En marzo, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $99.753 millones

En marzo, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $99.753 millones, acumulando un déficit primario de $192.735 millones para el primer trimestre de 2022.

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En marzo, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $99.753 millones, acumulando un déficit primario de $192.735 millones para el primer trimestre de 2022.

El Sector Público Nacional registró en marzo un déficit primario de $99.753,3 millones. El pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de $72.276,0 millones, resultando en un déficit financiero de $172.029,3 millones. 

Así, el primer trimestre arrojó un resultado primario de -$192.734,8 millones, sobrecumpliendo la meta trimestral de déficit primario establecida en el programa económico respaldado por el Acuerdo de Facilidades Extendidas de $222.264 millones.

En el período de referencia, los Ingresos totales del SPN ascendieron a $1.074.713,6 millones. Los ingresos tributarios crecieron +66,5% i.a., nuevamente por encima del nivel de precios. Dicha dinámica fue motorizada por los tributos referidos al comercio exterior y a la actividad económica. Además, los aportes y las contribuciones a la Seguridad Social se incrementaron en +63,4% i.a.

En cuanto a los tributos del comercio exterior, se observó una expansión de los Derechos de Exportación (+$77.373,8 millones; +113,0% i.a.). Este incremento se explica por el alza de los volúmenes exportados y de los precios internacionales de los principales productos, que alcanzaron niveles históricos debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Al mismo tiempo, tributos como Ganancias (+$28.868,0 millones; +60,7% i.a.) e IVA neto de reintegros (+$65.650,1 millones; +59,1% i.a.) contribuyeron al crecimiento de los ingresos tributarios.

Por su parte, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social evidenciaron un incremento de +$105.625,2 millones (+63,4% i.a.) como consecuencia del incremento del salario medio tras los distintos acuerdos paritarios y de la recuperación del empleo registrado. Cabe mencionar que estos ingresos se encuentran disminuidos por las exenciones para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud, los sectores críticos del programa REPRO II y las provincias del Norte Grande. 

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Por otro lado, las rentas de la propiedad alcanzaron los $157.846,8 millones (+$144.028,7 millones).

Respecto a las erogaciones primarias del SPN, las mismas alcanzaron los $1.174.466,9 millones (+84,9% i.a., que asciende a 89,7% i.a. si se excluye el gasto COVID en 2021 y 2022). La inversión de capital en combinación con medidas de inclusión y contención social impulsaron la expansión del gasto primario.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $506.008,4 millones (+116,5% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$233.231,7 millones (+122,5% i.a.). En este concepto se destacan el incremento del programa Potenciar Trabajo (+$5.424,4  millones) producto de la inclusión de nuevos beneficiarios y la suba del monto de la prestación impulsado por la adecuación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) que alcanza los $33.000 en el mes de marzo; el crecimiento de Políticas Alimentarias (+$9.716,9 millones) como resultado de la iniciativa del Gobierno Nacional de ampliar el universo de beneficiarios hasta 14 años, inclusive; y el incremento en el pago de Asignaciones Familiares (+$27.859,2 millones), el cual contempla el otorgamiento del complemento mensual dispuesto por el decreto N°719/21. Al mismo tiempo, se observaron aumentos en las transferencias destinadas a los programas Previaje (+$1.835,3 millones), PROGRESAR (+$4.986,5 millones) y ACOMPAÑAR (+$3.020,8 millones). En materia de subsidios energéticos, se destaca la asistencia a CAMMESA (+$132.212,0 millones), producto del incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos.

Por otra parte, las transferencias corrientes al sector público arrojaron una variación de +$39.148,9 millones (+90,9% i.a.). En este concepto es menester mencionar las transferencias con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27.606 y a la provincia de Buenos Aires en concepto del Fondo del Fortalecimiento Fiscal dispuesto en la Resolución 524/2020. Asimismo, se registraron aumentos en las transferencias a Universidades (+$14.071,2 millones) en virtud de los acuerdos salariales vigentes, y a Gobiernos Provinciales por parte del Ministerio de Educación en el marco del FONID (+$3.606,4 millones) y del Programa de Gestión Educativa y Política Socioeducativa (+$2.074,9 millones).

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Por otro lado, las prestaciones de la seguridad social ascendieron a $390.120,8 millones (+57,9% i.a). Esta dinámica se explica por el impacto de la fórmula de movilidad vigente (Ley N° 27.609), que arroja incrementos conforme crece la economía y se recupera la recaudación y los salarios. En el mismo sentido, las remuneraciones registraron una variación de 72,7% i.a. producto de los incrementos otorgados en el marco de los acuerdos salariales alcanzados. En cuanto al gasto en bienes y servicios, este registró una suba de +$25.460,8 millones (+79,9% i.a.).

Finalmente, el gasto de capital registró una suba de +$28.264,4 millones (+70,2% i.a.) respecto al año anterior. Por su parte, la Inversión Real Directa se incrementó en +96,3% i.a., destacándose los gastos de la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción y mantenimiento de autopistas, rutas y autovías (+$5.598,6 millones), los gastos del Ministerio de Transporte en obras de mejoramiento (+$2.503,2 millones), y las erogaciones realizadas por el Ministerio de Educación en el marco la implementación del Plan Federal Juana Manso (+$2.769,5 millones) y del programa Fortalecimiento de Jardines Infantiles (+$858,9 millones). Además, se evidenció un incremento de las Transferencias de Capital en +39,5% i.a. en la que se destacan las realizadas por el Ministerio de Obras Públicas (+$1.834,6 millones), el Ministerio de Educación (+$965,6 millones), la Dirección Nacional de Vialidad (+$896,2 millones) y el ENOHSA (+$841,3 millones).

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