IDESA plantea el fin de los subsidios nacionales para lograr el equilibrio fiscal

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) el Estado Nacional destina 2,8% del PBI a financiar subsidios y 2,5% a pagar lo que es de Provincias. Para el instituto al eliminar esos dos items Nación lograría el Orden Fiscal (y superávit).

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Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) el Estado Nacional destina 2,8% del PBI a financiar subsidios y 2,5% a pagar lo que es de Provincias. Para el instituto al eliminar esos dos items Nación lograría el Orden Fiscal (y superávit).

Es muy interesante el esfuerzo del centro de estudios Idesa para instalar el concepto. Por supuesto que es parte de una batalla cultural que debe modificar la estructura del gasto público y que debería concluir con un Presupuesto Base 0. Es difícil anticipar si alguna podrá obtenerse una nueva Ley de Coparticipación Federal pero, de todos modos, la Nación tiene herramientas para Ordenar sus números y alcanzar el superávit fiscal. Esto debe ser un objetivo permanente. La única forma de reducir el bimonetarismo creciente de la decadencia argentina es devolverle valor a la moneda propia, y el primer paso al respecto es obtener un superávit fiscal permanente. La consecuencia de esto será, además, bajar la inflación.

Este es el segundo informe donde ahonda esta problemática, en el anterior hacía foco en la necesidad de eliminar las superposiciones, que benefician al AMBA en detrimento del resto de los ciudadanos del país,se puede eliminar el déficit fiscal.

Para IDESA es muy aleccionador de las consecuencias que tiene la desidia de no concluir la transferencia de servicios de la Nación a CABA. Que la Nación deje de intervenir en funciones provinciales es clave para eliminar el déficit fiscal, aumentar la equidad y mejorar la eficiencia del sector público. 

Según datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía para el año 2022, el Estado nacional gasta aproximadamente 2,5% del PBI en funciones provinciales. Estas erogaciones ejecutadas desde el gobierno nacional, que se solapan con funciones que son responsabilidad de las provincias, se distribuyen aproximadamente de la siguiente manera:

  • A la CABA se destina el 32% del gasto cuando sólo tiene el 7% de la población.
  • A las provincias se asigna el 68% del gasto cuando allí vive el 93% de la población.
  • Quiere decir que el Estado nacional gasta en CABA 6 veces más por habitante que en las restantes 23 provincias argentinas.

Estos datos muestran que la Nación destina una fracción importante de su presupuesto a ejecutar acciones que son responsabilidad de las provincias y que estos gastos se concentran en la CABA. El Estado nacional administra en CABA servicios que en el resto del país gestionan los gobiernos provinciales. El caso de IGJ es solo un ejemplo de funciones públicas que en el país están a cargo de las provincias, pero no en la CABA.

Se asume con naturalidad que la Nación ejecute programas de educación, salud pública, desarrollo social, vivienda y hábitat. Para ello cuenta con ministerios de los que dependen grandes estructuras administrativas. El principal argumento para defender estas intervenciones nacionales es que contribuyen a nivelar el desarrollo en todo el territorio del país. La realidad dice lo contrario. Estas intervenciones aumentan la ineficiencia en la gestión pública porque aumentan la burocracia y diluyen la identificación de los responsables por los malos resultados. Cuando el Estado nacional se solapa con roles provinciales fatalmente ocurren más ineficiencias. Pero si además el gasto nacional se concentra en la jurisdicción más rica del país (CABA) se agrega mucha regresividad al gasto público.

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Para desarmar este perverso enredo hay que abordar un ordenamiento integral del Estado. El punto de partida es la unificación de impuesto nacionales, provinciales y municipales (como Brasil comenzó a hacer) junto con la eliminación de la coparticipación. Que cada jurisdicción asuma el esfuerzo de cobrar los impuestos que necesita para financiar sus erogaciones. En materia de gastos, ordenar funcionalmente los tres niveles de gobierno tendiendo a que el Estado nacional se ocupe solamente de las funciones interprovinciales y cada provincia, con sus municipios, sean los que financien y gestionen la infraestructura local, los servicios públicos provinciales y los servicios sociales de salud, educación, vivienda, urbanismo, ambiente y asistencia social.

El conflicto planteado entre IGJ y una fundación del PRO generó un enfático cuestionamiento político. Sería recomendable que, con el mismo énfasis, se desplegara una profunda autocrítica al hecho de que en los 16 años que el PRO gobierna CABA no se ocuparon de asumir las funciones de IGJ, que en el resto del país están a cargo de las provincias. Se trata de un ejemplo puntual del enorme desorden de funciones prevaleciente en el sector público que tiene que ser revisado si se quiere abordar con éxito el desafío de eliminar el déficit fiscal y mejorar la calidad de la gestión pública. 

Es imposible imaginar una sociedad sustentable sin un superávit fiscal que surgirá de un Orden Fiscal, que los defensores del Desorden y la Prebenda lo llaman Ajuste. Hay una simplificación espantosa en las ideas que provoca que al Blanco se le llame Negro. Aclarado esto, vamos al nuevo texto de Idesa sobre el tema del Orden Fiscal:

Ordenando el Estado se evita el ajuste fiscal

Ante la aceleración inflacionaria producto del descalabro fiscal aparece como inevitable, aunque muy resistido, un fuerte ajuste fiscal. El camino alternativo para equilibrar de manera sustentable las cuentas públicas, y simultáneamente mejorar la gestión pública, es abordar un ordenamiento integral del Estado.  

La crisis económica se profundiza. Muy alta inflación con caída en la producción, junto con el Banco Central vendiendo dólares que no son propios, saldo de exportaciones menos importaciones negativo en USD 1.700 millones mensuales, masiva emisión de pesos, récord de Leliq y cepo cambiario en niveles extremos. Más allá de todas las aristas que debe contemplar un plan para estabilizar la economía, se sabe que lo central es eliminar el déficit fiscal. Esto lleva recurrentemente a plantear como inevitable el “ajuste” fiscal.

No hacer nada lleva inexorablemente a que la inflación haga el “ajuste”. Es decir, que un fuerte aumento de precios licue gastos y deudas. También cabe la posibilidad de tomar medidas explícitas, por ejemplo, manipular la movilidad previsional, congelar salarios e inversiones, aumentar (o no reducir) impuestos. Ambas estrategias permiten bajar transitoriamente el déficit financiero, a costa de aumentar los déficits de gestión pública y el sesgo anti-productivo. El camino alternativo es abordar un ordenamiento integral del Estado que permita el equilibrio fiscal con un clima favorable para expandir la producción y mejorar la situación social.    

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Para ilustrar la diferencia entre ajuste y ordenamiento sirve observar la composición del gasto público nacional. En el año 2022 el gasto primario de la Nación ascendió a 20,3% del PBI y se distribuyó de la siguiente manera:

  • En funciones estrictamente nacionales (seguridad social, universidades, obra pública interprovincial y de funcionamiento) se gastó el 15% del PBI.
  • En subsidios económicos (energía, transporte y otros) se gastó 2,8% del PBI.
  • En funciones provinciales (salud, educación, vivienda, urbanismo y asistencia social) se gastó 2,5% del PBI.

Estos datos muestran que, si el Estado nacional se concentrara solamente en las funciones que le corresponden, aparece un amplio espacio fiscal (5,3% del PBI) para reducir el gasto público nacional. Cabe tener en cuenta que los subsidios económicos deben tender a desaparecer junto con el fortalecimiento de las tarifas sociales, que, como el resto de la política social (salud, educación, vivienda, urbanismo) son responsabilidad de las provincias –y sus municipios– por imperio del régimen federal adoptado por la Constitución. 

Este ordenamiento funcional del Estado tiene que ir acompañado del ordenamiento tributario. Tender a que el financiamiento de las provincias se centre en el IVA (que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales) y un impuesto al patrimonio (que surja de unificar Bienes Personales, inmobiliario y automotor). Mientras que la Nación se financie con un impuesto a los ingresos personales (aportes a la seguridad social y ganancias de las personas humanas), ganancias de las empresas, aduana y contribuciones patronales. 

Este esquema permite derogar la ley de coparticipación ya que la regla general pasa a ser que cada jurisdicción se sostiene con sus propios impuestos. Para contemplar la situación de las provincias más pobres del norte es necesario asignar solidariamente recursos a un Fondo de Convergencia que les garantice el actual nivel de financiamiento pero condicionado a un plan que active su desarrollo. Este plan debería priorizar inversiones estratégicas en lugar de financiar la expansión del empleo público improductivo y los gastos clientelares, como hoy incentiva la coparticipación.

Si el próximo gobierno prioriza estabilizar la economía en base a un plan de “ajuste” fiscal las probabilidades de fracaso son altas. La razón es que el “ajuste” fiscal, al pasar por alto que el Estado padece de severas deficiencias organizativas, mantiene (en algunos casos aumenta) las barreras al desarrollo. Entre las más importantes, la compleja e irracional conformación del sistema tributario, los incentivos perversos que genera la coparticipación y las ineficiencias que generan los solapamientos entre los tres niveles de gobierno. El “ajuste” puede reducir el déficit, pero no remueve las trabas al desarrollo. Un planteo más sensato es revisar integralmente la organización del Estado. El objetivo es lograr equilibrio fiscal (paso imprescindible para eliminar la inflación) con un entorno más favorable para la inversión, la generación de empleos de calidad y el mejoramiento en la gestión de los servicios sociales a cargo del Estado.  

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