El último informe fiscal del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que en julio de 2025 los subsidios a los servicios públicos cayeron 26,6% interanual en términos reales, con el ajuste concentrado en energía y transporte. La baja se explica por la reducción de transferencias a Enarsa, producto de menores compras de gas importado, y por la eliminación de compensaciones tarifarias en el AMBA, que hasta 2024 subsidiaban los pasajes de colectivos y trenes.

El recorte se da en el marco de la política de ajuste fiscal del Gobierno nacional, que busca cumplir con las metas de déficit acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que ya muestra impactos directos sobre la estructura de gasto y sobre sectores sociales sensibles.

Subsidios en energía y transporte: los más afectados por el ajuste

De acuerdo con CEPA, las transferencias destinadas a energía registraron una contracción de 28,3% interanual en julio, con eje en la menor asistencia a Enarsa. En transporte, el retroceso fue de 13,1%, producto de la decisión oficial de discontinuar las compensaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se canalizaban vía SUBE.

Si la comparación se extiende a los últimos dos años, el recorte se profundiza: frente a julio de 2023, los subsidios económicos cayeron 37,8% en términos reales, con bajas del 37,3% en energía y del 37,2% en transporte.

Este ajuste ocurre en un contexto donde las tarifas de luz, gas y transporte crecieron por encima de la inflación en varios tramos del país, trasladando parte del costo fiscal directamente a los usuarios.

Gasto público en baja y reacomodamiento de partidas sociales

El informe señala que el gasto total del Sector Público Nacional (SPN) alcanzó en julio los $11,36 billones, con una caída interanual real del 1,3% y del 24,6% frente a 2023.

Dentro de las prestaciones sociales, solo la Asignación Universal para Protección Social (+38,2% frente a 2023) y el INSSJP-PAMI (+17,3%) mostraron alzas reales. En contraste, las jubilaciones y pensiones contributivas retrocedieron 0,9%, las pensiones no contributivas un 16,6% y las asignaciones familiares un 38,5%.

Las transferencias a universidades fueron 26,6% menores que en julio de 2023, aunque CEPA aclara que parte de los pagos se computarán en agosto por cuestiones de registro. La obra pública continúa siendo uno de los rubros más golpeados: los gastos de capital cayeron 27,7% interanual en julio y acumulan un desplome del 84,9% frente a 2023.

En cuanto a los programas sociales, la partida “Otros programas” cayó 11,7% respecto a 2024 y 35,7% frente a 2023, con un impacto directo en la Tarjeta Alimentar, comedores comunitarios, Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar, que mantienen montos congelados desde 2024.

Ingresos fiscales, resultado primario y metas con el FMI

En julio, el SPN recaudó $13,1 billones, un alza real de 2,8% respecto de 2024, aunque con caída de 2,3% frente a 2023. Los Derechos de Exportación (+51,0%), los Derechos de Importación (+31,7%) y el Impuesto a las Ganancias (+13,0%) fueron los principales impulsores.

El mes cerró con un superávit fiscal primario de $1,75 billones, equivalente al 13,3% de los ingresos, aunque al computar el pago de intereses de deuda por $1,92 billones, el resultado financiero fue deficitario en $0,17 billones. Si se suman los intereses capitalizados de las Lecap, el déficit ascendería a $3,93 billones.

En lo que va del año, el superávit acumulado es de $9,44 billones, lo que mantiene al Gobierno por encima de la meta con el FMI para septiembre, aunque con un margen más estrecho de cara a diciembre.

El fuerte recorte en subsidios, obra pública y programas sociales consolida la estrategia oficial de ajuste, pero plantea interrogantes sobre su sostenibilidad política y social. La eliminación de compensaciones al transporte en el AMBA generó reclamos de los usuarios y advertencias de los gobiernos locales, mientras que las universidades y organizaciones sociales alertan por el impacto del congelamiento de transferencias.

De cara a los próximos meses, el cumplimiento de las metas fiscales seguirá en el centro del debate económico y político. Mientras el Gobierno destaca la necesidad de consolidar el equilibrio, distintos sectores advierten que el costo social del ajuste puede profundizar tensiones en un contexto de ingresos reales en retroceso.