sáb. Jul 18th, 2026

COLUMNISTAS

Cuando el compromiso empieza después

By Iván Osvaldo Ortega 3 meses ago
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La promesa de miles de puestos de trabajo en una pastera procesadora de celulosa de pino, en Corrientes, vuelve a abrir una pregunta incómoda —y necesaria—: ¿a quién se representa, en verdad, cuando se habla desde una banca en el Congreso de la Nación?

La cifra seduce. Siempre seduce. Trece mil puestos de trabajo pronunciados con soltura, como si el desarrollo pudiera resumirse en un número redondo, como si bastara con enunciarlo para que se vuelva incuestionable.

El diputado nacional Diego Hartfield eligió ese camino. Celebrar —con tono entre entusiasta y resignado— la posible instalación de una pastera procesadora de celulosa de pino en la vecina provincia de Corrientes. Como si la noticia fuera propia. Como si el impacto no mereciera, al menos, una pausa.

Pero Misiones no escucha esto por primera vez. Misiones no teoriza: recuerda.

Recuerda el olor penetrante de la celulosa, las discusiones ambientales, las tensiones entre producción y preservación. Recuerda, en definitiva, que no todo crecimiento es neutro, ni todo empleo es inocuo.

Y recuerda, sobre todo, algo que a veces se pierde en el vértigo del discurso: que en términos absolutos es la provincia más verde de la Argentina, núcleo de la selva paranaense, un ecosistema que no admite liviandades ni entusiasmos trasladados.

Por eso, cuando se nos habla de oportunidades en otra geografía, la reacción no es de entusiasmo sino de pregunta: ¿qué se está pensando para aquí?

Porque representar no es comentar lo que ocurre en otra provincia. Representar es pensar en la propia.

Se ha dicho —una vez más— que estas inversiones no llegan a Misiones por la presencia de un “Estado empresario” que compite con el sector privado. La frase, cómoda y repetida, omite lo esencial: en territorios donde el mercado no llega, el Estado no desplaza —habilita.

Allí donde no había innovación, apareció la Escuela de Robótica de Misiones. Allí donde la escala privada no encontraba incentivo, el Estado ensayó herramientas para sostener desarrollo, tecnología y oportunidades. No es ideología: es necesidad.

Pero hay algo más —más silencioso, más revelador— que asoma en este debate. Y es la identidad.

Porque representar no empieza el día en que se asume una banca. Empieza mucho antes, en la manera en que uno se reconoce —o no— como parte de un territorio. Durante años, la figura pública de Hartfield circuló en otros ámbitos, con otros códigos, con otra pertenencia: era “el argentino”. Misiones, en ese relato, aparecía poco.

No está mal trascender la aldea. Lo que resulta, cuanto menos, llamativo, es el regreso súbito al terruño cuando la política lo vuelve necesario. Como si la identidad pudiera activarse a demanda. Como si el arraigo fuera un recurso discursivo.

Y entonces aparece la ironía.

De pronto, la preocupación por el empleo irrumpe con urgencia. Se enumeran miles de puestos de trabajo con la liviandad de quien repite una fórmula probada. Pero el desarrollo no es una cifra, ni una promesa que se celebra a la distancia. Es una construcción compleja, situada, que exige algo más que entusiasmo.

Promover empleo no es celebrarlo cuando ocurre en otra provincia.
Es pensarlo aquí. Diseñarlo aquí. Defenderlo aquí.

De lo contrario, la preocupación suena tardía.
Y lo tardío, en política, suele confundirse con lo oportuno.

Los misioneros no esperamos uniformidad de pensamiento. No esperamos adhesión automática. Esperamos algo bastante más exigente: una visión propia, en sintonía con nuestra realidad. Una representación que no se funda en describir lo ajeno, sino en comprender lo propio y transformarlo en agenda.

Porque en democracia, la representatividad no se declama.
Se ejerce.

Y eso —a diferencia de las cifras— no admite atajos.

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La delegación invisible: todo lo que ya dejamos de pensar

By Martín Paez 3 meses ago
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Nadie nos robó la capacidad de pensar. Se la prestamos a una app y nunca fuimos a buscarla.

La delegación silenciosa empezó con pequeñas comodidades. Primero dejamos de memorizar teléfonos. Después dejamos de orientarnos. Después dejamos que nos sugieran qué ver, qué comprar, qué leer. Y en algún punto, sin que nadie lo anunciara, dejamos de cuestionar si eso era un problema.

Hoy el fenómeno tiene escala industrial. Y tiene números.

Argentina está entre los cinco países con más tiempo de pantalla del mundo. Según datos de Electronics Hub, los argentinos destinan el 53,8% de sus horas de vigilia a dispositivos digitales. En términos concretos: cerca de 9 horas diarias entre celular, computadora y televisión. El promedio global es de 6 horas 45 minutos. Estamos muy por encima.

Esas horas no son tiempo neutro. Son horas en las que un sistema decide por nosotros. TikTok, Netflix, Instagram, Spotify: ninguna de estas plataformas espera que el usuario elija. Anticipan. Recomiendan. Empujan. Y lo hacen con una eficiencia que ningún ser humano podría igualar, porque su única métrica es el tiempo que lograron retenerte.

Más del 80% del contenido que consume un usuario promedio en plataformas de streaming y redes sociales está mediado por algoritmos de recomendación. En plataformas de video, ese porcentaje es incluso mayor. No elegimos tanto como creemos: navegamos dentro de un carril que alguien más trazó.

Pensá en la última vez que llegaste a un destino sin GPS. Probablemente recordás cada giro. Ahora pensá en los últimos diez viajes con navegación: son un borrón. La memoria se construye con esfuerzo. El esfuerzo que evitamos, también lo evitamos recordar. Lo mismo pasa con el contenido: lo que nos recomiendan se consume, se olvida y se reemplaza. Lo que elegimos con deliberación, queda.

Pero hay algo más profundo que la memoria en juego. Es el criterio.

Decidir no es solo llegar a un resultado. Es construir una forma de pensar. Cada vez que evaluamos opciones, comparamos, dudamos y elegimos, estamos ejercitando algo que no se puede delegar sin consecuencias. El cerebro, como cualquier sistema que busca eficiencia, acepta con gusto que otro haga ese trabajo. No es pereza: es diseño evolutivo. Y las plataformas tecnológicas actuales están construidas exactamente sobre esa tendencia. Cada función que “simplifica” elimina un paso que antes nos obligaba a decidir.

Para 2027, el 79% de la inversión publicitaria global estará basada en decisiones algorítmicas, según proyecciones del grupo Dentsu. No es solo que los algoritmos decidan lo que consumimos: están redefiniendo lo que producimos, lo que financiamos y, en consecuencia, lo que existe.

El problema no es la tecnología. Es lo que ocurre cuando dejamos de notar su influencia.

Las plataformas aprendieron rápido que la duda incomoda. Que el usuario que duda se va. Entonces eliminaron la duda. Le pusieron autoplay al video. Le pusieron scroll infinito al feed. Le pusieron recomendaciones antes de que termines lo que estabas leyendo. Cada fricción eliminada es un momento de deliberación que desapareció.

El informe “2026 Global Consumer Predictions” de Mintel advierte que una parte creciente de los consumidores está comenzando a reconocer esta dependencia y a buscar activamente experiencias “emancipadas de los algoritmos”. El consumidor, dice el informe, está fatigado de que los algoritmos gobiernen su relación con el mundo digital. Pero reconocer el problema no es lo mismo que resolverlo.

En Argentina, el contexto agrega una capa más. Somos uno de los países con mayor tiempo de pantalla del mundo, pero no somos el que tiene más velocidad de conexión ni el que produce más contenido propio. Consumimos masivamente lo que otros diseñan para nosotros. Y lo hacemos con una intensidad que supera a economías mucho más grandes.

Esto tiene consecuencias que van más allá de lo individual.

Una sociedad que delega progresivamente sus decisiones cotidianas a sistemas automatizados no solo pierde autonomía individual. Pierde también la capacidad colectiva de formarse criterio. El debate público, la deliberación democrática, la posibilidad de cambiar de opinión a partir de información nueva: todo eso requiere ciudadanos que todavía piensan por cuenta propia. No que navegan dentro del carril que un algoritmo les trazó esa mañana.

Según KPMG, el 74% de los comercios planea escalar el uso de inteligencia artificial en sus operaciones durante 2026. La tendencia no es reversible. La pregunta no es si los algoritmos van a seguir tomando decisiones por nosotros. La pregunta es si vamos a notar cuándo lo hacen.

No se trata de rechazar la tecnología. Sería absurdo y, además, ya es tarde. El GPS evita errores. Los algoritmos ahorran tiempo. Las recomendaciones simplifican. Pero simplificar tiene un precio que rara vez se pone en la factura: el espacio para decidir. La posibilidad de equivocarse. El derecho a dudar.

La delegación no ocurre de golpe.

Es un proceso silencioso.

Y cuando uno lo nota, ya lleva años cediendo terreno.

El problema no es que la tecnología piense por nosotros. El problema es que nosotros empezamos a dejar de hacerlo. Y lo hicimos sin que nadie nos lo pidiera, sin firmar nada, sin que nadie nos dijera que ese era el trato.

Ese es el negocio. Y está funcionando muy bien.

Esta columna forma parte de una serie sobre cómo la tecnología redefine las decisiones cotidianas en un mundo hiperconectado

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Misiones inmobiliaria: más población, más propiedad y menos crédito, la fórmula del crecimiento

By Aaron Ortas 3 meses ago
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Misiones tiene argumentos concretos para explicar por qué su mercado inmobiliario crece. No se trata solo de una percepción: la provincia combina peso demográfico, cultura de vivienda propia, una fuerte tradición de intervención pública en acceso habitacional y, en Posadas, un proceso sostenido de desarrollo urbano privado en altura. 

Según el Censo 2022, Misiones tiene 1.278.873 habitantes y representa cerca del 2,8% de la población argentina. Con ese volumen, se ubica como la novena provincia más poblada del país.

Ese dato poblacional importa mucho porque el mercado inmobiliario necesita escala real de demanda. Y Misiones la tiene. 

Además, la provincia cuenta con 420.101 viviendas particulares ocupadas, lo que muestra un universo habitacional amplio y una base concreta sobre la cual se mueve el mercado de compraventa, alquileres, loteos y desarrollos.

Pero hay un dato todavía más fuerte: Misiones está por encima del promedio nacional en vivienda propia. En los cuadros de condiciones habitacionales del Censo 2022, la provincia registra 72,1% de viviendas ocupadas en condición de propiedad, frente a un promedio nacional de 65,5%. 

Es decir, Misiones se ubica 6,6 puntos porcentuales por encima del país. Esa diferencia no es menor: muestra una sociedad con fuerte arraigo a la casa propia, al lote y al ladrillo como forma de construir patrimonio. 

Al ordenar las jurisdicciones del cuadro nacional, Misiones queda entre las provincias mejor posicionadas del país en este indicador.

Ese rasgo cultural ayuda a entender por qué el mercado inmobiliario misionero tiene dinamismo incluso en contextos donde el crédito hipotecario todavía es bajo.

De hecho, el informe territorial de Fundación Tejido Urbano, elaborado con información del BCRA, muestra que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 34.160 hipotecas a personas humanas en todo el sistema financiero argentino, y que Misiones explicó apenas el 0,33% del total. 

Dicho de otro modo: mientras la provincia concentra cerca del 2,8% de la población nacional, su participación en el crédito hipotecario fue de sólo 0,33%, una brecha de aproximadamente 2,5 puntos porcentuales. Eso revela algo importante: en Misiones el mercado inmobiliario no crece solo por banca hipotecaria; también se mueve por ahorro privado, operaciones tradicionales, desarrollos en pozo, loteos y demanda genuina de vivienda.

En esa historia de acceso a la vivienda, el IPRODHA tuvo un papel decisivo. El propio organismo informó en 2022 que trabajaba en 4.818 viviendas nuevas para familias misioneras, de las cuales 3.369 ya estaban en ejecución o próximas a iniciarse y 1.449 habían sido licitadas. 

Ese volumen refleja una política habitacional sostenida que ayudó a que miles de familias misioneras pudieran acceder a la vivienda propia y consolidó una cultura de propiedad muy marcada en la provincia.

Al mismo tiempo, el crecimiento inmobiliario de Misiones no se explica solo por la obra pública. En Posadas, los desarrolladores privados empujaron en los últimos quince años una transformación urbana visible: el crecimiento en altura para responder a la demanda habitacional céntrica y aledaña. Ya en 2013, el nuevo Código de Planeamiento Urbano definía alturas máximas para edificios y extendía instrumentos de financiamiento urbano a toda la ciudad; y en 2018 distintos análisis locales describían a Posadas como una ciudad que “crece en altura”, especialmente en el centro y en la Costanera.

Ese proceso no fue casual. El Plan Urbano Ambiental de Posadas explica que la ciudad vivió una transformación reciente muy fuerte a partir del nuevo frente costero, la valorización del río, la aparición de nuevas porciones de suelo urbano frente al Paraná y la necesidad de ordenar el crecimiento. En ese contexto, la construcción en altura apareció como una respuesta lógica para absorber demanda en zonas con alta preferencia residencial: centro, Costanera y barrios cercanos. 

En otras palabras, el desarrollo privado en Posadas ayudó a compensar la demanda de vivir más cerca de servicios, empleo, educación, gastronomía y espacios públicos de calidad.

Por supuesto, Misiones todavía tiene desafíos de infraestructura. En cloacas, por ejemplo, la provincia muestra un nivel de cobertura inferior al promedio nacional, lo que marca una brecha pendiente. Pero incluso ese dato puede leerse en clave inmobiliaria como margen de desarrollo futuro: donde todavía faltan obras de infraestructura básica, también hay espacio para valorización del suelo, consolidación urbana y nuevos proyectos residenciales. No es una provincia saturada; es una provincia con recorrido.

Por eso, cuando se analiza por qué crece el mercado inmobiliario en Misiones, la explicación no pasa por una sola variable. Crece porque Misiones tiene escala poblacional, porque está por encima del promedio nacional en vivienda propia, porque hubo una política pública persistente que empujó acceso habitacional a través del IPRODHA, y por que Posadas encontró en los desarrollos privados en altura una respuesta concreta para acompañar la demanda urbana de los sectores céntricos y aledaños. La combinación de población, arraigo, obra pública y desarrollo privado es lo que le da solidez al mercado.

Conclusión Final: “Misiones hoy es la novena provincia más poblada de la Argentina, tiene una proporción de vivienda propia 6,6 puntos superior al promedio nacional, y además combinó durante años el trabajo del IPRODHA con un fuerte crecimiento del desarrollo privado, especialmente en Posadas. Por eso el mercado inmobiliario misionero crece: porque hay demanda real, cultura de propiedad y una ciudad capital que en los últimos quince años supo expandirse y modernizarse para absorber esa necesidad habitacional”.

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El impacto productivo del modelo Milei

By Alejandro Pegoraro 3 meses ago
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La política económica del gobierno nacional abrió un debate que, aunque se trata de limitar a la macroeconomía, va mucho más allá de ella. El ajuste fiscal, la desregulación y la apertura económica pueden mostrar algunos resultados en variables como la inflación o el equilibrio de las cuentas públicas, pero cuando se baja al territorio aparece una tensión central: la estabilización no está siendo neutral en términos productivos ni laborales.

Durante la semana pudimos ver los nuevos datos que confirman el grave escenario en el entramado productivo. 

Por caso, la Secretaría de Trabajo nacional, vía SIPA, mostró que enero de este año el empleo privado formal se mantuvo estable (0% mensual) pero desde una posición de claro deterioro: acumula una caída del 3,2% desde los inicios del gobierno con más de 206 mil empleos perdidos en ese segmento, a la par que el empleo independiente (autónomos y monotributos) crece en torno a 158 mil, no logrando compensar la merma del privado y menos aún cuando se incluye el empleo público (-77 mil). Así, se pierde empleo de calidad y crece el precario en sus diferentes modalidades, fenómeno que representa un cambio estructural del mercado laboral argentino que se contrasta con los datos oficiales sobre el ritmo global de la economía: la actividad puede crecer (aunque de manera desigual) pero no está generando empleo formal. 

Este fenómeno permite observar el fuerte unitarismo que prima en el programa: se apoya en sectores puntuales (financiero, Oil&Gas, minero y algo de agro) destruyendo, bajo argumento de desregulación, las economías regionales, algo que se verifica mes a mes con datos, entre otros, de Coninagro y su tradicional semáforo. El ataque (por acción u omisión) a las economías regionales le pega directo a las provincias y sufren las consecuencias de ello hacia todo su aparato productivo y su entramado social.

Este escenario puede verse particularmente en Misiones, donde el programa económico libertario dejó una huella concreta sobre el entramado productivo formal: huella que es, claramente, negativa. La yerba mate se mantiene en rojo desde marzo de 2024 en el semáforo de Coninagro y a esa luz de emergencia se sumó la mandioca. Ya son nueve las economías regionales en rojo. 

Según los últimos datos conocidos, desde que asumió la gestión libertaria, Misiones registra una caída de 9,4% en la cantidad de empleo privado formal, lo que equivale a 10.209 empleos menos. En paralelo, la cantidad de empresas cayó 9,9% en igual período, con 935 firmas menos en actividad. 

Misiones: caída del entramado empresarial

Indicador Cantidad Variación
Empresas perdidas (dic 2023 – ene 2026) 935 -9,9%
Empresas perdidas interanual (ene 2026) 446 -5,0%
Empresas perdidas mensual (ene 2026) 56 -0,7%

Ese doble retroceso permite sacar una primera conclusión fuerte: no solo se destruyeron empleos, sino que además se achicó la base empresarial que los genera. Cuando caen al mismo tiempo los puestos de trabajo y las unidades productivas, lo que aparece no es una simple desaceleración pasajera, sino un proceso de debilitamiento del tejido económico formal.

La comparación interanual de enero de 2026 refuerza ese diagnóstico. En ese corte, el empleo privado formal en Misiones mostró una baja de 4,8%, equivalente a 4.732 empleos menos que un año atrás. A su vez, la cantidad de empresas se redujo 5,0%, con 446 casos menos. Es decir, la fuerte caída no se limitó solo a un momento específico de alta recesión como 2024; sino que aun después de abandonar (estadísticamente) la recesión y entrar en período expansivo (también estadístico) de la economía, no solo no hay señales de recomposición del mercado formal misionero, sino que peor aún, se sigue destruyendo. Cerraron 446 empresas en el último año. 

Incluso en la comparación mensual de enero de 2026 se observa que el deterioro no se detuvo. El empleo privado formal cayó 0,1% respecto al mes previo, con 104 puestos menos, mientras que la cantidad de empresas se redujo 0,7%, con 56 firmas menos. Esto también es importante porque, en línea con lo que se dijo antes, muestra que el problema no pertenece sólo al primer impacto del ajuste ni puede ser explicado únicamente por una fase inicial de reordenamiento. La contracción sigue activa y golpea de manera persistente.

Para entender con mayor precisión este problema, podemos aplicar una estrategia gráfica: en lo que va de la gestión Milei, Misiones pierde 13 empleos privados formales por día; al mismo tiempo, desaparecen 1,2 empresas cada 24 horas. Esa ejemplificación ayuda a dimensionar mejor el fenómeno: no se trata de una cifra abstracta o de un ajuste estadístico, sino de una destrucción del entramado formal por goteo. Sin horizonte optimista, cada día que pasa la provincia pierde parte de su capacidad para generar trabajo registrado y sostener actividad económica bajo reglas formales.

Misiones: pérdida diaria de empleo y empresas

Indicador Promedio diario
Empleos privados perdidos por día 13
Empresas que cierran por día 1,2

Ante esto, la discusión de fondo es bastante clara: la política económica de Milei puede exhibir logros en materia de desaceleración inflacionaria (hoy, puestos más en duda que nunca) o corrección de desequilibrios macroeconómicos, pero en los territorios ese programa está teniendo un costo visible sobre la economía real, que recae sobre dos núcleos centrales de cualquier proceso de desarrollo: el empleo formal y la supervivencia de las empresas. 

Sin empresas no hay inversión genuina, y sin empleo formal no hay mejora sostenible de los ingresos, ni consumo robusto, ni chances de progreso.

De este modo, el problema no es solamente cuántos empleos se perdieron hasta ahora, sino también la velocidad de la eventual recuperación: si sigue cayendo la cantidad de empresas, se deteriora la capacidad futura de recuperación. Un empleo perdido podría eventualmente recuperarse si la empresa sigue existiendo. Pero cuando la firma cierra, el daño es mayor: se pierde capital organizacional, red comercial, inversión previa y capacidad de volver a contratar. Ese es el costado más profundo del ajuste y quizás el más difícil de revertir. 

Un ejemplo claro de esto es el Comercio: desde noviembre de 2023, cerraron 367 empresas comerciales (-11,4%); otro caso es la Industria donde cerraron 115 empresas (-10,8%). También se ve en el rubro del Transporte con el cierre de 100 empresas (-12,8%) entre otros. 

Así las cosas, la política económica nacional no está siendo inocua ni neutra sobre el aparato productivo local. Recapitulando: desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, la provincia perdió más de 10 mil empleos privados formales y casi mil empresas. Y lejos de haberse frenado, la dinámica siguió siendo negativa, profundizando su deterioro y sin perspectivas positivas de corto plazo. Si este rumbo macroeconómico no incluye medidas para sostener y reactivar la economía real, puede pasar algo tan simple como problemático: ver mejoras en algunos números macro a nivel nacional mientras, en las provincias, se siguen perdiendo empresas y empleos, debilitando la base productiva.

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Sin Licencia Social no hay desarrollo posible

By Ruth Duarte Ortellado 3 meses ago
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En estos días vimos por las redes que volvían a circular nuevamente notas, opiniones sobre el Proyecto de Corpus y sobre todo el debate en el Congreso sobre la Ley de Glaciares y su posterior aprobación. Se preguntarán que tienen en común ambos temas: la Ausencia de Licencia Social. 

El concepto «Licencia Social para Operar» surgió en 1997 durante una conferencia de Minería y la Comunidad en Ecuador, auspiciada por el Banco Mundial, y rápidamente entró en el vocabulario de la industria, la sociedad civil y la comunidad de negocios.

«La Licencia Social para Operar se basa en el grado en que una organización y sus actividades cumplen con las expectativas de las comunidades locales, la sociedad en su conjunto y los diversos grupos que la componen».

Este concepto se encuentra en la actualidad en todos los documentos de organizaciones internacionales sobre ambiente y la gestión del impacto de un proyecto minero y/o energético en una comunidad, la LSO (Licencia Social) está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones mantenidas por la población local y los grupos de interés vinculados al proyecto. Eso significa que:

  • Es “otorgada” por la comunidad.
  • Es intangible, a menos que se haga el esfuerzo de medir esas mismas creencias, opiniones y percepciones.
  • Es dinámica y no-permanente, porque creencias, opiniones y percepciones están sujetas a cambiar a medida que se adquiere nueva información.

Por lo tanto, la LSO debe ser ganada y luego mantenida. La diferencia entre aprobación (tener una opinión favorable, estar de acuerdo o satisfecho con algo) y aceptación (la disposición a tolerar, estar de acuerdo, o consentir) se puede demostrar como real e indicativa de dos niveles de Licencia Social para Operar, uno más bajo de aceptación y otro más alto. Mientras que el primero es suficiente para que un proyecto proceda y una mina o un proyecto energético disfrute de una relación tranquila con sus vecinos, el nivel más alto es más beneficioso para todos los implicados.

La credibilidad de las empresas se basa en el respeto mutuo, la honestidad, el diálogo abierto, la transparencia, el ofrecimiento de respuestas oportunas a las inquietudes de la comunidad, la transparencia de información, el carácter predecible del comportamiento ético, legal y ambiental de las compañías. La obtención de la LSO es un factor esencial para reducir los riesgos de conflictos sociales y para mejorar la reputación de la compañía.

Pero no es solo reputación, la mayoría de estas grandes inversiones necesitan de financiamiento exterior, ya que tienen “costos hundidos” se dicen en la jerga, porque son grandes inversiones en el inicio, en las que la rentabilidad se obtiene con el transcurrir del tiempo. 

Entidades como el Banco Mundial, BID, y otras bancarias piden entre sus requisitos, para el otorgamiento de su financiamiento, el cumplimiento de normas legales, técnicas ambientales a veces más exigentes que las locales; y también piden la Licencia Social, utilizan los mecanismos de Participación Pública, Audiencias Públicas y otros. Si entienden que la situación se encuentra muy forzada, que van a existir conflictos judiciales y sociales con la Comunidad no otorgan el financiamiento hasta que se solucione dicha situación.  

La Licencia Social para Operar no alude a un contrato o documento formal, sino a las características reales o actuales de credibilidad, confiabilidad y aceptación de las compañías y sus proyectos. Las partes involucradas otorgan la LSO en base a la credibilidad de las empresas y al tipo de relación que ésta crea con las comunidades.

No existe una fórmula única para que las empresas obtengan y conserven la LSO. Sin embargo, son necesarios algunos principios, como el establecimiento de buenas relaciones, que tienen como base:

  • El respeto mutuo
  • La comunicación abierta
  • La inclusión de todos los involucrados
  • La honestidad
  • La divulgación total de información
  • La transparencia de los procesos del proyecto y la actividad.

¿Por qué es necesaria una Licencia Social para Operar?

La falta de LSO está asociada con conflictos sociales, retrasos en los proyectos, pérdida de maquinaria por actos de vandalismo y cierre de operaciones. Aunque es poco frecuente el cierre definitivo, pueden presentarse retrasos que incrementan los costos del proyecto.

Las empresas mineras necesitan, tanto desde el punto de vista financiero como operativo, que sus proyectos se desarrollen sin interrupciones; por ello, la LSO puede ser considerada como una forma de seguro.

Actualmente, las organizaciones internacionales e industriales reconocen ampliamente en sus directrices y recomendaciones la importancia de obtener y conservar la LSO. Hay 74 instituciones financieras que han adoptado los Principios Ecuador, que son “un marco de administración del riesgo crediticio para determinar, evaluar y gestionar el riesgo ambiental y social en transacciones financieras de proyectos”. 

Nuestro país hace muchos años suscribió el Acuerdo de Escazú, que también incluye el principio de la “licencia social” en su artículo 7°, cuando establece “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente o para la salud de la población”. 

El nombre oficial de ese tratado es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Como se ve, la participación ciudadana es uno de los ejes de este acuerdo, ratificado por el Parlamento argentino en 2020. Se sabe, pero conviene repetirlo, que los tratados sobre derechos humanos que la Argentina ratifica pasan a tener jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.

El Acuerdo de Escazú incluye entre los “derechos de acceso” -como lo denota su nombre formal- el acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. Los tres son igualmente valiosos para “lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -económica, social y ambiental- de forma equilibrada e integrada”.

Tuvimos un récord en la cantidad de inscriptos para participar en la Audiencias Públicas por la Ley de Glaciares, más allá de si se llevaron a cabo adecuadamente o no, el dato es el hecho que se hayan inscripto 102.000 ciudadanos de todo el país para participar, algo nos dice sobre la Opinión Pública y futura Licencia Social. Al momento del cierre de esta nota FARN, Greenpeace y otros están preparando la Demanda Ambiental más grande de la historia con 800.000 firmas.

Permítanme dudar, desde ya que vengan muchas de estas inversiones mineras a nuestro país, ya que de seguro se van a encontrar con una resistencia social pocas veces vista, problemas judiciales, sociales, etc. Y los gobiernos locales van a tener que hacer frente a esas resistencias con costos políticos en su credibilidad.

Algo parecido pasa con Corpus, un proyecto deseado a nivel nacional hace mucho tiempo, pero los Recursos Naturales (el río) son de dominio de las provincias y necesita la autorización de la provincia para ello. A su vez el gobierno de la provincia hace varios años sancionó la Ley de Soberanía Energética Ley IV N 56 que exige la participación popular (plebiscito) y del Estado provincial en caso de llevarse a cabo una nueva represa. Es decir, esa Ley garantiza a los misioneros un proceso que lleve a la Licencia Social. 

El pueblo de la provincia, los misioneros en definitiva son quienes tienen la llave para que se lleve a cabo esa obra, ya que sin la Licencia Social esa obra no existe. La Nación deberá llevar adelante un trabajo que no se hizo nunca: Información pública, audiencias públicas, lograr consensos sociales, políticos y económicos que sean del acuerdo popular, donde todos ganen.

Es interesante observar el fenómeno que se ha producido con la ley de glaciares, que a pesar de la que muchas veces en las redes circula información de dudosa procedencia y hay falta de interés por parte de la ciudadanía en muchos temas, en este caso ha logrado involucrar no solo a los habitantes de las provincias afectadas sino a todo el país, como así también representantes de las comunidades originarias, técnicos, científicos, referentes sociales, políticos y la lista continúa.

Nos muestra que es muy importante entablar acuerdos confiables con la comunidad/es que resultara afectada, en definitiva, y que las decisiones se deben tomar de manera acordada entre las partes. El Estado nacional debe encontrar nuevas modalidades de buscar la licencia social en temas de tanto impacto, para poder cumplir con lo que dice nuestra Constitución Nacional: Desarrollo Sostenible.

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