La UNaM, al límite: el ajuste golpea salarios y estudiantes

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La crisis presupuestaria de la Universidad Nacional de Misiones se expresa en decisiones cada vez más elementales: reducir turnos de limpieza, limitar los viajes para hacer trabajo de campo, postergar la compra de insumos y administrar recursos insuficientes para sostener comedores y albergues. Mientras los costos aumentan, docentes y familias absorben una parte creciente del esfuerzo necesario para mantener la educación pública en funcionamiento.

El profesor Hernán Cazzaniga describió un deterioro que atraviesa las aulas, los laboratorios y las condiciones de vida de la comunidad universitaria. “Buena parte del sostenimiento de las universidades está pesando sobre la espalda de los trabajadores”, afirmó. Su advertencia también alcanza al plano institucional: “Es insostenible que un presidente de la Nación, un gobierno, no cumpla las leyes”.

Según explicó, la distancia entre los fondos disponibles y los gastos cotidianos obliga a restringir actividades que forman parte de la enseñanza, la investigación y la vinculación con el territorio. Las tarifas de electricidad y agua, los combustibles y los insumos consumen una porción creciente de un presupuesto que pierde capacidad de respuesta.

“La actividad universitaria no queda acotada a lo que ocurre en un aula”, señaló. Las tareas de campo y la participación en actividades en distintas localidades requieren movilidad, recursos y tiempo de trabajo. Cuando esas partidas se achican, también se reduce la presencia de la universidad fuera de sus edificios.

En las facultades que cuentan con laboratorios, el encarecimiento de los materiales tiene un impacto doble: limita la investigación y afecta la formación práctica de los estudiantes. El ajuste, en ese punto, alcanza las herramientas con las que se aprende y se produce conocimiento.

La presión presupuestaria también obliga a elegir entre necesidades urgentes. Cazzaniga destacó que las unidades académicas procuran sostener los servicios que permiten a los alumnos continuar sus carreras, aunque esa decisión restringe los recursos disponibles para otras funciones. “El presupuesto es finito, entonces hay que derivarlo a prioridades”, explicó.

Los comedores y los albergues adquieren así una relevancia decisiva. Para muchos estudiantes, especialmente quienes llegan desde otras localidades, son parte de las condiciones materiales que hacen posible cursar.

El deterioro salarial completa ese cuadro. Según la estimación que expuso Cazzaniga, la pérdida de poder adquisitivo docente llegó al 50% en junio respecto de noviembre de 2023 y, después de los incrementos acordados, se ubicó alrededor del 35%. El reclamo, sostuvo, consiste en alcanzar la recomposición prevista por la Ley de Financiamiento Universitario.

Detrás de esos porcentajes aparecen el endeudamiento y la búsqueda de ingresos adicionales. El profesor señaló que hay trabajadores que ya no logran cubrir la canasta familiar y deben extender sus jornadas para afrontar los gastos básicos.

“Tienen que subirse a un Uber o hacer otras tareas para simplemente llegar a fin de mes raspando”, describió. Esa necesidad también resta tiempo para descansar, realizar cursos y participar en actividades académicas. La pérdida salarial termina afectando las condiciones en las que se enseña y se investiga.

Cazzaniga advirtió, además, que en el sistema universitario hay docentes que se alejan de sus puestos o solicitan reducir su carga horaria para desarrollar otros trabajos. Su planteo apunta a un problema de continuidad: sostener la actividad sobre el esfuerzo personal tiene un límite.

En Misiones, la crisis suma una dimensión territorial. El profesor aseguró que las dificultades económicas afectan la permanencia de los estudiantes, particularmente de aquellos que deben mudarse para cursar. Los alquileres y los gastos de manutención se combinan con la caída de los ingresos familiares.

“Pensá en una familia de colonos, de cualquiera de las chacras de acá de la provincia, con los precios deprimidos de la yerba y de los otros productos”, planteó. En esas condiciones, financiar la estadía de un hijo en otra ciudad se vuelve “muy oneroso, muy complicado”.

La universidad ha buscado acercar carreras a distintas localidades mediante acuerdos con municipios. Cazzaniga valoró esa respuesta, pero señaló que también descansa en el compromiso de trabajadores que asumen traslados y tareas adicionales sin una remuneración acorde. “Está fuertemente sostenida por una cuestión de compromiso, de voluntad, pero tiene un límite también”, afirmó.

La educación a distancia ofrece otra posibilidad, aunque su alcance depende de condiciones que no están garantizadas para todos. La conectividad y el acceso a herramientas tecnológicas siguen siendo obstáculos, mientras que determinadas prácticas requieren presencialidad. Acercar la oferta académica ayuda, pero no resuelve por sí solo las dificultades para estudiar.

A ese escenario se agrega la preocupación por el próximo presupuesto. Cazzaniga cuestionó que las previsiones oficiales no contemplen suficientemente la evolución de los costos y advirtió que una nueva pérdida de capacidad de compra profundizaría las restricciones actuales.

La disputa judicial introduce un elemento central para comprender el conflicto. El martes, el juez federal Martín Cormick resolvió la cuestión de fondo y declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. También ordenó su cumplimiento inmediato. El alcance de esta sentencia supera el de la medida cautelar previa, centrada en salarios y becas. 

La aclaración aportada después de la entrevista explica el mecanismo utilizado por el Ejecutivo. Tras el rechazo del veto presidencial y la insistencia del Congreso, el Gobierno promulgó la ley, pero incorporó una referencia al artículo 5 de la Ley 24.629. Esa disposición permite suspender la ejecución de leyes que autorizan gastos cuando no establecen expresamente su financiamiento.

Con ese argumento, el Ejecutivo mantuvo frenada la aplicación de la norma universitaria. El juez consideró que ese condicionamiento funcionó como un veto encubierto después de que el Congreso hubiera ratificado la ley con la mayoría constitucional requerida. Además, señaló que el artículo 9 de la propia Ley de Financiamiento Universitario ya contemplaba mecanismos para obtener los recursos, mediante reasignación de partidas y utilización de ingresos superiores a los presupuestados. 

La distinción es relevante: el fallo invalida el fragmento del decreto que suspendía la ejecución, y la sentencia de fondo fue dictada por un juzgado de primera instancia. La orden comprende la aplicación de la ley, cuyo alcance incluye funcionamiento universitario, recomposición salarial, becas e investigación. 

Para la UNaM, el conflicto tiene consecuencias que ya se sienten en la vida cotidiana. En el relato de Cazzaniga, la insuficiencia de fondos estrecha las posibilidades de enseñar, investigar y estudiar. Cada traslado que se limita, cada insumo que se posterga y cada familia que encuentra más difícil sostener a un estudiante reduce el alcance de una institución decisiva para el desarrollo de Misiones.

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