuego AIAS. La dirigencia política argentina hace décadas que tolera al Reino Unido cuando le conviene y se indigna sólo cuando es presionada a hacerlo.
Construir de a poco, sin repetir el error de siempre
El error más frecuente en la Argentina cuando se habla de rearme es discutir qué comprar —(el submarino, el misil, el avión de moda)— antes de discutir en qué orden y con qué continuidad se construye una capacidad real. La historia ya nos dio esa lección y la pagamos cara: en los años 70 y 80, Argentina desarrolló el programa de submarinos más ambicioso de Sudamérica, el TR-1700. Desarrollado a fines de la década de 1970 mediante un acuerdo con la empresa alemana Thyssen Nordseewerke, el plan original contemplaba la construcción de seis submarinos de ataque convencionales —dos en Alemania y cuatro bajo licencia en el astillero Domecq García, en Argentina—, con el objetivo no solo de dotar a la Armada de una capacidad submarina de última generación, sino de sentar las bases de una industria naval nacional capaz de diseñar y fabricar tecnología militar compleja de manera autónoma. Cuarenta años después, no queda ni una sola unidad operativa. Y no fue un fracaso de ingeniería, sino por el contrario, una desidia de la clase política que no pudo sostener la decisión en el tiempo, gobierno tras gobierno.
Con esa lección en mente, la reconstrucción debería pensarse en tres etapas, de la más urgente y barata a la más cara y lenta.
Primero ver. Sin capacidad de detección (radares en la costa, aviones de patrulla, satélites propios o compartidos con aliados) no hay nada que defender, porque no se sabe qué está pasando en el mar. Es la inversión más accesible y la que más avanzada se encuentra. En agosto de 2026 la Armada lanzó el “Plan Dédalo”, un programa de reestructuración de la Aviación Naval a cinco años que contempla, entre otras cosas, la llegada de los dos aviones P-3 Orión que todavía faltan –previstos entre octubre de 2026 y junio de 2027– para completar una flota de cuatro, dedicados justamente a patrullar el mar. Es un paso, todavía insuficiente, en la dirección correcta.
P3 ORION LLEGANDO A ARG
Segundo, estar presentes sin gastar de más. Acá es donde el ejemplo iraní enseña más: en vez de apostar todo a pocos buques carísimos –que si se pierden son un golpe militar y político devastador– conviene pensar en unidades más numerosas, más baratas y más fáciles de reponer. Los cuatro patrulleros oceánicos que ya se incorporaron a la Armada son un antecedente en esa línea, aunque hoy estén pensados más para vigilar la pesca ilegal que para disuadir a una fuerza militar. Astilleros Río Santiago y Tandanor, con presupuesto y preparación adecuada, estarían en condiciones, por antecedentes e infraestructura, de construir este tipo de patrulleros.
Tercero, tener con qué decir que no. Misiles antibuque, que podrían ser de fabricación nacional ya que en algún momento la Argentina supo tener una industria de defensa capaz de lograrlo, y en el horizonte más lejano, una fuerza submarina propia. Esta es la etapa más cara y la más difícil de sostener en el tiempo, pero también la que puede cambiar la ecuación de poder en la región.
Acá conviene ser honesto con lo que pasó esta misma semana. El mismo Plan Dédalo que trae los P-3 Orión también confirma la baja definitiva de los cinco Super Étendard Modernisé que Argentina le compró a Francia en 2018: aviones que nunca llegaron a volar en la Argentina, porque el Reino Unido bloqueó por años la venta de los cartuchos para sus asientos eyectables. Siete años después de esa compra, y sin haber resuelto nunca el problema, la Armada los da de baja sin que exista un reemplazo equivalente.
Una doctrina de disuasión barata no depende de aviones de combate carísimos, sino de misiles, drones y minas navales, mucho más baratos y más difíciles de eliminar de un solo golpe. El problema no es que se retiren los Super Étendard. El problema es, otra vez, la falta de continuidad: se gastaron años y millones en un avión que terminó varado por un veto ajeno, sin que nadie asumiera el costo político de reconocer el fracaso a tiempo ni de definir con qué se lo reemplaza en esa función disuasoria. Sin eso, lo que hoy se presenta como una modernización puede terminar siendo, simplemente, otra capacidad perdida.
El verdadero enemigo no está en el mar
Hay que decirlo sin vueltas: lo que más amenaza esta estrategia no es la falta de plata ni la falta de tecnología disponible en el mundo para comprar. Es la falta de consensos políticos que perduren en el tiempo. Ningún plan de defensa, por bueno que sea en el papel, sobrevive a un país donde cada gobierno nuevo cancela lo que empezó el anterior, como acaba de pasar con la compra de helicópteros navales, frenada por un recorte presupuestario.
El propio Plan Dédalo es un buen ejemplo de las dos caras de esta moneda. Por un lado, plantea una reorganización territorial: a partir de 2027, la histórica Base Aeronaval Punta Indio —cuna de la Aviación Naval argentina desde 1916— pasará a llamarse simplemente “Estación Aeronaval”, con el taller central concentrado en la Base Espora, en Bahía Blanca. Cerca de trescientos puestos de trabajo, entre civiles y militares, quedaron en la incertidumbre sin mencionar el enorme perjuicio evidente para el pueblo de Punta Indio. Por otro lado, es también una muestra de que hay planificación a mediano plazo, algo poco frecuente en la defensa argentina de las últimas décadas.
La etapa de “ver” –radares, aviones, satélites– es la que más avanza justamente porque es la que menos depende de sostener una misma decisión durante quince o veinte años seguidos, que es lo que necesita un programa de submarinos o de misiles para llegar a buen puerto.
Ahí está, quizás, el primer paso realista: no esperar el gran anuncio de rearme naval, sino consolidar ya, con lo que hay, la capacidad de saber qué pasa en nuestro propio mar. Y sobre esa base, si en algún momento como país nos ponemos de acuerdo en sostener una política de Estado más allá de un mandato presidencial, recién ahí avanzar hacia una capacidad de decir que no, con hechos, a cualquiera que quiera pasar por el Atlántico Sur como si fuera tierra de nadie.
Ni ingenuidad ni resignación
Ningún ejemplo extranjero se traslada perfecto. El Golfo Pérsico no es el Atlántico Sur. Por ahí pasa una porción enorme del petróleo del mundo, lo que obliga a cualquier potencia a pensarlo dos veces antes de escalar un conflicto; nuestra región austral no tiene, hoy, ese mismo peso en la mirada del mundo, pero va camino a tenerlo. Y esta estrategia tampoco alcanza sola: no sirve de nada disuadir una invasión hipotética si al mismo tiempo no sostenemos presencia real, todos los días, en los espacios que reclamamos como propios, como recuerda, otra vez, la discusión por un petrolero británico amarrado a metros del memorial a los caídos de Malvinas en Ushuaia.
Pero ninguna de esas objeciones cambia lo esencial. La ARA no necesita ser la Royal Navy. Argentina necesita ser el país al que nadie quiere atacar porque sabe que va a sangrar. Esa estrategia no cuesta lo que cuesta un portaaviones. Cuesta lo que cuesta decidir. Y en eso, todavía estamos a tiempo.
