El fin de los aportes obligatorios: el plan del Gobierno para desregular las cargas empresariales
El Gobierno busca eliminar la obligatoriedad de los aportes empresariales a las cámaras sectoriales
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, está evaluando la posibilidad de que los aportes que realizan las pequeñas y medianas empresas a entidades empresariales sean optativos.
“Siempre se habla de los aportes sindicales, pero estos pagos también son significativos. Representan un porcentaje del salario de cada empleado, lo que resulta inadmisible”, explicaron fuentes del Gobierno.
Uno de los casos más notorios es el del Convenio Colectivo Mercantil 130/75, que establece el pago obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap). Actualmente, los comerciantes—tanto grandes como pymes—pagan un 0,5% sobre el salario de cada empleado registrado. En agosto, con un sueldo básico inicial de $792.241,35, el aporte al Inacap fue de $3.821,60 por empleado. Este porcentaje también se aplica a las asignaciones no remunerativas, lo que incrementa aún más el monto total de los aportes.
El Inacap, fundado en 2008, es financiado con contribuciones patronales obligatorias, administradas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El sector emplea a 1,2 millones de trabajadores, lo que implica una recaudación mensual de más de $4.500 millones para el instituto. Sin embargo, desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) han señalado que este aporte, en el contexto de inflación y crisis económica, representa una carga innecesaria y que no aporta beneficios tangibles para los empresarios ni los empleados.
Cadam ha solicitado que se elimine este y otros aportes obligatorios, en conjunto con impuestos como el de cheque, ingresos brutos y tasas municipales, que afectan la rentabilidad de las pymes. Aunque el Gobierno aún no ha oficializado cómo avanzará en la desregulación, fuentes internas confirmaron que existe la intención de quitar estos pagos obligatorios, no solo en el caso del Inacap, sino también en otras entidades similares.
El caso de la Coviar
Otro ejemplo de aporte obligatorio que ha generado controversia es el de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), financiada con un pago que las bodegas deben realizar por cada litro de vino o mosto producido. En 2023, ese aporte fue de $0,58 por litro, un aumento del 215% respecto al año anterior. Las bodegas han argumentado que el aporte es excesivo y que, pese a la misión de la Coviar de fomentar el desarrollo del sector y la consolidación de mercados, los resultados no han sido satisfactorios.
Cadam ha solicitado que se derogue la Ley 25.849, que creó la Coviar, alegando que en 2023 las ventas de vino en el mercado interno cayeron un 6,3% y las exportaciones bajaron un 31,7%, cifras que demuestran que la entidad no ha cumplido con sus objetivos.
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