Escribe Connor O’Keeffe en Mises Institute – Antes de una elección polémica este otoño, el presidente Joe Biden está trabajando frenéticamente para transferir más dinero de los impuestos a los votantes con educación universitaria. La semana pasada, la Casa Blanca anunció otros 1.200 millones de dólares en condonación de préstamos estudiantiles, lo que eleva el total de deuda cancelada del presidente a 138.000 millones de dólares.

Los esfuerzos de Biden han reavivado un debate de larga data sobre la deuda estudiantil y la asequibilidad de la universidad en general. Los defensores del libre mercado a menudo se apresuran a señalar que, debido a la distribución de los ingresos, la cancelación de la deuda estudiantil financiada con impuestos representa una transferencia forzada de riqueza de los estadounidenses más pobres, de clase trabajadora sin títulos universitarios, a sus contrapartes más acomodadas, a menudo de cuello blanco y con educación universitaria. Es cierto.

Además de eso, la naturaleza indiscriminada de estos planes de condonación distorsiona el incentivo para ahorrar dinero para un gran gasto como la universidad, recompensando a aquellos que pidieron prestado más allá de sus posibilidades a expensas de aquellos que actuaron con prudencia.

Ambas son críticas acertadas a los planes de cancelación de la deuda del presidente. Pero es importante entender que incluso si estas políticas se reestructuraran para tener en cuenta mejor los problemas anteriores, la cancelación de la deuda de préstamos estudiantiles todavía no hace nada para abordar la causa más profunda de la burbuja universitaria. De hecho, solo sirve para hacer que la burbuja sea más grande.

Esto se debe a que la verdadera fuente del aumento del precio de la universidad y del absurdo nivel de deuda entre los graduados es el propio gobierno federal.

El gobierno federal ha llegado a controlar efectivamente todo el sistema de préstamos estudiantiles en los Estados Unidos. Esto comenzó en 1965 con la Ley de Educación Superior y se intensificó con la Ley de Reforma de Préstamos Estudiantiles de 1993 y partes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010.

Con ese control, Washington ha trabajado para expandir los préstamos mucho más allá de lo que ofrecerían los prestamistas privados, al tiempo que cita la necesidad de hacer que la universidad sea más asequible.

El gobierno utiliza una combinación de garantías de préstamos, en las que minimizan o eliminan el riesgo para los prestamistas al obligar a los contribuyentes a cubrir las pérdidas; préstamos directos del gobierno a través del Departamento de Educación; y tasas de interés artificialmente bajas proporcionadas por la Reserva Federal para obtener préstamos a los estudiantes sin importar el riesgo de que no puedan pagarlos.

Llevar a los jóvenes estudiantes a deudas de las que nunca saldrán ya es bastante malo. Pero la expansión artificial de los préstamos estudiantiles también inicia un doloroso ciclo de retroalimentación.

Más préstamos significan más demanda para la universidad, lo que significa precios más altos. Los precios más altos significan que la universidad es menos asequible que antes. Y así, más estudiantes requieren préstamos, que el gobierno les ayuda a adquirir, lo que significa más demanda, precios más altos, la necesidad de aún más préstamos, etc.

Es por eso que el precio de una educación universitaria se ha disparado en los años transcurridos desde que el gobierno federal se involucró. Y es por eso que los graduados estadounidenses ahora deben casi 2 billones de dólares en deuda estudiantil. Cualquier propuesta que no busque primero detener este ciclo de retroalimentación no está tratando seriamente de abordar este lío.

Y no se equivoquen: Biden, el Partido Demócrata y el establishment político en general no están tratando seriamente de solucionar el problema. Porque lo cierto es que muchos de los implicados en la gestión de la situación actual se benefician de este lío.

Obviamente, las universidades están contentas. Están ganando más dinero del que saben qué hacer con él. Además de los lujosos edificios y los alojamientos a nivel de resort, las universidades han inflado sus administraciones con funcionarios de diversidad, directores de sostenibilidad y otros puestos ideológicos.

Y debido a que el partido llegará a su fin si el gobierno deja de inflar esta burbuja, los políticos y los burócratas federales disfrutan de una influencia inherente sobre los intelectuales y académicos que conforman el ala académica de la clase moldeadora de opinión del país, algo que Murray Rothbard y Hans-Hermann Hoppe argumentan que no solo es beneficioso para el gobierno, sino indispensable para su existencia.

No es razonable esperar que aquellos que se benefician de esta estafa creada por el gobierno le pongan fin sin una presión pública seria.

Connor O’Keeffe (@ConnorMOKeeffe) produce contenidos en el Instituto Mises. Tiene una maestría en economía y una licenciatura en geología.

About The Author