Por Florencia Touchin de Otra Economía – Uno de cada tres hogares de Argentina no cuenta con una vivienda adecuada. Esto quiere decir que 1,3 millones de hogares necesitan una vivienda nueva y 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y mejoras.

Estos datos surgen del informe “Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda”, realizado por las organizaciones TECHO, CIPPEC y ACIJ. En el documento se presenta un diagnóstico de las principales problemáticas habitacionales en Argentina, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, y un conjunto de recomendaciones para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda de la Argentina de cara a los próximos 40 años de democracia.

Otro dato que da cuenta de la crisis habitacional en el país es que 1,17 millones de familias viven en 5.687 barrios populares distribuidos en todo el territorio nacional. Más de la mitad de esa población no accede de forma regular a más de dos servicios básicos, como la luz, el agua corriente y las cloacas ni cuenta con títulos de propiedad del suelo.

El tercer dato relevante tiene que ver con el alquiler. Más de dos millones de hogares en Argentina alquilan su vivienda. Entre 2010 y 2022 el porcentaje de hogares inquilinos pasó del 16% al 20% a nivel nacional. En el AMBA, el 32% de ellos destina más de la mitad de su salario al alquiler y el 60% de quienes alquilan asume aumentos por fuera de la ley de alquileres.

Estos alarmantes datos llevan a reflexionar sobre el impacto directo que tiene la falta de acceso a una vivienda digna en el acceso a oportunidades laborales. En distintas entrevistas he escuchado a jóvenes que residen en villas de Buenos Aires explicar que un obstáculo que encuentran a la hora de buscar trabajo es poner una dirección en su CV. Cuando llegan a la entrevista muchas veces deben mencionar una dirección que no corresponde con su vivienda para evitar sesgos de los entrevistadores.

De acuerdo con Lucía Groos, directora del Centro de Investigación Social de TECHO-Argentina hay un impacto directo y otro indirecto. “El primero tiene que ver con que la vivienda en los barrios populares muchas veces es el espacio de trabajo. Allí algunos venden ropa, comida o productos. Al contar con una vivienda apropiada, pueden desarrollar mejor su unidad productiva”, explica Groos.

Respecto al impacto indirecto, ella dice: “La crisis habitacional perjudica la calidad de vida de las personas. Las condiciones en las que uno vive tienen un efecto en la calidad del trabajo. Si una persona sufre inundaciones en su barrio, probablemente tendrá que ausentarse los días que llueva”.

Catalina Marino, politóloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) agrega: “Si uno tiene que dedicar tiempo a conseguir agua o teme ser desalojado, es más probable que el acceso al trabajo se vea perjudicado”.

Además, los barrios populares suelen estar alejados de los espacios de trabajo. La distancia puede afectar la cantidad de tiempo que las personas dedican a los desplazamientos diarios. De esa forma, se puede aumentar la fatiga y el estrés, lo que puede influir en el rendimiento laboral.

Al mismo tiempo, los desplazamientos largos pueden llevar a mayores gastos en transporte. Esto puede disminuir el margen de ingresos disponibles para otros gastos esenciales, como vivienda, alimentación y educación.

Con la pandemia se vio como la disponibilidad de un espacio adecuado en el hogar es esencial para el trabajo remoto (home office). Las personas que no tienen viviendas con suficiente espacio pueden tener dificultades para adaptarse a esta forma de trabajo.

Recomendaciones para impulsar el acceso al hábitat y a la vivienda en Argentina

Desde CIPPEC, TECHO y ACIJ presentan cinco recomendaciones de política pública, que consideran fundamentales para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda de la Argentina:

Promover la sanción de normativa de ordenamiento territorial a nivel nacional, provincial y municipal mediante el fortalecimiento del actual Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial. Para ello, se propone: promover la sanción de una ley nacional de presupuestos mínimos sobre ordenamiento territorial; elaborar manuales de legislación modelo y fortalecer la capacitación y la asistencia técnica y financiera a provincias y municipios para que elaboren sus planes de ordenamiento territorial; e incorporar mecanismos de participación ciudadana en este proceso. La sanción de normativa en esta materia permitirá alcanzar ciudades más compactas, inclusivas y sostenibles.

Avanzar en una política integral de mejoramiento de viviendas que, a partir de un plan de ordenamiento territorial, articule los mejoramientos con obras de infraestructura y de integración socio urbana. La propuesta también contempla la asistencia financiera a hogares, mediante subsidios y créditos para materiales y mano de obra, y la asistencia técnica y social para corroborar la necesidad de refacción y/o ampliación, garantizar que sea viable y brindar acompañamiento a los hogares.

Promover una política nacional e integral de alquileres, que aborde la problemática del mercado de vivienda, y de alquiler en particular, a través de diversas herramientas de forma simultánea e interjurisdiccional. El Estado debe involucrarse de forma directa, con regulaciones y acciones que orienten el desarrollo inmobiliario privado hacia la necesidad de vivienda asequible. Entre dichas regulaciones y acciones, la propuesta incluye herramientas de movilización de suelo urbano ocioso (viviendas vacías y baldíos) hacia la oferta pública o privada de alquileres asequibles, la regulación de alquileres temporarios para que afecten lo menos posible la oferta de alquileres a largo plazo y subsidios para alquilar destinado a las personas de mayor vulnerabilidad social.

Desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento contemplados en el Fondo de Integración Socio Urbana -destinado a proyectos de integración socio urbana y creación de lotes con servicios-; fortalecer la planificación, coordinación y el abordaje integral de la gestión estatal, creando un organismo responsable de la coordinación interjurisdiccional y, a nivel local, trabajando de manera conjunta entre municipios para la planificación territorial; y garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información como un mecanismo de transparencia.

Incorporar soluciones habitacionales temporales como respuesta a eventos adversos en barrios populares. Si bien se plantea una política de alcance nacional, la implementación corresponderá a municipios. La recomendación promueve la participación de personas, grupos o comunidades involucradas en contexto de emergencia, para garantizar que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en cada etapa del proceso.

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