La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso fin a uno de los procesos ambientales más relevantes de los últimos años al rechazar el último recurso presentado por Atanor S.C.A. y dejar firme la sentencia que responsabiliza a la empresa por haber provocado un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná, a la altura de su planta industrial de San Nicolás.

La decisión cierra un litigio iniciado hace más de doce años por organizaciones ambientalistas y vecinos de San Nicolás, consolidando lo resuelto previamente por la Justicia de primera y segunda instancia. El máximo tribunal provincial confirmó que la contaminación existió, que el daño sobre el ecosistema no puede ser plenamente revertido y que hubo falencias en los mecanismos de control estatal.

El proceso judicial fue impulsado por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, representada por el abogado Fabián Maggi, quien sostuvo desde el inicio que la actividad industrial de Atanor descargaba efluentes contaminantes en el Paraná.

Según la interpretación de la parte demandante, la sentencia firme se apoya en tres conclusiones centrales:

• la existencia de un daño ambiental irreversible sobre el río;
• la constatación de irregularidades en el funcionamiento de la empresa;
• y la insuficiencia de los controles ejercidos por los organismos provinciales encargados de la fiscalización ambiental.

Uno de los aspectos más sensibles del fallo es el análisis del rol desempeñado por la Autoridad del Agua (ADA) y el entonces organismo ambiental bonaerense, al considerar que no se monitorearon adecuadamente todos los compuestos químicos asociados a la actividad de la planta.

Durante el proceso se incorporaron estudios técnicos y pericias científicas que acreditaron la presencia de distintos agroquímicos en el entorno de la planta.

Entre los compuestos detectados figuran atrazina, glifosato, su metabolito AMPA, además de otros productos utilizados en la elaboración de agroquímicos. Parte de esas sustancias fueron halladas en niveles superiores a los parámetros de referencia para la protección ambiental.

Sin embargo, los propios informes oficiales también señalaron que, debido al uso extendido de esos principios activos en la actividad agrícola, resulta complejo atribuir toda la contaminación exclusivamente a la planta industrial, argumento que forma parte de la defensa sostenida por Atanor durante el proceso.

Una empresa clave en el mercado de agroquímicos

Fundada en 1938, Atanor es uno de los principales fabricantes de agroquímicos de Argentina y pertenece desde 1997 al grupo estadounidense Albaugh.

La compañía produce herbicidas como glifosato, atrazina y fenóxidos, utilizados masivamente por el sector agropecuario, y durante décadas operó una planta industrial sobre la ribera del Paraná en San Nicolás.

La situación judicial de la empresa se agravó tras la explosión registrada en marzo de 2024 en uno de los reactores de la planta, episodio que dejó un operario herido, obligó a evacuar viviendas cercanas y reavivó las denuncias por contaminación ambiental.

Posteriormente, la producción de agroquímicos fue suspendida y la empresa inició un proceso de relocalización de sus operaciones, mientras continúa otro expediente penal vinculado a ese accidente industrial

Más allá de las consecuencias para Atanor, especialistas consideran que la decisión de la Suprema Corte bonaerense representa uno de los antecedentes más importantes en materia de responsabilidad ambiental empresarial en Argentina.

El fallo ratifica la obligación de continuar con las tareas de recomposición del suelo y del acuífero afectado. Sin embargo, respecto del río Paraná, la Justicia concluyó que el daño ambiental acreditado reviste un carácter irreversible, por lo que la reparación integral ya no resulta posible.