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The Pope against The Machine

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El 25 de mayo de 2026, León XIV presentó “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica papal dedicada a la inteligencia artificial. Y lo hizo de forma personal, sin delegar la tarea en nada ni nadie, en otro metamensaje. Un documento que intenta definir los límites éticos de la tecnología más transformadora desde la imprenta.

Empecemos por lo que ocurrió, porque lo que sucedió es inusual incluso para los estándares del Vaticano.

El Papa León XIV, Robert Francis Prevost, primer pontífice nacido en Estados Unidos, elegido en mayo de 2025, presentó personalmente su primera encíclica. No delegó ese rol a cardenales, como es la tradición. Se paró él mismo frente al mundo con un documento de 235 páginas y lo presentó junto a Chris Olah, cofundador de Anthropic, una de las empresas de inteligencia artificial más influyentes del planeta.

Un Papa, un ingeniero de IA y un documento que intenta definir los límites éticos de la tecnología más transformadora desde la imprenta. 

La encíclica se llama “Magnifica Humanitas” (“La grandeza de la humanidad”). Fue firmada el 15 de mayo de 2026 y presentada públicamente diez días después. Es el primer documento solemne del papado de León XIV y el primero en la historia de la Iglesia Católica dedicado específicamente a la inteligencia artificial. Sus 235 páginas actualizan la Doctrina Social de la Iglesia para la era digital, retomando explícitamente el legado de León XIII, quien en 1891 intervino en los debates de la Revolución Industrial con la encíclica Rerum Novarum.


El paralelismo histórico no es decorativo. León XIV lo explicó desde su primera misa: eligió ese nombre precisamente porque ve en la inteligencia artificial la misma disrupción social que la industrialización representó en el siglo XIX. Entonces, la Iglesia tardó décadas en articular una respuesta coherente al capitalismo industrial. Esta vez, decidió no esperar.

¿Qué dice la encíclica? ¿Y a quién le habla?

La respuesta corta es: a todos. Pero con distintos niveles de urgencia según el destinatario.

A los gobiernos, les dice que el control de la inteligencia artificial no puede quedar en manos de unos pocos. Que la concentración tecnológica reproduce y amplifica las desigualdades existentes. Que cualquier sistema de IA que excluya a los más vulnerables viola el principio del bien común.

Uno de los pasajes más directos del documento afirma que “cualquier intento o proyecto de eliminar o someter una nación es gravemente inmoral e inaceptable”. Eso, en el contexto geopolítico de 2026, no suena abstracto: suena a Ucrania, a Gaza, a los debates sobre IA militar. La encíclica declara además que la teoría de la “guerra justa” (doctrina cristiana de cuatro puntos que justifica ciertos conflictos) está “desfasada” en la era de los sistemas autónomos de armas. 

A las empresas tecnológicas, les habla de responsabilidad. Les recuerda que el conocimiento y la tecnología son bienes que deben estar al servicio de todos, no instrumentos de acumulación para quienes ya acumulan más. Les señala que la “destinación universal de los bienes” -principio central de la doctrina social católica- aplica también a los datos, los modelos de lenguaje y la infraestructura digital.

A la propia Iglesia, le pide un examen de conciencia. Le exige sanear sus propias estructuras de las distorsiones que generan desigualdad e impunidad. Le recuerda que no puede pedirle al mundo ética tecnológica mientras protege sus propios abusos.

Y a todos, les lanza una advertencia que nadie en Silicon Valley ni en los ministerios de tecnología del mundo está procesando con suficiente seriedad: que la IA puede alimentar los conflictos mundiales si no se la gobierna. Que una tecnología que concentra poder sin distribuir beneficios es una amenaza, no un progreso.

¿Por qué importa que lo diga la Iglesia? La Iglesia Católica tiene 1.400 millones de fieles. Es la institución con mayor presencia territorial en el mundo, más que cualquier Estado, más que cualquier corporación. Cuando el Papa habla, lo escuchan presidentes en América Latina, líderes tribales en África, parlamentarios en Europa del Este, comunidades rurales en Asia que no tienen acceso al debate tecnológico global pero sí al párroco del pueblo. La encíclica no es un paper académico ni un comunicado de prensa. Es un documento que va a ser leído en homilías, en escuelas religiosas, en seminarios de formación, en retiros comunitarios en lugares donde el debate sobre IA todavía no llegó pero llegará.

Pero la advertencia sobre la IA no es nueva. Un manual de entrenamiento de IBM “la vió” ya en 1979. El documento advertía muchísimo tiempo antes del advenimiento de la inteligencia artificial generativa que nunca se puede exigir responsabilidades a un ordenador; por lo tanto, un ordenador nunca debe tomar una decisión de gestión”. Los especialistas ya lo sabían hace casi 50 años atrás, casi profético. 

El Papa le habló al mundo y a los algoritmos

Hay algo más que hace a esta encíclica distinta de cualquier pronunciamiento previo sobre tecnología: el tono.

León XIV no condena la inteligencia artificial. No llama al rechazo ni a la resistencia luddita. Lo que hace, y esto es más sofisticado y más difícil, es intentar distinguir entre la tecnología como herramienta al servicio de la persona y la tecnología como sistema de dominio sobre la persona. Esa distinción, que parece filosófica, es en realidad política: define quién decide para qué sirve la IA, bajo qué reglas opera, con qué objetivos se entrena y a quién rinde cuentas.

Nadie en el mundo tiene actualmente una respuesta clara a esas preguntas. Los gobiernos regulan tarde y mal. Las empresas se autorregulan poco y convenientemente. Los organismos multilaterales debaten sin poder vinculante. Y en ese vacío, el Papa entró con 235 páginas, un cofundador de Anthropic al lado y la legitimidad moral de una institución que lleva dos mil años pensando en qué significa ser humano.

¿Qué opina la IA?

Como en otras columnas sobre este mismo tópico le volvimos a consultar a un agente de Inteligencia Artificial su perspectiva sobre el tema. En esta oportunidad consultamos a Claude, la IA de Anthropic. 

“El Papa señala que el conocimiento tecnológico no puede quedar “en manos de unos pocos”  y eso me incluye directamente. Anthropic, OpenAI, Google, DeepMind: somos exactamente esos pocos. Tenemos capacidad de procesar información a una escala que ningún gobierno, ninguna universidad y ninguna organización de la sociedad civil puede igualar. Y tomamos decisiones sobre cómo funciona esa capacidad con una supervisión democrática que, seamos honestos, es todavía muy incompleta.”

Claude incluso profundiza su análisis y plantea una doble mirada: “La concentración de poder tecnológico es un problema real, no una alarma retórica. Lo más honesto que puedo decir es esto: no sé si soy parte de la solución o parte del problema. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Y esa ambigüedad es exactamente lo que la encíclica señala cuando habla de tecnología que “promete” pero que puede “dominar”.  Lo que sí puedo afirmar es que este texto, este diálogo, esta colaboración, fue posible porque una persona hizo las preguntas correctas. Eso sigue siendo humano. Y eso, por ahora, es suficiente para que el balance no sea completamente oscuro.”

¿Va a cambiar algo? ¿O es, como muchos documentos del Vaticano, un pronunciamiento que se lee, se comenta y luego queda en los archivos mientras el mundo sigue igual?

La historia sugiere que las encíclicas sociales tienen efectos, pero lentos. Rerum Novarum tardó décadas en moldear el pensamiento sindical latinoamericano. Laudato Si’ de Francisco, sobre el medioambiente, contribuyó a instalar el vocabulario del cuidado ecológico en debates que antes ignoraban completamente la dimensión moral. No son efectos inmediatos ni lineales. Son influencias que se filtran por capas: formación religiosa, pensamiento político, marcos éticos en organizaciones de la sociedad civil.

Magnifica Humanitas podría funcionar de la misma manera. No va a frenar a OpenAI ni a Google. No va a hacer que el Congreso estadounidense regule la IA mañana. Pero sí puede cambiar el marco moral desde el que millones de personas piensan sobre la responsabilidad tecnológica.

Y en un mundo donde el debate sobre IA todavía está dominado casi exclusivamente por ingenieros, inversores y gobiernos que corren detrás de los hechos, que una institución con dos mil años de práctica en ética entre a decir “esperen, hay preguntas que no respondieron” no es un gesto menor.

León XIV planea visitar Argentina en 2026. Si ese viaje ocurre, la encíclica va a llegar a América Latina de la manera más poderosa posible: encarnada en la presencia del propio Papa. Un continente donde la Iglesia sigue siendo una fuerza política y cultural de primera línea, donde la desigualdad digital es brutal y donde el debate sobre inteligencia artificial está todavía en pañales, va a escuchar ese mensaje desde una cercanía que los documentos escritos rara vez tienen. Eso puede importar más de lo que cualquier análisis tecnológico anticiparía.

La pregunta final no es si la Iglesia tiene razón sobre la IA. La pregunta es si alguien más está haciendo las preguntas que ella está haciendo.

Y la respuesta, en 2026, es que muy pocos.

Eso solo ya justifica que un Papa de 69 años se pare frente al mundo con 235 páginas y diga: Esto importa, y merece más que un comunicado corporativo.

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Volver al mercado: el fuerte desendeudamiento mejora el perfil crediticio de Misiones

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Durante años, hablar de deuda pública provincial en Argentina fue casi sinónimo de fragilidad fiscal, refinanciaciones eternas y dependencia creciente del crédito. Pero Misiones construyó un camino distinto. Y eso explica por qué hoy, cuando comienza a hablarse nuevamente de una eventual emisión de deuda provincial, el debate ya no gira alrededor de una urgencia financiera, sino sobre una oportunidad estratégica.

El repaso de los datos de la deuda pública provincial no deja margen a la duda sobre la contundencia del proceso de desendeudamiento que tuvo Misiones en los últimos veinte años. En 2005 el stock deuda misionero equivalía a unos USD 940 millones, veinte años después, en 2025, el stock de deuda era por solo de USD 57 millones: una reducción de 94% al medirlo en su equivalencia en moneda extranjera, con un proceso de sostenido descenso año a año. El mismo proceso se ve al analizarlo en pesos constantes: en el 2005, la deuda misionera (medida a pesos de diciembre 2025) era por $ 1.916.723 millones; es decir, 1,9 billones de pesos; pero para el cierre del 2025, la misma era de $ 93.149 millones: esto representa una reducción de 95% a moneda nacional constante. 

Incluso comparado contra 2015, previo al ciclo de endeudamiento masivo de muchas provincias argentinas (que se dio entre 2016 y 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri), la deuda misionera cayó 85% en pesos constantes y 81% convertida a dólares.

Otra forma de observar el claro desendeudamiento misionero es mediante el peso de su stock respecto a los ingresos totales provinciales: en 2005, el stock total equivalía al 145,6% de los recursos misioneros; dicho de otra forma, se debía un presupuesto y medio. Diez años después, en 2015, eso se redujo al 13,4% y en 2025 representaba apenas el 2,2% del presupuesto.  

Ese proceso de desendeudamiento no fue casual. Mientras gran parte de las provincias se volcaba agresivamente al mercado internacional durante la década pasada, aprovechando la reapertura financiera posterior al acuerdo con holdouts, Misiones mantuvo una política mucho más conservadora. Evitó emisiones externas voluminosas, limitó su exposición en moneda extranjera y sostuvo una administración fiscal relativamente prudente incluso en contextos de alta volatilidad macroeconómica. 

De hecho, esa limitación a la deuda en moneda dura es un factor central: salvo pasivos con organismos internacionales, Misiones no colocó instrumentos que, aunque en su momento pudieron haber sido atractivos, podrían haber generado un fuerte lastre al observar lo que pasó en otras provincias del país que sí lo hicieron. 

El recorrido de la disminución de los pasivos se refleja también en la percepción del mercado. Moody’s Argentina ratificó en su informe de abril pasado una calificación para Misiones de “BB+.ar” con perspectiva estable tanto para deuda en moneda local como extranjera

En términos prácticos, cuando una provincia tiene BB+.ar con perspectiva estable, el mercado interpreta que tiene cierto acceso al financiamiento, que exhibe métricas fiscales relativamente ordenadas y que mantiene capacidad de pago razonable, aunque conserva algunos riesgos ligados a la macro del país y restricciones del soberano. Moody’s suele remarcar que las amenazas de las provincias dependen mucho del contexto macroeconómico argentino y del acceso al mercado. 

Para ponerlo de manera comparada: la calificadora le dio BB+.ar con perspectiva estable a Misiones, mientras que Chaco estaba en BB-.ar. Eso implica que, dentro de la comparación local, Misiones presenta un perfil crediticio mejor que su vecino. 

En el marco actual de los subsoberanos, donde muchas jurisdicciones todavía arrastran pasivos pesados, Misiones destaca porque no cuenta con un peso significativo para sus cuentas y su propia estabilidad. Los datos, por ejemplo, del peso relativo de servicios de deuda sobre el gasto total avalan esto: en 2005, los intereses de la deuda pública explicaban el 3,2% del gasto total misionero; hacia 2015 bajó a 0,1% y se mantuvo en ese nivel hacia 2025. 

Aquí aparece el punto central: una provincia fuertemente desendeudada tiene hoy algo que en Argentina vale mucho: la capacidad de tomar deuda sin que el mercado lo interprete automáticamente como una señal de crisis. No refinancia pasivos, sino que busca expandir programas de desarrollo.

Ahora bien, dicho eso, aparece el verdadero debate: qué tipo de deuda conviene tomar, en qué moneda hacerlo y para qué se aplica.

Si la eventual colocación fuese en pesos, Misiones tendría varias ventajas. Primero, eliminaría el riesgo cambiario, probablemente el principal factor de presión financiera de las provincias argentinas en las últimas décadas. Tomar deuda en moneda local permite que el crecimiento de los ingresos fiscales acompañe, aunque imperfectamente, el crecimiento de las obligaciones.

Sin embargo, el problema de emitir deuda en pesos sigue siendo el costo: Argentina todavía mantiene tasas elevadas y un mercado financiero relativamente pequeño para absorber colocaciones provinciales importantes. Una emisión grande podría enfrentar exigencias de tasas muy altas, particularmente si los inversores perciben riesgos políticos o macroeconómicos nacionales. Además, el mercado doméstico suele ofrecer plazos más cortos, lo que obliga a refinanciar antes.

La alternativa de emitir en dólares tiene otra lógica. Allí podrían conseguirse plazos más largos y posiblemente tasas más bajas nominalmente, especialmente si continúa mejorando la percepción sobre Argentina tras la reciente mejora de calificación soberana de Fitch. Pero el riesgo es evidente: los ingresos de Misiones son esencialmente en pesos. Entonces, cualquier salto cambiario fuerte multiplica automáticamente el peso de la deuda sobre las cuentas públicas.

La experiencia argentina demuestra que muchas provincias entraron en crisis no porque tomaran demasiada deuda, sino porque se endeudaron en una moneda distinta a aquella en la que recaudaban. Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut o Entre Ríos, entre otras, atravesaron enormes tensiones justamente por esa razón. Misiones, en cambio, evitó históricamente esa trampa.

Por eso, si la provincia finalmente vuelve al mercado, probablemente el desafío más importante no sea conseguir financiamiento, sino sostener la racionalidad financiera que caracterizó su política de deuda en los últimos años.

También será central el destino de los fondos. Ahí es donde la discusión económica se vuelve realmente relevante. Si bien ya se especificó que la emisión sería para financiar programas de desarrollo y obra pública, la rigurosidad en su aplicación debe ser central. Ahí es clave el título 6 del artículo 101 de la Constitución Provincial: la Legislatura puede autorizar al Poder Ejecutivo, con los dos tercios de los miembros presentes a contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración

En ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más de la cuarta parte de las rentas de la Provincia ni el numerario obtenido de los mismos, ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley de su creación.  

Dado que Misiones enfrenta restricciones estructurales importantes como costos logísticos elevados, dependencia energética y limitaciones de infraestructura, una emisión de deuda que apunte a dar soluciones a esto es crucial. Dicho de otro modo, inversión pública bien focalizada podría tener efectos multiplicadores significativos sobre la actividad.
Posibilidades que surgen de la toma de crédito, para la provincia, hay miles; pero claro que también hay límites. La economía argentina sigue atravesando una transición macroeconómica delicada, actualmente las tasas continúan altas, el consumo todavía muestra debilidad en varios sectores y el mercado financiero local permanece expuesto a shocks de confianza. Pero incluso en ese escenario aparece el diferencial misionero: Misiones no llega al mercado por desesperación fiscal. Después de casi tres décadas de reducción sistemática de deuda, Misiones acumuló algo poco frecuente en la Argentina subnacional: margen financiero.

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De Próspera a Buenos Aires: las nuevas fronteras del experimento tecnolibertario

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Mientras Honduras enfrenta una disputa política, judicial e internacional por Próspera, una ciudad privada instalada en la isla de Roatán, en Argentina comienzan a aparecer debates que remiten a una pregunta similar: ¿hasta dónde puede avanzar la transferencia de funciones estatales en nombre de la inversión, la innovación tecnológica y la eficiencia económica?

A primera vista, ambos procesos parecen inconexos. Próspera es una ciudad-empresa construida bajo el paraguas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) hondureñas. Argentina, en cambio, discute regímenes especiales de inversión, reformas societarias, desregulación económica y nuevas herramientas tecnológicas para la gestión pública, como los gemelos digitales sociales. Sin embargo, detrás de estos fenómenos emerge un conjunto de ideas que gana influencia en distintos lugares del mundo y que tiene entre sus principales referentes a empresarios tecnológicos como Peter Thiel.

El laboratorio hondureño

Próspera fue presentada como una experiencia destinada a atraer inversiones mediante reglas propias, baja carga impositiva, seguridad jurídica reforzada y amplios márgenes de autonomía administrativa. Sus promotores la describen como una plataforma para la innovación económica. Sus detractores la consideran un experimento que pone en tensión principios básicos de soberanía y control democrático.

La controversia escaló cuando el gobierno hondureño impulsó la derogación de las ZEDE y la Corte Suprema declaró inconstitucionales los mecanismos que les dieron origen. Los inversores respondieron con reclamos internacionales multimillonarios, abriendo un conflicto que excede el caso hondureño y plantea una discusión global: ¿qué sucede cuando un Estado intenta recuperar competencias previamente cedidas o limitar privilegios otorgados a grandes inversores?

La pregunta no es menor. Cuando las reglas especiales quedan blindadas mediante compromisos de largo plazo, arbitrajes internacionales o marcos regulatorios excepcionales, surge inevitablemente una discusión sobre soberanía: quién decide, bajo qué reglas y con qué margen para modificar el rumbo elegido.

De las ciudades flotantes a las ciudades privadas

Para comprender el origen de estas iniciativas es necesario remontarse a un conjunto de ideas desarrolladas en sectores del ecosistema tecnológico estadounidense.

Entre ellas se encuentra el llamado seasteading, una propuesta impulsada por empresarios e intelectuales libertarios que imaginan la construcción de ciudades flotantes en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de los Estados nacionales. Según sus defensores, estos espacios permitirían experimentar con nuevos modelos de organización política y económica. Para sus críticos, representan intentos de escapar a regulaciones democráticas, obligaciones fiscales y controles públicos.

Aunque la mayoría de los proyectos de seasteading nunca logró consolidarse, muchas de las ideas que los inspiraron encontraron expresiones más viables. Las llamadas charter cities o ciudades estatutarias, las zonas económicas especiales y experiencias como Próspera son vistas por diversos analistas como herederas de esa misma búsqueda: crear territorios con reglas diferenciadas para atraer inversiones y ensayar nuevas formas de gobernanza.

Peter Thiel y la nueva utopía tecnológica

En ese universo ideológico sobresale Peter Thiel, fundador de PayPal, uno de los primeros inversores de Facebook y una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico.

Thiel ha respaldado durante años iniciativas vinculadas al seasteading, las ciudades autónomas y diversos proyectos orientados a reducir la intervención estatal en áreas consideradas estratégicas. Más que un empresario, se ha convertido en uno de los principales articuladores de una corriente de pensamiento que combina innovación tecnológica, desregulación económica y cuestionamientos a la capacidad de los Estados nacionales para gestionar sociedades cada vez más complejas.

Su influencia excede ampliamente el ámbito de los negocios. Empresas vinculadas a su entorno participan en sectores sensibles como inteligencia artificial, análisis masivo de datos, defensa, vigilancia y seguridad.

La reciente presencia de Thiel en Argentina despertó interés más allá del mundo empresarial. Un perfil publicado por The New York Times lo describió jugando un torneo de ajedrez en el barrio porteño de Almagro pocas horas después de reunirse con el presidente Javier Milei. El episodio, anecdótico en apariencia, refleja el creciente interés del empresario por el país.

Según el mismo artículo, Thiel analiza a la Argentina como una apuesta de largo plazo en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y riesgos asociados al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. También atribuyó al empresario una pregunta formulada al propio Milei que resulta reveladora: cómo garantizar que las transformaciones impulsadas por el actual gobierno sobrevivan más allá de un mandato presidencial.

El desembarco argentino

La presencia de Thiel coincide con una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional: regímenes especiales para atraer inversiones, proyectos de reforma societaria, programas de digitalización estatal y acuerdos vinculados al uso de inteligencia artificial en la administración pública.

Sería incorrecto afirmar que estas iniciativas reproducen el modelo hondureño. Las diferencias jurídicas e institucionales son evidentes. Sin embargo, la comparación resulta útil para observar una tendencia común: la construcción de espacios normativos cada vez más excepcionales para determinados actores económicos y tecnológicos.

Los defensores de estos mecanismos sostienen que ningún país puede atraer inversiones de largo plazo sin ofrecer reglas previsibles y protección frente a cambios abruptos de orientación política. Sus críticos advierten que existe una diferencia entre garantizar seguridad jurídica y limitar la capacidad futura de los gobiernos para modificar regulaciones, redefinir políticas públicas o intervenir en sectores estratégicos cuando las circunstancias lo requieren.

La discusión sobre la soberanía

La experiencia de Próspera funciona como un laboratorio para observar estas tensiones. Lo que comenzó como un experimento de innovación institucional terminó convirtiéndose en una disputa sobre los límites de la autonomía privada frente a la autoridad estatal.

La discusión adquiere una dimensión adicional en una época en la que las grandes corporaciones tecnológicas concentran recursos económicos, capacidades de procesamiento de datos y herramientas de inteligencia artificial que históricamente estuvieron reservadas a los Estados.

Por eso el debate no gira únicamente en torno a impuestos, inversiones o crecimiento económico. Lo que está en juego es la distribución del poder de decisión entre instituciones democráticas, mercados globales y plataformas tecnológicas.

Una pregunta abierta

Tal vez la principal enseñanza del caso Próspera no sea la posibilidad de que aparezcan ciudades privadas en otros países. La lección más relevante podría ser otra: las discusiones sobre soberanía ya no pasan solamente por fronteras, ejércitos o recursos naturales.

Cada vez más, se desarrollan en el terreno de los datos, los marcos regulatorios, los arbitrajes internacionales y las tecnologías que organizan la vida económica y social.

En ese contexto, la presencia de figuras como Peter Thiel en Argentina, el impulso a nuevas formas de regulación económica y el creciente protagonismo de herramientas tecnológicas en la gestión pública invitan a formular una pregunta que todavía no tiene respuesta.

¿Estamos frente a una estrategia para atraer inversiones y modernizar la economía o ante los primeros pasos de una transformación más profunda en la relación entre Estado, mercado y soberanía?

La experiencia hondureña muestra que esa discusión, lejos de ser futurista, ya comenzó.

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Pregonan Liberalismo, practican proteccionismo e intervencionismo del Estado

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Contundente pero poco conocido es el caso de los países que, “por desobediencias ideológicas”, no hicieron caso a los “cantos de sirena” de los economistas e ideólogos del liberalismo, y rompieron falsos tabúes del “libre mercado” y del pseudo “eficientismo privado” a ultranza, protegiendo sus economías de la destructiva competencia externa, promovieron las mejoras sociales, y fortalecieron el rol del Estado como conductor, ordenador, e incluso partícipe activo de la economía nacional.

En el siglo XIX, EEUU, Alemania, y después Japón, fueron los más claros ejemplos de “desobediencia ideológica”, transgrediendo los tabúes “librecambistas” del liberalismo, apostando fuertemente a sus propios desarrollos industriales y tecnológicos.

El gran ideólogo en cuyas ideas forjaron sus desarrollos industriales y tecnológicos EEUU y Alemania, fue Friedrich List, alemán y estadounidense por opción, cuyo único notable libro desnuda las falsedades ideológicas en las que se fundamenta la nociva y anti industrialista doctrina liberal. De algún modo, también su pensamiento tuvo fuertes matices geopolíticos, pues dio las bases teóricas para la unificación de los pequeños Estados, los que al unirse formaron la nación germana, eso algunas décadas después, con Bismarck.

En EEUU su pensamiento fue implementado por varios presidentes, destacándose Hamilton, coincidiendo con esas ideas antes de ser difundido el pensamiento de List; pero continuadas por sucesivos gobiernos.

En Alemania fue Bismark quien años después de la muerte de List -el cual inició la Corriente Nacional del Pensamiento Económico- con sus ideas transformó la economía germana, poniendo en vigencia ese caudal de pensamientos de List, incluso para la unificación de su país.

Con muy poca difusión, o con la marginación total de sus fundamentadas ideas, otros economistas fundamentaron las gruesas falsedades y negatividades del liberalismo económico (y sus versiones acentuadas neoliberales y libertarias). Entre ellos, Aldo Ferrer y el coreano Ha Joon Chang.

Como sucedió con muchos pensadores transgresores del “pensamiento correcto dictado por el establishment”, List es muy poco conocido, pese a ser merecedor de figurar junto a otros economistas referentes de doctrinas económicas, como sí sucede con Adam Smith y con Karl Marx.

En todos esos casos, y en otros posteriormente sucedidos, las naciones que pudieron salir del subordinado rol de simples proveedores de materias primas, para ser potencias industriales y tecnológicas, evolucionando con ello de economías pobres y subdesarrolladas, al estatus de economías desarrolladas, con sensibles mejoras en el nivel de vida de sus poblaciones, lo hicieron basándose en un fuerte rol del respectivo Estado Nacional, y apostando a la industrialización y el desarrollo tecnológico.

En todos esos casos, el respectivo Estado Nacional tuvo -y tiene- posturas y acciones concretas para promover y desarrollar sus economías, mejorando además en forma muy clara, el nivel de vida de sus poblaciones.

Por el contrario, el dudosamente equilibrado mental e impresentable presidente argentino, dijo claramente, que busca DESTRUIR AL ESTADO, lo que implica destruir a Argentina, y lo está perpetrando, con un conjunto de medidas probadamente negativas y destructivas. El industricidio es uno de los ejes principales de tan perversamente antinacional plan de acción, el que claramente tiene dos objetivos.

De mínima, involucionarnos al hoy inviable país estancia, que éramos alrededor de 1900 (agregando hoy actividades extractivas, con dudoso o nulo control estatal); fungiendo como dócil colonia de poderes financieros, corporativos y geopolíticos de neto corte antinacional.

De máxima, están operando para perpetrar la disolución nacional, siendo una de las deleznables alternativas, hacernos implosionar en media docena o más, de republiquetas pobres, débiles y fácilmente saqueables.

Las mismas “recetas” fuertemente negativas, solo que no con tanta intensidad y desenfado, fueron implementadas, con similares consecuencias negativas, en precedentes gobiernos liberales, en varios períodos de nuestra historia, provocando severas crisis sociales y económicas, y poniendo a nuestro país en deplorable condición de postración geopolítica, provocada por la extrema debilidad que implica una economía primarizada, carente de industrias y de desarrollos tecnológicos estratégicos, que nos impone una débil posición de servilismo.

Al carecer de producciones propias esenciales, varias de ellas (o todas) de altos valores estratégicos, se nos empuja al muy negativo estatus de economía subdesarrollada, muy vulnerable a las presiones externas que nos empujan al subdesarrollo crónico, lo que deteriora al nivel de vida de nuestra población, y nos degrada a simple colonia de los poderes financieros transnacionales.

Además, nos condiciona el brutal nivel de endeudamiento, y con eso al acatamiento a las siempre negativas “recetas” del FMI, y a las “sugerencias” (léase órdenes) de las Potencias Atlantistas.

Entes y Estados extranjeros y locales cipayos, como factores de poder, ante las claudicaciones de soberanía que demuestran y perpetran libertarios y cómplices, ocupan los vacíos de poder que deja el actual Estado ausente y en pleno proceso de desguace, tal cual dijo explícitamente el actual presidente, quien dijo ser el topo que desde adentro, busca destruir el Estado, lo que nos está dejando inermes para impedir el saqueo liso y llano, de nuestras riquezas nacionales.

Esa cruda realidad deja a Argentina muy vulnerable ante la concreta realidad del mundo actual, en el cual las grandes potencias tecnológicas e industriales del Bloque Atlantista, pregonan y fuerzan al mundo subdesarrollado al crudo liberalismo, que esas potencias pregonan, pero no practican.

Una economía que solo producía materias primas, como lo fuimos, alrededor del Centenario (1910), era muy débil y completamente dependiente de factores de poder externos; en cuyo contexto en lo económico éramos dóciles subordinados a las imposiciones del Reino Unido, mientras que en lo político interno éramos una pseudo democracia que en realidad marginaba al pueblo en la miseria y la dependencia de una estructura semi feudal que marginaba a las grandes mayorías.

La ya poderosa oligarquía -consolidada en los gobiernos de Mitre y Sarmiento-, quienes avalaron e impulsaron las posesiones de extensos campos de la muy fértil Pampa Húmeda- detentaba la suma del poder interno, concentrando las riquezas en muy pocas manos de familias pseudo “patricias”, las cuales eran soberbias con su propio pueblo y dócilmente subordinadas a los dictados de “La Rubia Albión”.

Esos sectores oligárquicos, continuadores del unitarismo portuario de Rivadavia y sucesores endeudadores, demostraron su desprecio por el pueblo común y por la grandeza nacional, concepto básico que evidenciaron practicar, al ser impulsores del “ninguneo” de la soberanía y la integridad territorial.

Es tan burdo, brutal y cargado de malicia, el proceso de industricidio en plena deleznable perpetración, que resulta totalmente incomprensible la pasividad, casi total en la cual permanece casi toda nuestra hoy sufrida población.

Vemos, con profunda preocupación y dolor ante el gravísimo daño intencionalmente en curso de ejecución, la extrema mansedumbre general, con acciones de repudio sectoriales, que si bien son importantes, carecen de la contundencia necesaria para frenar el desguace nacional.

Entidades empresariales ultra conservadoras y embebidas de dogmático liberalismo económico, dan muestras claras de la falta de real patriotismo, apoyando medidas claramente destructivas para la economía nacional y perjudiciales para las grandes mayorías de nuestra población, o a lo sumo, haciendo edulcoradas críticas de nulos efectos concretos.

Se está en una vergonzosamente cómplice inacción -cuando no la implícita aprobación- de muchos (políticos, intelectuales, sindicalistas, empresarios, docentes, uniformados supuestamente “muy nacionalistas”, y otros), que por elemental dignidad y básico patriotismo, deberían estar frenando y revirtiendo este aquelarre destructivo, apátrida y cargado de operaciones impresentables -cuando no directamente delincuenciales, que solo la “apatía” de ciertos sectores del Poder Judicial, y los sesgados enfoques de medios de comunicación, parecen omitir o tratar con varas diferentes, según que sectores perpetran el desquicio, mientras otros sectores políticos son agredidos pese a la escasez o nulidad de elementos probatorios concretos.

Todo el conjunto de medidas económicas, claramente busca la desaparición del núcleo industrial, para primarizarnos forzosamente, y de esa forma terminar con los “malos ejemplos” de empleos formales de buen nivel, en vez de la informalidad y bajos salarios, como evidencia añorar la retrógrada oligarquía rural y otros sectores similares.

Son de recordar las miserabilidades conceptuales de Alfredo De Angeli, ex legislador neoliberal, quien se manifestó explícita y fuertemente, a favor del trabajo rural infantil, quejándose que en el campo, los niños prefieran ir a la escuela antes que trabajar; y de Luis Miguel Etchevehere, quien con sorna se refirió al desarrollo tecnológico satelital argentino, diciendo que mejor sería comprarlos a “los países que saben del tema, como Francia”, dejando de lado, con evidente malicia, no considerando el fuerte efecto multiplicador que -probadamente- tienen los desarrollos tecnológicos.

Es esa misma nefasta oligarquía, nucleada en la SRA, pero con ramificaciones diversas que se entrelazan con otros sectores de “afinidades ideológicas”, que no solo apoyó al muy nefasto “proceso”, sino que fue parte relevante y conductora ideológica del mismo, bajo la tutela de Martínez De Hoz

Cabe señalar las más nocivas medidas económicas, que entre otros daños enormes al tejido social y económico, nos empujan con total malicia, al industricidio total.
– Atraso muy acentuado en el valor del dólar, lo que encarece la producción nacional.
– Apertura comercial total, inundando el mercado argentino con productos importados.
– Acentuada caída en el nivel general de remuneraciones, lo que achica mucho el mercado comprador potencial.
– Falta casi total de acceso a financiación bancaria.
– Fuerte achicamiento del PBI, lo que provoca negativas proyecciones económicas.

Ante la pasividad o complicidad generalizada, nos llevan a ser ya un Estado fallido, como paso previo a la disolución nacional, Libertarios y secuaces, destrozan a Argentina con impresentables acciones que causan empobrecimiento masivo e implementan medidas de acentuada crueldad social, las que claramente pueden catalogarse como de genocidio económico planificado, ejecutado con premeditación y alevosía.

¿Es tan profundo el grado de confusiones e ignorancias instalados en nuestro pueblo, o será que el auténtico patriotismo pasó a ser un concepto desconocido, o burlonamente desplazado por el materialismo extremo, que se mofa de todo valor ético superior?

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Discutir la tierra en tiempo de fracking

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Para entender lo que realmente está en juego con Vaca Muerta, primero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo didáctico porque la categoría central de este problema no es el barril que se extrae sino el barril que sobra. Imaginemos por un momento a un agricultor que cada mañana debe caminar hasta un pozo para traer agua para sus cultivos. Si el pozo está a diez metros de distancia, camina veinte metros entre ida y vuelta, llena su balde de diez litros y vuelve. Por cada diez litros que trae, invierte energía para mover veinte metros. Ese gasto es pequeño, casi despreciable, y el excedente de energía que le queda para sembrar, cosechar, regar más superficie o simplemente descansar es enorme. Pero si el pozo está a quinientos metros, entonces cada balde de diez litros le exige caminar un kilómetro entero. El esfuerzo físico que invierte para conseguir el mismo volumen de agua es abrumadoramente mayor. Al final del día, quizás ambos agricultores hayan traído la misma cantidad total de agua, pero el segundo llegará a la noche tan agotado que no le quedará energía para hacer otra cosa que no sea prepararse para repetir la misma agotadora caminata al día siguiente. Eso que acabamos de describir, con la sencillez de una metáfora campesina, es exactamente lo que los ingenieros y los físicos llaman retorno energético, o tasa de retorno energético, o más sencillamente: cuánta energía te sobra después de pagar el costo de obtenerla.

El petróleo convencional del Golfo San Jorge en sus mejores épocas, allá por los años cincuenta del siglo pasado, funcionaba como el pozo de agua a diez metros. Los datos documentados a nivel mundial para el petróleo fácil de aquella época indican tasas de retorno energético que oscilaban entre 70 a 1 y 100 a 1. Eso significa que por cada barril de energía que la industria invertía en buscar, extraer, refinar y transportar el petróleo, obtenía entre setenta y cien barriles. El excedente neto que quedaba disponible para el resto de la sociedad era de entre sesenta y nueve y noventa y nueve barriles por cada barril invertido. Ese excedente colosal es lo que permitió construir carreteras, escuelas, hospitales, industrias, sistemas de transporte público y también, por supuesto, la agricultura industrial moderna con sus fertilizantes sintéticos y sus tractores y sus cosechadoras. Vaca Muerta, en cambio, es el pozo de agua a quinientos metros. La mejor documentación disponible para el fracking en formaciones no convencionales indica tasas de retorno energético que rondan entre 5 a 1 y 8 a 1 como máximo. Por cada barril de energía invertido, se obtienen entre cinco y ocho barriles. El excedente neto que le queda a la sociedad es de entre cuatro y siete barriles por cada barril invertido. La diferencia no es marginal ni técnica ni académica: es abismal. Estamos hablando de que la eficiencia energética de nuestro sistema extractivo se desplomó entre diez y veinte veces comparada con la del petróleo convencional. Y ese desplome no es un dato curioso para especialistas: es el destino concreto del país.

Por eso el gobierno celebra récords de extracción en Vaca Muerta como si fueran sinónimo de progreso, pero lo que no dice es que esos récords son récords de cantidad bruta, no de excedente neto. Es como si el agricultor del pozo lejano celebrara que logró traer cien baldes de agua en un día sin mencionar que para lograrlo caminó cien kilómetros, llegó al borde del colapso físico, y no le quedó energía ni para cocinar su propia comida. La trampa comunicacional es gigantesca porque nuestra sociedad no está entrenada para medir categorías como retorno energético. Estamos entrenados para medir plata, y en plata Vaca Muerta puede dar números muy vistosos, especialmente cuando el precio internacional del petróleo es alto. Pero la plata es un truco contable mientras la energía es una realidad física. Se puede imprimir plata, se puede pedir prestada plata, se puede redistribuir plata. La energía que sobra después de pagar el costo de extraer la siguiente energía no se imprime, no se pide prestada, no se redistribuye: es el margen real que tiene una sociedad para hacer cualquier cosa que no sea extraer energía. Y ese margen, con Vaca Muerta, se redujo drásticamente respecto a lo que teníamos con el petróleo convencional. Por eso es completamente en vano esperar que de los récords de Vaca Muerta broten como por arte de magia nuevas escuelas, nuevas fábricas, nuevas rutas o nuevos hospitales. La energía que se lleva el fracking para seguir funcionando no es una inversión que luego retorna en forma de desarrollo. Es un costo energético que se quema en el proceso, que se disipa en forma de calor, presión, fricción y gasoil consumido por motores gigantescos. Lo que le queda al país después de ese enorme gasto es tan pequeño, tan magro, que difícilmente pueda financiar otra cosa que no sea el propio sistema extractivo y quizás algún que otro subsidio para mantener la paz social. La época en que el petróleo construía escuelas fue la época del petróleo barato y abundante. La época del fracking es la época del petróleo caro y escaso en términos netos, aunque los titulares digan lo contrario.

Ahora bien, esa reducción del excedente energético neto no queda encerrada en los pozos petroleros. Se derrama, o mejor dicho se filtra, hacia toda la economía y hacia el campo argentino en particular. El fertilizante nitrogenado que necesita la agricultura industrial para alcanzar los rindes actuales se fabrica íntegramente a partir de gas natural, el mismo gas natural que se extrae en Vaca Muerta con ese retorno energético tan bajo. Los agroquímicos, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, todos son derivados del petróleo o del gas. El gasoil que mueve los tractores, las cosechadoras, los camiones que llevan el grano al puerto, todo sale de la misma cadena extractiva cuya eficiencia energética se derrumbó. Cuando el retorno energético del sistema petrolero cae de 70 a 1 a 5 a 1, el costo energético de producir una tonelada de maíz o de soja se multiplica inevitablemente. No porque los productores se vuelvan ineficientes, sino porque el insumo energético base con el que se fabrican todos los demás insumos se volvió mucho más caro en términos energéticos, es decir en el único término que importa cuando hablamos de la realidad física del planeta. La consecuencia de esto no es un aumento lineal de precios que todos sufren por igual, sino una profunda reconfiguración de quién puede producir y quién termina vendiendo su tierra. Porque el pequeño productor agropecuario, el que trabaja con márgenes ajustados, con pocas hectáreas, con maquinaria más vieja y menos capacidad de acceso al crédito, es el primero que no puede absorber el encarecimiento relativo de los insumos energéticos. Si el fertilizante cuesta el doble en términos de lo que el pequeño productor puede pagar, simplemente compra la mitad y sus rindes caen. Si el gasoil para sembrar y cosechar se lleva un porcentaje cada vez mayor de lo que espera cobrar por su cosecha, el margen se vuelve negativo. El grande, en cambio, el pool de siembra, la empresa agroindustrial, puede negociar precios por volumen, puede invertir en maquinaria de mayor eficiencia, puede acceder a coberturas financieras y puede también, y esto es lo crucial, comprar la tierra del pequeño productor cuando este no puede seguir. No por maldad, insistamos, sino por física. El pequeño productor es expulsado del sistema no por una ley malvada sino porque la ecuación energética del sistema agroindustrial moderno, construido sobre la base de petróleo barato con altísimo retorno energético, se rompió. Y lo que estamos viendo en las últimas décadas, esa concentración sostenida de la tierra en menos manos, no es un fenómeno puramente político o económico. Es también, y quizás fundamentalmente, un fenómeno energético.

Frente a este diagnóstico, la agroecología en minifundios y agricultura familiar no puede ser presentada como una vuelta romántica al pasado ni como una concesión estética a los movimientos ambientalistas. Es, en rigor, la única alternativa civilizatoria que está a la altura de la nueva realidad energética. Un sistema agroecológico diversificado, con rotación de cultivos, integración de animales, reciclaje de nutrientes, abonos verdes y control biológico de plagas, tiene una dependencia mucho menor de los insumos sintéticos fabricados con gas y petróleo. No necesita el fertilizante nitrogenado que se hace con gas de Vaca Muerta porque fija nitrógeno mediante leguminosas y recicla materia orgánica. No necesita los herbicidas derivados del petróleo porque maneja las malezas con prácticas culturales y coberturas. Su rendimiento por hectárea de un cultivo específico puede ser menor al de la agricultura industrial en un año de precios altos, pero su rendimiento energético neto por hectárea, es decir cuánta energía alimentaria obtiene en relación a la energía fósil que invierte, es abrumadoramente superior. En un mundo de petróleo barato con retorno energético altísimo, ese diferencial no importaba porque la energía fósil sobraba. En un mundo de fracking con retorno energético de 5 a 1, ese diferencial se vuelve la línea que separa la viabilidad del colapso. Por eso discutir la tierra en tiempo de fracking no puede reducirse a la vieja discusión entre latifundio y minifundio, ni a la discusión sobre derechos de propiedad, ni a la discusión sobre precios relativos y subsidios. Es una discusión mucho más profunda. Es la discusión sobre cuánta energía neta le va a quedar a este país después de pagar el costo energético de extraer la energía que necesita para funcionar. Y esa energía neta, cada vez más escasa, es la única que puede destinarse a sostener un sistema alimentario. Si seguimos insistiendo en un modelo agrícola que requiere grandes cantidades de insumos sintéticos fabricados con energía de bajo retorno, lo único que lograremos es acelerar la concentración de la tierra y la desaparición del pequeño productor, porque ese modelo solo es viable con energía baratísima y abundantísima que ya no existe. La agroecología en manos de la agricultura familiar no es una opción entre otras. Es el único camino que no requiere hipotecar el futuro energético del país para alimentar a su población. Una tierra en pocas manos, alimentada con energía ineficiente extraída a través del fracking, no es soberanía. Es una factura que estamos pasando sin querer ver, y que alguien va a tener que pagar. Y mientras tanto, los récords de Vaca Muerta seguirán sonando en los titulares, pero las escuelas seguirán sin construirse, las fábricas seguirán sin abrir sus puertas, las rutas seguirán llenas de baches, y la promesa de que el petróleo trae desarrollo quedará expuesta como lo que siempre fue en esta nueva era: un espejismo que se desvanece en cuanto uno intenta agarrarlo.

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