Las modificaciones que los sucesivos gobiernos a partir de la reforma constitucional de 1994 aplicaron a las leyes de Presupuesto sumaron el 621% de los créditos aprobados por el Congreso, con un promedio anual del 20,7% o, si se prefiere, a un presupuesto adicional cada cinco años.

La aclaración del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de prorrogar la ley de Presupuesto de 2023 “y sus actualizaciones” no es ociosa, si se tiene en cuenta que entre el crédito inicial y el vigente hay una diferencia de más de 11 billones de pesos.

De acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley 27.701 estableció un crédito presupuestario inicial de 28 billones 954.031 millones de pesos y el vigente hasta la última modificación ascendía a 40 billones 75.656 millones, con un incremento del 38,4%.

Pero las medidas del Poder Ejecutivo para redistribuir o ampliar el cálculo de gastos y recursos fijado por el Legislativo no son una excepción sino una constante a lo largo de las últimas tres décadas, tanto por medio de decretos de necesidad y urgencia como por decisiones administrativas a cargo de la Jefatura de Gabinete.

En algunos casos, esas modificaciones obedecieron a los cambios de un gobierno por otro de distinto signo político, que en los hechos debe ejecutar una ley de Presupuesto elaborada por otra administración, como fue lo ocurrido en 2016, con cambios que representaron un incremento del 41,1% de los créditos originales.

En otros -como el que podría suceder en 2024- por tratarse de prórrogas del Presupuesto del ejercicio anterior, con las complicaciones derivadas de actuar sobre pautas elaboradas en contextos diferentes, como en 2011 (23,3%), 2020 (59,3%) y 2022 (68,2%).

Pero la realidad subyacente en la mayoría de los casos (o de todos, en los últimos 20 años) fue la elaboración de proyectos de ley en base a una inflación menor a la que finalmente se dio en la realidad, y que de esa manera subestimaron la proyección de gastos y recursos.

Tanto es así que desde 2004 en adelante, todas las modificaciones fueron con porcentajes de dos dígitos.

El seguimiento de las modificaciones presupuestarias a partir de 1994 y hasta 2016 fue realizado para la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) por sus directores de Investigaciones, Gustavo Sibilla, y de Planificación, Jorge Mauro Vega, en la investigación “Estudio sobre la discrecionalidad presupuestaria a nivel nacional en Argentina”.

Télam actualizó la información hasta 2023 en base a las modificaciones presupuestarias posteriores, y de la suma de todas las modificaciones presupuestarias en los treinta años considerados se llega a un total equivalente al 621% de los gastos autorizados en las respectivas leyes.

Con un promedio anual de modificaciones equivalentes al 20,7% del crédito inicial, el mayor porcentaje tuvo lugar en 2022, con el ya mencionado incremento del 68,2%, mientras que en el otro extremo hubo un recorte del 0,3% en el 2001, año caracterizado por los recortes aplicados por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el marco de su política de “déficit cero”.

About The Author