LA PAZ, BOLIVIA - JUNE 26: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - 'MINISTRY OF GOVERNMENT OF BOLIVIA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Bolivian authorities arrest a Former Army Commander General Juan Jose Zuniga who staged a failed coup attempt Wednesday against President Luis Arce, local media reported in La Paz, Bolivia on June 26, 2024. Juan Jose Zuniga, who was fired earlier this week as commander of the Bolivian Army, 'has tried to subvert the constitutional order,' said Deputy Interior Minister Jhonny Aguilera before Zuniga's arrest, according to the Ahora el Pueblo newspaper. (Photo by Ministry of Government of Bolivia/Anadolu via Getty Images)
El fallido intento de golpe de Estado en Bolivia y lo que significa
Americas Quarterly – El comandante del ejército, Juan José Zúñiga, intentó tomar el poder antes de retroceder.
El jefe del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, fue arrestado en la capital del país después de que unidades militares bajo su mando intentaran ocupar el palacio presidencial en La Paz el 26 de junio.
Vehículos blindados irrumpieron por la fuerza en la entrada del palacio, lo que provocó un enfrentamiento directo entre el presidente Luis Arce y Zúñiga. Arce exigió la retirada de Zúñiga, a lo que siguió la retirada de las unidades militares amotinadas. La rebelión duró apenas tres horas.
Los dramáticos hechos ocurrieron un día después de que Arce despidiera a Zúñiga tras los comentarios que hizo sobre la política nacional en una entrevista televisiva. Zúñiga afirmó que el expresidente Evo Morales no podría volver a postularse a la presidencia en las elecciones de octubre de 2025 e insinuó que los militares le impedirían tomar el poder si fuera necesario.
Mientras intentaba el golpe, Zúñiga pidió la formación de un nuevo gabinete y dijo que reconocía a Arce como presidente “por ahora”. Mientras tanto, simpatizantes de Arce y del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) salieron a las calles para protestar por las acciones de Zúñiga. El fiscal general ha abierto una investigación. Los hechos ocurrieron en medio de una aguda inestabilidad política y económica que ha perseguido al gobierno de Arce durante meses.
AQ pidió a los observadores que compartieran su análisis:
Raúl Peñaranda U. Director del portal de noticias Brújula Digital en Bolivia. En 2015 ganó el premio Maria Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia.
Los acontecimientos del 26 de junio en Bolivia son tan confusos como contradictorios, y se suman a las singularidades de la presidencia de Luis Arce. En una entrevista el lunes, el general Zúñiga hizo comentarios de apoyo al jefe de Estado y criticó al expresidente Evo Morales, incluso amenazándolo con “arrestarlo”, como si eso estuviera dentro de sus facultades. Pero dos días después, intentó llevar a cabo un supuesto golpe de Estado contra Arce e incluso habló de liberar a presos políticos, contradiciendo sus declaraciones de 48 horas antes.
Persisten varias preguntas desconcertantes: ¿Fue el intento de golpe de Estado un acto “escenificado” por el partido gobernante para obtener apoyo? ¿Por qué emplear a un comandante leal al presidente en lugar de un oficial políticamente más neutral? ¿Y por qué el presidente no ordenó el arresto de Zúñiga después de que éste manejó un pequeño tanque y entró por la fuerza al Palacio del Quemado? ¿Por qué dejarlo ir a arrestarlo horas después? La secuencia de los acontecimientos sigue siendo un enigma.
Otro escenario plausible es que las acciones de Zúñiga no fueron una farsa. Podría haber hecho sus declaraciones el lunes con la aprobación del presidente, solo para superar el nivel esperado de indignación. Al no tener otra opción, el gobierno tuvo que destituirlo. Zúñiga, sintiéndose “traicionado” por Arce, orquestó entonces el golpe militar sui generis.
Los acontecimientos del miércoles reflejan los tiempos actuales de Bolivia: un gobierno débil que no resuelve los problemas, un presidente ensimismado, incapaz de dar certidumbre a la ciudadanía, gobernando con minoría en el Legislativo.
Mientras tanto, a Zúñiga le esperan años de dificultades judiciales, empezando por una privación de libertad que en este momento parece indefinida. Las posibles consecuencias de sus acciones pueden traer un sentido de justicia y cierre a este tumultuoso capítulo de la historia de Bolivia.
Lorgio Orellana Allión Sociólogo e investigador de la Universidad de San Simón en Cochabamba especializada en conflictos sociales y políticos.
La escaramuza militar del 26 de junio no fue un escenario teatral, como sugirieron decenas de analistas, legisladores, líderes de la oposición (incluso del ala “evista” del MAS) y el propio Zúñiga después de su detención. ¿Qué general estaría dispuesto a ser maltratado en público, supuestamente para reparar la debilitada legitimidad del gobierno de Arce? Sin apoyo fáctico, la hipótesis “escenificada” carece de lógica; se desmorona y es absurdo.
La rebelión indica que las tendencias golpistas están muy presentes en el ejército boliviano. El menosprecio de los militares por parte del gobierno y la legislatura ha hecho que las fuerzas armadas sean cada vez más intrépidas y estén dispuestas a actuar. Su intervención en noviembre de 2019, cuando pidieron la renuncia del presidente Evo Morales, y ahora las declaraciones de Zúñiga en su infame entrevista del lunes, en la que afirmó que el ejército usaría su brazo armado para impedir que Morales fuera candidato presidencial, muestran que están deliberando e interviniendo en la política.
A todo esto se suma ahora el nuevo intento de golpe de Estado del 26 de junio, cuando Zúñiga intentó hacerse con el gobierno y anunció que cambiaría el gabinete. Los acontecimientos esbozan una tendencia; no están aislados. A medida que la crisis social de Bolivia se agudiza, parece que en un futuro cercano volveremos a ver a los militares interviniendo en la política del país.
Gustavo Pedraza Analista político y ex candidato a la vicepresidencia por el partido de coalición de centroizquierda Comunidad Ciudadana.
Dos hipótesis contrastantes se debaten para dar sentido a los acontecimientos del 26 de junio en La Paz. Uno sugiere que el gobierno orquestó la rebelión para mejorar su imagen pública después de sofocar un golpe de Estado organizado por un general del ejército descontento. El otro argumenta que se trató de un verdadero intento de golpe de Estado.
La primera versión está siendo utilizada por la oposición y una gran parte de la ciudadanía, mientras que la segunda versión está siendo utilizada por el gobierno y sus partidarios en su búsqueda por recuperar la confianza pública perdida. Independientemente de sus objetivos, ambas teorías tienen una sola causa: el contexto de inestabilidad política, crisis económica y profunda desconfianza pública hacia el gobierno. La administración de Arce se ha visto acorralada por la desconfianza pública, así como por errores de cálculo y trampas políticas y económicas, y el índice de aprobación del presidente ha caído a su nivel más bajo del 35% el año pasado a alrededor del 27% ahora.
Entonces, ¿cómo está Bolivia en comparación con la mañana anterior al intento de golpe? Es peor. En términos políticos, hay más desconfianza y más inestabilidad. El dólar estadounidense se ha disparado 20 puntos en el mercado negro, y hay más incertidumbre económica vinculada a esta depreciación masiva de un día para otro. Y en cuanto a la población en general, hay menos confianza, más incertidumbre y una angustia generalizada. Además, debido a lo sucedido, la comunidad internacional nos ve como un país cuyo gobierno puede cambiar en cualquier momento, donde un levantamiento militar puede ocurrir ahora en cualquier momento. No hay duda de que nuestra reputación internacional se ha visto gravemente dañada.
Los bolivianos perdieron y nadie ganó. Hay que mostrar una mayor preocupación por todo esto. El gobierno debe reconocer que Bolivia está en un camino insostenible e implementar medidas correctivas para arreglar la economía y sofocar la animosidad política actual. Abrir espacios de diálogo con todas las partes involucradas sería un primer paso deseable y concreto para que toda la nación pueda avanzar hacia las elecciones de 2025.
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