COLUMNISTAS

Los que quedan en el camino

Compartí esta noticia !

Algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, yo creo que vale la pena”. La frase del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, describe el derrumbe de la economía y se convierte en una definición política de quiebre. Ya no se trata cerrar los números con la gente adentro, sino de un sálvese quien pueda para alcanzar un país “normal”, en el que, por reflejo, no será para todos. 

El problema en la frase de Grinman es que ese “algunos” ya involucra a cerca de 22 mil empresas y casi 300 mil empleos perdidos en los últimos dos años. Números que impactan por la velocidad y la magnitud del deterioro. Durante los cuatro años de Cambiemos cerraron 25 mil pymes. Durante el peor gobierno de Alberto Fernández, que atravesó la pandemia y terminó con una feroz recesión, se estima que cerraron 12 mil empresas. 

No se trata, como plantea livianamente el diputado libertario Diego Hartfield de que “cierre de empresas hubo siempre”, sino de un plan económico que derrumbó la actividad y que no aparecen señales positivas en el horizonte. 

La misma dinámica se puede observar en la yerba mate. Durante los 90, la anterior década desregulada, la crisis tardó en hacer eclosión porque Carlos Menem había logrado congelar los precios. De la hiper se pasó a cero casi sin escalas y los productores pudieron “aguantar”, aunque inexorablemente se producía un éxodo rural y se malvendían chacras por la miseria de los precios de la materia prima. Ahora ese escenario se repite a máxima velocidad: mientras se derrumbó el precio de la hoja verde, los costos de producción no dejaron de subir. El gasoil, insumo esencial de la chacra, aumentó 231,8 por ciento desde que asumió Javier Milei. Ni hace falta sumar electricidad o los alimentos, que en el último año aumentaron por encima del 40 por ciento. La situación se hace insostenible para muchos pequeños productores. 

La industria, aunque paga mucho menos que hace dos años por la materia prima, también debe afrontar mayores costos y rentabilidad escasa.Y despide. Un círculo nada virtuoso que la reforma laboral celebrada como un triunfo por el Gobierno, no vendrá a solucionar. 

La reforma laboral es la carta que le faltaba al menú libertario. No puede quejarse el Presidente de que haya obstrucción de la oposición, ni culparla por falta de resultados: cada iniciativa considerada clave, contó con respaldo político.

La nueva ley laboral avanza sobre varios pilares sensibles del sistema de relaciones de trabajo en la Argentina. Por un lado, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica el esquema de despidos mediante la creación de un fondo de cese laboral administrado por bancos y entidades financieras. Ese fondo se nutriría de aportes patronales que hasta ahora tenían como destino la Agencia Nacional de la Seguridad Social, lo que abre un interrogante inevitable: ¿se trata de un mecanismo de previsibilidad para las empresas o de un nuevo factor de desfinanciamiento del sistema previsional?

La iniciativa también redefine el equilibrio de fuerzas entre empleadores y sindicatos. Impone límites más estrictos al derecho a huelga al fijar servicios mínimos del 75% en sectores considerados esenciales -salud, educación, transporte, energía y agua, entre otros-, un alcance tan amplio que, en la práctica, reduce de manera significativa la capacidad de presión gremial. Al mismo tiempo, promueve los acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos por actividad, lo que podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el poder estructural de los sindicatos.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta a “modernizar” la legislación laboral y a dinamizar un mercado de trabajo formal que lleva más de una década estancado. Sin embargo, buena parte de los economistas advierte que ninguna modificación normativa, por sí sola, puede revertir esa inercia si la economía no logra salir del ciclo de bajo crecimiento que arrastra desde hace años. La discusión de fondo, entonces, no es solo jurídica ni laboral: es, ante todo, macroeconómica. Sin expansión sostenida, difícilmente haya reforma que alcance.

Misiones perdió más de 10 mil empleos privados desde que asumió Javier Milei -después de un techo de 110 mil registrados en 2023-. La extensa fila -varias cuadras y largas horas de espera desde la madrugada del viernes- de jóvenes y no tanto, para cubrir 20 puestos pedidos por un supermercado familiar de Posadas, exhibe una postal que no era habitual. 

Fotos gentileza Primera Edición.

La urgencia por un trabajo atraviesa a toda la sociedad. En la construcción, el derrumbe es histórico, con el volumen de empleo más bajo desde 2007. En diciembre Misiones registró unos 4.636 empleos formales en la construcción, con una baja mensual del 6,3% (-312 empleos) al tiempo que, en la comparación interanual, el empleo se contrajo 10,1% (-521 empleos). Si se toma la evolución desde noviembre 2023 a diciembre 2025, de modo de observar el impacto sobre la construcción de las políticas aplicables por la gestión Milei, Misiones presenta una baja del 40,4%, provocando una pérdida de 3.137 empleos.

No es un problema local. La última encuesta de Zuban & Córdoba revela que la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%).

En la misma línea, la última encuesta de Atlas Intel para Bloomberg vuelve a encender luces amarillas en la Casa Rosada. La desaprobación del presidente Javier Milei trepó al 55,3% y acumula dos meses consecutivos en alza, acercándose al máximo histórico de la serie. La aprobación, en cambio, cayó al 41,5%, también por segundo mes consecutivo, mientras que el 3,3% aún no toma posición. Cuando se analiza la evaluación general del Gobierno, el 53,1% lo califica como malo o muy malo, frente a un 35% que lo considera excelente o bueno y un 11,9% que lo define como regular. Lo llamativo es que, aunque crecen tanto las opiniones positivas (+4,5 puntos) como las negativas (+5,5 puntos), estas últimas alcanzan su nivel más alto desde el inicio de la serie. La sociedad parece polarizarse, pero con un sesgo creciente hacia la crítica, aunque hasta hace pocas semanas se aplaudía a rabiar la motosierra y el ajuste.

El capítulo laboral es especialmente sensible. Más de la mitad de los argentinos cree que la reforma reducirá derechos (59%) y aumentará la precarización (55%). Un 63% piensa que la informalidad crecerá o no cambiará. Si bien el 40% espera mayor competitividad, el 58% prevé que la oferta de empleo caerá o permanecerá estancada. El mensaje oficial de modernización choca con el temor social a la pérdida de estabilidad.

El trasfondo es económico. El 62% califica la situación del país como mala y apenas el 22% la considera buena. Más contundente aún: el 57% evalúa negativamente la realidad de su propio hogar. A futuro, el 50% cree que la economía empeorará y más de la mitad anticipa un deterioro del mercado laboral. Ese clima condiciona consumo, crédito e inversión, pilares de cualquier recuperación sostenible.

No se trata de una consultora marginal. Atlas Intel fue una de las firmas que mejor proyectó el triunfo de Milei en 2023. Su estudio Latam Pulse Argentina, realizado en febrero de 2026 junto a Bloomberg, ubica la confianza del consumidor en zona negativa y posiciona al país entre los peores registros de la región.

La brecha entre la narrativa oficial de estabilización macroeconómica y la percepción cotidiana de la sociedad aparece como el principal desafío político. Porque aun cuando los números fiscales o inflacionarios muestren mejoras, el humor social se mueve por el empleo, el ingreso disponible y la expectativa de futuro. Y hoy, según estos datos, ese humor está dominado más por la preocupación que por la esperanza.

Las soluciones no pueden ser locales, aunque las provincias tienen que hacerse cargo de las consecuencias. El gobernador Hugo Passalacqua expresó con claridad su prioridad: “Empleo, empleo, empleo”; repitió durante la firma de un nuevo acuerdo de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones por 5.500 millones, destinado a Pymes y fortalecer el empleo. 

También en esa línea se inscribe la reingeniería de la cúpula del Estado que decretó Passalacqua: 144 puestos jerárquicos fueron eliminados como corolario de un proceso que se inició hace varios meses y que continuará en los próximos. “Decreté la eliminación de 114 cargos jerárquicos del ámbito provincial, entre direcciones, secretarías y otras estructuras. Esta decisión se da en el marco de una serie de medidas que estamos tomando como parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente. Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar”, detalló Passalacqua.

Es que las perspectivas no son alentadoras en cuanto a los recursos. En el mes de febrero de 2026 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,44 billones presentando un nuevo descenso en términos reales1, que esta vez fue de -7,5% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,5% real mensual).

En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 172.603 millones con una variación también negativa del 7,9% interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,7% real. El primer bimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 358.336 millones, que representa un -7,4% en términos reales contra igual período del 2025.

Si la economía no crece es improbable que los recursos lo hagan. Y la economía lejos está de crecer de forma homogénea. Apenas estertores. El estimador económico de diciembre mostró un crecimiento interanual del 3,5% y una suba mensual desestacionalizada del 1,8%. En términos de tendencia-ciclo, el avance fue de apenas 0,3%. A primera vista, el número habilita la palabra “recuperación” y el Gobierno de Javier Milei lo exhibe como señal de éxito, del mismo modo que lo hizo con el superávit comercial.

El 3,48% interanual está fuertemente explicado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2% y aportó 1,91 puntos porcentuales al total. Es decir, más de la mitad de la expansión proviene del agro. La explicación técnica es clara: cosecha récord de trigo y efecto rebote tras la sequía de 2023.

El segundo motor es la intermediación financiera, con un crecimiento del 14,1% y una incidencia de 0,52 puntos. Le sigue explotación de minas y canteras, con 9,1% y 0,36 puntos de aporte. También muestra dinamismo el sector de electricidad, gas y agua.

El patrón es evidente: la expansión se apoya en agro, finanzas y sectores primarios o energéticos.

En contraste, los sectores con mayor encadenamiento productivo y mayor elasticidad empleo-producto siguen mostrando debilidad. La industria manufacturera cayó 3,9% interanual y restó 0,60 puntos al crecimiento. El comercio mayorista y minorista retrocedió 1,3% y restó 0,16 puntos. Hoteles y restaurantes bajaron 1,5%. La administración pública cayó 1,1%.

En términos distributivos y laborales, el dato es aún más relevante. El agro combina alta productividad con baja absorción relativa de empleo. La intermediación financiera tampoco es intensiva en mano de obra. Es posible, entonces, observar crecimiento estadístico sin una mejora proporcional en el salario real ni en el consumo masivo.

Políticamente, el número permite construir la narrativa de la reactivación y alimentar el relato del “éxito económico”. Pero la estructura sectorial revela un patrón de crecimiento apoyado en commodities, energía y valorización financiera, mientras la industria manufacturera -núcleo de densidad tecnológica y empleo- continúa en contracción.

El consumo masivo no rebota: se sigue hundiendo. El adelanto de la consultora Scentia para enero confirma una caída interanual de 1,1% en el total de canales. Pero el promedio esconde el golpe real: el self service total -supermercados de cadena y autoservicios independientes- cae 3,8% frente a enero del año pasado. Dentro de ese universo, los supermercados retroceden 3,3% y los autoservicios 4,2% interanual. Es el consumo cotidiano, el de góndola y barrio, el que sigue en terreno negativo.

El desglose por canales tampoco ofrece consuelo. Contra diciembre, enero muestra desplomes de dos dígitos: supermercados -15,4%, autoservicios -12,5%, mayoristas -14,6% y e-commerce -11%. Farmacias caen 7,8%. Solo Kioscos y Tiendas (K+T) exhiben una leve suba interanual de 2,7%, mientras que el comercio electrónico crece 33% contra enero de 2025, aunque desde una base más acotada y con fuerte volatilidad mensual. Pocas veces se vio un deterioro tan extendido y sostenido en el consumo masivo: cuando caen los canales que venden lo básico, no es un ajuste estadístico, es una señal de enfriamiento profundo del poder adquisitivo.

En Misiones, las ventas en los supermercados volvieron a ser negativas. Las ventas relevadas en las bocas de expendio de los grandes supermercados de la provincia totalizaron $ 29.771 millones en diciembre y en relación con igual mes del 2024 mostraron una caída del 6,0%, la octava baja consecutiva. Fue la provincia con el tercer mayor descenso del país (solo por encima de Corrientes y Tucumán); a su vez, el retroceso también se observó en la comparación mensual  desestacionalizada, donde las ventas disminuyeron en 0,2% real (también la tercera más fuerte del país). Misiones cerró el 2025 con una caída acumulada de sus ventas del 3,8% contra 2024 (tercera más fuerte del país). Fue el peor año para este indicador en la provincia, ya que también muestra bajas contra todos los años desde 2017.

Como contraste, los Ahora se transformaron en una herramienta definitiva de sostén de la actividad económica. Los últimos datos de las ventas de los diferentes programas Ahora Misiones revelan un crecimiento exponencial en el consumo interno impulsado por estas herramientas de fomento económico durante los años 2024 y 2025. El impacto económico total en el bienio analizado alcanzó la cifra histórica de $160.945 millones, con un total de ventas en 2024 de $62.287.046.550 y $98.658.577.995 durante 2025, con un incremento nominal del 58,4% sobre las ventas totales.Los programas se han diversificado para cubrir todas las necesidades de las familias misioneras. Se destaca el programas Ahora Misiones, que con un total de $44.090 millones en el año 2025 sigue siendo el pilar del consumo, representando el 50% de las ventas totales del sistema.Sin el programa de financiamiento, la sangría fronteriza sería inaguantable. La presión por el empleo, mucho más asfixiante.

Compartí esta noticia !

Perú, el país sin presidente

Compartí esta noticia !

Durante una década tuvieron 8 presidentes. Si uno lee ese dato o esa cifra sin contexto alguno podría pensar que se trata de un país ahogado en algún tipo de crisis humanitaria o envuelto en algún conflicto, en donde la institucionalidad se caracteriza por ser endeble y problema de último orden. Sin embargo, pese a eso, Perú sigue funcionando. 

Debilidad presidencial 

José Jerí fue el último cesanteado de su cargo como máximo mandatario. Como con casi todos sus antecesores, las causas y escándalos relacionados a hechos de corrupción han golpeado sus puertas y la destitución terminó atendiendo. José Maria Balcázar fue quien lo reemplazó aunque a horas de asumir, pesa sobre sus hombros una petición de declaración en la justicia por una serie de irregularidades, lo que sigue motivando a un problema a futuro para su continuidad. Dicho sea de paso, hay elecciones el 12 de abril en Perú, dónde buscarán, democráticamente, elegir a su futuro presidente destituido.

Una de las mayores curiosidades de Perú es lo poco que vale la investidura presidencial. Quizás por costumbre, pero en Argentina desfilaron y desfilan presidentes con innumerables causas judiciales en su haber y no pagaron con su cargo. Desde la causa Correo Argentino de Macri hasta la criptoestafa del actual presidente Milei, son algunas de las cuestiones que llevan a nuestro asombro. Quizás los argentinos somos los que no comprendemos a Perú por la naturalización de escándalos relacionados a la corrupción en el poder. 

Sea como sea, en Perú se conjugan dos particularidades que intentan explicar la razón de los constantes cambios en el sillón del Palacio de Gobierno. Por un lado, un Congreso fuerte. Es sabido que existen estas características en varias democracias globales, en donde el Congreso tiene tanto o más poder que la figura presidencial. Nuevamente nos trae a comparar con nuestra experiencia Argentina, dónde el exceso de presidencialismo histórico en el poder puede moldear nuestro imaginario colectivo sobre cómo percibimos la política exterior. La fortificación del Congreso peruano en la última década puede explicarse por las facultades de control agresivas y de bajo costo político, lo que termina transformando al órgano legislativo más en un árbitro o en un verdugo político que es un poder del Estado. 

La otra cuestión que explica la omnipresencia política del Congreso es el lobby económico del poder concentrado. Sectores como la minería, agroexportación, banca, zonas económicas especiales e incluso empresas chinas han estado relacionados a situaciones de lobby o presión sobre el Congreso para la toma de decisiones políticas o inclusive el favorecimiento en leyes o derogaciones de las mismas. Desde reuniones privadas, financiamiento indirecto de campañas, presión vía gremios hasta blindajes a proyectos de interés son algunas de las tácticas más extendidas del lobby económico que presiona en todo el mundo, pero donde pega fuerte es en Perú y donde también termina tumbando presidentes como piezas de dominó. 

Ideología a marzo 

Ese vaivén constante de nombres en el poder, la cuestión ideológica termina siendo materia de debate de estudiantes universitarios de primer año. El único partido al cual parecen responder es al del lobby económico explicado previamente. 

Esta situación toma mayor relevancia cuando uno se da cuenta de que el actual presidente proviene de la izquierda política, con mucha cercanía al ex gobernante Pedro Castillo (también destituido) y que distaba de Jerí y Boluarte, otros predecesores cesanteados. 

Más allá de los protocolos del Congreso y demás cuestiones meramente institucionales, llama poderosamente la atención como en Perú la procedencia ideológica parece no importar o no primar. Sin entrar en teorías o visiones propias de la sociología, uno puede pensar rápidamente que el lobby económico, financiero y empresarial es el que termina decidiendo en pos de sus intereses propios, sin correlación ideológica alguna. 

Si uno va a las estadísticas, sitios o consultoras como Datum Internacional, Ipsos, IEP y CPI muestran una tendencia clara. El nivel de desaprobación hacia el Congreso es fuerte, excepto cuando el nivel de aprobación al candidato es alto. Las vacancias hacia los presidentes suelen tener entre un 80 a 90% de aprobación siempre que un candidato padezca tan solo un 10 o 20% de aprobación total. Es decir que la institucionalidad o la percepción que la gente tenga de ello está atada a cuanto aprueban o no la gestión de un gobernante. Ya no su ideología ni tampoco el cuidado de la “democracia” sino simplemente el disgusto con la clase política. 

Cabe preguntarse si Perú no es el futuro de la aceptación política mundial. En un mundo cada vez menos ideologizado y con exceso de consumo basura en redes sociales, tal vez el hartazgo con la clase política puede resolverse o canalizarse a través de apoyar las destituciones sin importar procedencia alguna, sino condenando el accionar corrupto del funcionario en cuestión. Tal vez y solo tal vez, eso que no entendemos de la flexible pasarela de presidentes de Perú sea el verdadero sentimiento de aquel ciudadano no inmerso en la política “intelectual” pero donde el día a día le vive pasando factura. El problema es, que en el medio, quien saca provecho es el empresario que más tiene. 

Compartí esta noticia !

Urge nacionalizar las Fuerzas Armadas, quinta parte

Compartí esta noticia !

La Dra. en Economía Noemí Brenta (destacada docente de la Maestría en Gestión de la Energía, y notable persona), explica el demencial incremento de la deuda externa, que se multiplicó por seis en la intencionalmente desastrosa gestión del “proceso”. Copio un párrafo de su excelente trabajo al respecto, bajado de Internet en su análisis titulado “La deuda odiosa de la dictadura”.

“Entre 1976 y 1983, la deuda externa argentina se multiplicó por seis: pasó de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 mil millones, sumando los atrasos de intereses y la deuda militar, según cálculos del Banco Mundial. Más o menos, porque nunca se supo bien la cifra exacta, ni de la deuda pública ni de la privada”; por lo que otros análisis pueden mostrar montos algo diferentes, pero coincidentes en el irracional endeudamiento perpetrado.

A punta de bayonetas, nos impusieron la subordinación total al Consenso de Washington y su perversa doctrina neoliberal, que busca frenar y destruir el desarrollo económico y social, destruyendo todo y pisoteando la soberanía nacional. Para eso, cambiaron las prioridades de Defensa, suplantándose la Doctrina de Defensa Nacional por la Doctrina de la Seguridad Nacional, sometiendo a los uniformados a un profundo limado de neuronas al ras, de lo cual parecería que muy pocos lograron mantener su propia capacidad de razonamiento, con auténticos Valores Nacionales.

La destrucción del muy importante desarrollo industrial y tecnológico -objetivo perseguido por la vetusta oligarquía rural y otros sectores claramente antinacionales- comenzó con mucha presión del Estado cooptado por la antipatria; y ese mismo tipo de acciones y de discursos falaces y antinacionales, se repetiría con sucesivos gobiernos de orientación neoliberal.
    Otras acciones económicas nada inocentes de “Joe” Martínez De Hoz y sus secuaces (con su dócil marioneta Videla), fueron endeudar a las empresas y entes estatales, contrayendo abultadas deudas en el exterior, cuyos montos eran inmediatamente transferidos al Ministerio de Economía, para financiar el desastroso manejo presupuestario, muy deficitario.

De esa forma, las empresas y entes estatales quedaban sin las divisas recibidas y con deudas que terminarían siendo impagables, en un contexto que los mercenarios del periodismo y la economía liberal, aprovecharon para cargar las tintas en la supuesta “ineficiencia crónica del Estado”, que ellos mismos provocaron o avalaron, lo cual “preparó el terreno” para las vergonzosas privatizaciones que pocos años después perpetraría el también apátrida menemato, avalado y proseguido por el delarruato.

Nada de eso, tan importante, evidencia ser conocido en absoluto, por la casi totalidad de los militares de mentes proceseras, acorde al vaciamiento mental muy acentuado en que se sumió a los uniformados a partir del “proceso”, imponiendo la ignorancia casi total en Economía, Historia y Geopolítica; con lo cual los mantienen hasta hoy en el limbo cargado de prejuicios antinacionales, a la casi totalidad de los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad.

Dentro de las brutales acciones de torturas y “desapariciones” en “vuelos de la muerte” y otras acciones aberrantes, ese tipo de “metodologías” se usaron -probadamente- para lograr la apropiación de la empresa Papel Prensa, la cual prácticamente monopolizaba el abastecimiento del estratégico insumo necesario para las impresiones en grandes escalas, de los tres principales diarios de difusión nacional (Clarín, La Nación, La Razón). Siendo de propiedad de la familia Graiver, varios de sus integrantes fueron “persuadidos” en las mesas de tortura, de transferir las acciones a favor de las empresas periodísticas señaladas.

Es de hacer notar que en esos años aún no se había producido la irrupción de los medios digitales, por lo que los diarios de papel tenían un rol preponderante en el periodismo.

Al acto formal de “toma de posesión” de la empresa, acudieron el presidente usurpador Videla y varios de sus secuaces cercanos, tal como fuera difundido en medios gráficos. ¡El “proceso”, cómplice directo de un alevoso saqueo!

Si bien todo acto de aniquilamiento es deplorable (incluyendo los que perpetraron los guerrilleros), cabe precisar que los proceseros se atribuyeron potestades para decidir quiénes vivieran y quienes no.

El Mayor (Tte. Coronel Post Mortem) Bernardo Alberte es considerado la primera víctima del “proceso”, asesinato cometido en su propio departamento, en presencia de su familia, siendo arrojado al vacío por la patota asesina (la cual integraban dos Generales). Sus “grandes pecados” fueron haber sido de plena confianza de Perón y de M.E.M. de Perón; y haber dirigido una carta a Videla, advirtiéndole las consecuencias nefastas esperables del golpe de Estado ya en los prolegómenos de la perpetración.

Pocos meses después, sería secuestrado y “desaparecido” el gremialista Oscar Smith, quien se oponía a los planes de “Joe” Martínez De Hoz, de privatizar y desguazar SEGBA, en un negociado que se vincularía con el rol directivo del mencionado Ministro de Videla con la empresa energética Ítalo. Nicolás Caputo, vinculado al neoliberalismo, tuvo participación accionar en EDESUR, una de las tres empresas en que se desguazó SEGBA.

Otro de los asesinatos del “proceso”, tampoco en nada vinculado a las guerrillas, tuvo como víctima a la diplomática Elena Holmberg, la cual según referencias, fue involuntaria testigo de la cordial reunión en un café parisino, de un alto oficial de La Marina; con el dirigente montonero Firmenich, lo cual habría sido su sentencia al “suicidio”.

El muy querido cantautor folklorista Jorge Cafrune, fue “accidentalmente” embestido por una camioneta, cuando de noche y muy lejos de la cinta asfáltica, se dirigía a caballo rumbo a Yapeyú, a la conmemoración del natalicio de San Martín. Como todo artista de raigambre nacional y popular, Cafrune era odiado por los proceseros.

En 1982, demostrando la brutal ignorancia total de los líderes militares del “proceso” y de sus mandantes y colaboradores civiles, implementaron la recuperación de las Malvinas, siendo tan brutos como para suponer que el Reino Unido con todo el apoyo de la Comunidad Británica y de la OTAN, no reaccionaría; y también supusieron -contra toda lógica- que EEUU sería neutral, pues se creyeron “aliados” de los yanquis, por haber aportado “mano de obra” para intervenir en América Central, no entendiendo que apenas fueron marionetas dóciles y descartables.

Desconocer que desde fines del siglo XIX, ambas potencias anglosajonas son sólidas aliadas en cuanto conflicto las involucre, evidencia el tremendo grado de ignorancia en que han sumido a los uniformados de Argentina.

Nos metieron en una guerra para perderla, y aun pagamos las consecuencias de dicha derrota militar.

Además de esa breve reseña de las aberrantes acciones del “proceso”, cabe señalar que en ese muy negativo período de nuestro país, se “institucionalizaron” algunos muy negativos y perversos formateos de la mentalidad de los uniformados, cuyos perversos efectos no solo perduran, sino que parecen haber sido totalmente asumidos por la abrumadora mayoría de los integrantes de las FFAA y FFSS. En breve síntesis se expone.

La Soberanía Nacional y la Defensa Nacional, dejaron de ser prioridades absolutas, siendo reemplazadas totalmente por la “defensa del sistema”, teñido de un desgastado y visceral anti comunismo, en nada acorde a la realidad geopolítica mundial actual.

Vinculado con eso, es bastante común leer o escuchar a uniformados, que “prefieren subordinarse explícitamente a EEUU, antes que hacerlo con China o Rusia”, potencias estas últimas a las que siguen considerando “comunistas”. La soberanía nacional pasa a ser algo inentendible, y el supuesto patriotismo, no pasa del himno y la bandera.

Repiten cuan “verdad revelada” la supuesta “grandeza de la Argentina del Centenario”, demostrando ser dóciles lacayos de las falsedades históricas instaladas por la Sociedad Rural y sus acólitos del academicismo de la historia. Eso va vinculado al desprecio y odio visceral a la industria argentina. Nada de entendimiento acerca de la enorme importancia de la industria y la tecnología nacional como factores de soberanía y desarrollo.

Siguen aferrados neciamente a las pautas de medio siglo atrás, siendo la exclusiva prioridad “la lucha contra el comunismo”. En paralelo, no les molesta en nada, toda acción de subordinación explícita y vergonzosa ante los agresivos sectores del poder financiero transnacional y del Bloque Atlantista.

En los hechos, dieron forma al “partido militar liberal”, en el cual con pautas proceseras infunden y profundizan no solo anacrónicos y falaces dogmas instalados desde los institutos de formación militar, sino que mantienen “alineada a la tropa” mediante aceitados sistemas de “mensajitos”, a la vez que con cerrados criterios difunden en las redes sociales pensamientos y versiones acordes a esos retrógrados esquemas, los que si se analizan con elementales principios de lógica y buenos fundamentos, quedan expuestos como mecanismos de subordinación ideológica a factores de poder claramente antinacionales.

Dentro de esos esquemas, odian a todo lo Nacional y Popular, y a todo lo estatal, no entendiendo ni siquiera que ellos mismos son empleados del Estado, al que desprecian.

 El análisis general del tema, sigue en la Sexta Parte.

Compartí esta noticia !

Entre crecimiento y equidad: la nueva foto de los ingresos en Misiones

Compartí esta noticia !

En la agenda política y económica argentina, el debate sobre los ingresos de los hogares se estructuró en torno a dos grandes ejes: su capacidad para ganarle a una inflación persistente y el modo en que esos ingresos se distribuyen dentro de la sociedad. Ambas dimensiones vuelven a escena a partir del último informe de Distribución del Ingreso publicado por el INDEC, elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares en su modalidad Total Urbano. Esta versión ampliada no sólo releva los principales aglomerados, sino también localidades de más de 2.000 habitantes en cada provincia. Se publica una vez al año y toma como referencia el tercer trimestre, lo que permite ampliar la mirada más allá de las capitales y observar con mayor precisión las dinámicas provinciales.

Uno de los primeros aportes de esta EPH extendida es la posibilidad de analizar las tasas laborales a nivel provincial completo. En el caso de Misiones, los datos muestran que no existen diferencias sustanciales entre el total provincial y el aglomerado de Posadas. La tasa de actividad fue prácticamente idéntica (46,3% para el total provincial y 46,4% para el aglomerado Posadas), algo más de diferencia en la de empleo (44,0% provincia vs. 44,3% Posadas) y la de desocupación fue 4,8% vs. 4,4%. 

Este dato no es menor: a diferencia de lo que ocurre en otras provincias del NEA, donde las capitales concentran el dinamismo laboral, en Misiones el interior sostiene niveles muy similares a los de la ciudad capital.

En materia de ingresos, la EPH permite captar no solo remuneraciones formales, sino también ingresos no registrados y no laborales, lo que ofrece una fotografía más integral. 

El Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF), que surge de dividir el total de ingresos del hogar por la cantidad de integrantes, arrojó a nivel nacional un promedio de $ 605.535, con fuertes desvíos explicados por Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias patagónicas. 

Misiones registró un IPCF promedio de $ 469.978, por debajo del total nacional pero posicionándose como la provincia con mayor nivel de ingreso per cápita del NEA y segunda en el Norte Grande

En términos de evolución, el IPCF presentó una mejora del 9,4% en Misiones, una suba más moderada en comparación con otros distritos; ahora bien, el promedio no agota la discusión: la distribución también importa. 

El coeficiente de Gini para el IPCF en Misiones se ubicó en 0,343, por debajo del promedio nacional (0,425), mostrando además una significativa baja (-0,075) lo que implica un avance hacia mayor distribución. 

El Ingreso Total Individual (ITI), que contempla tanto ingresos laborales como no laborales percibidos por cada persona, mostró un promedio nacional de $ 956.283. En Misiones alcanzó los $ 749.110, nuevamente el valor más alto del NEA

A diferencia del IPCF, el ITI creció con un poco más de velocidad (+12,0%), aunque por debajo del promedio nacional. Esta diferencia en las dinámicas podría responder a un incremento en el tamaño promedio de los hogares: al haber más integrantes por vivienda, el ingreso individual puede mejorar más que el per cápita familiar.

Al desagregar el ITI se observa que el 22,1%, en Misiones, corresponde a ingresos no laborales. Esta proporción es levemente inferior a la media nacional y es, además, el más bajo en el NEA. En Misiones, la estructura de ingresos continúa fuertemente vinculada a la actividad laboral, coherente con sus tasas de empleo relativamente elevadas contra las otras provincias de la región. En ese marco, la participación de ingresos laborales creció respecto al 2024 (+6,3 puntos).

Un punto especialmente sensible surge al analizar la brecha de género. En Misiones, la diferencia de ingresos entre varones y mujeres alcanzó el 24,4%, por debajo de la media nacional (27,6%) con una importante reducción contra el año anterior (era de 31,1% en 2024).

El Ingreso de la Ocupación Principal (IOP), que mide exclusivamente lo percibido por la actividad laboral principal, también ubica a Misiones al frente del NEA, con una suba de 16,7% anual. 

Por último, el Ingreso Total Familiar (ITF), que suma todos los ingresos del hogar sin dividirlos por cantidad de integrantes, muestra que Misiones se ubica en segundo lugar en el NEA, detrás de Corrientes. Sin embargo, la diferencia en el tamaño promedio de los hogares modifica la lectura: en Corrientes, en promedio, los hogares son más numerosos, lo que diluye el ingreso per cápita. En Misiones, con hogares más pequeños, el ingreso promedio por persona resulta superior.

En definitiva, los datos muestran una provincia que consolida liderazgo regional en niveles de ingreso y en dinamismo laboral, con avances concretos en materia distributiva y reducción de la brecha de género. El desafío hacia adelante no pasa sólo por sostener el crecimiento de los ingresos, sino por profundizar su calidad y equidad, en un contexto nacional todavía atravesado por tensiones macroeconómicas.

Compartí esta noticia !

Fate, un síntoma

Compartí esta noticia !

Cuando en las próximas horas el Senado convierta en ley la Reforma Laboral -concebida con la premisa de aliviar cargas empresarias y bajo la promesa, todavía incierta, de dinamizar la creación de empleo- el presidente Javier Milei sumará una nueva pieza a su arquitectura económica. En poco más de dos años de gestión, ese engranaje ya incluye el mega DNU de desregulación, la Ley Bases, un presupuesto moldeado por el ajuste y dos salvatajes financieros: uno del Fondo Monetario Internacional y otro del siempre gravitante “Tío Donald” en Estados Unidos. 

Sin embargo, más allá del sostenido superávit financiero, los resultados concretos exhiben una fragilidad evidente. La inflación, lejos de estar bajo control, continúa mostrando una tendencia ascendente desde mayo del año pasado, aun en un contexto de fuerte intervención y cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales.

Mientras se celebra la flexibilización laboral, el cierre de Fate se transformó en un síntoma de la agonía económica: 920 despidos en un miércoles negro, que desnudó los efectos de la apertura de importaciones al mismo tiempo que una desprotección de la producción nacional. No es, ni cerca, un problema exclusivo de la única fábrica de neumáticos de capital nacional, sino un caso testigo de un mal de época que provocó la pérdida de 21.938 empleadores desde diciembre de 2023 (30 por día) y la destrucción de 290.600 puestos de trabajo registrados –más de 400 puestos por día-.

Nadie en el oficialismo puede explicar cómo la Reforma Laboral ayudará a recuperar ese empleo perdido. La oposición y los menos crédulos advierten que eso no sucederá. 

No es que no se crea en las buenas intenciones del Gobierno, sino que los antecedentes no son positivos. La reforma es muy similar a otra que se aprobó a los apurones en los primeros meses del gobierno de Fernando De la Rúa. La recordada “ley Banelco” se emparenta con el proyecto actual, que retoma, casi sin matices, los mismos ejes que ya se intentaron en el pasado: ampliación del período de prueba, descentralización de la negociación colectiva, debilitamiento de la ultraactividad de los convenios, habilitación de modalidades contractuales precarias, reducción o pago parcial del salario y la imposición de cláusulas atadas a la productividad. 

El Gobierno tuvo que quitar el artículo 44, que incluía el “exceso” de imponer descuentos de hasta el 50 por ciento por enfermedad para los trabajadores. 

El conjunto tiene una lógica repetida en otros tiempos de la Argentina: hay que sufrir el presente para aspirar a un futuro, potencial, lejano, que será mejor. Álvaro Alsogaray pedía resignación con su célebre “hay que pasar el invierno”; en 1961, Roberto Alemann insistía en que “suframos hoy, que mañana estaremos bien”. En 1989, Carlos Menem ensayaba el optimista “estamos mal, pero vamos bien”; en 2001, poco antes del estallido, Fernando de la Rúa aseguraba que “lo peor ya pasó”; en 2016, Mauricio Macri prometía “el segundo semestre” y “la luz al final del túnel”. 

En 2024, Javier Milei hablaba de una “salida en V corta” también en el segundo semestre. Distintos contextos, distintas recetas y signos políticos, pero una constante narrativa: la promesa de que el sacrificio presente será recompensado en un futuro inmediato que, casi siempre, se anuncia más cercano de lo que la realidad termina permitiendo.

La reforma laboral fue aprobada en Diputados en medio de un paro general de la CGT. Contundente. El cuarto en la era Milei, que ya se convirtió en el tercer presidente con mayor número de huelgas, detrás de De la Rúa y Raúl Alfonsín. Según la central obrera, se trata del primer paso de una resistencia a la reforma, que seguramente terminará siendo judicializada y con escaso apoyo político: Un monitoreo de la consultora Zentrix sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei muestra un cambio significativo en la percepción social. En noviembre de 2025, el 55% de los consultados se manifestaba a favor de la reforma, mientras que el 39% se declaraba en contra. Sin embargo, en la medición de febrero de 2026, el apoyo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%.

En nombre de la “modernización”, el núcleo del planteo apunta a flexibilizar las condiciones laborales bajo la premisa de dinamizar el mercado de trabajo.

Ese esquema en el año 2000 fue impulsado en su momento por la ministra de Trabajo de la alianza: Patricia Bullrich, promotora también del descuento del 13 por ciento a estatales y jubilados. La promesa era la misma: la flexibilización sería el camino para generar empleo. Un argumento similar usó la senadora, ahora libertaria, Patricia Bullrich para defender la iniciativa rediseñada por Federico Sturzenegger, otro ex alianza, que ahora lidera el plan de desregulación, mientras su esposa cierra jugosos contratos con el Estado. 

A la luz de la experiencia acumulada, la ecuación -menos regulación a cambio de más empleo- no se verificó. De la Rúa se escapó en helicóptero días antes de las navidades de 2001, con 20 por ciento de desocupación y cerca de tres millones de personas sin empleo. 

Hoy la Argentina alcanzó un nuevo máximo en precariedad laboral. Según el Indicador de Trabajo Desprotegido, elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares, más de 6 millones de personas se desempeñan en puestos de baja calidad laboral, el nivel más alto desde que el INDEC publica esta serie en 2016. El dato refleja un deterioro estructural del mercado de trabajo, con fuerte impacto en jubilados y trabajadores mayores.

La industria advierte que la reforma laboral no cambiará el desequilibrio. En un comunicado, la Unión Industrial remarcó que “las principales economías del mundo no dudan en desplegar instrumentos de defensa comercial cuando perciben amenazas sobre sus cadenas de valor estratégicas”. 

Frente a prácticas de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas, los Estados intervienen para resguardar su entramado productivo. Pretender que la Argentina compita en un escenario de apertura irrestricta, sin herramientas equivalentes ni correcciones internas, supone ignorar esa evidencia comparada. La Argentina atraviesa una combinación de caída del consumo, suba de costos y competencia externa barata. ¿Si no hay a quien vender, cómo mejorará la ecuación?

El dogma libertario pretende que con menos regulaciones, el mercado se ordenará solo, generará empleo y habrá crecimiento. La yerba mate es un ejemplo cercano de que la desregulación no implica un círculo virtuoso: desplome de precios de la materia prima, con un impacto brutal en el sector productivo, acompañado por importaciones libres y sin control de calidad, lo que amenaza a la misma industria y promueve una guerra comercial de precios bajos con costos por las nubes. Sturzenegger es quien se jacta de hacer realidad la desregulación yerbatera. Los productores no tienen nada para celebrar. El viernes iban a reunirse con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero Rodrigo Correa pegó el faltazo sobre la hora. Las entidades productivas firmaron un documento en el que expusieron el estado de situación: las entidades sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, el sector atraviesa “quizás el peor momento de su historia”, marcado por una fuerte caída del precio de la hoja verde y la eliminación de herramientas regulatorias.

Apuntan específicamente a los decretos 70/2023 y 81/2025, que limitaron facultades del INYM en materia de fijación de precios y regulación del mercado. Según los productores, la pérdida de esas atribuciones dejó al sector sin un instrumento clave para equilibrar la cadena y proteger a los pequeños y medianos yerbateros.

“¿Quién puede subsistir en la Argentina de hoy, donde el combustible y otros servicios esenciales no paran de subir, con un promedio de rendimiento de 6 mil kilos por hectárea, cobrando 180 pesos por kilo y con pagos a 120 días o más?”, plantean en el documento.

“A través de este escrito, evidenciándose claramente que la política de desregulación provoca un criminal deterioro socio económico, le solicitamos formalmente, señor Rodrigo Correa, que gestione, desde el lugar que ocupa en la Institución y ante quien corresponda, la devolución de todas las facultades del INYM y que cese el desguace de normativa y de la estructura de la Institución, que se aceleró a partir de su presencia”, señala el acta firmado por los productores.

La Provincia quiere que el INYM por lo menos sugiera un precio de referencia y convocó a la industria a una reunión para el 10 de marzo para analizar la situación de toda la cadena y evaluar avances del Centro de Transacción de la Yerba Mate. 

La crisis productiva en la yerba mate es una consecuencia de las políticas nacionales, pero con efecto focalizado en Misiones, como Fate en Buenos Aires, Dass en Eldorado, La Granja Tres Arroyos en Entre Ríos o cientos de pymes en cada punto del país. Las respuestas a esas crisis “locales” son siempre de las provincias, gobernadores e intendentes. Sin embargo, al mismo tiempo, son demonizados por el “costo político” y los “gastos estatales”. Pero sin esa contención, el tejido social ya hubiera implosionado. 

Es la paradoja del momento. Los gobernadores deben negociar la sobrevivencia con Nación y se les exige atender los estallidos. Al mismo tiempo se les cuestiona si se oponen a las políticas nacionales y si no logran contener sus consecuencias. 

Misiones lo puede hacer gracias a una política económica sostenida en el tiempo, aunque está cada vez más exigida. Fue la primera provincia en acordar incrementos salariales para el sector docente y de la seguridad y ya tiene agendados encuentros con otros sectores de la administración pública. 

En conjunto, el salario docente insume alrededor de 60 mil millones por mes. De cada diez pesos que se destinan a educación en Misiones, aproximadamente 6 salen directamente del presupuesto provincial. 

A eso se suman el Boleto Estudiantil y diversos programas de cuidado del bolsillo que continúan vigentes desde hace varios años, desde crisis anteriores. Decisiones políticas al servicio de la sociedad. El gobernador Hugo Passalacqua trazó una línea: se congeló el sueldo hasta diciembre de este año y redobló la exigencia sobre el gabinete para estar cerca y mostrar resultados. La eyección de una funcionaria de Turismo por sus comentarios desaprensivos, es una prueba de que no habrá tolerancia a desvíos.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin