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El Gobierno flexibiliza controles administrativos para el mercado legal de armas

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El Gobierno nacional eliminó requisitos administrativos clave para comerciantes, talleres y fábricas del sector de armas y municiones mediante la Resolución 49/2025, en línea con su política de desregulación. La medida flexibiliza el régimen de habilitaciones ante ANMAC y apunta a reducir trabas burocráticas para actores del mercado legal, aunque mantiene vigentes los controles de seguridad.

El Gobierno desregula el mercado legal de armas: menos trámites para fábricas, talleres y locales de tiro

Resolución 49/2025: desburocratización y alivio normativo para el sector

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), encabezada por Juan Pablo Allan, oficializó este jueves un cambio normativo que impacta directamente sobre comerciantes y pequeños productores de armas y municiones. La medida elimina la obligación de contar con habilitaciones municipales específicas y registros ante la ANMAC para operar, lo que, según el Ejecutivo, representa un paso hacia la simplificación regulatoria en un sector históricamente atravesado por exigencias superpuestas.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del plan de desregulación administrativa impulsado por la administración de Javier Milei y se alinea con el criterio de reducir la carga estatal sobre la actividad privada.

¿A quiénes beneficia la flexibilización?

El alcance de la normativa es amplio e incluye a:

  • Distribuidores mayoristas y minoristas.
  • Talleres de reparación y recarga de armas.
  • Fábricas artesanales de armas (hasta 1.200 unidades anuales).
  • Fábricas de municiones y componentes.
  • Depósitos de armas y municiones.
  • Entidades de tiro con instalaciones propias.
  • Plantas de destrucción de materiales especiales.

Estos actores ya no deberán tramitar habilitaciones municipales adicionales ni presentar inscripciones ante ANMAC para ejercer su actividad, lo que, según el Gobierno, representa un alivio para más de un millar de pequeños establecimientos productivos y comerciales distribuidos en todo el país.

El argumento oficial: simplificar en un escenario fragmentado

Desde el organismo estatal se remarcó que la normativa busca “despejar un marco de exigencias dispares”, producto de la coexistencia de regulaciones en más de 2.000 municipios. Esta dispersión normativa, explicaron, “entorpece el desarrollo del mercado legal” y contribuye a la informalidad en ciertas zonas del país.

No obstante, se advierte que los beneficiarios de la flexibilización deberán seguir cumpliendo con los requisitos de seguridad para la guarda y almacenamiento de materiales controlados, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

“Contar o no con la habilitación de ANMAC no exime a los comerciantes del cumplimiento de las normativas nacionales, provinciales o municipales que rijan su actividad”, aclara el texto de la resolución.

Reutilización de armas decomisadas: nuevo esquema con fines públicos

En simultáneo, ANMAC avanzó con otro cambio estratégico: la posibilidad de reutilizar armas decomisadas por parte de las fuerzas de seguridad federales, una medida contemplada en el DNU impulsado por el presidente Milei.

Las armas incautadas quedarán bajo resguardo de ANMAC hasta que el Ministerio de Seguridad determine su destino. En caso de sentencia firme, el organismo podrá ordenar su destrucción o asignarlas a fuerzas policiales, lo que implicaría un giro en la política tradicional de destrucción sistemática de armamento.

La iniciativa busca “optimizar los recursos estatales” y fortalecer el combate al crimen organizado, según argumentan desde el Ejecutivo.

Implicancias futuras: menos trabas, más control federal

Las medidas anunciadas representan un movimiento significativo en la estrategia del Gobierno para reducir la intervención estatal en sectores productivos regulados. Sin embargo, también abren interrogantes sobre la articulación futura entre ANMAC y los gobiernos locales, especialmente en materia de control y fiscalización.

El foco seguirá puesto en garantizar condiciones seguras de operación en un rubro particularmente sensible, al tiempo que se alienta una mayor formalización de pequeños actores del mercado.

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