El presidente Javier Milei firmó el Decreto 605/2025, publicado el 25 de agosto en el Boletín Oficial, que introduce cambios significativos en la estructura del Ministerio de Justicia. La medida redefine competencias en materia de política criminal, derechos humanos y registros públicos, y se enmarca en el proceso de reorganización del Estado iniciado a fines de 2023.

El decreto, firmado también por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, busca ajustar funciones, suprimir organismos ya disueltos y fortalecer áreas vinculadas a la asistencia a víctimas de trata de personas y de violencia institucional. Según el texto oficial, “la medida no implica un incremento en la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional”.

Ejes centrales de la reforma

1. Refuerzo en la lucha contra la trata de personas

Uno de los cambios más relevantes es la modificación de objetivos de la Subsecretaría de Política Criminal. Ahora, además de asistir en políticas judiciales, tendrá como función prioritaria “asistir en el rescate, asistencia y acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de trata”, coordinando con organismos nacionales e internacionales, provincias, la Ciudad de Buenos Aires, el sector privado y organizaciones civiles.

En paralelo, se crea la Coordinación de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas de Trata, que tendrá a su cargo acciones de restitución de derechos, protocolos de asistencia y convenios interjurisdiccionales. Este nuevo organismo reemplaza a la histórica Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento, con un enfoque más integral en la reinserción y protección de las víctimas.

2. Traspaso de registros estratégicos

El decreto transfiere al Ministerio de Seguridad Nacional la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que hasta ahora dependía de la Secretaría de Justicia. La transferencia incluye presupuesto, bienes y personal.

Además, se suprime formalmente la Dirección Nacional del Registro de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, luego de la derogación del decreto que le había dado origen.

3. Reordenamiento en Derechos Humanos

En línea con la reestructuración del área, el decreto elimina varias dependencias de la ex Secretaría de Derechos Humanos —como la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, la Dirección de Promoción de Políticas de Igualdad y el Centro Cultural Haroldo Conti— e incorpora nuevas áreas en la Subsecretaría de Derechos Humanos, enfocadas en asistencia jurídica y protección.

Entre ellas se destacan la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, que tendrán a su cargo programas de reparación, cumplimiento de leyes reparatorias y asistencia a víctimas de violencia institucional.

El decreto remite a una serie de normas previas que, en el último año, modificaron la estructura de Justicia y Seguridad. Entre ellas:

• Decreto 151/2025: traspaso del Instituto Emilia y Manuel Patiño desde Capital Humano hacia Justicia.
• Decreto 304/2025: creación del Registro Nacional de Datos Genéticos en Seguridad.
• Decreto 344/2025: incorporación del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA al CIPDH.
• Decreto 582/2025: derogación del Registro Nacional de Bienes Secuestrados.

La Casa Rosada argumenta que las modificaciones responden a la necesidad de “adecuar objetivos y responsabilidades en función de nuevas políticas públicas” y a la eliminación de estructuras duplicadas.

La reforma tiene implicancias en distintos planos:

• Institucional: el Ministerio de Justicia concentra competencias en política criminal y derechos humanos, con mayor énfasis en asistencia a víctimas y coordinación internacional.
• Seguridad: el Ministerio de Seguridad asume un registro clave para investigaciones penales, lo que podría acelerar procesos judiciales vinculados a delitos sexuales.
• Memoria y reparación: los organismos de derechos humanos experimentan un reordenamiento que prioriza la asistencia jurídica y reduce estructuras culturales y de promoción.

En términos políticos, el decreto consolida el enfoque del gobierno de Milei en reducir estructuras administrativas y reorientar funciones hacia políticas consideradas estratégicas, como la lucha contra la trata y la criminalidad organizada.

Los próximos pasos dependerán de la implementación de los anexos técnicos —que detallan responsabilidades primarias, acciones y jerarquías— y de la coordinación interministerial con Seguridad y Economía para garantizar el financiamiento de las áreas transferidas.