Fin de la emergencia territorial: el giro de Milei en la política hacia pueblos originarios
Milei deroga decreto clave sobre tierras: cambio de rumbo en la política hacia comunidades originarias
En su primer año de gestión, el presidente Javier Milei derogó el Decreto Nº 805/2021, que extendía la emergencia en la posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades originarias. La medida, vigente desde 2006, había sido prorrogada en sucesivas ocasiones para evitar desalojos y promover el relevamiento territorial de los pueblos indígenas.
Según los fundamentos del nuevo Decreto 1083/2024, firmado por el mandatario y sus ministros, la prolongación de esta emergencia durante 18 años generó “inseguridad jurídica” y una “grave afectación al derecho de propiedad” de los legítimos titulares, así como al dominio provincial sobre los recursos naturales.
El Gobierno argumentó que la suspensión de desalojos impactó negativamente en actividades productivas y recreativas, además de intensificar los conflictos territoriales.
“La propiedad privada es un pilar fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo nacional”, destaca el decreto, que también subraya la necesidad de resolver con urgencia las disputas territoriales que han afectado a propietarios desplazados por casi dos décadas y de fortalecer la soberanía nacional.
Impacto en las comunidades y los sectores productivos
El Decreto 1083/2024 pone fin inmediato a la emergencia dispuesta por la Ley 26.160 y sus prórrogas, anulando la suspensión de desalojos. Asimismo, instruye a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para que evalúe el dictamen correspondiente.
Esta decisión implica un cambio significativo en la política estatal hacia las comunidades originarias, priorizando la defensa de la propiedad privada como motor de la economía. No obstante, también genera interrogantes sobre las consecuencias para los sectores vulnerables y la conflictividad social en territorios disputados.
La medida es vista por el Ejecutivo como un paso hacia la “normalización jurídica” en el país, con expectativas de reactivar sectores productivos afectados por la falta de certezas sobre la titularidad de tierras. Sin embargo, organizaciones sociales y referentes de comunidades indígenas advierten que podría aumentar la tensión en áreas donde persisten conflictos de larga data.
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