Entramos en el cierre del tercer trimestre y la economía real no da señales claras de recomposición. En abril, el ministro de Economía, Luis Caputo afirmó que “los próximos 18 meses serán los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, pero ya transcurrieron mayo, junio, julio y agosto sin que se registren mejoras significativas. Mientras la economía continúa transitando un escenario de fuerte heterogeneidad sectorial, las cajas provinciales siguen sangrando.

Si se observan las tres principales fuentes de financiamiento de Misiones, la situación muestra comportamientos dispares entre sus componentes, aunque el resultado general es claramente negativo. Los fondos provenientes de transferencias automáticas (principalmente coparticipación) dejaron de caer, pero tampoco exhiben una recuperación sostenida: cerraron agosto con una variación real interanual del 0,0%. A su vez, las transferencias no automáticas nacionales crecieron 388% interanual, aunque ese salto constituye, en buena medida, un espejismo estadístico debido a una base de comparación históricamente baja y no representa una mejora sustancial para las cuentas provinciales.

Por su parte, y aquí aparece quizás el dato más grave de la situación fiscal, la recaudación propia de Misiones cayó 21,4% real en el octavo mes del año, acumulando dieciocho meses consecutivos de bajas. De ellas, trece fueron de doble dígito y cinco de los últimos ocho meses superaron el -20,0%. Si se agrupan esas tres fuentes de financiamiento, Misiones recibió en agosto un total de $ 315.285 millones, una cifra que se ubicó 6,3% por debajo, en términos reales, de igual mes del año anterior.

Agosto refleja, en parte, una dinámica que atraviesa todo el año y que no se limita a ese mes puntual. Si el análisis se extiende al acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el panorama no sólo no mejora, sino que se profundiza. Entre enero y agosto, Misiones recibió por los tres conceptos mencionados un total de $ 2.399.132 millones que, medidos en moneda constante, representan una caída del 6,6% respecto de igual período de 2025.

Ese descenso equivale a una pérdida de $ 180.501 millones en lo que va del año. Pero lo más relevante es su composición: las transferencias automáticas registran una baja del 1,1%, con una pérdida cercana a los $ 19.000 millones; los envíos no automáticos crecen lo suficiente como para recuperar poco más de $ 38.000 millones, mientras que la recaudación propia se desploma 20,6%, provocando una pérdida de $ 200.300 millones.

Si 2026 muestra un desempeño negativo respecto de 2025, la comparación con los años anteriores permite dimensionar aún más la magnitud del deterioro. Frente a 2024, los recursos caen 5,5%, explicado en su totalidad por el descenso de la recaudación propia. Pero contra 2023, la merma alcanza el 20,4%: las transferencias automáticas retroceden 11,0%, las no automáticas se desploman 65,4% y la recaudación propia cae 30,9%. ¿El resultado? Una pérdida de recursos que asciende a $ 659.212 millones a precios actuales. Poco más de la mitad de ese deterioro (52%) se explica por la caída de la recaudación local, mientras que el 48% restante corresponde al descenso de los fondos nacionales.

Para comprender mejor la situación actual, resulta útil observar el ingreso total promedio mensual de los tres componentes agrupados, siempre medidos en moneda constante. En 2023 alcanzaba los $ 404.250 millones; cayó a $ 340.603 millones en 2024, mostró una leve recuperación hasta los $ 344.411 millones en 2025 y volvió a descender a $ 321.848 millones en lo que va de 2026. Es decir, los recursos vuelven a caer incluso después de la tenue recuperación observada el año pasado.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre los distintos componentes. Las transferencias automáticas replican el patrón general, aunque con menor intensidad: pasaron de un promedio mensual de $ 246.011 millones en 2023 a $ 211.945 millones en 2024; luego mostraron una recuperación parcial hasta los $ 221.172 millones en 2025 y volvieron a descender a $ 218.837 millones en 2026.

La recaudación propia, en cambio, no dejó de perder terreno en ningún tramo. Pasó de $ 139.846 millones mensuales en 2023 a $ 125.000 millones en 2024; luego descendió a $ 121.692 millones en 2025 y apenas alcanza los $ 96.646 millones en lo que va de 2026. Se trata de una caída ininterrumpida año tras año y de un deterioro que todavía no encuentra piso.

Las transferencias no automáticas constituyen el capítulo más drástico en términos relativos. De un promedio mensual de $ 18.392 millones en 2023 se hundieron por debajo de los $ 4.000 millones desde 2024 en adelante, aunque en 2026 alcanzan los $ 6.365 millones debido a ciertos desembolsos puntuales. Aun así, permanecen muy lejos de los niveles registrados en 2023.

Esta distinción entre los tres conceptos no es un detalle técnico, sino una de las claves para comprender qué está ocurriendo en Misiones. Las transferencias automáticas y la recaudación propia dependen, en última instancia, del nivel de actividad económica. Las primeras se nutren de impuestos nacionales como IVA y Ganancias, cuyos niveles están vinculados a la evolución del consumo y la producción; la segunda tiene como principal pilar a Ingresos Brutos, un impuesto directamente asociado al desempeño del comercio, la industria y los servicios locales.

El programa económico nacional, centrado desde diciembre de 2023 en el ajuste fiscal y el objetivo de déficit cero, provocó primero una severa recesión en 2024 que hundió ambos conceptos. Desde 2025, en tanto, convive con una recuperación de la actividad que el propio INDEC describe como heterogénea: los sectores que más traccionan el crecimiento agregado (como minería, agro e intermediación financiera) generan una menor base imponible provincial y tienen menor impacto sobre el empleo, mientras que la industria, el comercio minorista y la construcción, actividades con mayor peso en la generación de recursos para una provincia como Misiones, continúan rezagadas o directamente en retroceso. Por eso la recaudación propia no logra siquiera estabilizarse y continúa sin encontrar un piso.

Las transferencias no automáticas, en cambio, responden a otra lógica. No dependen directamente del ciclo económico, sino fundamentalmente de una decisión política. Fueron uno de los instrumentos más rápidos y directos utilizados por el gobierno nacional para reducir el gasto y, por esa razón, su derrumbe es el más pronunciado y estructural de los tres componentes, sin señales de una reversión sostenida.

Puesto en números concretos, el costo acumulado de esta dinámica es contundente. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, la provincia registra una pérdida acumulada de $ 970.509 millones en moneda constante, equivalente a un promedio de $ 29.409 millones perdidos por mes. De ese total, la recaudación propia explica la mayor porción: $ 468.038 millones, casi la mitad de la pérdida acumulada. Las transferencias automáticas representan otros $ 286.123 millones de pérdida y las no automáticas, $ 216.348 millones.

Esa distribución confirma el diagnóstico: el 77% del golpe que recibe la provincia se explica por un modelo económico que no logra reactivar de manera suficiente el consumo, la producción y los sectores con mayor impacto territorial, mientras que el 23% restante responde al fuerte recorte de las transferencias discrecionales decidido por la Nación como parte de su estrategia de ajuste fiscal.

El resultado, a casi mil días del inicio del gobierno libertario, es una provincia que administra $ 970.500 millones menos de recursos, en moneda constante, de los que hubiera dispuesto de sostenerse la trayectoria previa. Así, la dinámica reciente demuestra que, lejos de cerrarse, esa brecha continúa abierta.