La Asociación Civil Orembaé presentó una acción de amparo ambiental contra la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Estado Nacional para frenar la realización de eventos comerciales y denunciar un escenario de riesgo ambiental crítico en el Parque Nacional Iguazú (PNI). La presentación judicial pone en cuestión el modelo de gestión oficial, al que acusa de priorizar el negocio turístico por sobre la conservación de uno de los principales reservorios de biodiversidad del país y Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
La demanda fue presentada ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú e incluye el pedido de una medida cautelar urgente, con habilitación de feria judicial, para suspender de inmediato los efectos de la Resolución APN N° 460/2025. Dicha norma habilita, bajo un régimen “experimental” y simplificado, la realización de eventos sociales de hasta 60 personas en áreas protegidas.
Turismo récord, ajuste y falta de control estatal
Según informó Orembaé, la ampliación del amparo se apoya en documentación técnica oficial y estudios científicos que evidencian una situación de vulnerabilidad extrema en el parque. Uno de los puntos centrales es el desbalance entre la masiva afluencia turística y los recursos disponibles para su control.
De acuerdo al Plan de Gestión del Parque Nacional Iguazú, el área protegida concentra los mayores niveles de visitación del país, pero cuenta apenas con el 6,7% del personal total de la Administración de Parques Nacionales. Esta desproporción, advierten, imposibilita un monitoreo efectivo de los impactos ambientales generados por el turismo intensivo y expone una política de ajuste sobre las áreas protegidas, incluso en los parques más rentables del sistema nacional.
Impacto sobre la fauna y colapso de la capacidad de carga
El amparo incorpora además evidencia científica que da cuenta de alteraciones significativas en el comportamiento de la fauna silvestre. Un estudio realizado por Casado (2018) demuestra que el Uso Público Intensivo está provocando desplazamientos de mamíferos y modificaciones en sus hábitos, debido a la presión humana constante sobre sectores clave del parque.
A esto se suma el incumplimiento sistemático de la capacidad de carga efectiva, es decir, el máximo de personas que el Parque puede gestionar realmente con sus recursos actuales. Documentos técnicos de la propia APN estiman que el parque puede gestionar adecuadamente hasta 6.902 visitantes diarios. Sin embargo, existen registros de jornadas con más de 10.000 personas, tanto en 2018 como en años recientes, lo que implica un excedente cercano al 50% por encima del límite considerado sostenible.
La AGN advierte fallas estructurales en Parques Nacionales
La presentación judicial también retoma informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), que señalaron “debilidades estructurales” en la gestión de Parques Nacionales. Entre las principales observaciones se destacan la ausencia de metas claras de conservación y la falta de indicadores medibles, lo que deriva en una gestión reactiva, sin capacidad de prevenir daños ambientales de carácter irreversible.
Eventos comerciales en áreas protegidas: un retroceso ambiental
Uno de los ejes más sensibles del reclamo es la autorización de llamados “microeventos” dentro del área protegida. Orembaé sostiene que estas actividades vulneran la zonificación ambiental del parque y se realizan sin Estudios de Impacto Ambiental integrales, tal como exige la normativa vigente.
Según la asociación, la Resolución 460/2025 clasifica estos eventos como actividades de “impacto insignificante”, eludiendo los procedimientos de evaluación ambiental establecidos para eventos especiales. Además, denuncian que la APN reconoce el carácter experimental de la medida, lo que contradice el principio precautorio que rige en materia ambiental.
La demanda también advierte sobre la omisión de la Consulta Previa, Libre e Informada a los pueblos originarios con presencia en el Parque Nacional Iguazú, un derecho de jerarquía supralegal reconocido por el Convenio 169 de la OIT.
Un amparo para frenar la mercantilización del Parque Nacional Iguazú
Desde Orembaé remarcan que la acumulación de eventos, turismo nocturno y actividades comerciales agrava una presión ya existente sobre un ecosistema de alta fragilidad. “No se puede gestionar un Parque Nacional bajo el método de ensayo y error sin comprometer la integridad de la biósfera”, señalaron desde la entidad.
La organización solicita que se declare la nulidad absoluta de la resolución cuestionada y que se suspenda cualquier autorización de eventos hasta que exista una sentencia definitiva. El planteo apunta a frenar una orientación que transforma áreas protegidas en escenarios de consumo exclusivo, profundizando la presión sobre ecosistemas ya sobrecargados. Mientras tanto, exigen la adopción de medidas urgentes para frenar la degradación ambiental y garantizar la preservación de la selva paranaense.
El amparo vuelve a poner en el centro del debate el modelo de gestión de las áreas protegidas y la tensión entre la conservación de bienes naturales estratégicos y la creciente mercantilización del patrimonio ambiental.
La Asociación Civil Orembaé es una institución “dedicada a la defensa de los bienes de la naturaleza y valores culturales de la región, enfocada en la justicia ambiental y el cumplimiento de las normativas de protección de la biodiversidad”.
