El último informe de Analytica Consultora. hace foco en la problemática económica del país, la infalción. Define que la a grieta en la coalición de gobierno es política, pero básicamente esconde abismales diferencias de manejo de la política económica

• La grieta en la coalición de gobierno es política, pero básicamente esconde abismales diferencias de manejo de la política económica. Existen razones muy concretas que llevan al cristinismo, por su historia, a establecer posiciones antagónicas respecto de la orientación actual de la política económica, que alcanzaron un clímax en la rotunda negativa al acuerdo con el FMI pero que desde el propio inicio de la gestión muestran visiones opuestas en aspectos clave, como el manejo tarifario.

• La profunda controversia de visiones se da en tiempos donde la aceleración inflacionaria exige respuestas inmediatas. En particular porque los muy positivos datos de empleo del cuarto trimestre de 2021 conocidos la semana pasada siguen sin lograr revertir los niveles de pobreza. Aun cuando el desempleo se ubica en mínimos desde 2016 (7%) y la tasa de empleo en máximos (43,6%), la vulnerabilidad social permanece. Como referencia, aún la región latinoamericana no recuperó los niveles de empleo de 2019, según la OIT1
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• La última medición (al primer semestre de 2021) indicaba que el 40,6% de los argentinos eran pobres. Las expectativas de una reducción considerable para los datos que se conocerán el miércoles son realmente bajas; estimaciones recientes la ubican en torno al 39,5% para el segundo semestre y rebotando hacia el 40,3% en febrero2
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• Una de las explicaciones está en el estancamiento, a un bajo nivel, de los salarios reales desde el tercer trimestre de 2019, como resultado de una productividad también estancada. Por otra parte, tal como señalamos en nuestra Mirada #29, se atraviesa un pico histórico de los términos del intercambio, que genera ganancias extraordinarias en el sector exportador y presiona sobre los precios internos, en particular en los alimentos, que en febrero aumentaron 7,5% y para marzo posiblemente ese porcentaje sea un piso. Estas condiciones profundizan la grieta en el oficialismo, ya que aparecen las necesidades tanto de redistribuir ingresos como de contener las presiones inflacionarias.

• En la posibilidad fáctica de hacerlo, con el Fondo de auditor, está el núcleo del conflicto. Es claro, además que, de cara a las presidenciales de 2023, no aliviar el cuadro social socavará las chances oficialistas de captar la porción de las clases medias que definen una elección hoy pareja.

• El dilema del cristinismo es que la actual dinámica de crecimiento, generación de empleo y los nuevos términos del intercambio no derrama sobre los indicadores sociales y los instrumentos utilizados para alcanzar esta redistribución en la gestión CFK ya no están disponibles, porque hay un acuerdo con el FMI. Es más, es probable que, al igual que lo sucedido en 2020, haya nuevos retrocesos en la participación del trabajo en el ingreso. Es decir, están dadas las condiciones para que los recursos extraordinarios, dada la necesidad de estabilizar la macro, no puedan ser redistribuidos.

• El gráfico muestra la evolución del empleo, los salarios y la productividad en la última década, donde se observan momentos donde los picos de empleo no fueron acompañados por la productividad y el salario.

• Es claro que, a pesar de la fuerte recuperación del empleo en la última parte de 2021, la productividad sigue en niveles mínimos, y estancada desde hace una década: 11% por debajo de 2011-15 y -7% de 2016-19. Esto dificulta la posibilidad de recuperar los salarios reales en contextos como el actual. Como se observa, los salarios siguen a la productividad desde el inicio de la crisis en 2018.

• Aquí se abre la diferencia conceptual de la gestión Fernández con el cristinismo. En el segundo gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015), los salarios realescrecieron a pesar del estancamiento de la productividad. ¿Cómo? Alterando los precios relativos a través de tres mecanismos típicos:
o Planchar tarifas respecto de la inflación, lo que aumenta el poder de compra de los ingresos en pesos. Dado que los servicios públicos son muy inelásticos, al menos a cierto nivel de consumo, reducir sus precios hace caer la participación del gasto en electricidad, gas y agua en la canasta de consumo de las familias, liberando recursos para el consumo de otros bienes y servicios.
o Apreciar el tipo de cambio real. Gran parte del consumo aspiracional está compuesto de bienes y servicios transables (bienes durables, viajes al exterior, etc.). Por lo tanto, retrasar el tipo de cambio aumenta el poder de compra de los salarios en este tipo de bienes y servicios.
o Aumentar las retenciones a las exportaciones, lo que no sólo incrementa la recaudación fiscal y descomprime las presiones para aumentar las tarifas, sino que también disminuye el traslado a la
inflación de los precios de las exportaciones.

• El problema es que todas estas estrategias ahora están limitadas por el acuerdo conel FMI y, más estructuralmente, por una inflación superior y más consolidada a la de entonces. Vale destacar que el comunicado del viernes pasado del staff técnico del organismo resalta que las condiciones iniciales del acuerdo que, en particular, determinaban las metas cuantitativas han cambiado severamente a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania.

• El instrumento más discutido y obvio es la política sobre las tarifas públicas. El FMI requiere que el ajuste fiscal provenga de los subsidios a la energía, lo que dividió aguas al interior del gobierno.

• Por su parte, no hay espacio para una mayor apreciación cambiaria. El gráfico siguiente es muy claro: el divorcio entre productividad y salarios entre 2011 y 2015 se dio a un costo muy marcado en términos de reservas netas del Banco Central (medidas en meses de importaciones). En tanto los términos de intercambio tocaron máximos, el tipo de cambio se apreció (entre 2011 y 2013). Cuando se estabilizaron, también lo hizo el tipo de cambio real. Aun así, entre 2013 y 2014 se siguieron perdiendo reservas por los efectos de la apreciación. El último tramo de la segunda gestión de CFK se atravesó con una fuerte apreciación y agotamiento de las reservas netas.

• Incapaz de generar las condiciones para aumentos sustanciales del salario real que alivien la condición social, el gobierno podría estar tentado de contener a los sectores más golpeados mediante transferencias directas del estado (bonos para jubilaciones, apoyo a programas sociales, asignaciones familiares, etc.). El año pasado este gasto representó 11,8% del PIB, de los cuales 8,1% se destinaron a jubilaciones y pensiones. Un eventual incremento de estas partidas complicaría el cierre fiscal de la meta acordada con el FMI, está claro. Pero reducirlas llevaría a resultados igualmente indeseados. Estas tensiones permanentes de concepto seguirán marcando el rumbo del gobierno en su último tramo de gestión.

1 https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_836198/lang–es/index.htm
2 González-Rozada, Martín. Nowcast de Pobreza. Departamento de Economía UTdT. Recuperado el 28 de marzo de 2022 de https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=22217&id_item_menu=36605

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