EN FOCO

Misiones ratificó demanda de inconstitucionalidad de descuentos de la coparticipación

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El fiscal de Estado, Fidel Duarte, confirmó que el viernes pasado Misiones ratificó la demanda de inconstitucionalidad de la prórroga de la detracción del 15 por ciento de la coparticipación para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social, pactada originalmente en el acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales el 12 de agosto de 1992 y ratificada después por la ley 24.130.

Misiones pretende además el reintegro de las sumas descontadas más intereses, con arreglo de las pautas distributivas e índices de coparticipación que le corresponden.

Sin embargo, la Provincia propuso un plazo de “suspensión” de la demanda por 180 días para que avancen las negociaciones con la Nación para un acuerdo político. Misiones pretende recuperar cerca de ocho mil millones de pesos por los descuentos e intereses.

En paralelo, Misiones también reclama el fin de descuentos de la coparticipación de otros impuestos.

La demanda se da en un contexto en el que la Corte también debe definir sobre la demanda de la provincia de Buenos Aires por la actualización del Fondo del Conurbano. La provincia gobernada por María Eugenia Vidal, con el guiño del presidente Mauricio Macri, quiere volver al sistema original de reparto, conformado por el diez por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias, lo que multiplicaría varias veces el fondo actual, que tiene un techo de 650 millones de pesos.

Para Duarte, ese conflicto sólo tendrá una solución política, ya que considera que no puede haber un fallo a favor de Buenos Aires en detrimento de las provincias. De haber un fallo favorable hacia Vidal, Misiones perdería solo este año, más de tres mil millones de pesos.

El fiscal de Estado fue el primero en exponer en la Legislatura en el marco del análisis del proyecto de ley de Presupuesto 2018, que giró el gobernador Hugo Passalacqua. La Fiscalía tiene una proyección de gastos de 62,3 millones de pesos, con un 80 por ciento destinado al pago de personal.

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Baja de la inflación reduce la pobreza pero no la elimina

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La desaceleración de la inflación se refleja también en un menor crecimiento de la canasta básica con que se mide la pobreza. Esto, más la incipiente recuperación de la producción, contribuyen a reducir la pobreza. Pero no alcanzan para eliminarla. Para lograr este objetivo es necesario sumar audacia, innovación y coordinación en el proceso de modernización de las instituciones educativas y laborales. 
El INDEC informó que en mayo y junio la producción creció entre el 3% y 4% interanual. También que el valor de la canasta básica trepó a $4.862 promedio en julio último, lo que representa para una familia tipo $15 mil mensuales luego del ajuste por adulto equivalente. Este valor es un 21% superior al del mismo mes del año pasado, reflejando una desaceleración en el ritmo de su aumento. Una economía que empieza a crecer y una inflación que empieza a ceder son señales positivas para la reducción de la pobreza.
¿Alcanza con profundizar estas tendencias para construir una sociedad plenamente integrada? Sin duda que el orden macroeconómico es fundamental y todavía queda mucho por hacer para lograr estabilidad y crecimiento sostenido. Pero, en paralelo, sirve notar que según el INDEC, el 30% de los hogares más pobres vivía en el primer trimestre del 2017 con aproximadamente $3 mil por persona por mes, es decir, un monto muy por debajo de lo que necesita para salir de la marginalidad.
Una forma de evaluar las capacidades de generación de ingresos de los hogares pobres es comparando con el otro extremo de la distribución, es decir, con el 30% de mayores ingresos. Así, tomando a los jefes y cónyuges de los hogares se observa que: 
  • En hogares de bajos ingresos sólo el 38% de los jefes y cónyuges tiene educación media o alta mientras que en los de mayores ingresos el 67% alcanza estos niveles.
  • Entre los hogares de menores ingresos sólo el 55% de los jefes y cónyuges trabaja, mientras que en los de mayores ingresos trabaja el 69%.
  • Entre los hogares de menores ingresos el 23% de los jefes y cónyuges ocupados son asalariados privados formales o cuentapropistas profesionales, mientras que en los hogares de mayores ingresos el 45% accede a estos tipos de empleos.
Estos datos muestran que los hogares de mayores ingresos tienen una conformación educativa y laboral marcadamente diferente a la de los pobres. En las familias de mayores ingresos, los responsables por la manutención del hogar se caracterizan por tener más educación, lo que les facilita la inserción laboral y el acceso a puestos de trabajo decentes. Más allá de las debilidades de las que todavía adolecen las estadísticas del INDEC en materia de relevamiento de ingresos, resulta muy sugerente que a partir de estas características los hogares de mayores ingresos generen hasta 6 veces más ingresos per cápita que los hogares pobres. En otras palabras, la pobreza está esencialmente asociada a las barreras que impiden el acceso al empleo de calidad.
El crecimiento económico y la estabilidad de los precios son condiciones necesarias, pero no suficientes para superar la pobreza. Para acelerar la construcción de una sociedad más integrada se necesita además políticas acompañantes. Un punto de partida clave es descartar las recetas tradicionales como imponer aumentos de salarios de convenio por encima de los aumentos de la productividad o complejizar y judicializar la legislación laboral o mantener altas las cargas sociales. Estas medidas, que se aplicaron con intensidad en el último ciclo de crecimiento (2003 – 2011), en el mejor de los casos favorecen a los hogares de ingresos más altos, que ya tienen buenos empleos, pero no promueven la entrada a los empleos decentes a las familias más postergadas.
Al crecimiento y baja inflación hay que sumarle innovación en las políticas sociales. En educación, es clave que las provincias y los municipios pongan énfasis en los centros de cuidado de la primera infancia y mejoren sustantivamente la cobertura y la calidad de la educación básica. Esto comenzará a revertir los déficits educativos. En paralelo, hay que promover la generación de empleos, especialmente los orientados a jóvenes y mujeres con menos formación, a través de la modernización de las instituciones laborales. Aquí se debería contemplar mínimos no imponibles a las cargas sociales, un estatuto laboral especial para pequeñas empresas y simplificar, en general, la legislación laboral.
Una macroeconomía sana no exime de ser audaz en el diseño e implementación de las políticas sociales. Es fundamental no repetir el error de  maximizar los beneficios del crecimiento entre los trabajadores formales sino en lograr el acceso de los hogares más humildes al empleo formal. El desafío es grande porque hay que ensamblar políticas de corto plazo (modernizar las instituciones laborales) con políticas de largo alcance (modernizar las instituciones educativas).
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El Presupuesto 2018 prioriza la inversión educativa y el desarrollo de la economía de Misiones

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El gobernador Hugo Passalacqua traza una “hoja de ruta” que ratifica que el modelo fiscal es un pilar de la Renovación y la decisión del Gobierno provincial de fortalecer los pilares de la inclusión a través de la educación y la protección social. Sin embargo, advierte que “hay que ser realistas y mesurados” en cuanto a las posibilidades de concreción de los proyectos misioneros en un escenario económico nacional que “aún no evoluciona con la velocidad que los argentinos esperamos”.

La visión de Passalacqua está expresada en el mensaje del Presupuesto 2018, que comenzará a ser analizado desde el martes en la Legislatura. Se trata de un estimado de 54.727.991.000 pesos que destina más de la mitad de los recursos a las políticas de inclusión social que son la prioridad del “proyecto misionerista” en las cuatro gestiones consecutivas, que se ponen en la balanza en las elecciones de medio término de octubre.

Los 54 mil millones representan un incremento de 12.750 millones en comparación con el presupuesto vigente. Más de la mitad del presupuesto, nuevamente, se destinará a la inversión social, conformada por Salud, Desarrollo Social y Educación, que se llevan el 56,80 por ciento del total, con 31.090.150.000 pesos. Salud tendrá 13,93 por ciento de los recursos, Desarrollo Social el 12,40 por ciento y Educación el 30,47 por ciento. Pero es la política educativa la que se lleva la mayor porción, con 16.676 millones, prácticamente un tercio del total, 51,99 por ciento más que en el presupuesto actual.

Después de la administración general, que insumirá 9.400 millones, el desarrollo de la Economía es la política que más recursos tendrá en 2018, con 8.700 millones.

Continúa en importancia, la Seguridad, con una participación de 8,47 por ciento y un monto asignado de 4.635.752.000 pesos y un incremento del 66.85 por ciento en comparación con el actual. El Instituto de Previsión Social contará con 5.529 millones y el Parque de la Salud, con 2.432 millones.

El gasto en personal anticipa una política salarial que tendrá el doble propósito de proteger la fuente laboral de los trabajadores públicos y defender el poder adquisitivo. Se recompondrán salarios por etapas. No se incluyen gastos reservados para el Ejecutivo.   

Los recursos estimados para la ejecución del presupuesto alcanzan a 42.153.973.000 pesos, con una necesidad de financiamiento de 12.574.018.000 pesos. Más de 466 millones deberán destinarse a la amortización de deudas.

Sin embargo, gracias al orden financiero, se pudieron refinanciar vencimientos por 380 millones de pesos para este año. La política de desendeudamiento fue clave: por “desacertadas e irresponsables aplicadas en la década de los 90”, en 2003 se debían dos presupuestos en dólares. Actualmente, apenas el 10 por ciento del presupuesto en pesos.

En su descripción, el Gobernador sostiene que en el país hubo un giro político “que planteó un profundo cambio de modelo de gestión -fundamentalmente en lo económico- que si bien está siendo valorado por autoridades de los principales países del mundo, aún no logra causar efectos que puedan percibirse en la “economía real”, (ya que) todavía no logra incrementar la inversión productiva, generar empleos, aumentar el consumo de las familias, producir un crecimiento económico visible, que pueda ser sostenible en el tiempo y ser percibido en la vida diaria, aumentando el bienestar de la población”.

Passalacqua advierte que son tiempos de austeridad, en los que “cada funcionario debe acercarse más a la gente, escuchar con atención sus necesidades e inquietudes y disponer su total dedicación a solucionar los problemas”.

En el mensaje, se enumeran brotes verdes en el campo, la construcción en obra pública y el sector financiero, pero una sequía en el rubro textil, lácteo y, principalmente, las economías regionales, cuyos productos exportables han perdido competitividad debido a la excesiva apreciación del peso.

La Argentina “cara en dólares” provoca un doble daño por las asimetrías. “No solo no compran nuestra producción, sino que se produce un drenaje de recursos hacia las ciudades fronterizas, que debilitan los recursos de los tesoros provinciales y municipales”.  

Asimismo, Passalacqua ratifica la defensa del modelo fiscal que sostiene la Provincia ante un descenso de la actividad económica en el país que provocó una fuerte caída en la coparticipación durante 2016 y lo que va de 2017.

Esa es una de las premisas del Presupuesto: sostener el empleo y el poder adquisitivo de los misioneros.

 

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Disciplina fiscal: ¿el ojo de la tormenta está en el lugar correcto?

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El jueves 17 de Agosto, el Gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales acordaron enviar al Congreso, que seguramente será tratado conjuntamente con la Ley de Presupuesto Nacional 2018, un proyecto de Ley de Responsabilidad fiscal con una serie de lineamientos a los fines de mejorar la disciplina de los diferentes estamentos gubernamentales.

Actualmente reducir el déficit fiscal es clave a los fines de atemperar la actual modalidad de financiamiento que emplea el Estado nacional para cubrir el excedente del gasto por encima de los recursos genuinos, que es a través de la emisión de Deuda externa.

Tal como dijo el Roberto Sifón Arévalo, director ejecutivo y líder de Calificaciones Soberanas y de Finanzas Públicas Internacionales para las Américas de Standard & Poors (S&P) Global Ratings, la Argentina debería crecer a una tasa más alta que la actual para que dentro de poco la deuda no sea preocupante.

Asimismo, el ojo de la tormenta está puesto en mayor magnitud en las Provincias que en el Estado nacional. Pero si analizamos el Déficit Fiscal Consolidado (Nación más Provincias) del año 2016, el mismo alcanzó al 7 % del Producto Bruto Interno a precios corrientes, donde el resultado financiero negativo de la Nación en el año pasado fue de 474.786 millones de pesos, representando el 6 % del PBI.

En tanto, el déficit de las Provincias más CABA fue negativo en 79.108 millones de pesos (1 % del PBI).

Es por ello, que el Estado Nacional es el que debe realizar el mayor esfuerzo fiscal para logar alcanzar la convergencia.

Queda claro que al analizar el gráfico, después de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos por la burbuja inmobiliaria denominada “crisis de las hipotecas subprime” y que generó un efecto adverso en el nivel de actividad económica mundial, donde el Estado nacional adopto políticas fiscales anticíclicas que conllevaron a un nivel de déficit fiscal constante, que a los fines de cumplir con la normativa que regía desde el año 2004 de la Ley 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal se efectuaron excepciones mediante la Ley 26.530 a partir del año 2009 que tornaron más laxas las reglas cuantitativas en cuanto a la disciplina fiscal.

Al respecto, el nuevo Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas del Gobierno tiene, entre otros, los siguientes lineamientos generales:

  • Tope del Crecimiento de la Planta Ocupada: Tanto el Estado nacional como las Provincias se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados existentes al 31/12/17 con respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.

Ahora bien, veamos lo siguiente:

           En base a los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación se puede observar un comportamiento del crecimiento de la planta ocupada de cada Provincia en el año 2016 con respecto al 2015 claramente heterogéneo, donde por ejemplo, algunas tuvieron un buen desempeño en el resguardo de sus cuentas públicas, como ser, la Provincia de Misiones incrementó su planta ocupada en tan solo un 0,4%,  partiendo de que tuvo un crecimiento poblacional claramente por encima de la media nacional (+3,45 %) en el último censo del 2010 y que le arroja un crecimiento del 1,2 % de la población en el año 2016 con respecto al 2015 según estimaciones del INDEC,  en tanto que,  Santa Cruz, supero claramente cualquier tope con un incremento del 21,1 % (mayor que el incremento de la población nacional en 10 años!), donde también, las demás jurisdicciones del NEA tuvieron un incremento de la planta por encima de su crecimiento poblacional y es lo que se busca limitar mediante los nuevos lineamientos.

Es claro el caso de Misiones, dado que el Gobernador ante el comportamiento económico del año pasado observando una merma de los ingresos públicos por la recesión, tomó la medida de suspender las designaciones de personal en planta permanente, adoptando una disposición estratégica a fin de potenciar a los recursos humanos existentes a través del Decreto Nº 913/16.

  • Gasto Corriente Primario Constante:

Tanto en la aprobación de los presupuestos como en la ejecución las Provincias y la CABA no pueden incrementar su gasto corriente primario por encima de la tasa de incremento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional publicado por el INDEC, esto quiere decir, que si la inflación es del 12 % el año que viene, las Provincias no pueden incrementar su gasto por encima de dicho porcentaje.

Con esta normativa y partiendo de que el Saldo Fiscal es procicilico (sigue el ciclo económico), si la economía crece en términos reales y el gasto se lo mantiene constante, va a existir claramente una mejora en el resultado fiscal de las jurisdicciones gradual.

Asimismo, también le permitirá mejorar la composición del gasto para reorientarlo al Gasto de Capital, dado que este es lo que mejora las condiciones de infraestructura para un desarrollo económico a largo plazo, y para ello, es importante resaltar que el Promedio de las 24 Jurisdicciones en el año 2016 de cada $ 100 que gastaron $ 12 lo destinaron al gasto de capital, donde la Provincia de Misiones, gasto $ 17 en este último concepto, es decir, 5 % por encima del promedio.

 

  • Regla de la Carga Tributaria:

Partiendo de que la Presión tributaria en la Argentina en el año 2016 fue del 32,14 % en relación al nivel de actividad económica y que es una de las más altas de la región, y que la misma está compuesta en un 83 % por impuestos Nacionales y un 17 % por impuestos provinciales, se acordó entre las Jurisdicciones la adopción de políticas tributarias, tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal.

Posterior a este acuerdo, en el Consejo de las Américas, el Mministro de Hacienda de la Nación, Dujovne afirmó que en este año ingresará al Congreso de la Nación un proyecto de Ley para reformar el sistema tributario nacional vigente, donde se propondría un esquema gradual de reducción de alícuotas.

 

La finalidad central de gran parte de las medidas asociadas a la reforma fiscal y tributaria, tiene por objeto estimular la Inversión Privada evitando el efecto crowding out y a fin ampliar las fronteras de posibilidad de la Producción con el objeto de aumentar la participación de dicho componente de la demanda agregada en función al PBI, pero en el corto plazo no generará un costo social ni económico, si y solo sí, los brotes verdes llegan a los niveles deseados.

 

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La pobreza sigue en alza en Posadas, empujada por la inflación y el aumento en los servicios

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Pasados 20 meses de un cambio de modelo, los brotes verdes no aparecen y la economía misionera es una de las que más sufre las consecuencias, con asimetrías y pérdida de empleo. El gobernador Hugo Passalacqua lo advierte en su mensaje a los diputados, incluido en el Presupuesto 2018: “Si bien los analistas económicos opinan que el rumbo es el correcto, la economía todavía no muestra claramente que ha comenzado una etapa de crecimiento sostenible y que sea percibido en la “vida diaria”. Eso se refleja claramente en los índices de pobreza que registra la capital misionera, que vuelven a exhibir una compleja situación social que empeora.

El índice de Pobreza en el primer trimestre de 2017 en el aglomerado Posadas, se elevó al 34,6 por ciento, mientras que el índice de Indigencia en Hogares fue del 21,4 por ciento. En el primer trimestre de 2017, la pobreza creció 0,3 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2016; en cambio; la indigencia creció 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo periodo.

Según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, que utiliza el sistema multicausal, que permite una precisión mayor en los datos, para un hogar compuesto por cuatro personas, el umbral de carencia severa (indigencia) y de carencia (pobreza) fue de 3.944,5 y de 9.114,0 pesos, para el primer trimestre de 2017.

En el último informe de pobreza e indigencia multidimensional, al cuarto trimestre de 2016, los valores ascendían al 34,3% y 19,2% respectivamente.

Al primer trimestre de 2017 en el Aglomerado Posadas, la cantidad de hogares pobres asciende a 36.914, en tanto que la cantidad de hogares indigentes asciende a 22.831. Es decir, respecto al cuarto trimestre de 2016, se incrementaron en 320 la cantidad de hogares pobres (que pasaron de ser “hogares no pobres” a ser “hogares pobres”), y en 2.347 hogares indigentes, que pasaron de conformar el segmento de población “hogares pobres no indigentes” a “hogares pobres indigentes”.

Un hogar puede ser “pobre” o “no pobre”. Pero aquel hogar que es considerado “pobre” puede ser “no indigente” o “indigente”.

Para identificar a los hogares pobres e indigentes, se contabiliza el número de los mismos que no satisfacen un umbral determinado, es decir, a los hogares que tienen carencias o privaciones referentes a vivienda, infraestructura básica y condiciones de vida. También se han utilizado variables que sirven de identificación a los hogares pobres, como ser la presencia de menores de 10 años ayudando con dinero al hogar trabajando o pidiendo.

Debido al enfoque denominado “unión”, este método directo de satisfacción de necesidades básicas incluye a cualquier hogar relevado por la EPH del Aglomerado Posadas que cumpla con al menos uno de los indicadores siguientes. La tasa de hogares que no satisfacen un umbral determinado al primer trimestre de 2017 asciende a 22,7%.

El Índice de Pobreza e Indigencia Multicausal o Multidimensional (IPIM), calculado por el IPEC, corresponde a los hogares radicados en el Aglomerado Posadas a partir del relevamiento de periodicidad trimestral de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de una muestra de 459 hogares y 1.489 personas.

Con el IPIM no es posible extrapolar e inferir la cifra obtenida para el Aglomerado Posadas a toda Misiones. Esto quiere decir que no se puede extrapolar una cifra de una realidad local urbana a la totalidad de la provincia.

Con los datos de este índice, tampoco es posible inferir la cantidad de personas pobres e indigentes, ya que la unidad de análisis del índice multidimensional es el hogar. Esto quiere decir que el 34.6% de los hogares del Aglomerado Posadas son pobres y el 21,4% son indigentes. Según el INDEC, el universo estimado de hogares para el cuarto trimestre de 2014 (último dato disponible) para el Aglomerado Posadas es de 106.687 (en el Censo 2010, la cantidad de hogares era de 93.120). Mediante la aplicación del IPIM, la cantidad de hogares pobres asciende a 36.914, en tanto que la cantidad de hogares indigentes asciende a 22.831.

Para el estudio se actualizó la canasta básica alimentaria y total (CBA y CBT), con una mayor muestra de variedades y precios, y una ampliación conceptual y metodológica de la misma.

El valor de la CBA y de la CBT para el primer trimestre de 2017 fue de $6.362,41 y $16.313,86, respectivamente.

 

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