El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para solicitantes de 75 nacionalidades, una medida que profundiza el giro restrictivo de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. La decisión, comunicada oficialmente por el Departamento de Estado, se fundamenta en criterios económicos y refuerza el objetivo de limitar el ingreso de extranjeros que busquen radicarse en el país.

El anuncio fue realizado el miércoles por un portavoz del Departamento de Estado, que confirmó que la medida alcanza exclusivamente a visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a quienes buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Según precisó la cartera diplomática a través de su cuenta oficial en X, la suspensión responde a que los inmigrantes provenientes de esos países “reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”.

Argumentos oficiales y alcance de la suspensión

De acuerdo con la explicación brindada por el Departamento de Estado, la restricción se mantendrá vigente “hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense”. El énfasis en el impacto fiscal y social de la inmigración se inscribe en una línea discursiva sostenida por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó públicamente el alcance de la decisión y señaló que entre los países afectados se encuentran Rusia, Irán y Somalia. En el caso de Somalia, Leavitt remarcó que sus ciudadanos fueron objeto de críticas directas por parte del presidente tras un escándalo vinculado al presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota, en el que estuvieron involucrados inmigrantes somalíes.

Además, la funcionaria compartió un artículo de Fox News que amplía el listado de países alcanzados por la suspensión, entre los que figuran Brasil, Egipto y Tailandia, naciones que mantienen relaciones diplomáticas consideradas amistosas con Estados Unidos. El Departamento de Estado mencionó también a Haití y Eritrea entre los países incluidos en la medida.

Antecedentes y endurecimiento de la política migratoria

La congelación de la tramitación de visas de inmigrante se suma a una serie de decisiones adoptadas por la administración Trump desde su retorno al poder, orientadas a reducir de manera drástica la inmigración permanente. El propio presidente no ha ocultado su preferencia por limitar el ingreso de personas que no sean de ascendencia europea, una postura que ha generado fuertes controversias a nivel interno e internacional.

Trump ha realizado declaraciones especialmente duras hacia la comunidad somalí, a cuyos integrantes calificó como “basura” y a quienes instó a “regresar al país de donde vinieron”. En contraposición, el mandatario expresó su disposición a facilitar la inmigración desde países escandinavos.

En este contexto, el Departamento de Estado informó el lunes previo al anuncio que, desde el regreso de Trump a la presidencia, se revocaron más de 100.000 visas, una cifra récord en un solo año. A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional comunicó el mes pasado que la administración ya deportó a más de 605.000 personas, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria.

Impacto y reacciones esperadas

La medida no afecta a las visas de turismo ni de negocios, aunque la Casa Blanca ratificó que avanzará con una revisión exhaustiva del historial en redes sociales de todos los solicitantes, un requisito que amplía los controles migratorios incluso para ingresos temporales.

El congelamiento de las visas de inmigrante para 75 países anticipa posibles tensiones diplomáticas, en especial con naciones que no mantienen conflictos abiertos con Washington y cuyos ciudadanos se verán impedidos de iniciar procesos de radicación permanente. Al mismo tiempo, la decisión refuerza el mensaje político interno de la administración Trump, centrado en el control del gasto público y la reducción del impacto fiscal de la inmigración.

En términos económicos y sociales, la suspensión podría impactar en sectores productivos que históricamente se nutren de mano de obra inmigrante, aunque el gobierno estadounidense prioriza el argumento de la sostenibilidad del sistema de asistencia social y la protección del empleo local.