En su exposición en la Fundación Libertad, Javier Milei volvió a hacer magia: agarrar una economía en recesión y transformarla, a fuerza de PowerPoint, en un caso de éxito en potencia. Con tono épico y convicción inquebrantable, celebró el equilibrio fiscal como si fuera un fin en sí mismo, aunque ese “logro” conviva con una caída del salario real superior al 20% desde diciembre de 2023, jubilaciones que perdieron aún más contra la inflación y una pobreza que, según estimaciones independientes, supera el 50%, mientras el propio gobierno insiste en ubicarla en torno al 28%.
Porque mientras el Presidente relata una gesta, los datos cuentan otra cosa. La actividad económica acumula varios meses en caída, con retrocesos interanuales que rondan los dos dígitos en sectores clave. El consumo masivo se desplomó más de un 10% en términos reales, la industria y la construcción siguen en terreno negativo y las tarifas de servicios públicos —luz, gas, transporte— aumentaron muy por encima de cualquier recomposición de ingresos. Y la inflación —ese supuesto logro en vías de resolución según el discurso oficial— lleva diez meses sin dar respiro, con una dinámica persistente que encuentra nuevos pisos mes a mes y que en el último dato volvió a escalar hasta el 3,4%. Pero en el universo Milei, el problema no es lo que pasa, sino cómo se lo cuenta.
En ese contexto, la visita de Peter Thiel a la Argentina —con paso por la Casa Rosada incluido para reunirse con Milei— suma un ingrediente que el Presidente presenta como señal de confianza global. Thiel no es cualquier inversor curioso: es cofundador de Palantir Technologies, una de las empresas más influyentes en el negocio de los datos, el análisis predictivo y la inteligencia aplicada a gran escala. Traducido: poder.
Y ahí es donde el título deja de ser un guiño literario para transformarse en descripción bastante ajustada.
En la obra de J. R. R. Tolkien, las palantíri eran piedras que permitían ver a la distancia. Pero no mostraban la realidad completa: ofrecían fragmentos, perspectivas sesgadas, imágenes que podían ser ciertas… y, a la vez, profundamente engañosas. Quien controlaba la piedra no sólo observaba: también influía.
Suena familiar.
El gobierno edita la economía como si fuera contenido: muestra el superávit fiscal, pero omite que se logró con un recorte feroz del gasto real —jubilaciones, obra pública, transferencias a las provincias—; habla de “recuperación futura” mientras el presente acumula cierre de empresas, suspensiones y pérdida de empleo; y reescribe la dinámica inflacionaria como si fuera una curva en descenso, aún cuando los datos recientes indican otra cosa.
No es que los datos sean falsos. Es que están incompletos. Curados. Ordenados para contar una historia donde el ajuste no es costo, sino virtud.
Ahí es donde la presencia de Thiel encaja mejor como símbolo que como inversor. Porque el proyecto no es sólo económico: es también cultural y comunicacional. Se trata de instalar una forma de mirar la realidad donde el deterioro sea interpretado como transición, donde la caída del consumo sea leída como “saneamiento” y donde el dolor social sea un peaje inevitable hacia un futuro que siempre está a la vuelta de la esquina… pero nunca llega.
Las palantíri no mentían del todo. Ese era justamente su poder.
Decían lo suficiente para convencer.
Ocultaban lo necesario para gobernar.
Y mientras el Gobierno mira la economía a través de su piedra que habla, del otro lado no hay épica ni promesas: hay heladeras vacías, persianas bajas y salarios que no alcanzan.
Pero claro, esa versión de la realidad —sin edición, sin relato y sin PowerPoint— no necesita tecnología de punta para entenderse.
Necesita algo mucho más simple.
Mirar la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos.
Antes de que alguien critique el sistema electoral de Misiones, que explique por qué La Rioja recibe ocho veces más coparticipación por habitante que Misiones. Primero eso. Después hablamos.
La Ley de Lemas no es un invento misionero destinado a perpetuar el poder de nadie. Es un sistema electoral con 150 años de historia, diseñado en 1870, adoptado en Uruguay, Honduras y doce provincias argentinas, y cuya lógica es democráticamente sólida: permite que todas las corrientes internas de un partido compitan en el mismo acto electoral sin fragmentar el voto. El elector elige al partido y al candidato simultáneamente. Los votos se acumulan. Gana el candidato más votado del lema que más sumó. Es, en esencia, la primaria y la general en un solo acto. Misiones no necesita que la Nación le imponga o elimine las PASO para resolver sus internas. Ya tiene su propio sistema. Eso se llama autonomía.
El verdadero problema no es la Ley de Lemas. El verdadero problema es la asimetría entre la soberanía electoral que Misiones tiene y la soberanía fiscal que no tiene. Misiones puede elegir a quién la gobierna. No puede elegir cuánto dinero tiene para gobernar. Puede definir sus candidatos. No puede definir sus recursos. Puede votar con el sistema que mejor se adapta a su estructura política. No puede recaudar, transferir ni negociar sus propios ingresos sin pasar por Buenos Aires. Eso no es autonomía. Es una ilusión de autonomía con firma y sello de la Nación.
La dependencia fiscal es el límite real de toda soberanía política.
Antes de que la Nación opine sobre cómo se vota en Misiones, tiene una deuda pendiente. El punto de coparticipación cedido en los años 80 sin compensación. Los 35 años de extracción sistemática que dejaron a Misiones financiando al Estado nacional a razón de tres pesos aportados por cada uno devuelto. La transferencia por habitante que es ocho veces inferior a la de provincias que producen ocho veces menos. Esa deuda existe. Está documentada. Y ningún gobierno nacional la reconoció jamás.
Soberanía total. O dependencia total. No hay término medio.
Este viernes, el INDEC publicó la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al 4° trimestre de 2025, que nos permite mirar más en profundidad diferentes aspectos que hacen a la vida económica de los hogares en los aglomerados urbanos; para el caso puntual de Misiones, el de Posadas. Los microdatos de la EPH son el principal insumo para la medición, entre otras, de las tasas del mercado de trabajo. Pero no basta solo con ver la tasa de actividad, de empleo y de desocupación sino también, y fundamentalmente, los aspectos que explican los movimientos de esas tasas.
Repasemos algunos datos: en el cuarto trimestre del 2025, la población total en el aglomerado de Posadas era de 395.265 personas, 1,1% mayor al de igual período de 2024 (equivalente a +4.208 personas). En ese marco, el 46,4% pertenecía a la población económicamente activa (los “activos”), un total de 183.328 personas.
Respecto a un año atrás, la tasa cayó en 0,5 puntos porcentuales (era de 46,9% en aquel momento) debido a que la cantidad absoluta prácticamente no varió (cayó en apenas 13 personas) en contraste con el crecimiento poblacional.
Dentro de los activos, encontramos a los Ocupados: la tasa de empleo fue del 44,6% y equivale a unas 176.418 personas con al menos una ocupación. Respecto al cierre de 2024, la tasa cayó en 0,2 p.p. pese a que la población ocupada en términos absolutos creció (+1.240 nuevos ocupados); esto, de nuevo, se da por el mayor incremento observado en la población total.
A su vez, la tasa de desocupación fue de 3,8% con unas 6.910 personas en condición de desocupados: en comparación con el 2024, esta tasa cayó en -0,7 p.p. y también lo hizo en términos absolutos: se contabilizan -1.253 desocupados respecto a aquella oportunidad.
En este contexto, la mejora en la ocupación y la reducción del desempleo se explican íntegramente dentro de una población activa que se mantuvo prácticamente sin cambios, en un escenario donde el crecimiento de la población total no fue acompañado por una mayor participación en el mercado laboral. ¿Esto pretende decir entonces que sigue todo igual? Naturalmente, no. La clave está en entender con mayor precisión qué cambios hubo dentro de la población ocupada.
INDEC distingue cuatro categorías de ocupados: los Patrones (personas que trabajan sin relación de dependencia y emplean al menos a una persona asalariada de manera permanente); los Cuentapropistas (personas que desarrollan su actividad sin relación de dependencia y no emplean trabajador); los Asalariados (personas que trabajan para un empleador tanto público o privado, percibiendo una remuneración; incluye a los registrados y a los no registrados) y los Trabajadores familiares sin remuneración (personas que trabajan en una empresa, negocio o actividad económica de un familiar sin recibir pago por ello).
Al cuarto trimestre de 2025, el 68,2% de las personas ocupadas de Posadas eran asalariados, totalizando unos 120.251. Aquí se observa un crecimiento de 1,7% en el total de asalariados respecto a 2024 (+2.022 personas) y su participación creció en 0,7 puntos (era de 67,5% al cierre de 2024). Ahora bien, aquí vale hacer una aclaración: del total de asalariados, el 40,4% es informal (por 48.588 personas) y el 59,6% eran trabajadores formales (71.663 personas). Si se mira la dinámica del último año, los asalariados formales cayeron, respecto a 2024, en 2,1% (-1.551 personas) mientras que los informales crecieron 7,9% (+3.573 personas). Esto también queda expresado en los niveles de participación: los formales explicaban el 61,9% de los asalariados y cayeron ahora al 59,6% y los informales pasaron del 38,1% al 40,4%. Por ende, la suba de los asalariados estuvo traccionada exclusivamente por los empleos informales.
A su vez, el 26,8% de los ocupados eran cuentapropistas, equivalente a unas 47.359 personas, que crecen 3,0% anual (+1.385 personas) y su participación también se incrementó en 0,6 puntos (era de 26,2% en 2024).
El 4,4% de los ocupados correspondían a la categoría de Patrón, unas 7.763 personas, con una caída de 21,3% respecto al año anterior (-2.102 personas) y disminuyendo en 1,2 puntos de participación (era de 5,6% al cierre del 2024).
Finalmente, los trabajadores familiares sin remuneración explican apenas el 0,6% del total de ocupados en Posadas siendo 1.045 personas; caen en 5,9% contra 2024 (-65 personas) y su nivel de participación se mantuvo estable.
¿Qué nos muestra esto? Que la estructura ocupacional de Posadas al cierre de 2025 exhibe una reconfiguración del empleo que presenta claras señales de fragilidad en su composición interna. Si bien el segmento asalariado se expande y consolida su participación mayoritaria sobre el universo de los ocupados, este desempeño oculta un cambio relevante hacia dentro de sí mismo: el crecimiento se explica exclusivamente por el avance del empleo informal, en contraste con la caída del empleo formal. Este desplazamiento implica un proceso de mayor precarización del trabajo, reflejado tanto en la evolución de los niveles absolutos como en la pérdida de participación.
En paralelo, el incremento del cuentapropismo refuerza esta lectura, en tanto evidencia que una parte del empleo generado se canaliza a través de formas más asociadas a estrategias de autoempleo ante la insuficiente generación de puestos asalariados formales. Así, el mercado laboral no solo crece apoyado en segmentos de menor calidad relativa, sino que además profundiza su heterogeneidad interna.
Pero más aún: la fuerte contracción del segmento de patrones constituye uno de los rasgos más significativos del período. La caída en la cantidad de empleadores sugiere un debilitamiento del entramado productivo local, ya sea por reducción de escala o salida de unidades económicas, lo que limita la capacidad del sistema para generar empleo genuino y sostenido en el tiempo.
Entonces, podemos observar que el crecimiento del empleo en Posadas en 2025 contra 2024 responde, como ya se dijo, más a un proceso de reconfiguración interna del mercado laboral que a una expansión sólida del mismo. La combinación de caída del empleo asalariado formal, aumento de la informalidad, crecimiento del cuentapropismo y retroceso de los empleadores configura un escenario donde predominan estrategias de adaptación frente a un contexto económico restrictivo, antes que señales de fortalecimiento estructural del empleo.
En este marco cabe preguntarse: ¿qué tanto cambió Posadas en 2025 respecto a 2016? En este período, la población total creció en 11,3%, equivalente a unas 40.214 personas. En ese contexto, la población activa se incrementó en 23% (+34.244 personas) y la ocupada en 21,6% (+31.384), lo que sugiere un proceso de fuerte expansión de la participación laboral, donde la incorporación de personas al mercado de trabajo creció a un ritmo muy superior al de la población total. A su vez, la población desocupada se incrementó en 70,6% (+2.860 personas), hecho que muestra que el mercado laboral, aunque con fuerte expansión, no logró absorber en su totalidad ese mayor flujo de activos, generando un aumento significativo en la presión sobre el empleo. En otras palabras, el mercado de trabajo se amplió, pero también se volvió más competitivo y tensionado, con una mayor cantidad de personas disputando oportunidades laborales que no crecieron en igual magnitud.
Ahora bien, se destacan dos hechos relevantes. En primer lugar, los Asalariados disminuyeron fuertemente su participación sobre el total de ocupados: explicaban el 73,8% en 2016 y bajó al 68,2% para 2025 (-5,6 p.p.), aunque en valores absolutos los asalariados crecieron en 13.268 personas (+12,4%); al tiempo que los Cuentapropistas pasaron de participar del 21,9% en 2016 al 26,8% en 2025, un salto de 5,0 p.p. que equivale a unos 15.625 nuevos cuentapropistas (+49,2%)
El segundo hecho relevante en este contexto tiene que ver con la informalidad en el segmento de asalariados: en 2016, el 70,3% eran formales, cayendo al 59,6% en 2025; a su vez, los informales pasaron del 29,7% al 40,4%. Si lo miramos en valores absolutos: los asalariados formales cayeron en 3.507 personas pero los informales crecieron en 16.775.
Así, la evolución del mercado de trabajo en Posadas entre 2016 y 2025 deja ver un cambio estructural: aunque la cantidad de asalariados aumentó en términos absolutos, su peso relativo dentro del total de ocupados se redujo de manera significativa, lo que indica una pérdida de centralidad como forma predominante de inserción laboral. Este desplazamiento se explica, en gran medida, por el fuerte avance del cuentapropismo, que no solo crece a un ritmo muy superior, sino que gana participación de manera sostenida y que sugiere que una parte relevante de la población ocupada se inserta a través de estrategias de autoempleo, probablemente como respuesta a las limitaciones del mercado para generar empleo asalariado suficiente.
También queda marcado el fuerte deterioro en la calidad del empleo asalariado. La caída en la proporción de trabajadores formales, junto con el fuerte aumento de los informales, evidencia un proceso de creciente precarización dentro del propio segmento asalariado. Es decir, incluso dentro del universo asalariado, el mercado laboral se desplaza hacia formas más inestables y con menor nivel de protección.
No “¿hiciste algo útil hoy?” si no “¿estás muy ocupado?”.
Y la respuesta siempre es sí. Porque decir que no estás ocupado equivale a decir que tu tiempo no vale. Que nadie te necesita. En el mundo del trabajo moderno, la ocupación es el único indicador de valor que todos entienden sin que nadie lo explique.
El problema es que estar ocupado y ser productivo no son la misma cosa. Nunca lo fueron. Y los datos lo confirman con una claridad que debería incomodar a cualquier gerente.
Un trabajador promedio es genuinamente productivo durante 5 horas con 6 minutos de su jornada laboral de 8 horas. El resto del tiempo se destina a actividades que no generan valor: correos, redes sociales, reuniones sin agenda, charlas de pasillo digitales. Así lo establece un estudio reciente que analizó los hábitos de miles de empleados en distintos sectores. Trabajar más horas no cambia esta ecuación: solo la estira.
Y sin embargo, el presencialismo —estar, aparecer, mostrarse ocupado— sigue siendo la métrica informal más poderosa en la mayoría de las organizaciones. El que llega primero y se va último. El que tiene el calendario bloqueado hasta las siete de la tarde. El que contesta mensajes a medianoche. Ese es el que “se compromete”.
Nadie pregunta qué produjo.
Las reuniones son el síntoma más visible de este desorden. No porque sean inútiles por definición, sino porque se multiplicaron sin control y llenaron el espacio que el trabajo real necesitaba para existir.
El número de reuniones laborales se triplicó desde 2020, según datos de Microsoft. Un empleado promedio dedica actualmente 392 horas al año a reuniones — el equivalente a 16 jornadas laborales completas, según Flowtrace (2025). Y el 44% de esas reuniones se consideran improductivas, con un costo global estimado en 541 mil millones de dólares anuales para las empresas, de acuerdo con la consultora Doodle.
Pensá en la última reunión a la que fuiste sin saber exactamente para qué te habían convocado. En cuántos eran. En cuántos realmente tenían algo que decir. En cuántos minutos tardaron en llegar al punto — si es que llegaron. “Esta reunión podría haber sido un mail o un WhatsApp” es lo primero que cruza nuestras mentes apenas terminamos.
Eso no es coordinación. Es teatro.
Un estudio de Harvard lo pone en números: el 71% de los directivos y empleados definió las reuniones de trabajo como actos improductivos e ineficientes. El 65% afirma que le impiden completar tareas pendientes. Y el 64% dice que reducen su capacidad de pensar en profundidad sobre los problemas reales de su área.
Pensemos en lo que eso significa. Las reuniones, que nacieron para resolver problemas, se convirtieron en uno de los principales obstáculos para resolverlos.
Solo el 37% de las reuniones tiene una agenda definida, según Flowtrace (2025). El 50% empieza tarde. Y el 33% se convoca de manera virtual incluso cuando la mitad de los asistentes está en la misma oficina. No es ineficiencia accidental. Es un hábito institucionalizado.
Pero el problema no son solo las reuniones. Es la cultura que las produce.
Esa cultura tiene un nombre: el culto a la ocupación. La creencia colectiva de que más horas significan más compromiso, que el calendario lleno es una señal de importancia y que tomarse tiempo para pensar sin interrupciones es, de alguna manera, sospechoso.
En ese sistema, el trabajo profundo —ese estado de concentración sostenida donde se produce lo más valioso— es el primero en desaparecer. Porque requiere bloques de tiempo sin interrupciones. Y las interrupciones son exactamente lo que el culto a la ocupación fabrica de manera constante.
Cuando un trabajador es interrumpido en medio de una tarea, necesita en promedio 23 minutos para recuperar el nivel de concentración previo, según investigaciones de la Universidad de California. Un empleado de oficina recibe entre 80 y 120 notificaciones digitales por día. Si cada interrupción cuesta 23 minutos de foco, el cálculo es devastador y casi ninguna empresa lo hace.
El resultado visible es la paradoja que todos conocemos pero pocos nombran: trabajamos más horas que nunca, tenemos más herramientas de comunicación que nunca, y sin embargo la sensación de no alcanzar, de estar siempre atrasados, de que el día termina sin haber hecho lo que importaba, también es mayor que nunca.
No es una paradoja. Es la consecuencia lógica de un sistema que mide presencia en lugar de resultado.
Algunas empresas empezaron a entenderlo. Un estudio que analizó 76 organizaciones con más de 1.000 empleados cada una descubrió que eliminar reuniones varios días a la semana aumentó la productividad en un 73%. No porque la gente trabajara más. Sino porque trabajaba mejor, con menos fragmentación y más capacidad de sostener el foco en lo que realmente importaba.
Los trabajadores híbridos —quienes combinan presencia y trabajo remoto— son los más productivos, con 5 horas y 36 minutos de trabajo efectivo diario frente a los 5 horas 6 minutos de los presenciales. La flexibilidad no destruye el rendimiento. La vigilancia constante, sí.
El culto a la ocupación tiene un costo que va más allá de la productividad. Agota. Genera la sensación permanente de correr sin avanzar. Y produce algo más difícil de medir pero igualmente real: una distancia creciente entre el tiempo que se invierte y los resultados que se generan.
Esa distancia es cara.
No en el sentido abstracto. En el sentido concreto de horas facturadas que no producen nada, de talentos que se van porque no soportan más el ruido, de decisiones que se toman en reuniones de una hora cuando una conversación de diez minutos hubiera alcanzado.
El calendario lleno no es un logro.
Es, muchas veces, el síntoma de una organización que perdió la noción de para qué trabaja.
El trabajo que importa rara vez se ve en el calendario. Ocurre en los márgenes. En los silencios. En la hora sin notificaciones que nadie agenda porque agendarla parecería poco serio.
El problema no es que estemos ocupados.
Es que confundimos la ocupación con el trabajo.
Y lo hicimos durante tanto tiempo que ya no sabemos distinguirlos.
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Esta columna forma parte de una serie sobre cómo la tecnología y la cultura laboral redefinen las decisiones cotidianas en un mundo hiperconectado.
“Entramos en un proceso virtuoso en el cual los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, aseguró hace poco más de diez días el ministro de Economía, Luis Caputo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, aún con una evidente intervención oficial, no comparte los mismos datos: el estimador mensual de la actividad económica echó un balde de agua fría sobre el optimismo del ministro reincidente. Una caída de 2,1 por ciento interanual y de 2,6 por ciento en comparación con enero, que había marcado una efímera ilusión de reactivación.
La industria manufacturera se desplomó 8,7% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 7,0%. Entre ambos sectores, que son los que más empleo contienen -y drenan- restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, más de lo que aportaron los pocos sectores en expansión.
La industria pasó de crecer 5,1% interanual en febrero de 2025 a caer 8,7% un año después. El comercio recorrió un sendero similar: de una suba de 6,3% en febrero de 2025 a una baja de 7,0% en febrero de 2026. Ese cambio de signo no es menor. Habla de una economía que perdió tracción en sus actividades más ligadas al ingreso disponible, al crédito comercial y al consumo.El argumento de Caputo para la enésima explicación del fallido de sus pronósticos, fue que “en 2026, febrero contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”. Escasa solidez argumentativa para alguien a quien Marcos Peña definió alguna vez como el “Messi” de las finanzas.
Lo cierto es que la economía no da señales homogéneas de reactivación y, por el contrario, la inflación sigue siendo un problema crónico, lejos de los pronósticos de desaparición mágica. La de marzo fue de 3,4 por ciento, lo que aleja la promesa de inflación cero en agosto, septiembre u octubre, aunque el Gobierno se aferra a la fe de que ahora sí, bajará cuando pase el efecto alcista de la carne, de la guerra y de los útiles escolares.
La inflación convive con una caída constante del consumo incluso entre segundas marcas, con menores precios. En Misiones las ventas en supermercados cayeron 13,9% en comparación con febrero de 2025, lo que marcó la décima baja consecutiva y el descenso más profundo desde diciembre de 2024. El acumulado del primer bimestre cerró para Misiones con ventas por $ 48.729 millones con una merma del 10,7% respecto a igual período de 2025, además de quedar por debajo también de los primeros bimestres del 2024 (-10,7%) y 2023 (-35,9%).
Ese deterioro constante se hace sentir también en los recursos provinciales. La coparticipación no deja de caer y los recursos propios atraviesan un declive idéntico al de otras provincias.
No es casual que el foco del tiempo político inaugurado con la presentación en sociedad de Encuentro Misionero esté puesto en la economía y la necesidad que tiene la provincia de ser considerada de forma distinta por la Nación. Es el único espacio político que está pensando en “soluciones a la misionera”, mientras que la Libertad Avanza es apenas un apéndice de Buenos Aires -como los viejos partidos tradicionales- y el PJ y la UCR se desangran en sus internas cada vez menos convocantes.
Por eso la presentación en sociedad de Encuentro Misionero puso sobre la mesa el viejo anhelo de una zona libre de impuestos para Misiones, en medio de la negociación que se abrirá para aprobar la reforma fiscal que quiere el Gobierno nacional.
Misiones vuelve a blandir un reclamo histórico: condiciones fiscales diferenciadas para poder competir en igualdad con Paraguay y Brasil. La iniciativa busca instalar en la agenda nacional un régimen especial de exenciones impositivas y beneficios aduaneros que permita corregir las distorsiones estructurales que enfrenta la provincia por su condición de frontera.
El planteo no es nuevo, pero sí el contexto. La discusión se reabre ahora en el marco de la reforma fiscal que impulsa el Gobierno de Javier Milei, donde la provincia intenta colar un esquema propio que combine alivio tributario, incentivos a la inversión y reducción de costos logísticos. En esencia, es retomar el espíritu de la Zona Aduanera Especial aprobada por el Congreso, pero vetada por el anodino Alberto Fernández.
La diferencia es que ahora el planteo no se limita a una herramienta aduanera puntual, sino que propone un régimen integral, con impacto directo sobre consumo, producción, inversión y sistema financiero y que va de la mano de una de las promesas de campaña del Gobierno nacional: bajar impuestos. El régimen propuesto busca corregir la asimetría histórica donde Misiones aporta el 31% de la recaudación del NEA pero recibe solo el 21% por coparticipación. La “Amortización Acelerada” permitirá a las industrias locales modernizar su capital físico en la mitad del tiempo contable habitual, fomentando la industrialización de la ruralidad y la tecnología.
El eje del proyecto pasa por el Impuesto al Valor Agregado, el tributo con mayor incidencia directa en la formación de precios.
La propuesta es clara: las ventas desde el resto del país hacia Misiones serían consideradas una “exportación suspensiva”. En la práctica, esto implica que un proveedor de Buenos Aires vendería a Misiones sin IVA. Los análisis técnicos del equipo de Encuentro Misionero detallan que como Misiones representa el 2,07% del PBI nacional, la retención de impuestos nacionales en el territorio provincial inyectaría liquidez masiva al mercado local. Una eliminación o reducción del IVA implicaría que aproximadamente $890.000 millones anuales dejarían de salir de la provincia para quedarse en manos de consumidores y comercios locales.
En tanto, una reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias, del 35% al 15% liberaría cerca de $530.000 millones para reinversión productiva y creación de empleo. También se pretende la eliminación del Impuesto al Cheque (1,2%), lo que permitiría recuperar hasta un 10% del margen neto en sectores estratégicos como el yerbatero, tealero y maderero.
La crisis de las economías regionales es evidente, incluso para aquellos que eligieron la opción libertaria en 2023. La pérdida de rentabilidad atraviesa a las principales actividades misioneras, como la madera, el té o la yerba, afectados por el aumento de los costos de producción, principalmente empujados por las tarifas eléctricas y el combustible.
Esa situación fue uno de los ejes de la cumbre yerbatera convocada por el Gobierno para analizar la situación de la cadena. La producción es la más dañada, pero la industria pudo exponer su situación que no escapa de la palabra crisis, aún en aquellas protagonistas del boom exportador.
El cuadro de la cadena yerbatera muestra un descalce extremo entre costos y precios que explica el deterioro del sector productivo. Con un costo estimado por el INYM de $423,99 por kilo y un precio teórico con margen del 30% de $551,19, el productor terminó recibiendo en promedio apenas $240 por kilo, lo que implica una pérdida directa de $311,19 por kilo. Proyectado sobre una producción de 889.253.082 kilos de hoja verde en 2025, el resultado es una transferencia negativa de ingresos de $276.726 millones, equivalentes a unos USD 200 millones.
A marzo de 2026, el deterioro de la ecuación económica se profundiza sin freno. El costo de producción, ajustado por una inflación acumulada del 16,8% entre octubre y marzo, pasa de $423,99 a $495,22 por kilo, lo que eleva el precio teórico con margen al $643,79. Sin embargo, el precio efectivamente pagado al productor se mantiene en torno a los $240, lo que eleva la pérdida a $403,79 por kilo.
Proyectado sobre el mismo volumen de producción de 2025 (889 millones de kilos), la transferencia negativa de ingresos asciende a $359.071 millones, equivalentes a unos USD 260 millones. Es decir, lejos de corregirse, el descalce entre costos y precios se agrava, consolidando un esquema en el que el productor absorbe cada vez una mayor porción de la crisis de la cadena.
En paralelo, los datos del sector industrial refuerzan el cuadro de fragilidad. Entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%.
Sin embargo, en ese mismo período, la deuda bancaria de los principales molinos saltó de $100.170 millones a $153.580 millones, con un incremento del 53,5%. La combinación de caída de ventas y fuerte aumento del endeudamiento contrasta con los autoelogios del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien suele usar a la yerba para celebrar los efectos de la desregulación.
Por eso fue un dato político la participación activa de la industria en la Mesa Yerbatera convocada por el Gobierno. Lejos de un acuerdo -los intereses y las realidades son contrapuestas-, fue un avance haber logrado que se escuchen en un marco de respeto, que incluso dejó fuera de la discusión a los más exaltados libertoyerbateros, que azuzaron con cortes de ruta sin consenso. El Gobierno provincial busca mediar entre las partes, acercar posiciones ante la inactividad del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
En esa lógica se inscribe el reclamo a Nación. En buscar soluciones locales a la retirada del Gobierno federal. El plan impositivo pretende reducir el costo de reposición para comerciantes y empresas. Por el otro, trasladar ese alivio a precios finales más bajos en góndola, mejorando la competitividad frente a las ciudades fronterizas.
El capítulo aduanero retoma directamente la lógica de la Zona Aduanera Especial, pero con mayor nivel de detalle operativo.
Entre las medidas más relevantes se destacan la importación sin aranceles de bienes de capital e insumos destinados a la producción en Misiones, facilidades para reexportación, permitiendo importar componentes, ensamblarlos localmente y exportarlos pagando tributos sólo sobre el valor agregado y eliminación de retencionespara productos misioneros, como yerba mate, té y madera.
El paquete se completa con medidas sobre otros tributos clave, como la eliminación del ITC en combustibles, buscando equiparar o incluso abaratar el precio de la nafta respecto a Paraguay. Implicaría un ahorro directo para el consumidor, con una rebaja de más de 15 mil pesos por tanque a valores actuales. Asimismo, se plantea la exención de Bienes Personales para activos radicados en la provincia, con el objetivo de retener ahorro local y la reducción de impuestos internos, especialmente en sectores con fuerte impacto en costos logísticos, además de un punto especialmente sensible para la provincia: alícuota cero o exención para servicios básicos como energía eléctrica, conectividad e internet, en un territorio que no cuenta con gas natural y donde la logística encarece fuertemente los costos operativos.
En conjunto, el esquema apunta a atacar uno de los principales problemas estructurales de Misiones: el costo de operar en una economía periférica, sin gas natural, con alta dependencia del transporte y en competencia directa con países con menor carga tributaria.
El trasfondo del debate es más profundo que una serie de exenciones. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo para una provincia de frontera.
Misiones compite todos los días con Paraguay y Brasil, donde los precios son más bajos no solo por tipo de cambio, sino por estructuras impositivas mucho más laxas, en el caso guaraní o agresivas, del lado portugués. Esa asimetría se traduce en fuga de consumo, presión sobre el comercio local y menor capacidad de inversión.
El reclamo a la Nación se combina con un “mini Rigi”, que comenzará a ser discutido en la Legislatura una vez que comiencen las sesiones ordinarias, tras el discurso del gobernador Hugo Passalacqua el próximo viernes. Se trata de incentivos fiscales para la inversión. Cinco años de exención total de Ingresos Brutos, más cinco años adicionales con una bonificación del 50%, condicionados al aporte real del proyecto en términos de empleo, proveedores locales y valor agregado en origen. A esto se suman criterios explícitos de evaluación -innovación, sostenibilidad, biodiversidad y transparencia- que refuerzan la idea de un régimen con control efectivo. El plan fija pisos mínimos de inversión diferenciados por sector, lo que permite segmentar el tipo de proyectos a captar: desde USD 200.000 para economía del conocimiento, pasando por USD 600.000 en industrialización y manufactura avanzada, hasta USD 1,5 millones en turismo estratégico y conectividad y USD 2 millones en energías renovables. Esta escala confirma que la provincia no apunta exclusivamente a grandes capitales, sino que busca abrir la puerta a inversiones medianas con capacidad de generar impacto directo en el entramado productivo local.
Passalacqua también hará hincapié en la necesidad de recuperar una visión “federal” del reparto de recursos y la economía. Aunque parezca una discusión de otros tiempos, el debate sigue siendo federales o unitarios, algo que los sucesivos inquilinos de la Casa Rosada no han sabido corregir.
El Gobernador misionero hará un repaso, casi en modo historiador, de esa tensión y marcará que, pese a la contracción económica, Misiones no deja de hacer. Con recursos propios, con ingeniería financiera. La línea de 132 que unirá Posadas, Alem y Oberá, la ruta en El Soberbio, con nueve mil millones de inversión, son algunas de las acciones de los últimos meses.
Passalacqua también hará frente a un debate que pretende instalar la Libertad Avanza: el costo fiscal misionero. El Gobernador sostiene que es un mito que se debe combatir: según sus datos, Misiones no es, por lejos, la provincia con mayor presión tributaria.
