George Orwell lo escribió con claridad brutal en 1984: el Ministerio de la Verdad no existe para decir la verdad, sino para fabricarla. Su función es reescribir el pasado, ordenar el presente y disciplinar el pensamiento. Bajo el eufemismo de “oficina de respuesta oficial”, el Gobierno nacional parece haber tomado nota —no como advertencia, sino como manual— y montó un dispositivo que poco tiene que ver con la información pública y mucho con la propaganda oficial.

No se trata de comunicar políticas ni de rendir cuentas: se trata de controlar el relato, desmentir a conveniencia y blindar al poder frente a cualquier cuestionamiento. Un Ministerio de la Verdad en versión local, más burdo que sofisticado, pero no por eso menos peligroso. Porque cuando el Estado deja de informar para empezar a vigilar el discurso, la democracia entra en zona de riesgo.

La lógica es simple y conocida: cuando la realidad incomoda, se la niega; cuando los datos contradicen el relato, se los desacredita; cuando el conflicto social emerge, se lo reduce a una “operación”. La oficina no informa: corrige. No explica: impone una versión oficial. Y lo hace con recursos públicos (aunque el gobierno diga que no implica nuevas erogaciones), pero al servicio de un proyecto político que necesita ocultar las consecuencias de su propio programa.

En 1984, Orwell sintetiza esta operación con una consigna escalofriante: “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.” Ese mismo mecanismo de inversión del sentido atraviesa hoy la comunicación oficial: el ajuste es presentado como orden, el recorte como eficiencia, la crueldad como sinceramiento. No es un exceso retórico ni un error comunicacional: es una estrategia deliberada de poder.

En un contexto de licuación de salarios, recortes a las provincias, desfinanciamiento de áreas sensibles y creciente conflictividad social, el principal problema del Gobierno no es la “desinformación”: es la realidad misma. Por eso necesita un aparato que la maquille, la relativice o directamente la niegue. No hay vocación pedagógica ni transparencia institucional; hay temor a que la verdad circule sin control.

El método es tosco pero eficaz: comunicados exprés, lenguaje agresivo, descalificación sistemática de periodistas, organizaciones sociales y dirigentes opositores. En clave orwelliana, toda crítica es sospechosa y todo disenso es traición. El debate público se degrada, la palabra se empobrece y la política se vacía de contenido democrático.

Nada de esto es casual. Orwell lo entendió con lucidez histórica: los gobiernos que necesitan vigilar el lenguaje son aquellos que ya no pueden sostener sus políticas en la experiencia concreta de la sociedad. Cuando la economía no cierra, cuando el tejido social se rompe y las promesas se derrumban, la respuesta no es corregir el rumbo sino reforzar la propaganda.

Pero la verdad no se administra desde una oficina ni se cancela con comunicados oficiales. Se impone en la vida cotidiana: en los salarios que no alcanzan, en las provincias asfixiadas, en los incendios sin recursos, en los hospitales sin insumos, en las escuelas sin presupuesto. Ningún Ministerio de la Verdad puede borrar eso.

Llamar a este dispositivo “oficina de respuesta” es un insulto a la inteligencia colectiva. Es, en los hechos, un Ministerio de la Verdad que busca reemplazar la realidad por relato y la política por marketing autoritario. Y como escribió Orwell (o se le atribuye), en una advertencia que hoy suena inquietantemente actual:

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.”

Por eso, frente a este intento de disciplinar la palabra y domesticar el pensamiento, la única respuesta posible es más crítica, más organización y más verdad circulando por fuera del control del poder. Porque cuando un gobierno pretende decidir qué es verdad y qué no, lo que está en juego no es la comunicación: es la libertad misma.