Tras postergar la suba del impuesto a los combustibles, el Gobierno redujo ahora el precio del biodiésel que se mezcla con gasoil. Pero, ¿si los surtidores no se mueven a la baja, quién “aprovecha” la diferencia?

La Secretaría de Energía actualizó los precios de los biocombustibles que se utilizan para su mezcla obligatoria con las naftas y el gasoil, que estaban congelados desde enero último. La medida se formalizó por medio de una serie de resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

De este modo, el organismo dispuso que el litro de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un precio de $622 desde este mes, mientras que el elaborado a base de maíz, de $570.

Según lo dispuesto, esos son los valores mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno.

Además, regirán para las operaciones efectuadas durante mayo de 2024 y hasta que se publique un nuevo precio, mientras que el plazo de pago no podrá extenderse más de 30 días.

Por otra parte, la Secretaría de Energía estableció que el biodiesel que se utiliza para su mezcla obligatoria con gasoil tenga un precio mínimo de adquisición de $938.540 por tonelada.

El plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente, de acuerdo con el texto oficial.

Los biocombustibles se utilizan para el corte obligatorio con naftas y gasoil, por lo tanto, puede impactar en el precio final de los combustibles.

Según explicó un actor de la industria al sitio ‘Agrofy News’, esta caída se debe a un menor precio del aceite de soja.

Pero, como sea, si el nuevo precio es menor al que estaba vigente (según consta en el gráfico de la página de la Secretaría de Energía, a febrero, la tonelada estaba en $940.334), ¿vale creer que bajarán los precios del combustible en el surtidor?

Ello no ocurrió con la suspensión este mes del incremento del impuesto a los combustibles de monto fijo de $70 desde $132 por litro a $202. Un salto del 53% correspondiente al IPC acumulado en el último trimestre de 2023, pero que el Gobierno decidió postergar hasta el mes de junio.

E incluso, el Estado nacional no descarta diferir nuevamente la suba.

Entonces, ¿vale creer que alguien, que no es el consumidor final, se va a quedar con la diferencia?

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